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La directora general de Consumo se ha apresurado a desmentir las afirmaciones de Santiago Pérez, pero añadiendo el nada despreciable matiz de que nada de lo denunciado ha ocurrido durante sus dos años al frente de ese departamento. Quizás debió doña Sinesia haber hecho una pequeña investigación y reclamado de sus funcionarios un informe sobre esos expedientes sospechosamente caducados sin que las empresas infractoras tuvieran que pagar las correspondientes multas. Porque los expedientes existen, los ha visto Santiago Pérez y los han visto algunos periodistas. Y es más que posible que los seis millones estimados por el portavoz socialista sean muchos más, probablemente dieciocho. Y es más que probable que las actuaciones supuestamente irregulares hayan venido sucediéndose en la etapa de Luis Soria y continuado bajo el mandato actual de Jorge Rodríguez y doña Sinesia. A ver si aparecen en sede parlamentaria y se despejan los dos problemas que tiene sobre su mesa esta temperamental directora general.
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Nuestas denuncias creemos que no hayan caducado, pues nunca se ha actuado con respecto a ellos. Pero sí podemos afirmar que no nos ha gustado NADA cómo la Dir. Gral ha llevado este asunto - y menos aún que sigamos siendo víctimas de un procedimento administrativo nefasto e inadecuado. ¿Por qué el ciudadano tiene que seguir erre que erre insistiendo para que nuestros administradores hagan su trabajo?¿Solamente nos creen si somos pesados? ¿Para qué sírve toda esa parafernalia de gobierno, si seguimos exactamente donde estábamos a pesar de sentencias a favor y demás actuaciones?
