Paulino Rivero, este lunes con los directores de medios informativos en LPGC. (ACFI PRESS)

Reunióse este lunes el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, con los directores de los principales medios informativos con sede en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de hacer un repaso a la situación política, y sobre todo económica, ante lo que puede considerarse la recta final de la actual legislatura. El presidente autorizó a publicar cuanto allí se dijera, salvo contadísimas excepciones en las que se acogió al off the record, lo que nos ha permitido, por ejemplo, contar a ustedes lo sucedido con el helicóptero presidencial en su intento por llegar a tiempo a Gran Canaria tras ese mismo encuentro en Tenerife. Pero esa venia de Rivero también nos da pie para relatar las evidentes diferencias en temas vitales entre el presidente y el vicepresidente, como el Plan Canarias o el decreto-ley de intervención del control aéreo por parte del Ministerio de Fomento. Dos asuntos en los que hay claras discrepancias entre los socios que gobiernan Canarias.

El portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ha presentado una pregunta a contestar por Soria en el pleno de esta misma semana para que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda se explaye acerca del Plan Canarias, un documento que el presidente Rivero calificó este lunes como una hoja de ruta, como un punto seguido que espera que se cumpla por parte del Ejecutivo central. Sin embargo, Soria es de los que piensa que se trata de papel mojado, que sólo es una declaración de intenciones, cuando no un catálogo de compromisos ya adquiridos. Si, como repitió Rivero ante los periodistas, "las relaciones con el Estado las fija el Consejo de Gobierno", Soria habrá de evitar en el Parlamento la confrontación con Madrid, y contestar a su diputado con las evasivas propias de tan comprometedoras situaciones. Aunque es evidente que la pregunta de Pérez-Camacho no es inocente, al menos así lo evidenciaron las caras que pusieron los representantes de CC en la Junta de Portavoces y en la Mesa del Parlamento cuando se debatió su aceptación.

"Yo no estoy en la cabeza del vicepresidente", contestó Rivero cuando fue preguntado sobre la postura que defenderá Soria ante el Parlamento sobre el Plan Canarias, pero acto seguido recordó que, en su reciente visita a Canarias, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró partidaria de que se cumpla ese plan de inversiones de 25.000 millones en los próximos diez años. Y dijo más cosas el presidente sobre el PP, como por ejemplo que no ve atisbos de entendimiento entre ese partido, su socio, y el PSOE, "mientras no cambien sus liderazgos", lo que nos lleva a concluir que, además de Zapatero, Paulino Rivero apuesta por la marcha de Mariano Rajoy. Y, más en lo local, confesó que echa de menos la capacidad negociadora de los socialistas Francisco Hernández Spínola y Blas Trujillo, a los que consideró víctimas de Santiago Pérez, el portavoz parlamentario del PSC.

El político más mencionado por Paulino Rivero en su reunión con los directores de medios en Las Palmas de Gran Canaria fue el ministro de Fomento, al que siempre llamó Pepe Blanco. De él resaltó su carácter eminentemente político frente a la visión tecnócrata que pueden haber tenido sus antecesores. En base a esa cualidad, Rivero aplaudió la audacia y la valentía del titular de Fomento para promover el decreto-ley que deja en manos de ese ministerio el control del tráfico aéreo, apartándolo de los polémicos controladores. Rivero llegó a admitir que actuó con absoluta complicidad con Pepe Blanco en toda la gestación de ese decreto ante la sensibilidad que existe en Canarias con ese asunto, una vez se han producido graves perjuicios a los usuarios de los aeropuertos de las islas y el consiguiente deterioro de la imagen turística del Archipiélago.

El informe que hoy les ofrecemos acerca de la valoración del Islote del Francés, en Arrecife de Lanzarote, es solamente un acercamiento a lo que debe operar en las relaciones entre la Administración y los administrados cuando del dinerito público se trata. La valoración que arroja este informe dista bastante de lo que el promotor Jaime Cortezo, co-propietario de esa codiciada pieza de suelo, pretende obtener por ella en el caso de que no le dejen construir lo que quiere y el nuevo alcalde de la ciudad, Cándido Reguera, parece dispuesto a otorgarle. Existen muchas posibilidades de evitar un destrozo en esa fachada marítima de Arrecife evitando acudir a la especulación, al pelotazo o a esa operación estrella, ese icono que Reguera, líder del pacto por la corrupción en la capital conejera, está encantado de autorizar. Siendo muy optimistas y operando en favor de la propiedad, el Francés no valdría más de 9,5 millones de euros, como queda explicado en el reportaje que hoy les ofrecemos. Se trataría de evitar otro Tebeto, pero para eso hay que exigir decencia y honradez a todas las partes en presencia.

Evidentemente hace falta un poco de decencia y una defensa a ultranza del interés general. Descartado que el islote cueste 300 millones de euros porque ni siquiera mide lo que dice la propiedad, hay que encontrar el encaje legal para que ese espacio tenga el uso público previsto en el actual planeamiento en vigor. Recurriendo a la expropiación, entre Costas y el Ayuntamiento no han de desembolsar más de 9,5 millones de euros, pero para ello es imprescindible alejar de ese Ayuntamiento la tentación de tocar el SG10 (sistema general 10) que cataloga esa pieza como parque urbano. Si perdiera esa condición, Cortezo vería nuevamente abierta la posibilidad de reclamar esos 300 o 2.000 millones de euros, si se le pone entre ceja y ceja. Paralelamente, han de moverse dos expedientes atascados: la declaración de bien de interés cultural, que data de 2008, y la demolición de las viejas naves de la Rocar, que data de 2007. Y si el promotor inmobiliario no demuele, que se haga de oficio y luego se le pasen las costas a la propiedad. Como manda la ley.

Lo que es evidente es que un Ayuntamiento como el de Arrecife no puede estar al chantaje o al capricho de un empresario que unilateralmente haya fijado el precio de su propiedad sin más criterio que el suyo propio. Para evitar otro Tebeto habrán de hacerse cuantos informes sean precisos, tanto por encargo del Ayuntamiento como por parte de la Dirección General de Costas. Que se busquen expertos independientes, que se someta cada metro cuadrado, cada centímetro de protección al imperio de la ley y a las valoraciones oficiales imperantes. Porque los criterios de Cortezo han ido variando, quizás en base a sus necesidades de tesorería, de 60 millones a 800, para luego descender generosamente a los 300 actuales. Con el paraje natural de Güi Güi pretendió hacer la misma operación y empezó pidiendo 40 millones. El Cabildo grancanario, destinatario de las pretensiones, le contestó que de eso nada, monada, que ese suelo no vale más de 5 millones. Y ahí sigue, en manos del promotor inmobiliario.

Francisco Suárez Álamo, director de 'Canarias7'. (EFE)

Quizás sea la primera vez que dos medios de comunicación se enfrenten judicialmente en Canarias por sendas demandas de protección del honor. Ocurrirá este miércoles en el juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en un juicio muy singular producto de una demanda interpuesta por Canarias7 contra el director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, por una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor de aquel periódico. Pero, ante tal demanda, la defensa del director de CANARIAS AHORA solicitó la reconvención, es decir, demandó a su vez a Canarias7 por la misma intromisión, pero en este caso no en el honor de CANARIAS AHORA, sino en el de su ámbito personal y familiar. Los hechos que se van a juzgar ocurrieron en las fechas previas y posteriores a las elecciones para la renovación parcial de órganos en La Caja de Canarias, cuando ambos periódicos sostuvieron una pública polémica. 

El juez encargado de dirimir esta diatriba judicial ha aceptado para el juicio de este martes a un gran número de testigos propuestos por las partes. Canarias7 propuso a su director, Francisco Suárez Álamo, y al ex presidente de CANARIAS AHORA, José Francisco Henríquez, mientras que la otra parte solicitó los testimonios de Juan Manuel Suárez del Toro, Guillermo García-Machiñena, Juan Fernando López Aguilar, Federico Utrera, José Agustín Hernández, Francisco Pomares, Carlos Santana y Héctor Pérez Montenegro. Canarias7 reclama una indemnización de 130.000 euros, mientras el director de CANARIAS AHORA rebaja esas pretensiones a 120.000. Este juicio se produce poco después de otro similar en el que se dilucidó la vulneración del derecho al honor del editor de Canarias7, Juan Francisco García, por los mismos episodios periodísticos. En aquel caso, pendiente de sentencia, García solicitó una indemnización de 120.000 euros. La defensa de Canarias7 corre a cargo del buffete Garrigues, mientras que la de CANARIAS AHORA y su director es responsabilidad de los letrados locales Luis Val y María del Pino de la Nuez, respectivamente.