Jorge Rodríguez, arreglando un apaño mientras le limpian los zapatos en Triana.

Puedes tirarlo directamente a la papelera con solo ver su enunciado (si es que aparece el enunciado, que los jefes de prensa son cada vez menos ingeniosos a la hora de captar la atención). O puedes abrirlo y echar un vistazo rápido a ver si, por arte del demonio, a alguno de nuestros políticos le ha dado por poner fin a esta sangría de estropicios que nos meten entre pecho y espalda como si tal cosa. Una vez abierto el comunicado del partido político en cuestión y ante la constatación de que es más de lo mismo, es decir, fulanito dice de menganito que aquello que dijo es Diego y que ahora digo que y tú más, puedes optar por mandarlo a hacer puñetas o, en un rapto de debilidad, publicarlo y rellenar un hueco tonto que había por ahí. Existe una opción alternativa, pero ésa requiere un poco más de esfuerzo: analizar el quién, el cómo y el porqué del comunicado y rememorar cosas sabrosonas como las que hoy vamos a contarles gracias a un comunicado que se hace eco de una iniciativa parlamentaria del diputado regional por el PP Jorge Rodríguez.

La iniciativa de Jorge Rodríguez, que se debatirá hoy miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias, persigue, miren ustedes qué tamaño de cinismo, que el Gobierno autonómico cree un servicio gratuito de información, mediación y asesoramiento dirigido a familias con dificultades para “atender el pago de los préstamos hipotecarios, que se encuentren en riesgo de perder su vivienda principal”. La propuesta pretende, dice su autor, “evitar los desahucios provocados por la falta de pago de los préstamos hipotecarios”, porque “es preciso dar respuesta a los canarios que más necesitan de la ayuda de los poderes públicos”. Dice Rodríguez en su comunicado que con la iniciativa persigue “que no haya ni un canario más que se quede sin hogar, cuando el Gobierno autonómico puede poner a su disposición los medios de que dispone”. Precioso, ¿verdad? Es cierto que la falta de asesoramiento legal a muchas familias desemboca en ocasiones en una mala negociación con el banco, pero lo que no se suele conseguir, salvo contadas excepciones, es que la entidad rebaje, acepte dación en pago o mire para otro lado, lo que convierte en ilusorio y pelín populista el objetivo principal de este pedazo de diputado isletero refinado en la zona de Triana.

Pero si la iniciativa en sí mismo ya resulta histriónica, los antecedentes del autor de la misma debieron conducirle a abstenderse por completo de formularla. Porque el excelentísimo señor diputado Jorge Rodríguez está políticamente inhabilitado de por vida para hablar de vivienda, y mucho menos de viviendas para personas con dificultades, o de viviendas de promoción pública, o de viviendas que tengan que ver con la protección de las Administraciones hacia los más necesitados. Porque es su debilidad por el ladrillo, y más concretamente su debilidad por la vivienda de protección oficial por la vía del tráfico de influencias y de la manipulación de concursos públicos, lo que le condujo a estar incurso en estos momentos en un proceso penal de nombre caso Faycan. Lo recordábamos ayer mismo en CANARIAS AHORA, cuando nos hacíamos eco de las dificultades del Partido Popular para aplicar uno de los artículos contenidos en sus recién reformados estatutos en Canarias, aquellos que hacen referencia a la expulsión de todo aquel afiliado sobre el que pese un auto de apertura de juicio oral. Rodríguez está justo en la antesala, en el auto de apertura de procedimiento abreviado, el que puso fin a la instrucción, a la espera de que el fiscal y el juez resuelvan la avalancha de recursos interpuestos por las partes para pedir ya en firme una condena para este diputado tan preocupado por el ladrillo social.

Siempre según el auto de procedimiento abreviado, firmado por el juez García-Sotoca, Jorge Rodríguez intervino en la introducción de un empresario madrileño, Antón Marín, en el Ayuntamiento de Telde para que, mediante la manipulación de las bases del concurso correspondiente, su empresa, Grupo Europa, se hiciera con el contrato en exclusiva para la construcción de las viviendas sociales de la segunda ciudad de Gran Canaria. Para acceder a estos favores, sostiene el juez instructor, Antón Marín pagó a Jorge Rodríguez cantidades superiores a los 60.000 euros, además de otras de mucha mayor cuantía a otros imputados que debían participar en el conchabo. Cuando CANARIAS AHORA publicó en 2007 estos manejos de Jorge Rodríguez dimitió de su cargo como diputado y portavoz parlamentario del PP, y acto seguido interpuso una querella contra nosotros por injurias y calumnias. La querella anda trabada en algún vericueto de la administración de Justicia porque el señor diputado ha recurrido ya varias veces su archivo. Pero la verdad de lo que publicamos parece incuestionable, o al menos así se lo ha parecido a un juez.

Tras un periodo de descompresión, durante el que tuvo que ser asistido por empresarios cercanos al PP, Jorge Rodríguez ha regresado a ocupar plaza de diputado regional, donde tiene asegurado el sueldo con dinero público y el acceso a la influencia política, que sigue siendo una de las debilidades más extendidas en su grupo parlamentario. Su nueva situación de aforado obligará a juzgar su causa como pieza separada de la operación Faycan. Para que luego digan que la justicia es cara y lenta. A no ser, claro está, que una vez se dicte apertura de juicio oral y las partes califiquen, el PP lo expulse, abandone su acta de diputado y el procedimiento vuelva a la jurisdicción ordinaria. Todo esto es lo que nos ha animado a comentar para ustedes este comunicado del PP. Nos provoca mucha grima, por no hablar de otros sentimientos más cercanos a la escatología, imaginar al diputado Jorge Rodríguez defendiendo hoy en la Cámara legislativa canaria una iniciativa sobre vivienda.

El denunciante no fue a relatarle sus impresiones personales a la fiscalía, ni a llevarle chismes. Se presentó con una gran cantidad de fotocopias que fue acopiando a lo largo de mucho tiempo hasta que consideró que podía probar aquel comportamiento supuestamente corrupto. Su identidad permanece de momento en el anonimato, pero ya se sabe que en estos pueblos chicos que en cada ínsula habitamos todo se termina sabiendo y pasando factura a los que denuncian las atrocidades contra lo público. Fue lo que le ocurrió en la misma isla a Carlos Espino, el dirigente socialista que denunció ante la Guardia Civil que había sido víctima de un intento de soborno por parte del intermediario empresarial Fernando Becerra. Espino, a la sazón consejero de Urbanismo del Cabildo de Lanzarote, se prestó a colocarse unos micrófonos de escucha y presentarse de tal guisa ante el empresario para que quedara grabado para la posteridad el ofrecimiento dinerario a cambio de favores urbanísticos para sus mandantes.