Evidentemente hace falta un poco de decencia y una defensa a ultranza del interés general. Descartado que el islote cueste 300 millones de euros porque ni siquiera mide lo que dice la propiedad, hay que encontrar el encaje legal para que ese espacio tenga el uso público previsto en el actual planeamiento en vigor. Recurriendo a la expropiación, entre Costas y el Ayuntamiento no han de desembolsar más de 9,5 millones de euros, pero para ello es imprescindible alejar de ese Ayuntamiento la tentación de tocar el SG10 (sistema general 10) que cataloga esa pieza como parque urbano. Si perdiera esa condición, Cortezo vería nuevamente abierta la posibilidad de reclamar esos 300 o 2.000 millones de euros, si se le pone entre ceja y ceja. Paralelamente, han de moverse dos expedientes atascados: la declaración de bien de interés cultural, que data de 2008, y la demolición de las viejas naves de la Rocar, que data de 2007. Y si el promotor inmobiliario no demuele, que se haga de oficio y luego se le pasen las costas a la propiedad. Como manda la ley.