El Palomar se llama así por la inmensa cantidad de palomas que, hasta hace medio año, anidaban, cagaban y morían en ese edificio del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, desalojado este martes intempestivamente por la Policía. Dicen los vecinos que tuvo que ser tremenda limpieza que ejecutaron los okupas para dejar aquello en condicione s mínimamente vivibles, y hasta algunos los elogiaban por las iniciativas de carácter social que habían conseguido poner en marcha allí. Una orden de un juez, del magistrado Francisco Javier García-Sotoca, acabó con la experiencia y puso de patitas en la calle a cuarenta personas con el consiguiente aparataje mediático-policial en lo que algunos interpretaron como contraprogramación premeditada para eclipsar la primera de las protestas vecinales contra la pobreza, la marginación y el desprecio institucional a centenares de miles de personas a las que los servicios sociales públicos han dado literalmente la espalda. El desalojo de los okupas de Guanarteme vino acompañado de algunas sospechas de los afectados, a los que ha llamado la atención, en primera instancia, ese impresionante despliegue policial, con UIP desplazados desde Tenerife, y ese empeño por aprovechar que el auto de desalojo pasaba por ese populoso barrio para buscar algún inmigrante indocumentado. Es lo que tiene el recorte de derechos de todo tipo que padecemos. Pero más ha llamado la atención el procedimiento judicial, de índole penal, en lugar de un desahucio convencional, es decir, civil, que puede ir acompañado de asistencia policial, pero que no lleva aparejada una imputación penal a los okupas, como es el caso, ni la criminalización preventiva, muy propia de los tiempos en que los jipis eran apaleados en la calle solamente por llevar el pelo largo y fumar porros. El dueño del edificio no puso querella, sino denuncia, lo que le ahorró abogado y procurador; y lo hizo por la vía penal, lo que le ahorró las tasas judiciales introducidas en el sistema por el Gobierno del PP. Sin embargo, parece haber encontrado un cordial acomodo en el sistema judicial, que le ha permitido alcanzar sus objetivos sin gastarse un duro. No tenemos muchos más datos de la instrucción porque, en una nueva muestra de falta de diligencia, el Gabinete de Comunicación del TSJC no pudo conseguirnos una mínima información oficial que ofrecer a nuestros lectores. Pero en cuanto la tengamos más completa, se la ofreceremos.

Decía recientemente en un debate televisivo la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, Pilar Vera, que no dejará ese puesto hasta ver cumplidos cuatro objetivos. Desgraciadamente, el moderador del programa sólo le dejó exponer el primero:  “Solventar los problemas con nuestro primer abogado”. Pilar Vera está a punto de conseguir ese propósito, porque el próximo lunes se verá en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria el juicio civil de reclamación de honorarios  reclamados por el letrado local Alberto Hawach, que quiere que le abonen una primera factura de 7.500 euros, fechada en abril de 2009, cantidad que ha de sumarse a los 42.000 que el Colegio de Abogados de Madrid ya ha calificado que han de pagarle por similares conceptos en la capital de España. La causa, en apariencia inocua, puramente dineraria, encierra en realidad un mar de fondo en el que se revuelcan muchos desencuentros, alguna querella (archivada) por injurias, durísimas divisiones internas en el seno de la organización, desembolsos millonarios a catedráticos de Derecho Penal con resultados fallidos, quejas ante colegios de abogados archivadas con tronío, y una enorme frustración de los familiares de los fallecidos aquel 20 de agosto de 2008 producto en gran medida de sus propios desvaríos. Porque los 100.000 euros pagados al catedrático de Alcalá de Henares Esteban Mestre se han estrellado contra un archivo de la causa penal, mientras que la genialidad de otro letrado de la meseta de personarse en los juzgados de lo Mercantil de Barcelona, condujo al archivo de las causas abiertas en Estados Unidos para reclamar a Boeing una indemnización millonaria. El primer juicio, sin embargo, será para reclamar a la asociación de Pilar Vera una deuda que no quiere reconocer porque considera que Hawach incumplió su código ético, a pesar de que el Colegio de Abogados de Las Palmas y el Consejo Regional de Canarias de Colegios de Abogados le archivaron sus respectivas quejas. El juicio puede servir, sin embargo, para que afloren algunos trapos sucios que guardaron bajo las alfombras algunos miembros de la asociación.

Nuevo capítulo en la interminable saga que el empresario Santiago Santana Cazorla protagoniza contra los concejales del Ayuntamiento de Telde que él no patrocina. Nos referimos a los gobiernos municipales de Nueva Canarias, sola o en compañía del PSOE. Ya saben nuestros lectores, porque de esas conspiraciones político-empresariales les hemos dado cuenta en más de una ocasión, que el empresario tirajanero ha tenido entre sus afanes principales acabar con gobiernos municipales democráticamente elegidos por la vía de a) interponerles todo tipo de acciones judiciales; b) promover por tierra mar y aire a las alternativas políticas, que a su juicio son, por este orden, AFV-Ciuca, del inigualable Guillermo Reyes, o el PP sucesivamente en manos de Paco Valido y ahora de Mari Carmen Castellano. Santana Cazorla no perdona a Paco Santiago, alcalde casi perpetuo de Telde, que declarara a su empresa incursa en causa de prohibición para contratar con la administración pública por haber incumplido sus compromisos en la obra de urbanización del suelo programable del barrio de Arauz, sector 2, lo que luego condujo a que se le rescindiera el contrato que la misma compañía ganó, en UTE con Sufi, para hacerse cargo de la limpieza viaria del municipio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que probó con esa causa de Santana Cazorla que se puede resolver un pleito en horas 24, le dio la razón al tirajanero como era menester, lo que automáticamente condujo al empresario a los juzgados de lo penal para querellarse por prevaricación contra nueve miembros del gobierno municipal del mandato 2007-2011, así como algún que otro funcionario. Pues bien, el juzgado de Telde en el que recayó la querella la archivó casi de inmediato, lo que provocó el correspondiente recurso ante la Audiencia Provincial, que es del que les vamos a hablar a continuación.

Llama la atención el empeño de Santana Cazorla por calzar por Paco Santiago, Ildefonso Jiménez, Josefa Milán y todos los que de alguna manera componían (y aún componen hoy) el núcleo duro de Nueva Canarias en Telde. Ellos son tres de los nueve querellados, que utilizaron para esta causa penal, ya archivada definitivamente, al mismo abogado, José María Guerra Aguiar. Pero, ¿qué otros ilustres letrados aparecieron en escena en este pleito? Pues curiosamente José Mateo Faura, hijo de José Mateo padre, el ex magistrado, con quien comparte despacho y con quien comparte clientes como el mismo Ayuntamiento de Telde que les contrató todo tipo de pleitos por importes millonarios en la etapa negra de PP-Ciuca 2003-2007. El letrado Mateo representa en este pleito penal nada menos que al partido de Guillermo Reyes, la Agrupación Federal del Valle de Jinámar, personada para defender los intereses de Santana Cazorla y, de paso, meterle un dedo en el ojo a los de Nueva Canarias y a los malditos socialistas. Junto a él, en la acusación particular, en nombre de Santana Cazorla, aparece el abogado madrileño José Antonio Choclán, que ya defendió al empresario canario en el caso salmón, cuando resultó imputado por ser socio de Anfi Tauro cuando el dueño de esa compañía llevó de paseo a Soria a Austria y a Noruega a la pesca de ese apreciado pez. Choclán, por si no lo recuerdan tampoco, es abogado de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y como tal, actuó en el juicio contra Baltasar Garzón por las escuchas que el ya ex magistrado ordenó que se hicieran a los abogados de los sospechosos cuando, precisamente, departían en prisión con sus defensores. Garzón, ex compañero en la Audiencia Nacional de Choclán, temía que algunos de esos respetables letrados pudieran haber colaborado con sus clientes en el blanqueo y/o evasión de los dineritos convenientemente mamados en las operaciones de la red corrupta, boda de la hija de Aznar incluida. Pues bien, hechas las oportunas presentaciones, sepan ustedes que Choclán y Mateo se han tenido que conformar con el archivo de la causa penal contra Paco Santiago y los suyos por la querella por prevaricación que les interpuso Santana Cazorla, con el aparato mediático y político de AFV-Ciuca y con la perplejidad de medio Telde. Sin embargo, quedamos a la espera del próximo capítulo de este culebrón. Ya llegará, ya.

A Carlos Espino le decretaron la muerte cívica los tres caciques de la isla de Lanzarote por haber denunciado –y colaborado en la investigación con la Guardia Civil- uno de los mayores asuntos de corrupción en Canarias, el englobado en lo que se ha dado en llamar caso Unión. Espino era consejero socialista de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, y desde ese puesto se propuso no dejar pasar ni una, especialmente a los alcaldes tan dados a las trapisondas con los tres caciques de la isla que decretaron su muerte cívica cuando no se dejó sobornar. El decreto funcionó y Carlos Espino tuvo incluso que abandonar la secretaría general del PSOE en la isla al considerar su partido que no se podía estar en contra del poder empresarial corrupto, que un día te financia una campaña y otro día pone en marcha su tremenda maquinaria de compra de votos en favor de los adversarios, con lo que te puedes dar por jodido. Espino se conformó con que lo llevaran de asesor de la viceconsejera de Medio Ambiente al Gobierno, y purgó su sentencia con la serenidad con la que un día dejó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le colocara un micrófono con el que grabar una de sus conversaciones con Fernando Becerra, el correo del empresario Luis Lleó para la compra de al menos ese político. El escrito de la Fiscalía sobre esta primera pieza separada del caso Unión, conocido este lunes, describe una componenda de corrupción que suena a los años 20 de Chicago, y confirma hilo por pabilo el contenido de las denuncias de Carlos Espino y los primeros pasos que dio la instrucción a cargo del juez Pamparacuatro, contra el que también se decretó la deportación de la isla de Lanzarote con un éxito de cien sobre cien. La petición de cárcel que promueve el Ministerio Público se basa en hechos probados que fueron ratificados por el correo de Lleó, Fernando Becerra, unas confesiones y unas conclusiones judiciales que dejan literalmente con el culo al aire a todos los periodistas y medios de comunicación (de Lanzarote y de las islas adyacentes) que llegaron a afirmar que Unión era un puritito invento de Carlos Espino, movido por no se sabe muy bien qué resortes políticos o psicológicos. Pues no, van al banquillo el presunto autor de un cohecho, Luis Lleó, y el correo que envió para cohechar, Fernando Becerra. ¿Alguien ya ha pedido perdón a Carlos Espino?

No sabemos si aparecerá en otra pieza de la investigación, pero en esta que ya se cierra con los escritos de las acusaciones y de las defensas, no incluye uno de los últimos hallazgos conocidos de la Guardia Civil: el asesoramiento al empresario Luis Lleó por parte de dos letrados que en el momento de autos formaban parte de la plantilla de letrados del Tribunal Constitucional. Los tales asesores no se limitaban a dar consejos a su cliente de cómo pagar menos impuestos, actividad para la que presuntamente estaban legalmente incompatibilizados, sino que también se permitían diseñar estrategias encaminadas a desbrozarle el camino frente a los obstáculos que se presentaban por parte de quienes estaban llamados a defender la legalidad, la legalidad urbanística en este caso. Estos dos letrados, uno de ellos ejerciendo ahora como tal en el Supremo y el otro ex jefe de gabinete de la ex vicepresidenta Fernández de la Vega, fueron más allá de ese asesoramiento presuntamente ilegal. Uno de ellos, siempre según la UCO, se llegó a permitir la licencia de aconsejar a Luis Lleó, sujeto ahora a una primera petición de seis años de cárcel, una estrategia de desgaste de Carlos Espino consistente precisamente en ir poniendo en su contra cuantos más elementos políticos y sociales posibles: “Cuantos más amigos lo tengan como enemigo”, llegó a escribir Ignacio Sánchez Yllera en un correo electrónico dirigido a su cliente, “mejor para ti y para el futuro”. Y añade, a modo de práctica habitual entre las organizaciones mafiosas, “déjalo que muerda el anzuelo, le pasará como al gobernador de Nueva York”, que tuvo que dimitir justo cuando luchaba contra la corrupción. La información escasa que se dispone del sumario nos impide asegurar que “el anzuelo” que debería haber mordido Carlos Espino era el soborno propuesto por Fernando Becerra en nombre de Lleó, porque si así se lograra probar, nos encontraríamos ante una operación de cohecho que estaría al menos en conocimiento –cuando no alentada- por un letrado del Tribunal Constitucional. Como para creer en la pureza del sistema democrático.

Esa estrategia de derribo de los elementos molestos para una buena gestión corrupta del territorio en Lanzarote ha contado desde hace años con la complicidad de algunos medios de información locales y muy concretos periodistas que trataron siempre de justificar las tropelías en base a descalificar a quienes las denunciaban. En debates televisivos regionales se han podido escuchar en ocasiones, de boca de algunos de esos profesionales de la comunicación, extravagantes explicaciones para justificar las ilegalidades cometidas por los promotores de la veintena de hoteles cuya demolición ha sido ordenada por la justicia. Tras esas ilegalidades, siempre meciendo la cuna, había un sobre destinado a algún periodista o a algún medio de comunicación nada comprometido con la limpieza urbanística. Uno de los medios cómplices más señalados ha sido el semanario Lancelot, conocido irónicamente con el nombre de Camelot, cerrado hace alrededor de un mes como consecuencia de la crisis que arrasa al sector de la comunicación. Sin embargo, diversas informaciones apuntan –aún de manera oficiosa- a que esa histórica publicación propiedad de los hermanos Coll ha sido adquirida por el empresario más poderoso de Lanzarote, Juan Francisco Rosa (uno de los hoteleros amenazados por la piqueta), que ya era el accionista mayoritario en Lancelot TV, cadena que sí continua operando. Las negociaciones para la compra de Lancelot por parte de Rosa se han saldado con la salida del accionariado de la revista de Antonio Coll y con la búsqueda de un periodista que sustituyera en la dirección a su hermano Jorge. Estas últimas gestiones, sin embargo, no han fructificado, y será por lo tanto Jorge Coll quien capitanee esta nueva etapa de la publicación.

Podíamos haber dejado nuestros acuerdos con ElDiario.es, el periódico que dirige Ignacio Escolar, en el ámbito estricto de nuestras respectivas empresas. Sumar visitas, transferirnos tráfico, compartir contenidos, reforzarnos en las redes sociales, reforzarnos tecnológicamente, contratar publicidad conjunta… pero hemos preferido hacerlos públicos porque pública es la actividad que desarrollamos bajo ambas cabeceras. Ya habrán leído en qué consisten nuestros acuerdos con ElDiario.es, que se engloban en una decidida apuesta por el Periodismo, una profesión -herida fuertemente por la crisis- que estamos empeñados en rescatar y potenciar con iniciativas como las que acometemos desde ahora con Escolar y su potente equipo de profesionales. Y como la cosa va de periodismo, este lunes presentamos nuestros acuerdos con un grupo de periodistas con los que mantuvimos un apasionado y casi romántico debate sobre el gremio y sobre su futuro. Alrededor de Ignacio Escolar y de Carlos Sosa, los anfitriones, se reunieron el director de La Provincia, Antonio Cacereño; el director adjunto de Canarias7, Vicente Llorca; los delegados de EFE y de Europa Press, José María Rodríguez e Ignacio Afonso; el columnista del Diario de Avisos Alfonso González Jerez… y la plantilla de periodistas y colaboradores de CANARIAS AHORA. La conclusión principal es que queda periodismo para rato, puede que poco en formato impreso, pero mucho en Internet, y que en la Red hay que ser muy competitivos para poder alcanzar un posicionamiento que permita agrupar en torno a cada diario a una comunidad de lectores dispuesta a sostener con sus aportaciones económicas al medio con el que se identifica. ElDiario.es y CANARIAS AHORA coinciden en muchas cosas, en su línea informativa y editorial, en su postura crítica ante los poderes públicos, en la exigencia de una democracia de calidad y en el ejercicio amplio de los derechos constitucionales a la información y a la libertad de expresión. Y coincidimos, claro, en la apuesta por el buen periodismo. Inauguramos nueva etapa, esperamos contar con nuestros lectores y no defraudarles.

No han aprendido nada. El clamor popular contra la clase política por hacer y deshacer a su antojo y por torcer las reglas del juego hasta convertirlas en un guiñapo no parece haber calado entre determinados dirigentes públicos, que se despachan sin miramientos las sentencias a mayor gloria de lo que les dicta la entrepierna. La reciente resolución del Tribunal Constitucional cargándose de un plumazo las prerrogativas otorgadas a los cargos no electos ha sido encajada por las instituciones canarias más afectadas como si el lío no fuera con ellas. Lejos de ofrecer a los ciudadanos una solución eficaz y públicamente ejemplarizante han optado directamente por el engaño: ¿que no puede haber concejales o consejeros no electos?, pues los nombrados coordinadores generales y a escupir a la calle. La pirueta es una verdadera tomadura de pelo al Tribunal Constitucional, es decir, a la Constitución, y una confirmación de que nos gobiernan auténticos sátrapas. Y lo que es peor, encima creyéndose los más listos de la clase por la solución adoptada, como si la equivocada fuera la Constitución y no ellos amoldándola a sus intereses. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria son las dos instituciones canarias con más cargos no electos incorporados a funciones reservadas a concejales y consejeros de elección directa por los ciudadanos. La solución ha sido nombrar a los afectados “coordinadores” o “coordinadores generales”, mantenerles sus atribuciones y sus retribuciones y pasar su firma a consejeros o concejales de autoridad reconocida por la Carta Magna. Es decir, transforman a cargos de gobierno en cargos directivos olvidando los autores de la trapisonda la legislación vigente en la materia y los acuerdos propios de la institución donde se ejecuta el atropello.

Larry Álvarez y Máximo Bautista en el Cabildo, o Claudio-Alberto Rivero en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pasan de la consideración de cargos de gobierno a la de personal directivo al ser nombrados coordinadores generales de sus respectivas áreas. Veamos lo que dice en tal sentido la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 13: “Personal directivo profesional. El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia”. Paremos aquí: “principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad”. Nadie pone en duda la capacidad y los méritos que puedan atesorar los tres altos cargos en cuestión, pero es evidente que sus puestos han de someterse a un concurso público al que podrán presentarse todas las personas en las que concurran los requisitos del puesto que se pretende cubrir. Porque lo contrario sería una alcaldada ilegal con resolución inmediata en los tribunales de justicia. Pero observemos lo que dice el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo de Gran Canaria, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas en su edición del 14 de julio de 2008: “Capitulo II. Órganos directivos de las Consejerías de Gobierno. Artículo 63.- Nombramiento de los titulares de órganos directivos. 1. Los Coordinadores Generales y los Directores Generales serán nombrados y cesados por el Consejo de Gobierno Insular de Gran Canaria, a propuesta del Presidente de la Corporación. 2. Su nombramiento deberá efectuarse, con carácter general y de conformidad con lo previsto en el artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación estatal, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente”. Solamente el ya ex consejero de Hacienda, Máximo Bautista, podría cumplir estos requisitos por ser funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma, pero no bastaría con atesorar esas condiciones: el presidente Bravo de Laguna debe convocar su plaza de coordinador general para que se puedan presentar todos los funcionarios que estén en esa tesitura y pretendan ocuparla. Porque la excusa de que no se ha desarrollado la ley no se salta la exigencia del referido artículo 13.2 sobre publicidad y pública concurrencia, que en estos casos que les contamos brilla escandalosamente por su ausencia.

Que sí, que a pesar de lo que pueda parecer, hay vida inteligente en algunos estamentos del Gobierno de Canarias. La hay, por ejemplo, en la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, a cuyo frente está un profesional curtido que no cede a las presiones de las dos grandes multinacionales de software institucional, Oracle y SAP. Se llama Roberto Moreno, y ha sido proclamado invitado de honor para la cumbre anual de la primera compañía mundial de código abierto, Red Hat, a celebrar en junio en la ciudad americana de Boston. La política de software libre del Gobierno canario ya es comentada en USA como un caso de éxito y sólo ha sido necesario que al frente de las responsabilidades se colocara a una persona conocedora de las soluciones gratuitas, más económicas y menos subyugantes de las hasta ahora utilizadas. Y dos, que esa persona no estuviera conchabada con los proveedores. Durante estos dos últimos años, el Gobierno canario se ha embarcado en la tarea de migrar las licencias de software propietario a suscripciones libres, en un proceso que ya está suponiendo ahorros millonarios.  El proyecto estrella de esta operación de cerco a los programas informáticos cautivadores se llama Platino, que es el monograma de Plataforma de Interoperatividad del Gobierno de Canarias, que de momento se traduce en un proyecto en el que trabajan programadores del Gobierno y otros del mercado local al que se ha tenido que acudir para hacer la migración de sistemas.  En total, una inversión de 380.000 euros al año que se ya se está traduciendo en el ahorro sucesivo de millones de euros y la quiebra de la dependencia a licencias de código cerrado que continúan desangrando con sus royalties las arcas de la Comunidad Autónoma. Un software made in Canarias, propiedad del Gobierno que soporta toda la administración electrónica de la Comunidad Autónoma, todos los sitios web, las sedes electrónicas, el portafirmas digital, el Boletín Oficial electrónico y el resto de aplicaciones corporativas menores.

Este avance tecnológico del Gobierno canario, que es ejemplo de éxito en convenciones de código abierto en el mundo, se enfrenta sin embargo a las reticencias lógicas de las dos grandes multinacionales del sector, proveedoras históricas de la Comunidad Autónoma que hasta ahora no había tenido remilgos en adjudicarle millonarios contratos incluso sorteando viejos software locales que jamás se quisieron actualizar. El principal valedor de empresas como Oracle o SAP, esas multinacionales que presionan para no perder su posición de privilegio, fue sin duda José Manuel Soria, que durante su mandato al frente de la Consejería de Economía y Hacienda puso en marcha ese fabuloso fantasma que es el SEFCAN, el sistema de control financiero de Canarias que adjudicó en agosto de 2009, con su correspondiente agostidad, por 5.500.000 euros. Curiosamente, ese portentoso y oneroso sistema de control de toda la Comunidad Autónoma dejó fuera al Servicio Canario de Salud, en manos de otra consejera del PP, Mercedes Roldós, que por su parte compró otro software, el TARO, que costó otro ojo de la cara (y la yema del otro). Dos sistemas adjudicados por el PP que, en términos informáticos, “no se hablan entre sí”, lo que obliga a introducir datos dos veces o ejecutar traslados vía técnicos, con lo que ello comporta. El SEFCAN no ha podido ser sustituido por otro software porque no hay manera de desentrañar sus tripas, y a finales de 2012 salió a licitación por otros 5.500.000 euros la renovación de las licencias, en manos de El Corte Inglés, que es la representante en la tierra de la multinacional SAP, dueña del código. El Gobierno dice estar seguro de poder estabilizar el coste anual de licencias privativas en 1.200.000 euros al año, que viene siendo la mitad de lo que se venía pagando hasta ahora a través de contratos leoninos firmados por algunos de los que pregonan todos los días que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que hay que adelgazar las administraciones públicas. Seguramente para continuar engordando a los que ellos siempre han ayudado a engordar.

No es norma aún en Internet. Pero acabará imponiéndose. Debe imponerse. El consumo de información periodística de calidad en la Red no puede seguir siendo un servicio cien por cien gratuito porque requiere de las empresas periodísticas un notable esfuerzo de profesionales que necesariamente han de cobrar por su trabajo. En CANARIAS AHORA lo defendemos desde hace mucho tiempo: no disponemos de accionistas capaces de cubrir los déficits que se generan, ni hemos sido capaces de conseguir la publicidad suficiente para sostener un proyecto periodístico que a duras penas sobrevive en un mercado fuertemente influido por los grupos económicos y políticos de presión. Y en demasiadas ocasiones, la publicidad condiciona la línea informativa. No es bueno para la independencia, y la única manera hasta ahora conocida de garantizarla es que paguen por la información veraz, de calidad y libre los destinatarios de la misma, es decir, los lectores. Tras un largo proceso de maduración, en el que hemos descartado cobrar por contenidos diarios, nos hemos lanzado a la comercialización de un boletín semanal que se confecciona en formato PDF que ha de descargarse mediante la suscripción con pagos muy asequibles. Cinco euros al mes o cincuenta al año pueden convertir nuestro periódico en un medio de comunicación casi exclusivamente financiado por sus lectores, lo que neutralizaría cualquier movimiento de presión por parte de los grandes anunciantes o los grupos de poder que los obligan a retirarnos la publicidad si no accedemos a sus pretensiones.

Para conseguir contenidos Premium de calidad con los que confeccionar cada semana nuestro boletín CANARIAS AHORA SEMANAL, hemos convencido –de momento- a media docena de periodistas de prestigio. Al frente de ellos, el gran maestro José A. Alemán, con una larga trayectoria en medios impresos como El Diario de Las Palmas, La Provincia y Canarias7, y autor de numerosas publicaciones en las que ha analizado con acierto la realidad canaria de cada momento. Y, además, novelista único. Junto a él, forman parte del equipo Premium de CANARIAS AHORA Federico Echanove, canario residenciado en Madrid, desde donde sirve jugosas crónicas de la vida política de la Villa y Corte en relación con Canarias. En Tenerife, contamos con dos prestigiosos profesionales, Noé Ramón, un todo terreno al que pocos son capaces de pisarle una exclusiva judicial, y Salvador Lachica, uno de los más veteranos y seguidos cronistas parlamentarios de Canarias. Desde Agadir, nos envía sus valiosas crónicas y reportajes nuestro compañero Sergio Sánchez Rivero, experto en información cultural, inmerso ahora en una diversificación profesional interesantísima. El análisis económico en profundidad es tarea de Ruymán Jiménez, joven periodista que sin embargo ya atesora una enorme experiencia que lo convierte en un profesional muy reclamado. Junto a ellos, la redacción de CANARIAS AHORA, a cuyo frente se encuentra Alexis González, junto a Iván Suárez, Thalía Rodríguez y Carmen Mesa, nuestra más reciente incorporación. Desde América, dos colaboradores experimentados, Armando Camino y José J. Jiménez, conforman nuestra redacción en Buenos Aires, desde donde se edita el periódico las tardes, noches y fines de semana. Todos trabajan directa o indirectamente en los contenidos diarios del periódico y en la confección de nuestro boletín Premium semanal. Los colaboradores Premium cobrarán en la medida en que respondan nuestros lectores. Serán agentes de sus propios trabajos, los divulgarán en las redes sociales, a través de newsletter… porque percibirán su retribución conforme sean los suscriptores a los que convenzan sus trabajos. Es la única manera que hemos encontrado, de momento, de vincular más profesionales a nuestro proyecto, y que puedan cobrar por su trabajo, por su esfuerzo de ofrecer un producto diferenciado y de calidad. Cada 50 euros de suscripción se distribuirán de la siguiente forma: 30 para pagar a los periodistas, 15 para los gastos generales de la empresa editora, y 5 para publicidad y marketing de la revista semanal de CANARIAS AHORA, que iremos mejorando poco a poco con más contenidos y algunas ofertas paralelas.

Paralelamente a esta incursión siempre incierta en el campo del cobro por contenidos en Internet, nuestro periódico está acometiendo otros proyectos. Junto a un nuevo diseño que se cuece a fuego lento, hemos alcanzado un prometedor acuerdo con la empresa editora de ElDiario.es, el periódico que dirige Ignacio Escolar. El periodista, conocido en toda España por su presencia en numerosas tertulias de radio y de televisión, estará en Gran Canaria este lunes para presentar, junto al director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, el alcance de esa alianza. Algo ya han podido apreciar nuestros lectores: en la cabecera del periódico se puede ver desde hace días un cintillo con un rótulo dinámico en el que se pueden ir conociendo noticias de ElDiario.es y desde el que se enlaza con él directamente. En la portada de ese periódico, por su parte, ya aparece junto a las demás autonomías españolas una pestaña con el nombre de Canarias, a través de la cual se accede a nuestro periódico. El éxito del diario de Ignacio Escolar ha sido fulgurante desde que naciera en septiembre pasado: ya tiene certificados 1.300.000 lectores únicos mensuales y también ha aplicado una fórmula muy peculiar de cobro por contenidos mediante la captación de “socios” que pagan una cantidad por mes o por año que les permite tener prioridad en los comentarios y recibir un adelanto de contenidos exclusivos unas cuantas horas antes que el resto de lectores. En estos primeros ocho meses de vida, ElDiario.es ha conseguido equilibrar sus cuentas gracias a las aportaciones de sus socios, sin renunciar sin embargo a los ingresos publicitarios, cuyo peso se irá reduciendo a medida que crezca el número de lectores partícipes. Con ElDiario.es pretendemos fortalecernos, incrementar nuestra visibilidad, prestar un mejor servicio a nuestros lectores y contribuir a que crezca el número de medios informativos libres en España. Nos gustaría contar con usted en esta nueva y preciosa etapa.

Ya ni siquiera es noticia que la profesión periodística vive sus peores momentos. Dicen las encuestas que no somos muy creíbles, que hemos perdido gancho y credibilidad, y que para lo que hacemos y representamos, mejor nos dedicamos a cantar en el metro como ese periodista en paro que entonaba, ukelele en mano, su currículo y sus méritos. La crisis económica se ha llevado por delante el empleo de casi 30.000 periodistas españoles, y ha dejado a los que aún conservan su trabajo con el cuerpo metido en un temblique por no saber quiénes serán los siguientes. Para colmo, la pérdida de facturación publicitaria ha obligado a muchas empresas  informativas a ajustar al miedo ambiente reinante (es correcta la palabra miedo) su línea editorial y sus sensibilidades, lo que automáticamente influye en la credibilidad y en esas encuestas tan desmoralizadoras. No habría de servirnos de consuelo, sin embargo, que junto a los periodistas sean los jueces los que forman el otro gremio que decepciona a los españoles, lo que tiene menos explicación desde el punto de vista del paro y de la situación económica, o al menos nosotros no se la encontramos. Porque buenos jueces bregando para salvar a la gente de despidos injustos o de desahucios y de abusivas condiciones bancarias los hay a porrillo. Del mismo modo que hay periodistas comprometidos permanentemente e informando contra los abusos de los poderes (los democráticos y los ocultos) en riguroso cumplimiento de su obligación. De jueces y periodistas van estas historias de hoy. Porque estamos asistiendo a algunas resoluciones judiciales que parecen dictadas al calor de la involución generalizada que sufre toda Europa, y más acentuadamente España. Los recortes, efectivamente, también están tocando a la puerta de los periodistas. Y poniéndolos muy nerviosos.

Hay jueces que tienen alergia a los periodistas. De eso no tengan duda. Acumulamos unos cuantos ejemplos que lo prueban. Nos consideran unos intrusos que nos atrevemos a informar de todo, y lo que es peor, a opinar de todo. Por ejemplo, de sentencias judiciales a todas luces excesivas, injustas o desproporcionadas. La que acaba de recaerle a la revista satírica El Agitador, de Lanzarote, la podemos encuadrar en estos dos últimos apartados: injusta y desproporcionada, con un añadido que agrava aún más su contenido y sus consecuencias: corporativista. Un juez de Lanzarote, Antonio Miguel Vallejo Jiménez, ha condenado a tres responsables de esa publicación a casi 20.000 euros (casi 8.000 de multa y 12.000 de indemnización al querellante) por publicar una viñeta y unos comentarios acerca del fiscal Miguel Pallarés, a la sazón coordinador de fiscales de Lanzarote, hoy ejerciendo en Las Palmas. En seis sucintos folios, su señoría se lleva por delante el derecho a la libertad de expresión con similares argumentos a los que le hubieran servido para, en defensa de ese derecho constitucional, absolver a los acusados, que se limitaron a hacer unas risas acerca de la presencia del fiscal querellante en el colectivo de propietarios de chalets en la urbanización La Bufona, sobre la que pesa un pleito que lleva trece años dando vueltas por los juzgados. El chalet de Pallarés, como resaltaron los ahora condenados, es uno de los que presuntamente ha invadido suelo rústico propiedad de un particular, que se desgañita en medios de comunicación y sedes judiciales sin que nadie sea capaz de resolver en algún sentido su kafkiano peregrinar. Los editores de El Agitador se limitaron a ironizar sobre la doble condición de presunto infractor de Miguel Pallarés (su chalet en La Bufona está expedientado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que ha decretado su demolición parcial) y de fiscal en ejercicio en Canarias. No lo llamaron delincuente, ni siquiera infractor, sino fiscal mudo, conclusión a la que llegaron tras preguntarse en el artículo por el que han sido condenados cómo es posible que el caso de La Bufona llevara entonces (2008) dando tumbos en los juzgados y que el señor Pallarés se abstuviera de actuar en flagrantes casos de corrupción urbanística en Lanzarote en función de quiénes fueran los sospechosos. Esa actitud les lleva a llamarlo “Miguel Callaré”, expresión que para el juez Villarejo Jiménez constituye “una injuria grave”. Porque resulta relevante y de público conocimiento en Lanzarote que el fiscal querellante es sobrino político del tristemente famoso abogado Felipe Hernández Camero, implicado en el caso de La Bufona y salsa en casi todos los guisos de pelotazos urbanísticos peligrosos, molestos e insalubres que se han cocido estos últimos años en Lanzarote. Una viñeta y unos comentarios satíricos son una opinión de unos ciudadanos de un país libre que no pretenden “menoscabar la honorabilidad profesional”  de un fiscal, sino pronunciarse en tono humorístico por la inacción de un servidor público que a su juicio no estaba a la altura de las circunstancias. Si lo que pretendía el juez, el fiscal querellante y el fiscal que pidió en el juicio la misma condena que el fiscal querellante era tapar la boca a El Agitador y borrar de la faz de la tierra cualquier rastro de crítica a la actuación de Pallarés, el efecto conseguido ha sido el contrario. Los condenados han anunciado que recurrirán a la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde la contaminación conejera queda un poco más lejana. El caso La Bufona sigue sin resolverse: los imputados, de rositas, y los chalets infractores, en perfecto estado de revista. Pero ya hay condenados colaterales.

Algunos lectores lo apreciaron en la noticia que publicábamos este miércoles, aquella en la que dábamos cuenta de la sentencia por la que se estimaba una demanda contra José Rodríguez Ramírez y la empresa editora de El Día por insultar gravemente al director de CANARIAS AHORA. La pieza era informativa, por lo tanto ajena a cualquier elemento subjetivo, pero es aquí donde la vamos a comentar apasionadamente. Como les decíamos, a algunos lectores les llamó la atención el pasaje de la sentencia del magistrado José Antonio Morales Mateo en la que se rebaja sustancialmente nuestra petición de condena (300.000 euros) hasta unos exiguos 10.000 euros alegando que tenemos un medio informativo “con el que contrarrestar los efectos nocivos derivados de los ataques sufridos y así amortiguar sus consecuencias”. Desgraciadamente, su señoría no explica en su sentencia cómo se amortiguan o contrarrestan insultos personales e intromisiones en el honor y en la intimidad personal y familiar (como concluye el juzgador en su resolución) a través del medio que dirige la persona injuriada. Nos tememos que con iguales o superiores insultos, lo que automáticamente habría de desembocar en que el mayor agraviado sea finalmente el que cometió la primera intromisión y que, por tanto, termine siendo el que aplica la legítima defensa el que pague las indemnizaciones y las costas judiciales. Claro que en la misma sentencia el mismo juez nos afea que nos hallamos dirigido a José Rodríguez Ramírez con lo que él llama “el mote de Don Pepito”, lo que a su entender debería también tender a rebajar la indemnización. Es una lástima que no se haya leído la sentencia firme que desestimó la demanda interpuesta por el dueño de El Día por ese concreto motivo, sentencia que fue incorporada a la causa por nuestros abogados. Por lo tanto, si te insultan y tienes un periódico, date por jodido porque tienes que defenderte insultando con tu periódico. Y si te defiendes con las mismas armas, es decir, insultando, exponte a que seas tú finalmente el malo de la película y el que pague. Y, de remate, por tener un periódico con el que defenderte, te rebajan la petición a menos de lo que pedía el Ministerio Fiscal (14.000). Imposible encajarlo sin que todo chirríe. Hay jueces que tienen verdadera aversión a los periodistas, como la magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas Margarita Hidalgo Bilbao, que hace unos pocos años recibió una queja formal de varios periodistas por desalojarlos de la sala de vistas cuando se celebraba un juicio en el que actuaba Soria como acusador contra el testigo de cargo del Grupo Europa, Benítez Cambreleng. Alegó Hidalgo Bilbao que no quería que aquello fuera un circo mediático, llevándose por delante el principio de publicidad de la justicia. En una reciente sentencia suya -también sobre don Pepito- la misma magistrada volvió a mostrar su desprecio por la prensa, al reducir a la condición de rifirrafe los insultos del dueño de El Día al director de CANARIAS AHORA, y como “siempre el daño moral es muy difícil de determinar”, rebajar la indemnización al insultado de 70.000 (condena de primera instancia) a 20.000 euros por considerar, entre otras cosas, que “la lesión causada no es grave, pues si bien atenta a su condición personal, no a la profesional y que las circunstancias (sic) tampoco imprimen al mismo ni gravedad ni relevancia especial en cuanto a la entidad de la intromisión”. Todo ello después de dedicar dos folios de los doce de su sentencia a relatar, sin puntos y aparte, la retahíla de insultos proferidos por el demandado a lo largo de más de un centenar de artículos. Desprecio puro. Puestos a ponderar, ponderaremos los sabios consejos de estos jueces sobre la legítima defensa del insulto.

“Querido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria: usted no sabe de quiénes está hablando”. Así debería empezar una carta imaginaria firmada por los 1.208 escolares de la ciudad dirigida a Juan José Cardona tras enterarse de que el Ayuntamiento se niega a poner su parte para que 27 colegios del municipio puedan abrir sus puertas en verano para prestar una actividad de inmersión lingüística y abrir sus comedores. 1.208 niños con necesidades severas, muchos de los cuales probablemente sólo puedan acceder a una comida en condiciones si se la facilita su escuela, como ocurre durante el curso, y que dejarán de comer con fundamento en verano si el grupo de gobierno del PP en la capital grancanaria se empeña en hacer política carroñera con algo tan delicado. El PP, efectivamente, ha encajado de la peor manera posible la decisión de la Consejería de Educación, en manos del PSOE, de abrir los comedores escolares en verano en casi todos los municipios para atender una emergencia social de primer grado y, de paso, ofrecer una formación complementaria en idiomas que tampoco viene nada mal. A los ayuntamientos solo se les pide que pongan el transporte escolar y los gastos derivados de la apertura de los centros, es decir, el guardián, el ujier o lo que fuera. A esa exigencia, mínima por otra parte, se ha agarrado el PP y algunos otros alcaldes irresponsables y descerebrados para tratar de chafar una acción política de mucho recorrido al Gobierno de CC-PSOE. El caso de Cardona es el más sangrante porque es en Las Palmas de Gran Canaria donde se concentra el mayor número de escolares con necesidades alimentarias improrrogables, por lo que debía ser el Ayuntamiento más interesado en colaborar para que la experiencia sea un éxito y, a ser posible, se repita cada vez que se pueda. A Cardona se le han unido otros alcaldes del PP en Gran Canaria: el de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna; el de Mogán, Francisco González, Paquirrín, y el de Moya, Poli Suárez, siguiendo las consignas de partido de dejar a los chiquillos tirados con tal de joderle el invento a Paulino Rivero. Porque es el verbo joder el preferido del partido, como ha quedado acreditado.

No todos los niños que se podrían beneficiar de este programa de apertura de colegios tienen que usar transporte escolar. Por lo tanto, de los 1.208 a los que alcanzará en Las Palmas de Gran Canaria en los 27 colegios adscritos a la experiencia, Educación calcula que sólo usarán la guagua un 60%, lo que arroja un coste total de 38.000 euros (85 euros de alquiler por cada guagua de 55 plazas) durante los dos meses de apertura, julio y agosto. Añadamos a estas cifras que la apertura en julio ya se venía realizando tradicionalmente, y que ni este (ni ningún otro) ayuntamiento tiene que asumir los costes ni de profesorado ni de comidas y servicios anexos. Si el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria es incapaz de aportar 38.000 euros a esta iniciativa es un miserable o un mal político, y por cualquiera de los dos motivos debe marcharse para su casa. A modo de sugerencia, se nos ocurren algunas iniciativas suyas cuyo coste se asemeja al de dar de almorzar en verano a 1.208 niños de su ciudad en situación de riesgo social. Por ejemplo, la fiesta del perro, celebrada en el parque de Santa Catalina, con adiestradores, actividades, talleres, circuitos para que los chuchos hicieran piruetas y sus dueños pudieran presumir de lo bien adiestraditos y alimentados que están. La iniciativa costó 20.500 euros, más de la mitad de lo necesario para pagar la guagua a estos 1.208 niños. O las tres fiestas de la bicicleta celebradas hasta ahora bajo su mandato, que ya han superado los 40.000 euros, publicidad aparte. O la presentación urbi et orbi, al estilo Steve Jobs, que en paz descanse, de la estrategia de internacionalización de la ciudad (PIC y dos piedras), que se celebró en el teatro Pérez Galdós con un coste de 50.000 euros. Por no contar que en los presupuestos municipales existe una partida de 280.000 euros anuales para transporte en guagua de asociaciones de mayores, agrupaciones folclóricas y otras entidades que seguramente estarían encantadas de ceder 38.000 euros para atender el traslado de estos niños de los que el alcalde se quiere desentender de manera infame. Por no hablar –como recordó este miércoles el PSOE- de los 100.000 euros que costó a todos pintar de verde una parte del asfalto de Mesa y López, o los 85 millones de euros de remanente de tesorería que tiene este Ayuntamiento dirigido por un ser que no sabe quiénes son esos 1.208 niños que quiere dejar este verano sin comedor y sin inmersión lingüística. O, ya puestos a potenciar la colaboración institucional, ¿qué tal pedirle al Cabildo que dedique a estas guaguas los 30.000 euros que cuesta mantener la bandera en la Fuente Luminosa? Si Cardona no lo resuelve, le haremos escrache hasta que se vaya para su casa.

Ha sido de tararí y no echar gota la ofensa que se ha infligido el Partido Popular de Canarias por el error del Gobierno (o tremenda cagada, táchese lo que no proceda) de utilizar el eslogan de un congreso de CC en la campaña institucional del Día de Canarias. Reconocido el error (o el resultado de la flojera de esfínteres) y corregido el desatino, parece quedar claro que no había una intención propagandística, porque ya tiene que ser rebuscado el publicista para pretender que el público municipal y espeso tenga tanta memoria política (en las encuestas dice no acordarse de que votó al PP) como para asociar un eslogan con el otro. Pero está muy bien que el PP canario se fije en esa presunta utilización perversa de los instrumentos institucionales, y siempre le apoyaremos en esa deriva. Pero convendría a su vez que de vez en cuando revisara sus propios actos. Tenemos en nuestro poder una carta de doña Águeda Montelongo, de fecha 2 de abril de 2013, dirigida a los ganaderos de Fuerteventura, que es un excelente ejemplo de lo que estos días ha criticado el PP con razón. En ella, la presidenta del PP de Fuerteventura, isla de cuyo Cabildo es consejera, a la vez que sienta sus reales en la Mesa del Parlamento de Canarias en calidad de secretaria segunda, se dirige al sufrido sector caprino majorero para solidarizarse con él de modo muy sentido, a la vez que criticar al malvado Paulino Rivero por haber dicho en la sede parlamentaria que no tienen razón los que reclaman cantidades pendientes del PSOEI de los años 2011 y 2012. En la misiva, la señora Montelongo invita a los destinatarios (la encabeza un elocuente “querido ganadero”) al pleno del Cabildo celebrado el pasado 5 de abril con el fin de reclamar que fuera la Corporación majorera la que asumiera los dineros pendientes de cobrar, básicamente por el desentendimiento del Gobierno de España, de su propio partido de ella. Nada que objetar a tales sentimientos y convocatorias si no fuera porque se hacen con membrete del “Parlamento de Canarias/La secretaria segunda”  y no del Partido Popular o del Grupo Popular en la Cámara o en el Cabildo majorero, que es como hay que enviar las cartas cuando no son puramente institucionales  y sí partidarias. Porque la función de una secretaria segunda del Parlamento, que es como aparece doña Águeda firmando su carta, no es la de oposición o fiscalización de un cabildo, sino la muy institucional de formar parte de la Mesa de la Cámara y cumplir y hacer cumplir su reglamento en toda su extensión.

Juan José Cardona no sale de un jardín para meterse en otro. Lo de los comedores escolares le va a pasar una costosa factura, como sus públicos retos con el asunto de Emalsa, reducido de momento a reclamar una rebaja en las rentas del alquiler de la sede de esa compañía mixta dedicada al ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria. Su pérdida de rumbo en algunos asuntos lo presenta como un alcalde un tanto desnortado, que gira como una veleta en función de quién haya sido la última persona influyente en salir de su despacho. Así lo ha demostrado, por ejemplo, con la polémica de las zonas de gran afluencia turística, donde ha pasado de ser muy restrictivo a declarar la liberalización de punta a punta del municipio, para luego acabar por declarar la ciudad como zona de gran influencia de El Corte Inglés, que es lo que le han ordenado desde la calle Génova de Madrid. Cuando parecía que todo en este conflicto quedaba ya en manos de las cantinfladas del alcalde, aparece en escena un personaje inesperado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que ha declarado que ni las asociaciones comerciales ni los ayuntamientos, que aquí los que tienen que tener las competencias sobre horarios comerciales son los cabildos, que vienen a ser los que controlan las sensibilidades de las comarcas y los municipios, y las nocivas influencias que pueden tener las aperturas liberalizadas en la ciudad en las zonas colindantes, con sus mercadillos, sus áreas abiertas, etcétera. Claro que lo dijo tras reunirse con Fenorte, la patronal comercial del norte de la isla, y olvidando el nada sutil detalle de que fue su partido, el PP, el que cambió para todas España la Ley de Comercio, otorgando a las municipalidades lo que él quiere ahora para las insularidades. Lo que nos conduce a la dramática conclusión de que Bravo deja con los glúteos in the air al alcalde Cardona y a su propio partido. Y eso que todavía no ha intervenido el responsable de Comercio en el Cabildo, el insuperable tránsfuga Juan Domínguez, que es el que falta para que este colorido sainete alcance la categoría de culebrón caribeño. Cantinflas desde el principio y el Chavo del Ocho de remate. Vaya tropa.

Y ya que hablamos del Cabildo de Gran Canaria, hagamos una breve mención a la embarazosa situación en la que ha quedado el consejero de Obras Públicas (dios nos libre y guarde) y portavoz del PP en la Corporación, el siempre polémico Carlos Sánchez.  Como les adelantamos el pasado día 2, el consejero maniobró de manera infumable para que un amigo suyo, el ingeniero de Caminos Huber Lang-Lenton, fuera el adjudicatario de tres concursos referidos a los vertederos de Salto del Negro y Juan Grande. Cogido en el renuncio, la empresa perjudicada de tamaño abuso de poder se atrevió a hacer lo que pocas hacen, contar lo ocurrido y ponerlo negro sobre blanco a través del Registro de Entrada, lo que acabó, como es menester, en los Servicios Jurídicos de la Corporación. El resultado es el que hemos publicado este miércoles, que la adjudicación debió ser desde el principio para MI3, que era lo que recomendaban los técnicos. Repuesta la legalidad vigente y desenmascarada la obscena operación, la cosa no debería quedarse ahí, porque los mismísimos letrados insulares han dejado en evidencia lo ocurrido, lo que en rigor debería dar lugar a una actuación del propio Cabildo poniendo en manos de la autoridad judicial los hechos, por si fueran o fuesen constitutivos de delito. Hemos hablado con la empresa MI3, que hubiera resultado perjudicada de prevalecer la alcaldada, y nos ha dicho que apartemos de ella ese cáliz, que no piensan denunciar porque lo suyo es trabajarse el contrato que finalmente se les ha concedido. Pero su representante añadió una frase ciertamente esperanzadora:  “Somos ciudadanos responsables, y si nos llaman a declarar alguna vez ratificaremos lo que hemos dicho y contaremos lo que tengamos que contar”. En un lapso de tiempo bastante corto, los Servicios Jurídicos del Cabildo se han anotado dos actuaciones de relevancia pública ciertamente notables: el dictamen sobre la protección del oasis de Maspalomas y el despelote integral del consejero Carlos Sánchez. Falta por saber si requerirá a la autoridad política para que ponga la actuación de este consejero en manos del juzgado de guardia. O si lo hará de oficio, en cumplimiento de la legalidad vigente.

A menudo escuchamos de los empresarios más punteros de Canarias la exigencia a los políticos de dejar paso a los pronunciamientos técnicos en detrimento de las decisiones de gabinete. Suelen ser empresarios que ven con recelo las decisiones políticas porque a) consideran que el responsable que las toma está menos cualificado que ellos para tomarlas; b) que las está tomando por un compromiso en ocasiones inconfesable, y c) como los árbitros a Mourinho, siempre juegan para el contrario. Por eso ponen el grito en el cielo cuando algún político toma una decisión contraviniendo los informes técnicos o jurídicos elaborados ad hoc, momento que aprovechan para sacar a paseo términos como “prevaricación” o “desviación de poder”, entre otras lindezas del Código Penal.  Esa postura tan respetable habrá de ser de aplicación, en sentido inverso, cuando es el técnico el que avala con sus informes una resolución política que no gusta a esa casta empresarial con la que empezábamos esta jacarandosa pieza. Es el caso de los cuatro informes, cuatro, en los que se apoyó la mayoría de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria (PP y sus tránsfugas correspondientes) para incoar expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en su modalidad de sitio histórico, para el oasis de Maspalomas y todo su entorno. Por más que leemos esos cuatro informes (dos arquitectos del servicio de Patrimonio, un arquitecto externo y el jefe de los Servicios Jurídicos de la Corporación) más nos asaltan las dudas de la viabilidad de alguno de los recursos anunciados con gran aparato eléctrico por algunas partes en presencia, verbigracia RIU o verbigracia la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Claro que todo es discutible en esta vida, pero está claro que algunos se aventuraron demasiado sin haber visto aún el expediente por el forro.

El alcalde es el único animal que tropieza tres veces en la misma piedra. Tres veces. Es lo que se dispone a hacer el de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que pasará a los anales del comercio de la ciudad por sus tres disparatados cambios de criterio a la hora de decidir qué zonas de la capital deben ser declaradas por el Gobierno de Canarias “de gran afluencia turística”. Ni Cantinflas, dicen en el sector, con su paso vacilante y sus idas de un lado al otro del plano, fue capaz nunca de ejecutar tan aberrantes pasos . Porque Cardona, señoras y señores, ya ha desechado la idea de que sólo sean zonas de apertura dominical Triana y Puerto-Canteras, ya aceptadas con esa consideración por el Gobierno de Canarias; ni que lo sean, a su vez, los ocho centros comerciales del término municipal, incluido el Cono Sur, como propuso en segunda instancia. Ahora que ha mandado retirar esas propuestas tras majarse los dedos, va a pedir que se sumen a Triana y a Puerto-Canteras el área de Mesa y López, pero incluyendo solamente a El Corte Inglés, y no a los centros comerciales El Muelle y Las Arenas, como acordaron proponer los comerciantes asociados en esa zona. Ha prevalecido el criterio nacional del Partido Popular, que en julio del año pasado modificó vía decreto la ley nacional de comercio para, entre otros atropellos, decidir qué ciudades debían tener zonas de gran afluencia turística, y todas-todas, como era menester, tenían una o más tiendas de El Corte Inglés incorporadas. Es lo que le ocurre a Las Palmas de Gran Canaria, donde se dan además unas curiosas circunstancias, como que el director de El Corte Inglés en Canarias, Valetín Parejo, sea a su vez presidente de Asodiscan, la patronal que agrupa a las grandes superficies, que deben estar encantadas con él por la pirueta que ha hecho en comandita con el alcalde imponiendo que sea solo su establecimiento el que pueda abrir todos los domingos del año y fiestas de guardar. Tiene su lógica comercial que quiera quedarse con todo el pastel dominical en detrimento de la competencia, pero nos estamos imaginando las caras que se le han quedado a los Hermanos Domínguez (Las Arenas) y a Amid Achi (El Muelle) cuando se han enterado de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los deja fuera por la presión y las artes de convicción de El Corte Inglés.

Tampoco debe estar muy contento con la decisión de Cardona, que pronto se hará pública, el presidente de la patronal Cecapyme, Prudencio Lorenzo, al que le supo a cuerno quemado enterarse de que Mesa y López y todos sus acorazados se incorporaban a la apertura dominical que ya disfrutan Puerto-Canteras y Triana, donde tiene su comercio. El consenso que Cardona dijo querer encontrar para enfrentarse al Gobierno no lo vemos por ninguna parte, porque esta solución que ha pactado con Valentín Parejo ni satisface a las grandes superficies (se quedan fuera siete de las ocho que hay en la ciudad), ni al presidente de las pymes, que sabe con la apertura dominical de El Corte Inglés existen serias posibilidades de que el polo de atracción comercial de la ciudad se centre principalmente en Mesa y López. Total, una cantinflada comercial de difícil resolución que encima se conoce el día en que el Tribunal Constitucional ha informado urbi et orbi que admite a trámite el recurso del Gobierno de Canarias contra la modificación de la Ley de Comercio nacional en julio pasado. Canarias opina que hay serias intromisiones en sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía, como el listado de ciudades susceptibles de tener zonas de gran afluencia turística, la traslación a los ayuntamientos de las propuestas que antes estaban residenciadas en las asociaciones comerciales y otras regulaciones introducidas manu militari. Sólo falta, para terminarle de liar, que ante esa admisión a trámite, el Gobierno de Canarias pida una suspensión cautelar de la aplicación de esa Ley de Comercio en lo que se substancia el recurso, porque sería bastante pintoresco, a la par que absurdo, ejecutar preceptos de esa ley como la delimitación de zonas de gran afluencia turística cuando la norma corre peligro cierto de quedar derogada. Mientras eso ocurre, el alcalde Cardona se mete en otro jardín tropical marca de la casa. 

Muy poco –menos de medio mandato- le duraron al alcalde socialista de Güímar sus plantes ante su propio partido, que en un comité regional ordenó a todos sus cargos públicos propiciar pactos locales con Coalición Canaria, el socio gubernamental. Yanes se negó y presumió allí donde pudo de su poderío pactando con el PP y, de paso, dejando en evidencia la debilidad de la Ejecutiva Regional, incapaz de afeárselo por acción o por omisión. Su desafío, junto al de algunos de sus compañeros en La Palma o en El Hierro, debilitaron considerablemente la capacidad negociadora del PSOE en la mesa que parió el pacto regional, pero ahí seguía nuestro hombre luciendo músculo de verso suelto. Llegado el congreso insular, el todavía alcalde de Güímar recibió incluso el espaldarazo de uno de los hombres fuertes del partido, Paco Spínola, que lo promocionó en una plancha junto al alcalde de Los Realejos, Manuel Fumero, con tal de impedir que el partido fuera controlado en la isla por los que sí ejecutaron las órdenes de la superioridad y pactaron con los nacionalistas. Desde aquel congreso, el tándem Fumero-Yanes no ha hecho otra cosa que adelgazar el poder institucional de su partido en Tenerife, porque la alcaldía que ahora va a perder el presidente insular de esa formación a manos del PP y de CC, se suma a ya las perdidas por similar procedimiento en Arico y San Juan de la Rambla. Pero lejos de aguantar el tirón estoicamente, de comerse como un campeón sus envites frente a la dirección del PSOE, Rafael Yanes ha pedido auxilio a muchos compañeritos, incluidos los que le advirtieron de que contravenir los designios de la superioridad puede acarrear muchas penalidades, entre otras que no te hagan ni puñetero caso cuando lloras como un chiquillo lo que no supiste defender como un político entero. Por llamar, Yanes ha llamado incluso a la víctima de su conchabo congresual, el concejal lagunero Javier Abreu, pidiéndole que por favor, por favor, Javier, habla con Fernando Clavijo a ver si puede arreglar esto, que estoy dispuesto a pactar con Coalición como ellos digan. ¿Ahora, Rafaelito? Va a ser tarde.

El penúltimo lío interno en la Jefatura Superior de Policía de Canarias se lo hemos contado desde el domingo: tres mandos del Cuerpo en Lanzarote han sido imputados por un juez por trato degradante, tras una denuncia de un matrimonio de policías destinados en el puesto fronterizo del aeropuerto de Guacimeta, que desde hace ya dos años largos siente que sufre una injusta persecusión continuada. El caso, que afecta a un viejo conocido de los juzgados como es el comisario de Arrecife, Federico Teodoro, se ha querido llevar con el máximo sigilo, dado los antecedentes que les podremos contar en breve, pero ni la comisaria provincial, Sagrario de León, ni el DAO (Director Adjunto Operativo) desde Madrid, Enrique Pino, amigo íntimo de la pareja de la provincial, el jefe superior de Baleares y excomisario de Maspalomas, Antonio Jarabo, han podido evitar que la imputación corra como la pólvora y alcance, de nuevo, a las tensas relaciones laborales en la Policía Nacional. A lo sumo, lo que ha logrado la estrategia de defensa de los tres imputados, marcada desde la Jefatura, es echar a pelear a policías, ante la decisión de asignar al caso para defender a los imputados al abogado del Estado adscrito a la Jefatura Superior, un inspector jefe que a regañadientes se ve en la tesitura de pleitear contra compañeros, el matrimonio de policías denunciante de sus mandos superiores en Lanzarote.

No es cuestión de corporativismo, sino una simple consecuencia de tomar parte en un proceso judicial en el que unos policías denuncian a otros. Es tal el volumen de denuncias contra agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que para agilizar el trabajo de defensa, la Abogacía del Estado delega en cuerpos como el de Policía su representación a un inspector jefe licenciado en Derecho, que ejerce como tal en defensa de los policías denunciados. Ahora, si en un futuro este matrimonio de policías es denunciando en el ejercicio de sus funciones, no le quedará más remedio a la Abogacía del Estado que designar para estos agentes a otros letrados adscritos a la isla de Lanzarote, en vez del que ya tiene la Jefatura Superior para la provincia de Las Palmas. La medida tomada el viernes pasado desde los despachos de la décima planta de la Supercomisaría, en la Avenida Marítima de LPGC, ha sido la comidilla policial estos días como la mejor forma para evitar la declaración del comisario de Arrecife, el secretario local y el jefe del puesto fronterizo, aplazadas sine die por problemas de agenda del inspector abogado del Estado. Cuentan quienes de esto saben que el tiempo es precioso ahora en busca de un pizco de cariño por parte de la Fiscalía para que surtan efecto todos los resortes que están poniendo en marcha desde Madrid y Las Palmas los altos cargos de la Policía: el archivo de las actuaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife. Veremos si el manto de silencio va a surtir efecto, o si tirando de la manta el camino se complica y se llega a la calle Duggi, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, en un Nissan Almera...

Despiporres al volante aparte, quien tampoco tiene muchos motivos para sacar pecho y lucir metopas es el Cuerpo General de la Policía Canaria ese, que se enfrenta esta semana a su primer caso gordo en los juzgados, con una quinta parte, que ya es decir, de sus miembros imputados en el denominado caso Ladrillo. Este lunes pasaron por el despacho de Instrucción 3 de LPGC los primeros policías imputados y el denunciante de haber sido agredido en Carnaval, en la rocambolesca trama de cargos policiales dando leña a sus subordinados para alegar que fueron agredidos por el denunciante. La historia de una bronca nocturna en la competición de murgas de Las Palmas no daría para mucho más que una nota en sucesos, pero que hayan sido detenidos diez policías autonómicos y que desde el Juzgado se haya autorizado los pinchazos telefónicos da una idea de que hay mucha más cera de la que arde y se repartieron aquella noche loca. De ahí los nervios de perdidos al río de algunos abogados defensores, dispuestos a amenazar ya con querellas a periodistas de esta casa que se han limitado a contar a lo que se dedica la Policía Canaria en sus ratos libres. Por cierto, quienes algo han visto del caso, cuentan que las conversaciones por teléfono del tal Carmelo Sosa, famoso en sus tiempos de la Policía Local por participar con su uniforme en películas porno, no tienen desperdicio. Una joya de lo que viene a ser un hombre de ley y porra. Se las terminaremos contando también con pelos y señales. Como la noche de abril de 2008 en plena Avenida 25 de Julio de Santa Cruz de Tenerife.

Triunfó a lo grande la vigésimo segunda edición del Womad de Cáceres, ya saben, ese festival que no gusta al Partido Popular de Canarias por motivos exclusivamente relacionados con su sectarismo. En Cáceres sufren la misma crisis económica que en Las Palmas de Gran Canaria; en Extremadura (35,56%) hay más paro que en Canarias (34,2%). En Cáceres hay una alcaldesa del PP; y un presidente de la Diputación Provincial del PP;  y una consejera autonómica de Cultura del PP; y un presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, del PP. Y, sin embargo, a ninguno de ellos, a ninguno, se la ha pasado por la cabeza suprimir del calendario anual de acontecimientos culturales al festival que cada mes de mayo llena la ciudad de sonidos del mundo y de miles y miles de personas, muchas de las cuales nacieron cuando el Womad ya estaba allí. Pero no solamente hay unanimidad institucional en torno a la celebración del festival, también la hay para elogiar y hacer reconocimientos profesionales públicos a su directora para España y Portugal, la canaria Dania Dévora, que triunfa en Cáceres con el Womad, en Barcelona o en Buenos Aires con sus producciones teatrales, gana premios internacionales por su acreditada trayectoria mientras la miseria pueblerina de su tierra la desprecia sin que se conozca un solo motivo que alguien pueda sostener en una discusión más de treinta segundos. El festival Womad de Cáceres fue todo un éxito este año, como era de prever. Acompañó el tiempo, volvió a rendir a su máxima profesionalidad el equipo de Dania Dévora y de Womad International; los diecisiete artistas que se subieron a los escenarios de la Plaza Mayor y de la de San Jorge, cautivaron al público, que atestó por completo las calles del casco viejo de la ciudad. Los hoteles hicieron su agosto, los restaurantes volvieron a desempolvar sus carteles de menús Womad; Renfe puso servicios especiales a mitad de precio; los taxistas de la ciudad acordaron una tarifa cerrada de 5 euros entre la estación y el centro festivalero;  una zona de acampada y bungalows ofertaba tres noches por el precio de dos… El Womad marca una parte de la vida de Cáceres, lo mismo para calcular los natalicios que para las decisiones empresariales. “Lo decidiré después del Womad”, oímos decir a una conocida empresaria de la hostelería cacereña.

Ni la Semana Santa, que se sigue con mucho fervor, ni las fiestas en honor de la Virgen de la Montaña provocan tanto trasiego humano en Cáceres como el Womad. Por eso toda la ciudad se organiza para que el festival salga bien. “Nos ha colocado en el mapa”, ha repetido a lo largo de estos últimos años más de un político local, sabedor del poderío promocional que tiene el festival de Peter Gabriel en todo el mundo. Cáceres, que quedó descabalgada en el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura 2016, no se ha rendido del mismo modo que ha hecho la que hasta el año pasado compartía sede del Womad en España. Ha profundizado en sus relaciones con el festival para continuar aprovechando su capacidad para que la ciudad sea reconocida como enclave de culturas durante los tres días del festival. Un festival que este año ha hecho un especial reconocimiento al pueblo de Malí por las especiales circunstancias que vive en medio del conflicto bélico generado por los fanatismos de siempre. Lo decía en una rueda de prensa sobre el escenario de la Plaza Mayor este viernes el cantante maliense Bassekou Kouyate, que triunfaba la noche inaugural del festival con su banda: “Quieren prohibir la música”, sintetizó de manera gráfica para explicar a los periodistas locales la calaña de los integristas que han cogido las armas para masacrar a ese pueblo. Y lo destacaba la noche del jueves en el pregón del Womad la actriz y escritora Pilar Ordóñez, que en nombre de la organización reclamaba de los gobernantes más diálogo y más respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, la ciudad que ha despreciado esta fantástica manifestación de cultura, de entretenimiento y de concordia entre los pueblos, la que acoge como sede única a Casa África, la que se quiere internacionalizar con no se sabe qué palancas, la que es sede de una base de la FAO para ayudar a África, se entretenía pedaleando.

Corre de whatsApp en guasap (mejor así) un soniquete que hemos decidido traer a esta sección por la imposibilidad manifiesta de contrastar su contenido con quien tiene las claves de lo que les vamos a contar. Hace unos días, un determinado partido político de implantación nacional cuyas siglas empiezan por P y terminan por P encargó una encuesta de intención de votos y valoración de líderes en Santa Cruz de Tenerife. Las divisiones internas en el seno de Coalición Canaria entre los zerolistas que capitanea el acalorado concejal Hilario Rodríguez (el del teniquazo), y los bermudistas, que capitanea en teoría el propio José Manuel Bermúdez, dieron alas al dirigente o dirigenta que encargó la consulta en la creencia de que esas papeletas que faltaron en 2011 para la mayoría absoluta estarían ahora al alcance de la mano. Sin embargo, según cuenta la tropa pepera en el guasap, los resultados no pudieron ser más desesperanzadores, porque lejos de subir concejales, el PP los baja, y los baja el PSOE, hasta quedarse cada uno con poco más de la media docena. Dicen en CC que esa encuesta les otorga entre tres y cuatro concejales más de los que ahora tiene, que son nueve. Pongámoslo también en remojo. Por el contrario, siempre según esas noticias, subiría de manera notable Sí se Puede (4-5 concejales), lo que confirmaría las ansias del personal por alternativas diferentes a las tradicionales. La encuesta nunca verá la luz. La ha triturado la fuente que debimos consultar para que nos dijera que no existe y que nunca existió. Y pon ahí que la próxima alcaldesa será del PP. Lo ponemos, lo ponemos.

“La Fiscalía de Canarias ha abierto diligencias para investigar “la huelga salvaje” de los controladores aéreos que generó el cierre del espacio aéreo en las Islas en diciembre de 2010. Lo publicaba toda la prensa aquellos días, añadiendo que por el Ministerio Público iban a tener que desfilar “entre 50 y 60 controladores” para explicar por qué se ausentaron de sus puestos de trabajo en aquellas jornadas que marcaron un antes y un después en sus relaciones con la empresa Aena. Dos años y medio después, las ansias de la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma de Canarias se han venido abajo como un suflé, y la semana pasada conocíamos la noticia de que era el propio Ministerio Público el que pedía a la juez de Instrucción María de los Ángeles Zabala, de los juzgados de Telde, que archivara las diligencias porque no se aprecia la comisión de delito. Los responsables de la Fiscalía han preferido ahora guardar un prudente silencio y no hacer una ronda por las principales emisoras de radio de Canarias mostrando aquella contundencia que tanto sintonizaba con el cabreo de la ciudadanía por las jornadas de bloqueo aeroportuario que vivieron. Con demasiada frecuencia  asistimos a grandilocuentes anuncios de investigaciones que acaban en agua de borrajas, y no es que consideremos que hubiera que empurar a los controladores sin hacer las oportunas diligencias de investigación, sino que sin hacerlas, no se puede ir de romería pregonando purgas antológicas. Antes habría que esforzarse, por ejemplo, por sacar adelante casos tan escandalosos como Góndola, la corrupción presunta en el Ayuntamiento de Mogán, que va camino de los siete años sin que se practiquen investigaciones o se mueva un papel. Y no olviden que ese fue el único caso de los más sonados en Canarias que no se le permitió llevar a la Fiscalía Anticorrupción.

Se veía venir desde diciembre de 2012, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se contradijo en cuestión de días enviando a la Dirección General de Comercio dos propuestas diferentes sobre la declaración de zonas de especial gran afluencia turística, ya saben, ésas en las que se podría abrir todo el año. Su primera propuesta, aprobada en Junta de Gobierno, se limitaba exclusivamente a Triana y Puerto-Canteras, sin incluir en ambas ningún centro comercial. Ante las presiones correspondientes, Cardona y sus sucedáneos decidieron que lo mejor era extender la solicitud a todo el territorio municipal, con sus ocho centros comerciales, incluido el que se encuentra en el límite sur lindando con el polígono de Jinámar o La Ballena, por el oeste. Creyó el alcalde que de esa manera tan inteligente iba a trasladar la papa caliente al despacho del director general de Comercio, Gustavo Matos, que no tiene competencia para actuar de oficio y que expresamente está obligado a tramitar las solicitudes que le llegan de los ayuntamientos, tal y como mandata una ley nacional del PP del verano pasado. Esa ley, que no se la debieron leer bien en el Ayuntamiento, obliga a las comunidades autónomas a conceder la condición de zona de gran afluencia turística a aquellas áreas que cumplan unos parámetros técnicos que fija el departamento correspondiente, en este caso la Viceconsejería de Turismo. Parámetros que tienen que ver, precisamente, con la gran afluencia turística, y de ahí el nombre, para que vean que a veces impera la lógica. Sólo tres áreas capitalinas cumplen esos requisitos, Triana, Puerto-Canteras y Mesa y López, y en todas ellas hay consenso de sus asociaciones comerciales, incluso en estos dos últimos casos para que se incluyan también los centros comerciales El Muelle, El Corte Inglés y Las Arenas. Pero la reacción del presidente de Cecapyme, Prudencio Lorenzo, ha colocado a Cardona en una delicada situación de la que tiene muy difícil salida.

Efectivamente, Prudencio Lorenzo es presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Las Palmas, Cecapyme, lo que conduce automáticamente a situarlo como representante de todo el pequeño y mediano comercio, incluido el suyo, que se levanta desde hace décadas en la muy comercial calle de Triana. Lorenzo ha puesto el grito en el cielo desde que se supo que Mesa y López se sumaría a Triana y Puerto-Canteras en la concesión de zona de gran afluencia turística, pero más sonoro fue el grito cuando supo que se sumaban tres centros comerciales y que había consenso para ello entre los pequeños y medianos comerciantes de sus áreas de influencia. El acabose. El presidente de las pymes ha movido Roma con Santiago para tratar de impedir este contubernio que, seguramente, perjudicaría a los negocios de Triana, incluido el suyo, embarcada como está esa asociación en interesantes iniciativas de captación de público. Pero en vez de dirigir el tiro hacia el alcalde, que fue el que propuso que todas las áreas comerciales (y sus grandes superficies comerciales) fueran declaradas zonas de gran afluencia turística, dispara contra el Gobierno, a ver si así alguien se da por aludido. Es completamente descartable que Prudencio Lorenzo ignore la ley, y que desconozca las dos propuestas del Ayuntamiento que el Gobierno está obligado a tramitar. Su estrategia la hemos visto florecer este viernes, cuando el alcalde de la ciudad ha anunciado que pedirá a Comercio que paralice todo, que donde dije digo quería decir diego, y que parece que no hay consenso “con la Asociación de Grandes Distribuidores de Canarias”. El Ayuntamiento lo tiene fácil: mete el lunes un escrito al Gobierno por Registro pidiendo retirar sus dos propuestas y santas pascuas. Eso sí, si quiere formular otra debe darse prisa porque el plazo acaba el 10 de junio. A ver cómo lo arregla Juan José, porque no podrá proponer las zonas que incumplen técnicamente ni podrá decirle a Mesa y López gurruguay, que dijo el macho. Ay, esos estrategas caribeños con jersey al cuello.

Lean con atención esta frase, pronunciada por la delegada del Gobierno en Canarias, Mari Carmen Hernández Bento, durante una entrevista en la cadena Ser. “Dentro de estos jueces, pues bueno,  hay alguno que sabe, porque es responsable de que se cumplan los derechos fundamentales en el  centro, de cuáles son y cuáles no son las visitas que se pueden hacer a ese centro, incluso yo tengo un auto en el que hay una jueza que dicta esas normas para las visitas, por lo tanto a nadie puede extrañar porque no están contempladas”. Como pueden colegir, la señora Bento culpa directamente a la juez de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco de ser la responsable de no poder visitar, junto a una treintena de compañeros de la carrera judicial, esas instalaciones, sencillamente ¡porque la propia jueza se lo ha prohibido! Es lo que le faltaba por proferir a la delegada del Gobierno para confirmar, primero, la calidad marmórea de su rostro, y segundo que es capaz de cualquier flagelación autoinfligida con tal de no dejar con el culo al aire a sus superiores, que quieren estrujar a los jueces contra una esquina con el noble propósito de que sepan quién manda en España 38 años después de que muriera el dictador. Efectivamente, la juez del CIE, María Victoria Rosell, que no goza precisamente de las simpatías del PP por su empeño en cumplir con su obligación, ha dictado normas para el mejor funcionamiento del CIE y garantizar, como dice Bento, los derechos de las personas allí alojadas, bastante precariamente, aprovechamos para decir. En esas normas, como es fácil entender, no está que se impida a jueces y fiscales girar una visita de trabajo en medio de unas jornadas dedicadas casualmente, fitetú, a la inmigración y los derechos humanos que se vulneran a su alrededor. Como no hay mención expresa en esas normas a que la señora de la limpieza pueda entrar todos los días a limpiar, el del catering a llevar la comida o el de las máquinas expendedoras  pasar a surtirlas un par de veces por semana.

El efecto perseguido por el PP de que todas las jefaturas provinciales del Movimiento se enteren de que se puede vulnerar el principio constitucional de la división de poderes ha sido alcanzado. La noticia de la prohibición a veinticinco jueces y cinco fiscales a entrar en Barranco Seco fue portada en diarios, boletines de radios y titulares de algunas televisiones, y seguramente será objeto de alguna interpelación parlamentaria, esperemos que de alguno de los quince diputados canarios, que han de indagar qué autoridad policial concreta autorizó esa prohibición. Tienen, en el PP, medidos los efectos colaterales, incluso que la ciudadanía desafecta los tache de franquistas, porque al fin y al cabo estos gestos van dirigidos a su parroquia, que se refocila de lo lindo comprobando cómo son los suyos cuando se ciñen las trinchas y la camisa azul. Lejos de reconocer que ha sido un error monumental impedir a los jueces y fiscales ejercer su obligación de control y vigilancia de los derechos humanos, el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, bastante en las claves de la prohibición, se atrevió  a hablar de esos derechos humanos precisamente en el acto inaugural de las jornadas sobre inmigración que han sufrido el veto. “Nuestra sociedad ha dado pasos firmes y decididos en la consolidación de los derechos humanos”, empezó su intervención ante el foro de juristas que esperaba de él una mínima explicación a lo que se acababa de anunciar a los presentes por parte de la coordinadora de las jornadas. Y habló de la Carta de las Naciones Unidas, y hasta calculó que “no en todas partes esos derechos se cumplen  y no todos los individuos (sic) disfrutan de ellos con las garantías que deberían”. Una afirmación tan audaz como imprudente, porque las garantías sólo se pueden tener si los poderes llamados a ejercer el control sobre las Administraciones públicas tienen capacidad y libertad para trabajar, y eso lo ha impedido la Policía española en una provocación bastante puñetera que seguramente traerá cola. Pero con un Consejo General del Poder Judicial, organizador del foro, que todavía no ha puesto el grito en el cielo, poco cabe esperar de la división de poderes.

No todos los ministerios del PP son tan franquistas como el del Interior, aunque los haya peores. Perece que un mando policial no tiene el mismo peso si, en el ejercicio de un cargo político, ha de someterse a las normas que rigen para todos los ciudadanos si las aplica otro departamento. Es lo que le ha pasado, precisamente, a Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, que ha visto frustradas sus aspiraciones de convertirse en pequeño empresario explotando la división de tenis del Club El Cortijo, en Telde. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que dependen funcionalmente las delegaciones del Gobierno, le ha denegado la compatibilidad, lo que le ha conducido a la búsqueda de una salida legal que le permita ejercer la actividad programada y ser protagonista de un deporte del que es un gran aficionado. Finalmente será su esposa, también muy buena jugadora de tenis, la que figure en la explotación de esa actividad deportiva en el club social del que es principal propietario el empresario Agustín Manrique de Lara, que ha sido noticia recientemente por ser el ungido por José Manuel Soria para presentar candidatura a la presidencia de la Confederación Canaria de Empresarios.

No, no se ha fortalecido, ni mucho menos, el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Telde, tras la crisis promovida esta semana por la alcaldesa de la ciudad, María del Carmen Castellano, del PP. Pasadas las primeras 48 horas, el anuncio por el que se defenestraba al concejal de Urbanismo, del mismo partido de la alcaldesa, para dar esa golosa área al líder local y socio minoritario de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez (dos concejales), no es más que un síntoma de que se han quebrado las confianzas internas dentro del PP y las de ese partido con el segundo socio más poderoso, la agrupación Ciuca, del polémico equilibrista del filo de la navaja conocido por el nombre de Guillermo Reyes. Mari Carmen Castellano parece haber hecho caso a quien, en su círculo más íntimo, le advirtió no hace muchos meses que podría ir a la cárcel por su implicación en el caso Faycán, cuyo juicio se demora en el tiempo, pero que en realidad con quien debía tener cuidado era con su concejal de Urbanismo, Fran López, porque ese acontecimiento penal podría precipitarse. En Telde era un clamor que Fran López y José Luis Mena, el todopoderoso y también equilibrista  jefe de la Oficina de Urbanismo, comían huevo y sobraba huevo, vamos que se traían entre manos una serie de actividades clasificadas, molestas e insalubres que hicieron saltar las alarmas en el seno del grupo de gobierno y en los sectores sociales y políticos más avisados de la ciudad. La revisión del Plan Parcial, en manos del despacho de la ingeniería González Jaraba, con ser lo especulativo que es, no era más que la pantalla en la que todos buscaban posibles irregularidades en la gestión.  Pero había que escarbar más para encontrar los escándalos que han acabado de momento con la carrera política de Fran López y en breve con la jefatura de Servicio de José Luis Mena.

En momentos de crisis tan profunda como la actual resulta absolutamente ocioso explicar cómo desciende la inversión, la solicitud de licencias urbanísticas y los proyectos en los que se pone a prueba la generosidad de los promotores. Los ayuntamientos tienen que recurrir a las fórmulas más alambicadas para obtener recursos, y lo mismo vale una ordenanza municipal para cobrar por perros potencialmente peligrosos, que apretar el urbanismo por la vía del convenio. Nada que reprochar a esa figura administrativa si no fuera porque su abuso se convierte de inmediato en desfiguración completa del planeamiento municipal, y por lo tanto en una traición a los mecanismos democráticos de control y aprobación. Mena y Fran López descubrieron un filón en los convenios urbanísticos hasta el punto de tener hasta diecisiete en tramitación, unos más llamativos que otros. Su impunidad para actuar era tal –probablemente amparados por Guillermo Reyes y por la pasividad de la alcaldesa- que invadían otras áreas municipales sin recato, lo que despertó recelos, luego chispas y, acto seguido, un incendio. En el catálogo de convenios necesitados de la prueba del algodón, los concejales de la oposición tienen anotado el que se ha pretendido suscribir con unos inversores rusos para construir cincuenta canchas de padel, cincuenta, en el barrio de La Herradura. El primero en mostrarse públicamente en contra de estos convenios de la factoría Mena-Reyes fue el nuevo hombre fuerte municipal, Pablo Rodríguez, que anunció a su socia que él no los iba a apoyar en el pleno de la Corporación.

Otro punto de fricción grave entre el trío Mena-Reyes-Fran López lo ha constituido la tramitación del concurso para la adjudicación de los remodelados locales del paseo de la playa de Melenara. La oposición está segura de que ha habido como mínimo irregularidades, y las relacionan con la aparición de una subastera de rebotica especializada en quedarse con lo más grande a precio de ganga y luego trocearlo y cobrar 120.000 euros la unidad. Fran López y José Luis Mena han tramitado este expediente de una manera muy llamativa, llevando los plazos hasta su límite y consiguiendo que se declarara desierto para luego poder adjudicar los locales por el muy oscuro procedimiento negociado sin publicidad. El grupo de gobierno frustró esa alocada idea, no sin antes pasar por el estado de estupor ante el olímpico descaro. Por el camino se han cruzado acusaciones de falsificación de las actas de la Mesa de Contratación y preocupantes sospechas de la ausencia de custodia del expediente desde el momento en que se abrieron las plicas. Para colmo, el informe que habría de justificar la declaración de desierto del concurso se hizo con carácter general, y no analizando una a una las ofertas presentadas, lo que, evidentemente, elevó las sospechas a su máximo registro. Va a llegar el verano y por los manejos de Mena y Fran López el barrio de Melenara se va a encontrar sin servicios públicos, sin bares y sin restaurantes en el paseo de su concurrida playa. ¿Y la subastera? Ya les contaremos.

Pero ha habido más desencuentros y muchas más sospechas entre los socios del gobierno municipal de Telde. Por ejemplo, en la Policía Local, cuyo jefe no goza de la confianza de la alcaldesa, que se marchó de vacaciones en Semana Santa advirtiendo al concejal del ramo, Carmelo Reyes, hermano de Guillermo Reyes, que lo quería destituido a su vuelta. Sus deseos no se convirtieron en realidad porque los Reyes amenazaron con marcharse del pacto. La alcaldesa tragó. Como ha tragado en el conflicto que mantiene Ciuca con el PP en cuanto a  la financiación de las ayudas sociales, porque mientras la concejala responsable (es un decir) asegura que no se ha concedido ¡ni una sola ayuda de emergencia social! con la que está cayendo por culpa de la Concejalía de Hacienda, el responsable de la misma le ha contestado que la tronca es ella (con palabros más finos). Los gritos que se intercambiaron por esta polémica la alcaldesa y Guillermo Reyes hacía tiempo que no se oían en las oficinas municipales teldenses. Pero también por ese lado ha tenido que transigir Mari Carmen Castellano, que sigue pasando la vergüenza de que su ciudad no reparta ayudas a los más necesitados y comiéndose un jefe de policía que no es el que su partido quiere. En medio de la trifulca, la lideresa defenestra a su concejal de Urbanismo, nada menos que al que fuera hombre fuerte del PP en Telde, de la confianza de Soria hasta llegarlo a hacer viceconsejero de Pesca en la etapa 2007-2010. Y, en su lugar, promociona nada menos que a un valor en alza de la política teldense, Pablo Rodríguez, que adquiere un poder inusitado dada su corta aportación de concejales al grupo de gobierno. Pero eso es mejor que quedarse sin respaldos y propiciar la pérdida, cada vez más cercana, de la segunda alcaldía más importante de cuantas ocupa el PP en Canarias. Rodríguez, por su parte, no suelta prenda, aunque en su entorno nadie da un duro en estos momentos por la continuidad de José Luis Mena en Urbanismo. Ni por que el pacto llegue así al final del mandato. O del año, vaya usted a saber, porque un Guillermo Reyes tan debilitado tiene consecuencias impredecibles.

No hay repliegue, ni el más esencial gesto de negociación o de buena voluntad para que los grancanarios recuperen para el uso público y como icono turístico el oasis de Maspalomas, arrebatado de manera obscena durante décadas de corrupción y quebranto. La cadena hotelera RIU ha decidido profundizar en su pertinaz campaña de descrédito de las instituciones públicas canarias y en su desprecio por la legalidad vigente aventando el fantasma de Tenerife, la apertura de un hotel que la propia cadena certificó como ruinoso y avisando al mundo entero de que a Gran Canaria no se puede venir a invertir porque te la dan con queso. Como si hasta la fecha esa compañía no hubiera encontrado todo tipo de facilidades  (o lo siguiente) para construir sus hoteles incluso en parajes protegidos; o mantener en otras islas sus establecimientos en el mismo lugar donde rompen las olas cuando sube la marea. Como había sido poca la altanería demostrada ante una legislación tan respetable como la que, por otra ventanilla, le había otorgado licencias de demolición y de mamotreto, este miércoles nos tuvimos que desayunar una entrevista en La Provincia a Arjan Kers, director de Contratación del touroperador TUI, que se despachó muy a gusto contra su presunto cliente Lopesan y contra el Cabildo de Gran Canaria. La entrevista apareció el mismo día en que supimos que se había ejecutado ese extraño salto mortal con tirabuzón consistente en abrir un hotel confeso de ruina y de peligro para huéspedes y trabajadores sin que una sola de las instituciones públicas, entre las que se encuentran las que tanto irritan a sus propietarios, haya dado señales de vida para asegurar a los grancanarios que no hay peligro para la imagen de Gran Canaria si el establecimiento se viene abajo y mata a un cristiano. La entrevista a Kers da para mucho, por lo que les rogamos que hagan hueco.

Empecemos por los parentescos. El señor Kers es esposo de Maru Araña, hija de Francisco Araña del Toro, el alcalde de cabecera del grupo RIU, el que autorizó de manera chiripitifláutica el hotel RIU Palace sobre el parque natural de Las Dunas al tiempo que la cadena se hacía con los servicios de su hija, una gran profesional que ha logrado permanecer en el puesto de directora de ventas durante estas décadas. Casóse la señora Araña con el señor Kers, que es directivo de TUI, accionista de RIU, lo que de alguna manera habrá venido a reforzar los vínculos tirajaneros hasta límites que al menos a nosotros se nos escapan (o casi). No es cotilleo de baratija, es una clave que hay que tener en cuenta para explicarse ciertas pasiones, las que se expanden cuando algún agente externo incontrolado pone en entredicho la rectitud del camino fijado por la cadena y su socio. Dentro del actual grupo de gobierno, el clan de los Araña tiene perfectamente colocado a otro hijo político, el concejal de Urbanismo (ole), que no es otro que Fernando González, un honrado topógrafo del Cabildo, casado con la otra hija de Paco Araña, Elena, empleada de Bankia. El cuadro familiar debemos completarlo con Santi Araña, hijo del mismo Paco y hermana de las mismísimas hermanas, abogado que ha participado activamente en la redacción de los abracadabrantes recursos interpuestos estos meses contra los pasos que iba dando el Cabildo hacia la tramitación del expediente BIC de la zona. Así las cosas, parece bastante humano, a la par que comprensible, que el director de contratación de TUI diga lo que le dijo a La Provincia acerca de los peligros que se ciernen sobre los intereses de la familia.

Si prestan atención a esta polémica, que algunos han querido reducir a una guerra empresarial entre dos cadenas hoteleras, los únicos que han sacado la lengua a paseo, demasiadas veces con mucha imprudencia, han sido los de RIU y ahora sus socios de TUI, que se arriesgan a un problema interno por un evidente choque de intereses. Pero es de tal calibre el berrinche y tan grave la afrenta, que no se han parado a evaluar las consecuencias. A Águeda Borges, la letrada, a las puertas del Cabildo amenazando con las siete plagas, siguió Miguel Riu, poniendo a los canarios a la altura del betún. Este miércoles ha sido el señor Kers el que se empeñaba en La Provincia en ocultar ciertos aspectos de su relación con el grupo Lopesan que quizás debería explicar de mejor manera. Por ejemplo, el veto que impone el operador a la cadena canaria en los folletos promocionales en Alemania (no así en el Reino Unido, donde eso suena imposible) y el furibundo ataque a un operador hotelero que podría darles más negocio si no fuera por esas incomprensibles zancadillas. Culpar a Lopesan de lo que le ha ocurrido al hotel Maspalomas Oasis es, además del fruto de esas rencillas, un gesto de altanería: desde un principio, RIU gestionó la cuestión con una soberbia típica del godo que cree saberlo todo y que siempre está por encima de cualquiera que les quiera ni siquiera sugerir que están equivocados. Lopesan jugó sus cartas, puso a sus servicios jurídicos a vomitar recursos que, desde luego, habría al menos que estudiar. Trató de agarrarse al instrumento BIC para paralizar lo que, de todas todas, era un mamotreto en medio del palmeral. Y sin ningún respaldo empresarial ni social, insistió en una tesis que al final ha encontrado comprensión en el Cabildo: hay que preservar el oasis de Maspalomas para el uso público. Ni RIU ni TUI han tenido la suficiente sensibilidad para entenderlo ni para dar medio paso atrás y analizar con perspectiva todo lo que puede obtener con una pizca de humildad.

Una vez más ha tenido que ser un político en la reserva activa quien diera en el clavo. Carmelo Padrón, catedrático de Derecho Urbanístico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es, quizás, una de las personas más documentadas y legitimadas para hablar del caso Oasis. Porque a su condición de arquitecto urbanista y abogado especializado en Derecho Urbanístico, une su aparcada condición de político, la que en 1989 le llevó a protagonizar una pública batalla en favor de la recuperación del oasis de Maspalomas para el uso público. Padrón sigue con mucha atención el proceso, y aunque se confiesa “sorprendido” por la pirueta del Cabildo protegiendo el espacio como BIC histórico, cree que cualquier instrumento es bueno ahora para abrir un proceso de negociación que conduzca a que no haya víctimas irrecuperables. Por eso propugna una negociación en la que intervengan las dos cadenas empresariales en presencia, RIU y Lopesan, junto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, que tiene competencias en la zona a través de las consejerías de Cultura y de Sostenibilidad. Padrón dio nombres este martes en el programa de nuestra colega Teresa Cárdenes, Teresa a las 8. Dio el nombre, por ejemplo, del vicepresidente y consejero de Sostenibilidad, José Miguel Pérez, de su propio partido; y el de José Fernández, director general de la misma cosa, “que tiene experiencia en negociar con RIU”, como hizo para que el Estado se quedara con la casi totalidad de la isla de Lobos a cambio de ampliarle a esa misma cadena las concesiones de sus hoteles de las Grandes Playas de Corralejo. A mayor abundamiento, Lopesan ya ha reiterado su disposición a tirar su hotel IFA Faro para contribuir a una solución blanda al entorno, lo que desde luego deja a RIU en una posición difícilmente asumible si se niega al menos a hablar. Carmelo Padrón, consejero del Cabildo a finales de los 80, ya lo intentó, y cree que ahora es posible “oxigenar” la zona y convertir el oasis en la marca de Gran Canaria. Y pone como ejemplo el caso del hotel Dunas, que se tumbó otorgando compensaciones a sus propietarios en Pasito Blanco. Le faltó decir que casi a la vez que se tiraba ese hotel, Araña autorizaba a RIU levantar el Palace al otro lado de las dunas. Aún así, nunca es tarde para negociar.

La cúpula policial de Canarias es fiel reflejo de lo que hizo el PP una vez tomó el poder en España tras las elecciones de noviembre de 2011. No deja resquicio por el que pueda colarse un desafecto, ni permite heroicidades que no estén convenientemente controladas, incluida en esas heroicidades la de investigar algunas tramas imparables de corrupción del partido, verbigracia la de Gürtel, ya en marcha con anterioridad, o la de los papeles de Bárcenas, que el Gobierno trató de abortar (con perdón) cortocircuitando la intromisión del juez Bermúdez y querellándose en todas las direcciones con el ridículo de todos conocido. En Canarias empeoran enormemente las cosas porque a esas instrucciones generales del partido se unió el irrefrenable deseo de venganza de José Manuel Soria contra todo aquel o aquella que hubiera tenido algo que ver con el vía crucis policial y judicial padecido durante los ocho largos años de Gobiernos socialistas y de fiscalía anticorrupción funcionando a su libre albedrío. Algunos mandos policiales puestos por el PP se han tomado muy en serio la vendetta, y hasta han pasado a constituirse en autoridad plenipotenciaria, por encima de la fiscalía, de los jueces y, si se terciara, por encima de la Delegación del Gobierno, donde no obstante cuentan con un cómplice muy cómodo, el subdelegado Luis Molina. La decisión de impedir que una delegación de veinticinco jueces y cinco fiscales visitara las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco hay que situarla en esa demostración de fuerza que quieren evidenciar algunos mandos policiales, y no precisamente el jefe superior, que como ha quedado dicho aquí en algunas ocasiones, viene a comprar Ray Ban y a pasear por la playa de vez en cuando. Los comportamientos altaneros hay que buscarlos y encontrarlos en el segundo nivel de mando, donde se sitúan algunos y algunas que se ven muy protegidos por la superioridad, particularmente por el director adjunto operativo, DAO, Eugenio Pino.

La cara de Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, era de póker de damas este miércoles en el hotel Costa Meloneras, donde ocupaba la esquina izquierda de la mesa inaugural de unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno de Canarias sobre derechos humanos e inmigración. Le tocó comerse el marrón que la delegada, Hernández Bento, prefirió ahorrarse: escuchar de boca de una juez y de una vocal del Poder Judicial un reproche por el veto antidemocrático aplicado a jueces y fiscales por parte de un cuerpo dependiente del poder ejecutivo. Un veto que en realidad no se dirigía precisamente a ocultar las irregularidades en el CIE de Barranco Seco, más allá de las que todos conocemos, sino que pretendía básicamente enseñar los dientes al poder judicial en un pulso que no tiene sentido y que sólo contribuirá a tensar unas relaciones que obligatoriamente han de ser fluidas y muy profesionales. Las tiranteces entre determinados mandos de la Policía y algunos jueces y fiscales no son nuevas en esta etapa. Fue una visita al CIE de la juez de control de ese centro la que ocasionó que se reactivara el caso de la patera que naufragó en diciembre de 2012 en Lanzarote con la muerte de un inmigrante y la desaparición de otros seis. La Policía, en complicidad infumable de la Delegación del Gobierno, quiso expulsar expeditivamente y de tapadillo a los testigos de cargo para que se olvidara lo que luego todos pudimos ver en un vídeo grabado por la Guardia Civil: una negligencia con resultado de muerte. La jefa provincial de Las Palmas, Sagrario de León, que se ha creído que es Lara Croft, se pasó por donde le apeteció (y por escrito) instrucciones de la Fiscal de Menores en el caso de Minerva Betancor, la joven que perdió a su hijo por una demanda de su ex marido desde Alemania. Una fiscal perteneciente a la misma Fiscalía Provincial en la que sin embargo sí se ha apoyado para otras hazañas de difícil explicación pública y orgánica, como ese intento de soslayar responsabilidades de las fuerzas de seguridad en el caso de la patera de Costa Teguise. Nuestro periódico está siguiendo de cerca el memorable patinazo de la redada de Mogán, en cuyas escuchas telefónicas siguen apareciendo personajes de culebrón. Y seguiremos. El clímax, sin embargo, lo ha alcanzado la señora de León con esta prohibición a jueces y fiscales a visitar un CIE. Traerá cola si algún partido político decide interpelar al ministro del Interior para que lo explique. O si el Consejo General del Poder Judicial, por una vez y sin que sirva de precedente, se pone en su sitio y exige que se depuren responsabilidades por una intromisión intolerable en sus funciones jurisdiccionales de control del poder ejecutivo. 

Se acerca el final de mandato de Sebastián Grisaleña como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la provincia de Las Palmas, y ya han empezado los movimientos en busca de un sustituto de postín. Grisaleña lo ha hecho bien, a pesar de las zancadillas que tuvo que soportar antes, durante y después de sus dos elecciones, pero los estatutos le impiden continuar un tercer mandato (hasta ahora de tres años cada uno) y hay que encontrar relevo. No ha cuajado aún, por lo que parece, la idea de que pudiera elegirse a un presidente ejecutivo, es decir, un patrón de patronos que no tuviera por qué ser empresario, sino un directivo de alta cualificación y de consenso que dirigiera la CCE con tantos poderes como los que les restaría la sujeción a decisiones regladas. El primero que cubriría ese perfil sería el actual secretario general, José Cristóbal García, aunque no hay que desdeñar la candidatura de Pedro Ortega, que fuera presidente de Asinca, directivo de La Isleña, que no ha ocultado nunca que su respuesta sería positiva si le tentaran. Pero esas candidaturas pierden fuerza frente a otras dos tendencias que hay ahora mismo sobre la mesa. La primera, la de un grupo de notables que quiere encontrar un empresario potente, joven pero experto, que concite la admiración general y que tenga peso específico suficiente en el contexto regional para influir como lo hace el tinerfeño José Carlos Francisco. Los partidarios de esta vía no dan nombres aún. Sí lo han hecho este mismo martes los comisionados por José Manuel Soria para encontrar un presidente de la patronal que sea exactamente de su cuerda. La primera propuesta –no significa que vaya a ser la última- es Agustín Manrique de Lara, un empresario vinculado al sector turístico y del ocio, muy querido por su carácter jovial y amable, pero que se ha tropezado con sus dos primeras dificultades: la primera, su perfil bajo por no estar integrado en ninguna asociación sectorial, ni por lo tanto tener posibilidades en el plazo que resta hasta el 25 de junio de representar alguna y sentarse en la directiva de la CCE. El otro hándicap se deriva de su condición de ungido por Soria para esa noble empresa, lo que levanta la misma proporción de recelo que de apoyos, según el cristal con que se mire. Germán Suárez, el hombre fuerte del Puerto y de Femepa, lo apoya; y asegura que a poco que se mueva con construcción y con Asinca, consigue el apoyo de más sectoriales. Lo apoya Mario Romero, que para eso fue quien lo propuso este martes en la reunión del Círculo de Empresarios, donde se notó la ausencia de otros destacados sorianistas, como Sergio Alonso y Juan Miguel Sanjuán. Veremos si es liebre o delfín.

¿Una bufanda? ¿Una camiseta sobre la camisa? No. José Manuel Soria prefirió equiparse por completo, vestirse de corto y saltar al césped de su casa de Tafira para posar para el serial que viene publicando el periódico La Provincia sobre el jugador número 12 de la Unión Deportiva Las Palmas, cuyos aficionados están a un tris de levitar ante la posibilidad de que pueda regresar a la Primera División de fútbol. La foto dio la vuelta a España este martes porque no es habitual ver a un ministro en esa pose tan a lo Cristiano en los momentos previos a tirar una falta directa sobre la portería contraria: las piernas separadas, estiradas por completo, los hombros caídos en actitud relajada para que toda la concentración y la puntería fluyan sin obstáculo desde la zona del cerebro donde se procesa el lanzamiento de faltas hasta las botas mismas. Sonrisa entre burlona y sabedora del recorrido polivalente que tendrá la imagen (los adeptos la aplaudirán, los desafectos la denostarán por completo), se le aprecia al retratado cierta desconfianza hacia el autor del retrato, posiblemente un familiar, no un fotógrafo profesional, que elige un fondo inadecuado al considerar que el césped sobre el que pisa la estrella es suficiente atrezo. El reloj en la muñeca izquierda delata que había prisa, que era preciso que enviar las fotos ese mismo sábado y alguien se olvidó de advertir esa innecesaria presencia suiza. Como el calzón elegido, que no pertenece a la equipación oficial de la UD Las Palmas, sino al del ya desaparecido Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, club al que siempre estuvo ligado elípticamente el señor ministro hasta el punto de tener en casa una equipación y alguna que otra cena judicial de mucha enjundia.

También debe atribuirse a las prisas por enviar las fotos a La Provincia que no se retocara mínimamente el cada vez más exiguo bigote que luce el señor ministro, que dada la lejanía y cierta falta de enfoque, en la imagen en cuestión aparece demasiado circunscrito al espacio inmediatamente pegado a las fosas nasales, muy al estilo del tal Adolfo, alemán él, últimamente muy invocado por María Dolores de Cospedal para calificar –como siempre, desafortunadamente- el escracheo a representantes del Partido Popular. También debieron pasar una sesión de Photoshop  las rodillas del señor ministro, evidentemente cascadas de tanto hacer footing, una práctica que parece haber aparcado en alguna medida por culpa de sus múltiples ocupaciones, ora saliendo en una foto junto a algún miembro de la Casa Real, ora acudiendo raudo a algún plató televisivo a desplegar sus encantos y su capacidad comunicativa indiscutible. La disminución de sesiones deportivas empieza a pasarle factura en forma de la acentuación de ciertas curvas, lógicas en quien, como él mismo sabe, tiene cierta tendencia al fofismo, entendiendo tal fenómeno como la facilidad con la que la musculatura se vuelve fofa, nunca –válganos el cielo- a la querencia a las payasadas que hicieron famosos a los hermanos Aragón. Esa ausencia de Photoshop en origen generó que fuera el sentir popular el que se encargara de los retoques de la figura futbolística de José Manuel Soria. La actualidad manda y la mayoría de esos cariñosos apaños fueron referidos al empeño de su excelencia por explotar un posible yacimiento petrolífero en las inmediaciones de las Islas Canarias, empeño que condujo al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, a proponerlo este mismo martes como empleado del mes de Repsol.

No sólo de corrupción nutren algunas buenas piezas de la política municipal teldense los banquillos de los acusados. También protagonizan hazañas menos rutilantes, como acosar a un representante sindical hasta el límite de ser procesados penalmente y estar a punto de responder a una petición del Ministerio Fiscal de año y medio de prisión y tres y medio de inhabilitación de cargo público. Es la pena que pide la Fiscalía para Guillermo Reyes, primer teniente de alcalde de Telde, José Luis Mena, su mano derecha para algunas operaciones de alta cirugía urbanística, y la arquitecta municipal María Jesús Santana, conocida como la ministra, que saltó en su día a la fama por su oportuno informe técnico para el pelotazo de la finca de San Rafael, que acabó desbaratado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y aún colea en los juzgados de lo penal por la cancaburrada del mismo equipo médico habitual. El caso es que estos tres campeones se sentarán este viernes en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2, de Las Palmas de Gran Canaria, para responder a la acusación de acoso laboral que les formula el fiscal y el dirigente de Comisiones Obreras Raúl Santana, la presunta víctima del estilo sandunguero que imprimieron a su mandato. Será muy interesante ver las caras de inocentones que pondrán estos individuos, especializados en repartir querellas y certificados de buena conducta, para explicar su comportamiento durante ese periodo negro de 2003 a 2007, cuyos efectos perversos sobre la convivencia y la legalidad vigente parecen no tener fin. También será revelador conocer el testimonio que prestará, con obligación de decir verdad, el que por entonces era concejal de Personal, Carmelo Oliva, citado como testigo.

Precisamente para tapar esta enojosa situación judicial a la que se enfrentan Guillermo Reyes y José Luis Mena, estos días han conseguido que se airee convenientemente la imputación de una de sus bestias pardas, el ex alcalde Aureliano Francisco Santiago, por un presunto delito de pirateo. No en el Caribe, qué va, sino en la emisora municipal de Telde durante el anterior mandato, cuando consiguieron que una juez, María de los Ángeles Zabala, realizara una espectacular redada, con casi una decena de detenidos, tras la denuncia firmada por un pibito del partido de los Reyes por descarga ilegal de música contra tres radios de la ciudad (se quedó fuera la del régimen, por supuesto). La causa quedó dormida mientras se tramitaba la querella contra la jueza, archivada finalmente por el TSJC, que se vio enredada en una complicada maraña de cierre de emisoras tan escandaloso que tuvo que rectificar sus propias actuaciones cuando el estropicio ya estaba hecho. Otra juez que ahora tramita ese sumario ha llamado a Paco Santiago y a la ex concejala Almudena Vaquero a declarar en calidad de imputados a ver si se termina de aclarar si ellos sabían o habían dado instrucciones a los técnicos de la emisora municipal para que se bajaran música de internet y no pagaran los cánones de derechos de autor. Desde aquella desproporcionada actuación de la Guardia Civil, que no tuvo el menor recato en llevarse por delante derechos de todo tipo, y de la jueza Zabala, especializada en tramitar querellas de Ciuca, se ha reducido considerablemente el número de burros volando en los juzgados de Telde. Aunque siempre habrá, no se entusiasmen.

Orden del día: análisis de la situación política, asuntos orgánicos, acuerdos que procedan. Con esta parquedad se ha despachado el secretario de Organización del Partido Socialista Canario-PSOE, Julio Cruz, la convocatoria de Ejecutiva Regional prevista para este miércoles. Claro que en estos dos asuntos cabe de todo, desde hablar de paro hasta hablar de pactos, de la reciente encuesta del CIS o de las cabronadas de Soria. Y en la de “asuntos orgánicos” ni les contamos. ¿La Palma? Pues seguro que se abordará la crisis interna que se vive en la isla de La Palma por el empeño de la dirección regional de imponer ahora, ¡ahora!, que se respete el modelo regional en cascada con un chorrito de nata por encima. Por primera vez en años, el PSOE palmero ha conseguido coger algo de resuello, pintar algo en la política insular y desgastar un poquito a la rama local de Coalición Canaria, la Agrupación Palmera de Independientes, cuyos más destacados miembros condenaron a los socialistas durante décadas a las catacumbas, “para que ahora venga Julio Cruz a decirnos, tras sus comilonas con Barragán, que tenemos que romper con el PP para pactar con los otros”, resume de un modo gráfico, a la par que gastronómico, un determinado dirigente local de la cosa. Están cumpliendo en el Cabildo, donde el PSOE mantiene a la presidenta nacionalista Guadalupe González Taño, y la mejora experimentada en la gestión en municipios hundidos como Tazacorte, evidencia que se podía hacer mejor que API. Siendo cierto que en su momento la indisciplina socialista palmera supuso un desgaste para los negociadores del PSOE ante el pacto regional, pretender ahora una ruptura en medio del mandato suena a órdenes de cabo interino. Y expedientar, como parece que se va a decidir este miércoles, a los socialistas palmeros no es otra cosa que caminar ligerito rumbo al suicidio político en esa isla.

Mientras todo el PSOE miraba para La Palma y lo que se avecina este miércoles en la Ejecutiva Regional, se ha vuelto a  armar en el Ayuntamiento de Santa Cruz con el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, que ha demostrado no tener pelos en la lengua. Ni miedo a represalias. Su rueda de prensa de este lunes alineándose con los vecinos de Valle Huertas, junto a Las Teresitas, sirvió también para conocer a continuación su opinión sobre el líder del Centro Canario Nacionalista, Nacho González, al que puso más bonito que un San Luis por su acreditada manía de repartir certificados de buena conducta política entre sus adversarios. A Martín le ha tocado especialmente los cachivaches que Nacho se haya colgado las medallas de la solución del conflicto de las viviendas fuera de ordenación en la capital tinerfeña, una percha que le ha servido para proclamar urbi et orbi que cada vez que reaparece en la prensa el asunto de Las Teresitas o Las Huertas, monta en cólera y vacía el cargador de su ametralladora contra los que hayan tenido que ver directa o indirectamente con la denuncia que acabó provocando la imputación del patriarca de la familia, Ignacio González, presidente de la Cámara de Comercio. Y si alguien tiene todos los boletos para tener que ver con la denuncia, ese es José Ángel Martín, que puso en conocimiento de la justicia el pelotazo y ahora se mantiene impasible el ademán en los mismos trece. Es decir, como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento víctima del pelotazo en el que la familia de Nacho González tiene algunas imputaciones cada vez más leves y camino no se sabe muy bien si de la desimputación o directamente de la santidad. Pero al primer teniente de alcalde de Santa Cruz se le abre un pequeño conflicto dentro de su grupo de gobierno, el que pudiera plantearle el concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, que es del CCN, donde no caben muchas liberalidades lejos del respeto máximo al líder y a su familia. Cierto que la figura pública de Ballesteros está debilitada por el accidente pirotécnico de la gala de la Reina, pero un compañero de gobierno es un compañero de gobierno. A ver cómo lo gestionan.

Hemos tenido que esperar hasta este lunes para conocer en su exacta dimensión a qué venía la apasionada entrega de la Asociación Industrial de Canarias al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en los últimos fastos organizados por esta patronal con motivo de su asamblea general y su tradicional relevo de dirigentes. Primero fue en el almuerzo con los directores de medios, a mediados de abril, donde la directiva saliente y la entrante se deshicieron literalmente en elogios alrededor de la posibilidad de poder explotar petróleo en las Islas Canarias: “Somos industriales y cualquier explotación industrial –y el petróleo lo es- debemos apoyarla”. La entrega a la causa se convirtió luego en apoteosis durante la cena anual, con José Manuel Soria como ministro de jornada y estrella rutilante al que sólo faltó que le pidieran autógrafos y lo sacaran de allí bajo palio y al ritmo de los acordes del himno nacional. Personalidades presentes en la cena estuvieron en un tris de levantarse y marcharse, según relatan, y si no lo hicieron fue por el peligro que representaba caminar entre las mesas por la enorme cantidad de baba caída sobre el suelo, justo el día en que el Consejo de Ministros aprobaba una nueva batería de agresiones a los españoles en forma de casi 4.000 millones más de recortes. La explicación, como les decíamos, la descubrimos este lunes gracias a un despacho de la agencia EFE en el que se relata que el Ministerio de Industria “ha destinado 18,3 millones de euros para la reindustrialización (REINDUS) en Canarias durante el año 2013”. En realidad es una línea de 14,8 millones de euros, pero que “se une a otra en la isla de El Hierro, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, que servirán de apoyo financiero para iniciativas empresariales de carácter privado”. Dice la nota distribuida por la Delegación del Gobierno que con esas perritas se “incentivarán las nuevas implantaciones industriales, los aumentos de capacidad de producción o las relocalizaciones que las empresas industriales decidan acometer en Canarias para ganar competitividad”. Ya saben que subvencionar va en contra de los más elementales principios del mercado. Ah, no, espera, que nos hemos hecho un lío.

Demasiadas mentiras en una semana como para que lo dejemos irse de rositas. José Manuel Soria ha hecho horas extras estos últimos días en Canarias –desde el programa El Envite hasta la multi-entrevista publicada este domingo por Canarias7- lo que, como es natural, arroja un saco de trolas marca de la casa que ridiculizan al que las profiere y profundizan un poco más en la brecha que el ministro de Industria, Energía y Turismo abre con Canarias y con la honradez. Por empezar cronológicamente, hay que recordarle al señor ministro que el recurso que el Tribunal Constitucional ha desestimado a Canarias contra los Presupuestos Generales del Estado no lo presentó Javier González Ortiz, sino él mismo en marzo de 2008 cuando era –qué tiempos aquellos- socio y compadre de Paulino Rivero, y en consecuencia, consejero de Economía y Hacienda. Es saludable recordar, ya puestos, que el recurso se formuló porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero incumplía las prescripciones del REF que mandatan que Canarias reciba al menos el promedio nacional de inversiones, que en aquellos momentos era del triple del que ahora recibe de parte del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que sienta sus reales el presidente del PP canario. Metido en harinas de financiación, el señor Soria sigue insistiendo en esa postura chula –y bastante goda, dicho sea de paso- de recriminar a Paulino Rivero sus exigencias económicas al Gobierno de España “cuando el Estado paga sus facturas”. Nueva mentira –adornada con la fantasmada de rigor- del ministro canario, porque lo que ha hecho el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica es prestar ese dinero a muchas autonomías españolas para poder imponer una serie de condiciones financieras con el muy loable objetivo de tenerlas cogidas por lo que vienen siendo los bemoles. En algunos casos, como el de Canarias, el fondo ha estado por debajo de la capacidad de financiación de las autonomías, y ha cortocircuitado las posibles líneas de financiación bancarias complementarias. El Estado no ha regalado un euro a Canarias para pagar sus facturas, lo ha prestado en el formato tradicional en que pueden endeudarse las instituciones para mantener vivo su funcionamiento.

Las declaraciones de Soria en Canarias7 tuvieron, como les decíamos, su complementario refuerzo en La Provincia, donde este domingo publicaron la entrevista a una de sus más aventajadas alumnas, Mari Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno y una de las caras aparentemente más amables del PP en Canarias. Y decimos aparentemente con conocimiento de causa porque esa sonrisa de oreja a oreja que gestiona tan bien la señora delegada no se comparece con algunos de sus comportamientos cotidianos. En este año y pico de mandato, Bento ya se ha ventilado a un jefe de prensa y a una jefa de gabinete, y los rumores apuntan a que el secretario general de la Delegación del Gobierno, funcionario de carrera de los que no se meten en líos, quiere poner pies en polvorosa porque no soporta el mal ambiente que se vive en la plaza de la Feria. Un ambientazo que debe haber mejorado ostensiblemente tras la llegada del que aún en ultramar sigue ejerciendo como asesor de comunicación y otras actividades molestas e insalubres de Soria, el insustituible Juan Santana. De ahí que parezca cuanto menos pachanguero que la señora subdelegada diga que “frente a un presidente de España que pide calma y sosiego, nos encontramos una actitud desafiante [del Gobierno de Paulino Rivero] y buscando la confrontación”. Bastaría con revisar el catálogo de desplantes, improperios y agresiones que cada fin de semana profiere Soria contra Canarias y su Gobierno para tener que pedirle a la señora Bento que nos lo pique menúo, que lo queremos para la cachimba. Mentirijillas, mentiras y grandes patrañas aparte, de todo el repertorio ofrecido por la delegada nos quedamos con la respuesta que ofreció a la pregunta acerca de las prospecciones petrolíferas porque hasta la fecha, salvo error y omisión, no habíamos leído nada igual: “La única diferencia que ha habido es una autorización para el estudio de los fondos marinos (sic), que es la primera parte del estudio de impacto ambiental (sic again), el estudio que avala que existen garantías  ambientales al hacer las prospecciones de investigación (sic con dos orejas, el rabo, vuelta al ruedo y salida por la puerta grande)”. No podemos evitar trasladarles lo que dijo Soria a Canarias7 sobre el petróleo: “Lo único malo es que no haya”. No especificó para quién. Vamos a ver si intentamos imaginárnoslo.

Interesante el espectacular giro que ha experimentado el caso oasis, para entendernos, la frustrada por el momento pretensión de RIU de sepultar el palmeral de esa zona de Maspalomas tras un mamotreto de cinco estrellas al grito de en mi propiedad hago lo que me da la gana. Lo que hasta el otro día era para muchos una simple guerra empresarial, ha explotado produciendo llamativas ramificaciones. Ahora es, para esos mismos, un “conflicto político-empresarial” sencillamente porque el Cabildo ha ejercido sus competencias de la manera que en otras ocasiones se le ha reclamado por los mismos que ahora se rasgan las vestiduras. Ha derivado también, por culpa de la torpeza de RIU en gestionar una decisión legítima, democrática y de momento legal, en un ataque insularista, que rápidamente han aprovechado en Tenerife los mismos que días antes habían acusado de eso mismo al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por pretender rascar algo del fraude en los padrones de habitantes de la entrañable isla vecina. La decisión de abrir expediente para declarar el oasis Bien de Interés Cultural en su modalidad de sitio histórico también ha abierto el debate historiográfico y ha cogido con el paso cambiado a los que emplearon todo su esfuerzo en denigrar los valores arquitectónicos del hotel Maspalomas Oasis para ponerlos a buscar razones que desmientan que Colón no fondeó en Maspalomas para avituallarse de agua y leña en su cuarto viaje a las Américas. Que llamen a don Pepito, a ver. El asunto ha dejado de ser, como les decíamos, una “guerra empresarial” para pasar a ser otra guerra empresarial, la que se libra en el seno de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, cuyo presidente, Fernando Fraile, ya ha anunciado urbi et orbi que va a recurrir ante los tribunales la decisión del Cabildo. Y lo ha hecho sin ni siquiera tener en su mano el expediente administrativo correspondiente, sin conocer los argumentos científicos, y sin más estímulo que el que proporcionan la familia vasca Mañaricúa, la familia mallorquina Riu y la familia pacense Sanjuán Jover. No habíamos visto tanto afán recurrente desde hacía tiempo. Ni con la moratoria, oiga, que tantos millones dicen que ha impedido invertir –incluso a importantes empresarios canarios- estos últimos catorce años. 

Como era de esperar, ya ha saltado al terrero la pléyade de empresarios grancanarios que se abren el pecho en canal cuando “se pierde una inversión” en la isla. Y cuando “se pierde una inversión”, ya saben, no hay matices. Así, el mismo presidente del Cabildo al que pasearon por periódicos y bulevares bajo palio por tratar de aligerar la burocracia y traerse inversores para parques temáticos o suelos rurales por desarrollar, lo crucifican ahora por haber decidido preservar para la posteridad nada menos que el emblema del oasis de Maspalomas. “Es que se pierde una inversión y se genera inseguridad jurídica”, alegan ex cathedra, como si esa misma plantilla sirviera para cualquier proyecto, sea bueno, malo o mediopensionista para la economía de Canarias. No toda inversión ha de ser necesariamente buena para Canarias y su economía, y perdón por la perogrullada, pero a veces hay que recordarlo, no vaya a ser. “Cualquier actividad industrial hay que apoyarla por principio”, dijeron hace unas semanas en un almuerzo con periodistas los dirigentes de la Asociación Industrial de Canarias, Asinca. Se referían al petróleo y no a las industrias que ellos representan y que en estos momentos se dedican a vivir directamente del sector turístico, bastante compatible con las prospecciones, como todo el mundo sabe. Pero al bollo: varios empresarios han puesto el grito en el cielo estos días por la decisión del Cabildo de proteger el oasis de Maspalomas y todo su entorno, y de paso suspenderle las licencias a RIU. Uno de ellos ha sido Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocán, que no ha contado, por ejemplo, que es socio del parquin Maspalomas, que como consecuencia de esta decisión verá frustrado su proyecto de incrementar en dos plantas esas instalaciones con el objetivo de implantar allí un centro comercial que no estaba previsto en la concesión administrativa cuyo concurso ganó su empresa. Si tuviéramos que aplicar la misma seguridad jurídica que él exige para los demás, deberíamos pedir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que antes de cambiar los usos de ese parquin de Satocan, vuelva a sacarlo a concurso. Porque algunos empresarios que no se presentaron a explotar ese negocio, a lo mejor ahora estarían dispuestos a intentarlo con ese añadido conseguido por Satocan gracias a su particular interpretación de la seguridad jurídica. Por no hablar de otras seguridades jurídicas que el señor Sanjuán conoce a la perfección en el alquiler de la sede de Emalsa en el centro comercial Las Ramblas. Ay, ese fonil.

Les aseguramos, por lo que más quieran, que la composición de la portada de CANARIAS AHORA a últimas horas de la noche del viernes fue una completa casualidad. Por encima, a todo lo largo y ancho de la página, una autopromo anunciaba nuestros nuevos contenidos Premium para nuestros lectores, una revista semanal con análisis, reportajes y dosieres entre los que destacaba en este primer número, el interesante y entretenido texto de Pepe Alemán sobre energía, el final del petróleo y las oportunidades que se abren para Canarias. Justo debajo, dos noticias que parecían elegidas ex profeso, a la derecha, una reseña de nuestro compañero Iván Suárez sobre el acto formal de comienzo de los trabajos para instalar en el muelle de Arinaga el mayor aerogenerador cien por cien tecnología española de cuantos funcionan en nuestro país. Y justo al lado de esa noticia tan esperanzadora para el futuro de las energías renovables, la pieza que reflejaba la presencia siempre notable de José Manuel Soria en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el hotel Santa Catalina, a donde acudió para conferenciar, atención, atención, sobre el sugerente tema de “la energía como motor del cambio”. Soria habló mucho, como siempre, pero en los prolegómenos se refirió, cómo no, a su monotema energético, que no es otro que la defensa por tierra, mar y aire de las bondades de la empresa Repsol y del petróleo a tantear en las inmediaciones de las costas canarias. Hubo titulares este viernes que desde luego reflejan que este hombre necesita una terapia renovable, y desde luego, la lectura sosegada de la pieza firmada por nuestro maestro Pepe Alemán que aprovechamos para recomendarles a todos ustedes.

Otro de los asuntos que abordamos en este primer número de nuestro semanario es el de la crisis que se vive en el seno de la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria, donde sientan sus reales los jefazos del Cuerpo Superior de Policía en Canarias. Lo cuenta a la perfección nuestro compañero Alexis González, que se ha metido en las tripas de ese cuerpo para descubrir las razones por las que se toman decisiones arbitrarias, se purga a los desafectos o se persigue a la Guardia Civil a través de una operación que pasará a los anales de la historia policial española cuando se descubra su verdadero alcance. La llegada de lo que los mandarines policiales llaman “los nuestros” se está saldando con algunas consecuencias humanamente infames, con sonoros ridículos y con enfrentamientos entre cuerpos policiales que dibujan consecuencias impredecibles. Descontando que el jefe superior ha venido a pasar el rato y ganar escalafón, el poder lo ha concentrado la comisaria provincial de Las Palmas, Sagrario de León, que ejerce con dos objetivos principales: pasar factura a los que investigaron al PP en la etapa de Narciso Ortega y Concepción de Vega, y ganar méritos para colgarse medallas y repartirlas entre los del selecto club que se precia dirigir. La fallida redada que les hemos contado en la Cofradía de Pescadores de Mogán es un ejemplo perfecto de fuegos fatuos en busca de un reconocimiento mundial, y de paso una doble agresión a la Guardia Civil, invadiendo su territorio y, de paso, tratando de involucrar gravemente a algunos de sus miembros nada menos que en una trama organizada de tráfico de drogas. Veremos en qué acaba.

La cadena mallorquina RIU está en su perfecto derecho de reclamar lo que crea que le pertenece. Incluso en su derecho de presentar un proyecto para abrir un hotel todo incluido en la meseta del Roque Nublo y extrañarse de que no se lo autoricen. Y está en su perfecto derecho de cabrearse cuando las cosas no le salen como pretende, de bajar a todos los santos de sus altares, de amenazar a las autoridades y a las instituciones canarias cuantas veces quiera, de considerar que los grancanarios somos unos idiotas por no rendirnos ante el poderío de su talonario. Ya habrá tiempo de demostrarle que la inteligencia se mide por otros parámetros. Pero a lo que no tiene derecho alguno es a poner en riesgo la vida de sus trabajadores ni las de sus huéspedes. Porque eso es lo que va a hacer esta ejemplar empresa a partir del día 8 de mayo si termina por cumplir sus amenazas de reabrir el hotel Maspalomas Oasis con los graves defectos estructurales y de mantenimiento que la propia RIU relató en dos crudos informes presentados el mes pasado al Cabildo de Gran Canaria. No es periodismo de investigación, advertimos, sino simple relato de lo sostenido oficialmente por la compañía. Recordemos someramente lo que la cadena decía del único hotel de cinco estrellas que mantenía entonces abierto en España: “La estructura vertical presenta una situación de alto riesgo debido al avanzado grado de corrosión detectado en la base de algunos pilares y podemos asegurar que los márgenes de seguridad están afectados gravemente”; “nos encontramos ante una situación de seguridad límite que podría estar cercana al colapso”; “todos los elementos inspeccionados presentan oxidación generalizada y, por zonas, un grado de corrosión avanzado, con una significativa exfoliación del material en muchos de ellos y pérdida de sección útil. Los forjados presentan igualmente oxidación en el entrevigado y desprendimientos de recubrimientos en algunas semiviguetas de hormigón armadas”. Lo recogían sesudos dictámenes de la consultora Bureau Veritas y del estudio de arquitectura Reviriego y Asociados que RIU presentó ante el Cabildo para impedir que el edificio fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC). ¿Van las autoridades canarias a permitir que se reabra un hotel con este grado de deterioro y de peligro declarado? ¿Quién será el responsable de lo que ocurra? ¿Sólo la cadena propietaria?

Nadie esperaba una genialidad de ese calibre del Cabildo de Gran Canaria. Que Cristóbal Colón hubiera hecho en 1502 una parada para avituallarse de leña y agua en el oasis de Maspalomas era un hito que en estos últimos tiempos sólo habíamos escuchado (y leído) al periodista Ángel Tristán Pimienta, pero en él se han basado los técnicos de la institución para poner en bandeja a José Miguel Bravo de Laguna la posibilidad de al menos detener la marcha triunfal que entonaba la cadena hotelera mallorquina RIU para llevarse por delante el oasis de Maspalomas con la soberbia propia de quien le importa una higa el patrimonio natural, histórico, etnográfico y hasta sentimental de los canarios. Y, lo peor de todo, con la fanfarria interpretada de un modo irresponsable y casi servil por un nutrido grupo de empresarios y políticos locales que reclamaban la seguridad jurídica pero que en realidad tiraban de la levita del todopoderoso TUI, socio de RIU, para que les tuviera presentes en sus oraciones. La primera batalla de la guerra del Oasis la ha perdido RIU y su abigarrada corte de defensores, y probablemente por no avenirse a más razones que las que emanan del carácter reglado de las licencias urbanísticas y a lo mandatado en un defectuoso, legal y seguramente corrupto planeamiento de la zona, heredado de los momentos más oscuros de la gestión municipal de San Bartolomé de Tirajana. Lejos de atender las sensibilidades, de escuchar con humildad lo que se decía del paraje natural que se iba a llevar por delante con su nuevo hotel, RIU tiró por el camino más corto, el de imponer su poderío a base de presiones y de amenazas que, como se puede observar en la decisión tomada este martes por el Cabildo, de poco le ha servido. La política, por fin la política, da un paso al frente en la defensa del interés general, y hoy merece un reconocimiento público José Miguel Bravo de Laguna por haberse atrevido a cumplir con su obligación de proteger, al menos preventivamente, un bien de todos los grancanarios que una cadena mallorquina y un touroperador alemán pretendían arrasar sin miramientos.

Las presiones de RIU y de TUI han sido extraordinarias y en ocasiones infames. Se han valido de la innegable influencia que los alemanes tienen sobre las autoridades turísticas españolas y canarias y del terror que despiertan entre el cobarde empresariado turístico canario, para despreciar cualquier invitación al diálogo y a la corrección de su postura inicial. Su empeño por demoler el viejo hotel Maspalomas Oasis y sustituirlo, a lo largo y ancho del palmeral, por un mamotreto infumable, le llevaron primero a producir un deterioro irresponsable y negligente del viejo establecimiento, y luego a imponer sus criterios por la fuerza de una legalidad bastante discutible, como quedó acreditado desde el primer momento en las alegaciones que presentó el Grupo Lopesan, el único que ha tenido la valentía de plantar cara a un proyecto perjudicial para sus intereses (por supuesto), pero también para los de todos los grancanarios. Lopesan se encontró de inmediato con el desprecio de la clase dirigente empresarial, nucleada en torno al Círculo de Empresarios, donde Mario Romero Mur hizo un trabajo impagable (porque si le pagaron seguro que el servicio valía más) por enfrentar a todos los miembros de ese club con Eustasio López. Es comprensible su empeño: la lavandería de Romero Mur es la que lava las sábanas y las toallas a la cadena RIU en Gran Canaria, y un cliente así puede llevarse por delante el oasis, la playa de Maspalomas y la charca mientras siga lavando sus toallas y sus sábanas en Crisol, su lavandería de confianza. En el Círculo se sientan también otros empresarios en absoluto dispuestos a plantarle cara a TUI, como todos los que forman parte del consejo de administración de Cordial, que también dejaron solo a Lopesan. Era una buena oportunidad para volver a pasar factura a un empresario que sencillamente no es como ellos y que, cómo no, despierta entre esa selecta camada de patronos el pecado nacional de la envidia, quizás porque solo se apellida López González y no tiene pedigrí. Por eso desde el principio hablaron de guerra empresarial y se frotaban las manos cada vez que aparecía una resolución contraria a los intereses de Lopesan, aunque con ellos se marcharan también los intereses de la isla por recuperar para el uso público un lugar mítico. De un plumazo, José Miguel Bravo de Laguna les ha dado a todos por los besos con una alambicada resolución que va mucho más allá de las pretensiones iniciales de Lopesan, que sólo pedía la declaración BIC del viejo hotel Maspalomas Oasis.

Porque lo que ha decidido proteger el Cabildo no es una parte del viejo hotel Maspalomas Oasis, ni siquiera el edificio completo, incluyendo el trozo que en los sesenta invadió una zona de uso público, lo que generó una condena del Supremo del que fue amnistiado por petición popular y otra vez por una decisión política. No, lo que ha hecho el Cabildo es todavía mejor para garantizar el interés general y propiciar la recuperación del entorno de la charca, el oasis y las dunas: proteger la amplia zona que va desde el parquin Maspalomas, hasta el mar, incluyendo en esa inmensa franja no solo ese hotel, el palmeral y sus alrededores, sino también el hotel Residencia, el Palm Beach, el IFA Faro y el desvencijado centro comercial que linda con la playa de Maspalomas. Una operación brillante que anula las licencias otorgadas en la zona y que convierte a la Comisión Insular de Patrimonio en un árbitro ineludible para cualquier operación que se quiera ejecutar allí. Y todo por Cristóbal Colón, quién se lo iba a decir a los mallorquines, a los alemanes y a don Pepito, que a estas horas debe estar redactando un editorial proclamando al mundo que el navegante jamás estuvo en la isla redonda sino que en realidad atracó sus naves en el valle de Ucanca, donde el agua es de mejor calidad. A partir de estos momentos a RIU se le abren varias opciones. La primera, desde luego, pasar al contraataque legal, reclamando ante el Cabildo y luego ante la Justicia los daños que esa resolución pueda perpetrarle. Será una lucha muy dura y desde luego incierta. Porque la licencia otorgada por el Ayuntamiento de San Bartolomé estuvo siempre condicionada a lo que decidiera el Cabildo, luego no generaba ningún derecho que haya quedado ahora violentado. Esa lucha legal podría ser muy atractiva si, como es de esperar, el Cabildo y los actores que quieran personarse en ella aportan la abultada documentación que obra en poder de la Comunidad Autónoma y que delata una serie de irregularidades que podrían incluso poner en entredicho la propiedad y otros derechos ejercidos de modo anómalo desde hace años. Irregularidades, además, imprescriptibles.

La segunda opción que tiene RIU es la más recomendable: negociar. Como hizo Mourinho este martes al ser derrotado por el Dormunt y por su soberbia, doña Carmen Riu o su hermano Luis bien harían en no desenterrar el hacha de guerra contra el Cabildo de Gran Canaria y el resto de instituciones canarias que pudieran o pudiesen personarse en un pleito de ese calibre. La salida negociada sería sin duda la más rápida y la más limpia: RIU tiene unos derechos legítimos que podrían ser compensados con aprovechamientos turísticos y urbanísticos en cualquier otro sitio de la zona o de la isla de Gran Canaria. O en otras islas de Canarias, para lo cual sería preciso que también entrara en el proceso negociador el Gobierno regional. Le bastará con pedir y escuchar propuestas, de manera que no se pierda la inversión, la cadena mantenga un establecimiento del tamaño y categoría que desee, se preserven los puestos de trabajo y ante el mundo nadie pueda reprochar inseguridad jurídica de ningún tipo. Una vez compensada la propietaria del hotel, éste podría mantenerse en pie o ser derribado. En el primer caso, como establecimiento de lujo en zona privilegiada pero con unas condicionas ambientales y urbanísticas adecuadas. De ser derribado porque no se considera digno de protección (la resolución BIC no lo cataloga así) ni rentable, la oportunidad de una intervención pública en esa pieza se abriría camino de manera muy ilusionante. Habría que aprovechar la ocasión, claro, para echar abajo también el hotel Ifa Faro y el caduco centro comercial, compensando adecuadamente a todo el mundo. Y acto seguido diseñar en ese remate natural unos usos blandos de tipo público que enorgullezcan a los grancanarios y que sean un referente turístico de primer nivel que el touroperador TUI pueda promocionar por el mundo como ejemplo de buen urbanismo y calidad turística en las Islas Canarias.

Poco más de un año le ha durado a Claudio guión Alberto Rivero Lezcano la hemorragia de satisfacción que le generó que Juan José Cardona lo eligiera a él y no a otro como su hombre. Como su hombre fuerte dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para lidiar con tareas tan ingratas como la organización interna, los recursos humanos y la nada domesticable Policía Local. Henchido de gozo y de satisfacción por la confianza que en él depositaba el alcalde, Rivero se ha comportado como el perro cenizo con un lucero en la frente de García Márquez que “irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre, revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a cuatro personas que se le atravesaron en el camino”. Rivero Lezcano mordió a la secretaria general de la Corporación, al hasta hace poco interventor municipal; escupió a la cara con cada una de sus actuaciones a los representantes de los funcionarios, que han llegado a conducirle –sin éxito, por el momento- a los tribunales de justicia, versión penal, por algunas de sus más estrambóticas posturas, que lo son casi todas. Despreció el juego democrático como sólo hacen los tiranos, y se permitió muchas veces ser el César en lugar del César con el regocijo indisimulado del César. La sentencia del Tribunal Constitucional conocida este lunes amortiza su cargo de director de gobierno, de concejal no electo. A Cardona, su protector, le queda la opción de convertirlo en director general, pero es una pérdida de galones que esta prima donna no va a considerar equiparable a su condición de gran gestor de lo público al que los súbditos no le mostramos la gratitud merecida.

El caso de Larry Álvarez es más sangrante. Porque Larry fue como Claudio Alberto Rivero cuando entró en política a finales de los noventa. Se creyó el rey del mambo, el virrey plenipotenciario bajo el escudo del caudillo Soria y cometió todos los atropellos que un inexperto en política puede cometer. Y los cometió durante demasiados años hasta que, de repente, cambió por completo de rumbo un mes de diciembre de 2007, cuando decidió imponerse a las instrucciones de la superioridad absteniéndose en los primeros presupuestos que José Miguel Pérez, del PSOE, presentaba como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Cayó en desgracia, o se confirmaba que caía en desgracia, porque la realidad era que ya no contaba en los planes del que había sido su mentor y el hidalgo del que fue servil escudero. Un giro radical en su vida personal transformó a Larry Álvarez en una persona distinta pero con un grave problema de supervivencia política que le vino a resolver de una manera valiente José Miguel Bravo de Laguna. El hoy presidente del Cabildo, una vez más, encontró una manera de hacerle un regate a José Manuel Soria, que le había ordenado que no lo llevara en las listas. Bravo cumplió esa instrucción pero, una vez convertido en presidente, lo nombró consejero no electo de Cultura. Honradamente hay que reconocer que Larry Álvarez lo ha hecho muy bien en ese puesto, sin estridencias, sin las burradas del pasado, el consejero ha gestionado con notable éxito –incluido el propagandístico- un área que generalmente al PP produce ronchones. La sentencia del Constitucional, sin embargo, lo descabalga de ese puesto y, por no ser funcionario de nivel A, tampoco puede ser designado director general, lo que le supone regresar a la situación de disponible forzoso en que quedó en la primavera de 2011. El otro consejero no electo que cae es Máximo Bautista, que sustituyó a la rutilante Rosa Rodríguez, que echó un pulso a Bravo y fue premiada por Soria con un puesto de relumbrón y bien remunerado en Enagas. En estos momentos tiene que estar aplaudiendo con la orejas.

Por los datos oficiales que pudimos contrastar este lunes, el Ayuntamiento canario más perjudicado por la sentencia del Tribunal Constitucional que se carga los concejales no electos es el de Telde. El pacto tripartito aún vigente allí (PP, CC y Ciuca) había colocado hasta tres concejales así, uno por socio, lo que convierte en estropicio la resolución judicial. Caen Efraín Gómez, de Coalición Canaria, que se había mostrado un eficaz responsable de Ocio y Juventud; Minerva Santana, de Ciuca, que se ocupaba de Asuntos Sociales, y Darío López, responsable de Economía y Hacienda, y lo que es más destacable, hermano del concejal de Urbanismo Fran López. Quedamos a la espera de las maniobras de recomposición que efectúe el pacto, partiendo de la base de que cualquier cosa es posible en Telde. En la isla de Tenerife, por el contrario, hemos encontrado inicialmente pocos cargos municipales e insulares perjudicados por esta sentencia. Un primer barrido informal ha hecho aflorar sólo un concejal no electo, el de Fiestas de La Laguna, Jonathan Domínguez. En el Cabildo tinerfeño hay unos cuantos directores generales, pero no consejeros no electos o su equivalente director de gobierno, salvo error u omisión. Nada en Santa Cruz de Tenerife, donde sólo ha aflorado el caso ya vencido de Manolín Fernández, hijo de Manuel Fernández, que colocó al primero como concejal no electo en el anterior mandato, el último de Miguel Zerolo, cuando el PP retomó su pacto con Coalición Canaria. Manolín escapó loco, como su padre, que pasó de estar imputado por un exceso de asesoramiento a Anfi del Mar, a un exceso propagandístico a Repsol que ya veremos en qué acaba.

Los rumores se disparaban este lunes hacia todas las direcciones a 24 horas de que el Cabildo de Gran Canaria vea expirar el plazo que se impuso para decidir si abre o no expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)para el hotel Maspalomas Oasis. La cadena RIU, propietaria del establecimiento, ya tiene licencia para demoler y levantar en su lugar -y a lo largo y ancho de ese paraje único- el mamotreto sustitutorio. Aunque la primera parte del estropicio está condicionada precisamente a la que podría ser última decisión de Larry Álvarez como consejero de Cultura de la primera Corporación insular porque esa condición quedará fuera de ordenación a partir de que el Boletín Oficial del Estado publique la sentencia que suprime la figura de consejeros y de concejales no electos prevista en la Ley de Grandes Ciudades, aprobada en 2003 por el último gobierno de José María Aznar. Y dos huevos duros. El caso es que esos rumores de este lunes eran muy variados, y algunos bastante extravagantes, e iban desde que el Cabildo abrirá BIC para toda el área, incluyendo el palmeral, el hotel, el centro comercial, el hotel faro y hasta el faro mismo de Maspalomas, hasta los que limitaban esa intervención exclusivamente al espacio natural compuesto por el palmeral. Como no tenemos a estas horas ni pajolera idea del alcance concreto de la decisión que va a tomar este martes la Junta de Gobierno del Cabildo, nos limitaremos, una vez más, a reclamar de la política que ejerza como tal y que al menos salve para todos los grancanarios esa pieza única de la isla que es el entorno de la charca, las dunas y el oasis. Porque si se trata de compensar los legítimos derechos que desde luego tiene la cadena RIU, soluciones hay de sobra. Y les hablamos de un político con trayectoria, José Miguel Bravo de Laguna, al que no creemos dispuesto a pasar a la historia por una aberración. Si acierta, seremos los primeros en felicitarle con todos los honores de ordenanza.

"Ya era hora" fue la expresión más repetida por los más avisados lectores del Diario de Avisos y por los que nos dedicamos a este oficio de contar historias en Canarias. Sí, ya era hora de que el decano de la prensa de Canarias tomara cartas en el asunto y se sumara al noble propósito de poner al dueño de periódico El Dia, José Rodríguez Ramirez, en el sitio que le corresponde. En un redondo editorial publicado este domingo, el periódico de Elías Bacallado arremetió duramente contra Don Pepito después de andar soportando las chifladuras del caballerete y los injuriosos ataques que, también al Diario, dirige contra todos aquellos que no sintonizan con sus cruzadas fantasmagóricas o sencillamente se dedican a lo suyo sin hacerle puñetero caso. Y es esa postura, la de no haber hecho caso a este personaje, la de haber resumido sus esquizofrenias a "las cosas de Pepe" la que ha dado lugar a esta pueblerina situación en la que el editor de un periódico mantiene todavía sometida a una buena parte de la clase política y empresarial tinerfeña que no quiere verse envuelta en "las cosas de don José". Desde este domingo, el periódico decano de Canarias se ha zafado de esa espiral estúpida y no sólo ha definido a la perfección al dueño de El Dia, al que llama el rey desnudo, del modo que titula su editorial, sino que ha dejado con el culo al aire a esa ristra de lameculos que todavía se pasan por su despacho a rendirle pleitesía y a pedir su venia para actuar en política o en el mundo de la empresa. No es el Diario el primero, y seguramente no será el último, que afea a este iluminado sus memeces, sus insultos y su constante transgresión de la legalidad vigente. Hace muy poco que Canarias7 se sumó a las voces de quienes, como nosotros, consideramos que los medios informativos debemos desenmascarar a los que en nombre de la libertad de expresión y el derecho a la información se dedican a las mas rastreras artes del insulto y la coacción para que las cosas se hagan como desean. Y don Pepito es el paradigma canario de ese comportamiento. 

Hasta no hace mucho, la isla de Tenerife estaba sometida a un régimen impermeable del que no se podían contar determinadas cosas de la vida y milagros de sus más admirados próceres porque el que lo hiciera se convertía de inmediato en proscrito. Don Pepito era el guardián máximo de esas esencias. Él decidía casi todo, incluso sobre quién era honrado y quién podía robar si compartía el botín. Todavía hoy, se da cabezazos contra el muro de la realidad al sostener que el caso Las Teresitas, por poner solo un ejemplo, es un invento de los malditos canariones, que todo lo que se hizo era por Tenerife, y que si Zerolo y sus secuaces hicieron lo que hicieron con aquel pelotazo, todo ya quedó impoluto gracias a la lejía nivariense que él administraba desde su despacho de la avenida de Buenos Aires. La irrupción de la  prensa digital, la aparición de nuevos líderes políticos y cierto reequilibrio institucional llevaron aparejada la caída de algunos atavismos mediáticos y el descubrimiento para el gran público de la inmensa cantidad de mierda que las páginas de El Dia estuvieron tapando durante décadas. Por eso sostenemos que tiene mucho valor el editorial del Diario de Avisos, porque en alguna medida también aparece reflejado en una esquinita del espejo de la historia de la que ayer se desmarcó. Insistimos, no solo Don Pepito queda retratado.

El editorial del Diario no tiene desperdicio. Retrata de modo impecable la trayectoria de un gris oficinista del franquista Instituto Nacional de Previsión que hereda el imperio mediático de don Leoncio Rodríguez, su señor tío de él, y resalta la "penuria intelectual" de un falangista reconvertido a la causa del independentismo. Rodríguez Ramírez, envuelto a la bandera tricolor, "dejó atrás los tiempos en los que perseguía el reconocimiento social de las instituciones que servilmente le distinguieron con algunas calles y todo tipo de galardones, placas y metopas", y por obra y gracia de su herencia "-es decir heredando los méritos de otros- se nombró a sí mismo director, ascendiendo sobre la base de la nada profesional a la más alta responsabilidad de gestionar un equipo de periodistas". El cuadro no puede definirse mejor, pero sobre todo, dar en el clavo desde la mismísima Santa Cruz de Tenerife, y no desde la pérfida Canaria. Porque es otra de las instituciones históricas de Tenerife, como es el Diario de Avisos, la que define a esta criatura de Dios, como él mismo se proclama: "Acogotados por el miedo a quien utiliza el periódico sin rubor para castigar o premiar en función de quien le halaga o no la vanidad, las principales corporaciones, entidades, asociaciones y clubs de la Isla aceptaron el perverso juego de otorgarle numerosas distinciones a mayor gloria de quien quería cubrir su desnudez profesional e intelectual con la alpaca de las metopas", reza su editorial.

La conversión contradictoria de Don Pepito, de rojigualdo a tricolor estrellado, merece un capítulo aparte que también explique, pormenorizadamente, la necesidad de Miguel Zerolo en aquellos momentos de radicalización editorial de El Día de lanzar tinta de calamar sobre el caso Las Teresitas, pero apunta Diario de Avisos cómo a Pepe se le apareció "camino hacia ninguna parte, el espíritu de Secundino Delgado. Como no hay peor cristiano que el judío converso, José Rodríguez cambio rápidamente su camisa vieja, cara al sol y bordada en rojo, por las pieles de un nuevo guanchismo reciclado. De ser un discreto burgués de provincias, españolista y devoto del taconazo en los cócteles de Capitanía General, se transformó sin transición en un furibundo independentista. Pero como en un personaje así todo tiene que ser especial, su independentismo también resulta esquizofrénico: José Rodríguez cree en una Nación Canaria sin Gran Canaria, afirma que los hijos de la tercera isla llevan sangre negra en las venas y repudia a España para dejarse querer por Marruecos". Precisa descripción de la teoría la de José Esteban, al que todavía se le enredan los desfiles militares con el cubillismo rancio cuando, de vez en cuando, llama a los generales a sublevarse. Ya era hora, sí señor, que más voces se sumen contra el disparate y los ataques constantes a las libertades por parte de quien se irá de este mundo sin merecer siquiera otro premio más. Remata el editorial tan celebrado: "Pero José Rodríguez Ramírez, que es dueño de sus ideas sobrevenidas, considera que quienes no piensen como él deben ser exterminados socialmente y políticamente. Como ocurre siempre con los grandes inquisidores, el meteco independentista de nuevo cuño ha transformado su labor de apostolado en una feroz persecución de todos los disidentes de su verdad oficial. Lo que incluye, naturalmente, a los políticos canarios que no se pliegan a sus consignas o no le hacen la pelota, al resto de los profesionales y, por supuesto, a los periódicos de la competencia".

Increíble, pero cierto. El Gobierno del Reino de España se ha vestido de Viernes de Dolores para anunciar, al mundo mundial, que durante la vigencia de su mandato democrático será incapaz de reducir las cifras del desempleo. Pero están trabajando en ello, y todo, sin caerse de la poltrona ni la cara de vergüenza. Porque Rajoy se rinde, tira la toalla del paro y manda por delante a la diva de la #herenciarecibida, Soraya Saénz de Santamaría (Mare de Déu), a balbucear mil veces antes de dar el dato fatídico que la unidad, España, el mercado y toda la Biblia en pasta estarán por delante de la subida de los grandes impuestos, IVA e IRPF, que no se tocan pero tampoco volverán a rebajarse, como aseguró el Gobierno para 2014. El PP ya no sabe dónde meterse, agotado el mantra de la herencia recibida de Zapatero, y este último viernes de abril ha dado el do de pecho en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros más patética de los últimos meses: sin decir exactamente cómo meterá más la tijera, Sáenz, Montoro y De Guindos empezaron a enumerar enunciados de grandes planes de resstructuración del cuerpo nacional que sonaban grandilocuentes, pero de los que su letra pequeña no aclara por dónde atacará al ciudadano: ¿subidas de impuestos menores? ¡No! España, lo que va a hacer, es una reordenación tributaria y una ley de desindexación (sic) para hacer, por la cara bonita de los especuladores, que los precios vayan por un lado, y salarios y pensiones, justo por el otro. ¿Adivinan en qué dirección?

Rajoy dejará España en 2015 con más parados que los que había en 2011, cuando entró por la puerta chica en La Moncloa -"es la economía, estúpido", que diría Clinton- con la promesa de sacar al país de la crisis. No tiene remedio este Partido Popular sin rumbo ni ideas, más allá de lo que le impongan los mercados, como antes hicieron naufragar al PSOE con más sentido social de su reciente historia tardodemocrática, y prueba palpable de ello es cómo define nuestro ministro canario de Industria y otras lides, José Manuel Soria, la grave crisis interminable e inabarcable que padecen las economías mediterráneas más débiles de esto que ya no es la Unión Europea. El zeñorito lo tiene claro: "La sangría del paro terminará cuando la economía empiece a crecer", vino a decir este viernes a la Cope valorando los datos de los seis millones largos de parados, antes del Consejo de Ministros de la nada al cuadrado. Ah. Pues menos mal, oiga, porque como se le ocurra al paro parar su hemorragia y empezar él solo a crear empleo, el muy revoltoso, con la economía menguando, tendría el capitalismo delante de su chopa a la bestia parda que habrá de darle sepultura. No salen de los lugares comunes, de las obviedades, de los análisis embostados de palabras huecas, de la nada elevada al rango de unidad de destino en lo universal. Algo muy rancio y podrido.

La crisis aprieta, la vida sigue y el horizonte de la indigencia masiva pinta muy mal a esta España que vuelve a sacar pecho de charanga y pandereta, y aunque estas islas asirocadas más que nunca estos días parezcan vivir ajenas a los vaivenes de Frascuelo y de María, de vez en cuando un apunte burlesco viene a dibujar cómo nos las gastamos por estos pagos. Por ejemplo, ese pedazo de Ayuntamiento de Mogán que preside todavía Paco González, se ha decidido a poner en práctica un curso de injerto en mango y aguacate, sin que sepamos todavía si la decisión responde a algún factor científico pormenorizadamente estudiado, o a la querencia histórica de su alcalde de regalar mangos y aguacates a Mariano Rajoy. La nota de prensa municipal repartida este viernes desde el Ayuntamiento despertó en la redacción la memoria de los años de plomo corrupto, de los de Grupo Europa y el caso Góndola, ese que se muere por desidia de la Administración de Justicia, que nunca querrá juzgar, entre otras mamandurrias del alcalde y su gobierno de entonces, cómo el grupo inmobiliario de Madrid representado en Canarias por el diputado Jorge Rodíguez financió un mitín de Rajoy en Arguineguín, el 8 de diciembre de 2005,  donde González, tan pueblerino él, se mostró servicial y arrastrado con el jefe nacional: "!Mariano, los aguacates y los mangos te los tengo guardados en el porta bultos del coche!", anunció a la concurrencia Paquirrín. Y claro, algo debe habérsele pegado desde entonces. Bendito injerto.

Fuente inagotable de noticias sandungueras para esta sección, José Miguel Suárez Gil vuelve a protagonizarla por estar nuevamente de rabiosa actualidad. Como saben, reside en estos momentos en la prisión provincial de Salto del Negro tras haber quebrantado la condena que le cayó encima por haber encañonado a su mujer, Josefina Navarrete, al muy medieval grito de tú o mi honor. Ejem. En la cárcel, dicen los que de esto saben, ha vuelto a desplegar sus encantos y se ha convertido en líder del módulo, tanto en el patio como en las tareas domésticas de la celda, que alguien le debe estar cubriendo por el módico precio de alguna promesa del tipo cuanto salgas de aquí te hago rico, mírame a mi. Pero no es la condena que cumple la única cuita judicial plateada que permanece o trata de permanecer viva en los juzgados capitalinos. Hasta nosotros ha llegado un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad por el que se archiva su denuncia, modalidad Willy Fog, consistente en querellarse contra su ex mujer por supuestamente haberse apropiado de sus puntos de la tarjeta Iberia Plus mientras ella era beneficiaria de la misma. Fitetú. Sí, hubo causa penal abierta por este asunto, aunque pueda parecerles increíble. Más lo es, sin embargo, saber ahora que todo ha quedado reducido a una fantasmada más del personaje porque del auto del juez Florencio Barrera se deduce que tan acomodado caballero viajó siempre de gorra, ora por cuenta de su señora esposa, ora por cuenta de alguna de las asociaciones empresariales que tuvo el gusto de presidir cuando la clase patronal canaria creyó que en Suárez Gil habían encontrado a nuestra versión autóctona de Bill Gates.

Es una pena no poder acceder a ese sumario y a datos que, desde luego, pertenecerán siempre a la privacidad del señor Suárez Gil, pero por lo que dice el auto, el Zorro debió aportar a la causa más de cuarenta páginas acreditando sus numerosos viajes a lo largo y ancho de este mundo desde el año 2005, en un intento a la postre baldío por demostrar que se había ganado los puntos de su Iberia Plus con el sudor de su frente y el pertinente desgaste de las ruedas de su Samsonite. Pero a tan apabullante prueba le replicó la denunciada con la acreditación bancaria de que era ella la que, con sus propios recursos y tarjetas de crédito, hizo frente a los desplazamientos de la pareja. La señora Navarrete, que en pocos años hizo un máster completo sobre la caza del zorro, añadió a su señoría que el resto de los viajes que ella no pagó seguro que los había pagado alguna otra persona física o jurídica igualmente incauta. El juez, que por lo que parece quería llegar hasta el final, requirió al ex presidente de la Cámara de Comercio para que, en un plazo de quince días, acreditara haber pagado tanto viaje con sus propios recursos. El plazo pareció corto al audaz letrado del Zorro, Eduardo López Mendoza, que alegó en su petición de aplazamiento que la documentación a presentar iba a ser muy voluminosa. La excusa luego se transformó en triple salto mortal con tirabuzón, porque el insigne abogado alegó que era imposible responder al juez porque las facturas de  aquellos viajes estaban en la misma caja fuerte que su cliente dijo le fue reventada para sustraerle los famosos lingotes de oro con vida propia que aparecieron al día siguiente de su evaporación por ósmosis inversa.

Tres meses después de los quince días de plazo que otorgó el juzgado a Suárez Gil, la defensa (suicida) del Zorro pidió a Iberia que certificara, si hacía el favor, con qué tarjeta de crédito se había pagado cada billete. Y la compañía, vaya por dios, certificó que desde 2009 los había pagado todos la que, desde aquel año, se había convertido en su mujer. No contentos con la pifia, que colocaba al ofendido caballero con los plateados glúteos completamente al aire y en posición de pompa, va el letrado y pide al juez que reclame de Iberia que diga, si hace otra vez el favor, a qué tarjetas de crédito tenía asociadas el tal Zorro Plateado su tarjeta Iberia Plus de la misma tonalidad. Y, ale hop, nueva bofetada de realidad:  la compañía ha certificado que Suárez Gil, el líder empresarial convertido en líder del módulo cuatro, tiene asociadas a su tarjeta de fidelización ¡cinco tarjetas Visa! ¡y ninguna suya! Eran todas tarjetas de empresa, bien de la patronal alimentaria Fedalime, cuyos dirigentes fuman en pipa cada vez que chequean los números que les dejó su caudillo, o bien de la Cámara de Comercio de Las Palmas, cuyo penúltimo presidente, Angel Luis Tadeo, que en paz descanse, optó por retirárselas antes de que fuera peor. Total, que de ser denunciante de un robo con fuerza y de una estafa volandera, el Zorro Plateado ha vuelto a quedar como lo que siempre fue: un jeta que viajaba de gorra y miente más que habla. Pobres penados de Salto del Negro.

Si no fuera por lo grave del asunto, el paralelismo entre los vertidos de aguas fecales que han obligado a cerrar una franja costera de Playa del Inglés y el potencial peligro de derrames de petróleo en las prospecciones que pretende Repsol en aguas canarias daría para una ristra de chistes escatológicos sin tino. La caca, señores, por obra y gracia de una rotura en la red de conducción que ha afectado a las localidades de Castillo del Romeral, Juan Grande y Aldea Blanca, ha enseñado este jueves el camino al piche, arrastrada por las corrientes, y como un mal augurio de insoportable hedor se ha asentado en el pilar del motor económico de Canarias: la Playa del Inglés, entre el kiosko número 5 y la Punta de Maspalomas, se ha cerrado al baño. Vamos, para los tiempos críticos que corren, todo un lujo que la isla no está en condiciones de permitirse, aunque haya empezado la temporada baja hasta que lleguen los rusos en verano. El suceso, lamentable, alcanza proporciones burlescas si se coloca en contraposición a la última meada fuera del tiesto de ese portento de la estrategia política del PP que se llama Manuel Fernández, otrora secretario general en Canarias durante sus ratos libres. Su señoría volvía ayer a la carga en defensa del petróleo con una sugerente apuesta sobre hacia dónde se dirigiría un posible derrame de crudo en alta mar: nunca vendrá a las costas canarias, sino que cagará (perdón) Marruecos, por lo que Fernández mismo reduce a "riesgo cero" el peligro de vertidos de petróleo en las Islas, y multiplica por mil las flores con que adornará el oro negro las calles y plazas de todos los pueblos del Archipiélago. Esú.

Bueno, aliviado deja a cualquiera Manuel Fernández cuando manda, con un soplido, todo el piche que venía marea abajo en dirección a la punta de Maspalomas directamente al cabo Bojador o más lejos todavía, a la vieja Villa Cisneros, pero la diarrea mental vuelve a apestar cuando este vocero de la corriente imperante saca a paseo los beneficios que para las Islas ofrecerá el permiso petrolífero de Repsol. Ya nadie habla de grandes infraestructuras o de un empleo masivo de canarios en las plataformas, sino de los talleres de chapa y pintura para apaños de tres al cuarto, porque, atención, el turismo se acaba en Canarias. El futuro de Canarias no está precisamente en el turismo", ha dicho el portavoz del PP en la Comisión de Industria del Parlamento canario, echando una mano al sector que es fuente y motor de la economía de las Islas desde hace medio siglo, y que busca precsamente ahora rehabilitarse y modernizarse. Pues nada, no hay turismo en el horizonte y lo que debe hacer Canarias es ponerse a buscar petróleo, por el bien de España, coño. Si estos son los planteamientos de un partido que gobierna en el Estado y aspira a dirigir la Comunidad Autónoma, habría que empezar a plantearse en manos de quiénes estamos, y cómo quitarnos de encima a tanta inteligencia de la destrucción y el desmantelamiento de toda fuente de riqueza que quede en pie por estos pagos.

Hay días que no damos abasto. El de este miércoles ha sido uno de ellos. Entre los tribunales de justicia, la Champion y la multicolor y muy endémica clase política canaria, es difícil decidir cómo empezar. El principio periodístico de la pirámide invertida obliga a los periodistas a arrancar con lo más importante y luego completar la noticia con lo accesorio. Hagámoslo así y empecemos por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho sobre la cruenta intervención de la fundación de CajaCanarias por parte del Gobierno del malvado Paulino Rivero. Un delito de lesa patria nivariense que de inmediato activó todas las sensibilidades políticas y mediáticas tinerfeñas. El tradicional poder de CajaCanarias, hoy diluido en Caixabank, se hizo notar desde el principio hasta el punto de conjurarse una auténtica cruzada contra la decisión gubernamental, que se ha ido solidificando estas últimas semanas hasta concluir ayer con ese auto del TSJC que la bendice. O al menos la bendice provisionalmente, porque si el Supremo es capaz de pronunciarse sobre los mogollones carnavaleros hasta cambiar una sentencia que parecía inamovible, nadie puede atreverse a augurar un pronóstico fijo a este asunto tan quisquilloso. Sí nos podemos pronunciar nosotros, aunque solo sea someramente, en clave política para felicitar nuevamente a nuestra admirada Cristina Tavío por el acierto y la oportunidad que tuvo apenas 24 horas antes al reclamar del presidente del Gobierno y a su consejero de Economía y Hacienda sus respectivas dimisiones ante el caso, en aquel momento ignoto para el común de los mortales, de que la Justicia se pronunciara contra las tesis gubernamentales. Todavía no se había impreso el Diario de Sesiones del Parlamento dando fe de esa porfía cuando va el TSJC y conceda la razón a Rivero y a González Ortiz lo que, en rigor, debería conducir a la señora Tavío, en aplicación exacta de su doctrina, a presentar su dimisión como parlamentaria. Ya, ya sabemos que pedimos un imposible y que hasta deberíamos estar aplaudiendo que la dirigente conservadora sea de las que no se toma un respiro ni por maternidad en esa actividad política suya que no ha abandonado desde que alcanzó la mayoría de edad. Pero somos de los que opinamos que al menos la ley de la gravedad hay que respetarla y recordársela con cariño y respeto al que se empeña en escupir para arriba tan olímpicamente.

El Parlamento dio para mucho este martes, y ya que hablamos de escupir para arriba (mear contra el viento en versión más pedestre) no podemos dejar de mencionar el cinismo con que el Partido Popular acometió desde la tribuna de oradores su crítica a la política de comunicación y publicidad del Gobierno de Canarias. Otra cruzada a cuyo frente se situó desde el principio el periódico antigubernamental por antonomasia, El Día, quién lo iba a decir con lo que ha chupado del frasco, Carrasco. El PP está encantado con las diatribas públicas de don Pepito contra Paulino Rivero, incluidas las esquizoides, y vio desde el principio un filón en el decreto por el que el Gobierno ha establecido las condiciones que han de cumplir los medios informativos para acceder a las campañas institucionales de publicidad. De una manera absolutamente enfermiza, El Día y el PP han visto en ese decreto un veto al periódico de don Pepito, una falacia auténtica que, aún a sabiendas de su imbecilidad, el PP ha abrazado de manera demagoga y con limitado recorrido. Porque si es cierto que la decisión gubernamental lejos de vetar introduce transparencia en la contratación, más cierto es que el PP no tiene legitimidad moral ni política para criticar algo así, aunque tuviera la razón, que no es el caso. Pero a la tribuna se subió el diputado Moreno a hacer el indio, con todos los respetos a las tribus aborígenes de cualquier rincón del planeta.  Y puestos a reprochar gastos en publicidad institucional, tropezaron con el conejero Manolo Fajardo, que era hasta el otro día de los que mojan y no empapan y que se constituyó en la tribuna de oradores con algunos datos sabrosos, como que el único ministerio del Gobierno de España que en tiempos de tribulación y zozobra ha incrementado sus presupuestos en publicidad (nada menos que en un 199%) ha sido el de Industria, es decir, el del jefe del PP canario, cuyos indios hacían lo propio en la tribuna. Un dato que, además del diputado socialista, seguramente conocerá muy bien el dueño de El Día. Y que por supuesto maneja a la perfección la directora de comunicación de Red.es, la muy conocida Teresa Cruz, en cuyas manos ha puesto Soria 8 millones de euros a mayor gloria de su imagen de él. Con la misma contundencia, Fajardo Palarea rescató otro dato insultante que alguna vez hemos traído a estas páginas, el despilfarro obsceno que presidió la actuación del PP en la empresa pública Promotur en el trienio 2007-2010, cuando entre Rita Martín y otros se fundieron nada menos que 60 millones de euros en hacer auténticas gilipolleces, como aquellos estadios de la felicidad o el vergonzoso Say not to Winter blues, además de financiar a periódicos y cadenas amigas.

Mientras el diputado Víctor Moreno ejercía de patética marioneta (don Pepito pedirá para él una rotonda en Ofra) otra parlamentaria del PP se convertía en protagonista sin salir a la tribuna. La actitud que mantenía desde su escaño la ex consejera de Sanidad Mercedes Roldós fue en ocasiones tan irrespetuosa y fuera de tono que provocó que el siempre pacífico Antonio Castro la tuviera que llamar al orden en dos ocasiones. Y a punto de la tercera, que según el reglamento conlleva expulsión del salón de sesiones. Una actitud que se comparece muy poco con la ley y orden de su partido y que más se acerca a ese perroflautismo que tanto sirve al PP para meterse con los que escrachean o se quejan de los recortes de Mariano Rajoy. No conocemos con precisión si a la señora Roldós le molestó más el repaso que le propinó la también ex consejera sanitaria y también médico Mari Mar Julios o el dato doloroso de que la Audiencia de Cuentas le haya detectado sólo en 2009 más de 202 millones de euros en contratos menores, de los que se dan sin muchos requerimientos, a razón de 18.000 euros la unidad. Ya son contratos, ¿verdad? Algunos se los llevó por la remanguillé aquel famoso abogado, de nombre Javier Artiles, que asesoraba a Sanidad mientras tenía empleada en su bufete a la mujer del director del Servicio Canario de la Salud y le daban con la otra mano un concurso de hemodiálisis. Tiene motivos para ser un manojo de nervios la ex consejera Roldós.

Es una pena que un político tan maduro como José Miguel Bravo de Laguna haya sucumbido del modo que lo ha hecho a la instrucción de su partido, el PP, de descalificar por tierra, mar y aire la medida del Gobierno de Canarias de abrir 132 colegios este verano para garantizar al menos una comida a miles de niños que no la tendrían durante las vacaciones. Les ha jodido realmente. El presidente del Cabildo ha calificado la iniciativa de “improvisada y demagógica” y se ha preguntado qué va a ser de los niños que no están en la franja objetivo de esa medida, los de 8 a 12 años, lo que desde luego nos conduce de inmediato a consultar la definición de demagogia, por si se nos había olvidado. En cuanto a la improvisación, señoras y señores, quédense con el dato de que el PP cree que la medida va a fracasar porque los ayuntamientos a cuyos escolares se les va a proporcionar esta acción no están dispuestos a pagar una guagua que los transporte. O sea, que el problema para dar de comer a entre 6.000 y 8.000 escolares con graves problemas de alimentación que, en su mayoría tienen solo una comida al día y es la de su escuela, ¿es de verdad el transporte? ¿Estamos hablando de alcaldes, de concejales y de presidentes de cabildos incapaces de resolver el problema de una puta guagua? ¿O, más bien estamos hablando de que han encontrado un filón por el que cargarse esta medida del Gobierno para que fracase y así apuntarse un tanto político? ¿Ante quién? ¿Ante los profesores y directores de colegios que han trabajado para hacer el listado de alumnos que la necesitan? ¿Se van a apuntar el tanto ante los padres de los chicos? ¿Alguno de los estrategas de esta contra-campaña ha pensado en los niños que se van a quedar sin comer? Que se jodan, diría la famosa diputada Fabra. Váyanse al carajo, decimos nosotros con el debido respeto que cada cual crea merecer.

No nos vamos a apuntar el tanto, como hacen algunos colegas con acentuado complejo de inferioridad, que no es nuestro. Lo descubrimos este miércoles en Twitter, concretamente en la cuenta que en esa red social tiene el político en la reserva activa Ángel Llanos, el delfín reducido a la condición de jarea por José Manuel Soria y sus mariachis cuando se dieron cuenta de que -aun siendo chaparrito como es- podía hacerles sombra. Llanos, a lo que íbamos, publicó un tuit enlazando a un PDF de una página del periódico El Día del año 1996, en concreto el 13 de octubre, en el que aparecía a toda plana una entrevista con el concejal de Servicios Generales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un jovencísimo José Alberto Díaz Estébanez. ¿A que no saben cuál era el tema central de la entrevista? Pues el increíble incremento poblacional de la capital tinerfeña, especialmente de los distritos once y doce, es decir, del área Suroeste, como consecuencia de la construcción de nuevos polígonos de viviendas sociales. El responsable del censo en el conflictivo año de 1996 reducía sin embargo el crecimiento de habitantes a 2.114, aun reconociendo un importante éxodo de ciudadanos capitalinos que buscaban más calidad de vida en municipios limítrofes para fijar en ellos su residencia. Díaz Estébanez es en la actualidad el jefe de gabinete del alcalde José Manuel Bermúdez, y entre ambos tienen que estar ahora mismo devanándose los sesos a ver cómo es posible que aquellos 2.114 pasaran a ser 15.000 como por arte de magia.

No todos los ministerios del PP son tan franquistas como el del Interior, aunque los haya peores. Perece que un mando policial no tiene el mismo peso si, en el ejercicio de un cargo político, ha de someterse a las normas que rigen para todos los ciudadanos si las aplica otro departamento. Es lo que le ha pasado, precisamente, a Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, que ha visto frustradas sus aspiraciones de convertirse en pequeño empresario explotando la división de tenis del Club El Cortijo, en Telde. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que dependen funcionalmente las delegaciones del Gobierno, le ha denegado la compatibilidad, lo que le ha conducido a la búsqueda de una salida legal que le permita ejercer la actividad programada y ser protagonista de un deporte del que es un gran aficionado. Finalmente será su esposa, también muy buena jugadora de tenis, la que figure en la explotación de esa actividad deportiva en el club social del que es principal propietario el empresario Agustín Manrique de Lara, que ha sido noticia recientemente por ser el ungido por José Manuel Soria para presentar candidatura a la presidencia de la Confederación Canaria de Empresarios.

Efectivamente, Prudencio Lorenzo es presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Las Palmas, Cecapyme, lo que conduce automáticamente a situarlo como representante de todo el pequeño y mediano comercio, incluido el suyo, que se levanta desde hace décadas en la muy comercial calle de Triana. Lorenzo ha puesto el grito en el cielo desde que se supo que Mesa y López se sumaría a Triana y Puerto-Canteras en la concesión de zona de gran afluencia turística, pero más sonoro fue el grito cuando supo que se sumaban tres centros comerciales y que había consenso para ello entre los pequeños y medianos comerciantes de sus áreas de influencia. El acabose. El presidente de las pymes ha movido Roma con Santiago para tratar de impedir este contubernio que, seguramente, perjudicaría a los negocios de Triana, incluido el suyo, embarcada como está esa asociación en interesantes iniciativas de captación de público. Pero en vez de dirigir el tiro hacia el alcalde, que fue el que propuso que todas las áreas comerciales (y sus grandes superficies comerciales) fueran declaradas zonas de gran afluencia turística, dispara contra el Gobierno, a ver si así alguien se da por aludido. Es completamente descartable que Prudencio Lorenzo ignore la ley, y que desconozca las dos propuestas del Ayuntamiento que el Gobierno está obligado a tramitar. Su estrategia la hemos visto florecer este viernes, cuando el alcalde de la ciudad ha anunciado que pedirá a Comercio que paralice todo, que donde dije digo quería decir diego, y que parece que no hay consenso “con la Asociación de Grandes Distribuidores de Canarias”. El Ayuntamiento lo tiene fácil: mete el lunes un escrito al Gobierno por Registro pidiendo retirar sus dos propuestas y santas pascuas. Eso sí, si quiere formular otra debe darse prisa porque el plazo acaba el 10 de junio. A ver cómo lo arregla Juan José, porque no podrá proponer las zonas que incumplen técnicamente ni podrá decirle a Mesa y López gurruguay, que dijo el macho. Ay, esos estrategas caribeños con jersey al cuello.

Se veía venir desde diciembre de 2012, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se contradijo en cuestión de días enviando a la Dirección General de Comercio dos propuestas diferentes sobre la declaración de zonas de especial gran afluencia turística, ya saben, ésas en las que se podría abrir todo el año. Su primera propuesta, aprobada en Junta de Gobierno, se limitaba exclusivamente a Triana y Puerto-Canteras, sin incluir en ambas ningún centro comercial. Ante las presiones correspondientes, Cardona y sus sucedáneos decidieron que lo mejor era extender la solicitud a todo el territorio municipal, con sus ocho centros comerciales, incluido el que se encuentra en el límite sur lindando con el polígono de Jinámar o La Ballena, por el oeste. Creyó el alcalde que de esa manera tan inteligente iba a trasladar la papa caliente al despacho del director general de Comercio, Gustavo Matos, que no tiene competencia para actuar de oficio y que expresamente está obligado a tramitar las solicitudes que le llegan de los ayuntamientos, tal y como mandata una ley nacional del PP del verano pasado. Esa ley, que no se la debieron leer bien en el Ayuntamiento, obliga a las comunidades autónomas a conceder la condición de zona de gran afluencia turística a aquellas áreas que cumplan unos parámetros técnicos que fija el departamento correspondiente, en este caso la Viceconsejería de Turismo. Parámetros que tienen que ver, precisamente, con la gran afluencia turística, y de ahí el nombre, para que vean que a veces impera la lógica. Sólo tres áreas capitalinas cumplen esos requisitos, Triana, Puerto-Canteras y Mesa y López, y en todas ellas hay consenso de sus asociaciones comerciales, incluso en estos dos últimos casos para que se incluyan también los centros comerciales El Muelle, El Corte Inglés y Las Arenas. Pero la reacción del presidente de Cecapyme, Prudencio Lorenzo, ha colocado a Cardona en una delicada situación de la que tiene muy difícil salida.

“Es de tontos”, repitió ayer en dos ocasiones en el Parlamento de Canarias el diputado del PP Manuel Fernández, una de las cabezas mejor amuebladas de cuantas pueblan la política canaria. Fue su única intervención, la que protagonizó para tratar de restregar a los socios del Gobierno de Canarias que anden poniendo traspiés a ese gran adelanto que para nuestra economía sería explotar las cuencas petrolíferas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, de existir las tales cuencas. Para Fernández “es de tontos” afirmar que esas explotaciones sólo van a crear tres o cuatro centenares de puestos de trabajo cuando la empresa que está esponsorizando al PP en estos momentos habla de “miles”, sin mayor precisión del cómo ni el dónde. También es “de tontos” pensar que, como le explicó sin éxito el consejero Berriel, se puede disuadir a Marruecos de hacer catas en sus aguas, que hasta existe el antecedente de cuando se les quitó de la cabeza hacer una central nuclear en Agadir, ahí al lado mismamente. Fue lo más zafio del debate que siguió al pie del cañón por Twitter y en sus crónicas constantes nuestro compañero Salvador Lachica, uno de los periodistas que se ha incorporado a nuestro periódico para nuestra inminente incursión en el mundo de los contenidos Premium de pago. Pero ésa es otra historia que todavía no les vamos a contar. La noticia más importante de cuantas parió este martes el Parlamento fue, sin duda, el anuncio del presidente Rivero de que va a aplicar, vía reforma legislativa, el decreto andaluz que mete en cintura a los bancos cuando los desahucios que estén ejecutando conlleven riesgo social a familias o personas. Una iniciativa que ha tardado demasiado en llegar pero que al fin y al cabo llega para tratar de aliviar a una buena parte de las más de 9.000 familias en trance de quedarse en la calle y sin techo. La idea andaluza ya fue calificada como “comunista” por la portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, con una reducción al absurdo que directamente la convierte a ella en personaje absurdo donde los haya. Es comunista, para que nos entendamos, poner en entredicho el poder omnímodo de la banca, hacer tiritar, aunque sea levemente, al sistema. Y es en esa estridencia del PP donde está verdaderamente la noticia de lo que está pasando en Canarias.

Las hemerotecas custodian cientos de declaraciones del ex ministro ultraconservador Jaime Mayor Oreja que seguramente fueron ofensivas para muchos colectivos de españoles. Es decir, para mucha gente que ha tenido que soportar los exabruptos de este histórico del Partido Popular que lleva cobrando sueldos públicos desde 1980, sin renunciar por ello a los complementos y a las mieles de la vida empresarial. Su cruzada contra el derecho al aborto y contra el derecho de cada persona a casarse con quien quiera –por poner solo dos ejemplos- lo ha catapultado a la indiscutible condición de guardián de las esencias de esta reserva espiritual de occidente que un día fue España, lo que no provoca otra cosa que cada vez que se le pone un micro delante se crezca como un suflé para acabar diciendo auténticos disparates. Está en su derecho constitucional de decir disparates o de defender las posturas que considere más adecuadas, incluso soslayando las graves ofensas que a menudo perpetra contra los que no comulgan con sus ideas. Lo malo es que al señor Mayor no le suele gustar que los demás opinen libremente sobre él ni sobre sus actividades públicas y/o privadas. Sus abogados tienen instrucciones de disparar demandas y querellas contra todo aquel que ose poner en entredicho esa integridad moral de la que presume, y nuestro periódico, cómo no, no iba a ser una excepción. De ahí que en 2011 interpusieran demanda por vulneración del derecho al honor contra nuestro colaborador Rafael González Morera, y que fruto de esa demanda, un juzgado de primera instancia de Madrid condenara al periodista a pagar 30.000 euros más las costas procesales. La verdad es que nos resultó llamativa la sentencia, porque admitía íntegramente la demanda del ex ministro del Interior, al que ofendió enormemente que Morera rescatara lo que las hemerotecas han reiterado sobre él y sobre la vinculación de su familia con empresas dedicadas a la seguridad y la prestación del servicio de escoltas a personas amenazadas por ETA. Y más llamativa le resultó aquella sentencia a nuestro abogado, Luis Val, que recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que acaba de revocarla aceptando nuestros planteamientos de que no hubo intromisión en el honor del señor Mayor sino el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ese que sólo gusta al eurodiputado cuando el lado gordo del fonil enfoca hacia su boca. Ya ha anunciado que recurrirá en casación ante el Supremo, qué le vamos a hacer. A ver si tanto ajetreo le da un respiro y hace algo en el Parlamento Europeo, donde su última actividad registrada es de junio del año pasado.

No, no nos merecemos un ministro así, ni se lo merecen los votantes del Partido Popular. Un año y pico después de tocar la cima de su carrera política, José Manuel Soria no tiene en su tarjeta de méritos ni uno solo que merezca el reconocimiento ni la gratitud de los canarios, y oportunidades no le han faltado. Ha preferido, como es propio en él, la confrontación y el desplante; la chulería y la demostración de poder; la pura y descarnada venganza. Este sábado protagonizó en Las Palmas de Gran Canaria uno de esos episodios que no se merecen los ciudadanos de este país. Quiso ser la prima donna en un acto cívico-castrense que se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria. Un acto, por lo demás, fácilmente prescindible dadas las estrecheces económicas y la rentabilidad social que pueda reportar, salvo ese discutible fortalecimiento de relaciones del Ejército con la sociedad que se le presume. Soria quería ser el macho de las cañadas, la última autoridad en entrar a la plaza y colocarse en el lugar protocolariamente fijado, una preminencia que corresponde al presidente del Gobierno de Canarias según los decretos de protocolo aplicables. Y se puso flamenco, como es norma en él, y en la pendejada le acompañó, diligente, irresponsable y solícita, la delegada del Gobierno, con lo que la bobería adquirió proporciones bochornosas. Paulino Rivero, como es menester, no cedió ni un milímetro, cosa que le deberíamos agradecer todos, y no porque haya que pararle las patas a Soria (que también) ni porque Rivero sea lo mejor que nos haya pasado, sino porque representaba en ese momento a todos los canarios y eso está por encima de los ataques compulsivos de ego de cualquier ministro, aunque sea de aquí. Desgraciadamente para él y para sus seguidores, no es la primera vez que Soria protagoniza machangadas de este tenor. No ha habido cargo que haya ocupado en el que no haya tenido incidentes protocolarios, tanto en actos puramente políticos, como religiosos o académicos, incluida la etapa en que fue vicepresidente subordinado a Paulino Rivero. Él es él y su ombligo. Demasiado grande para caber aquí.

La historia que hoy les proponemos es la del triunfo de la razón frente a la corrupción. La percha –lo que en periodismo viene siendo la justificación que da pie a contar la historia- nos la proporcionan de manera provocadora los primeros trabajos para la instalación de una megaturbina de energía eólica en el espigón del muelle de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes. Un molino gigantesco, primero en su género en España, capaz de producir cinco megawatios. Impresionante apuesta por las energías renovables en uno de los mejores campos de viento del mundo, con una potencia eólica prácticamente constante y en la misma dirección todo el año. Gamesa, como se llama la empresa que va a instalar esta megaturbina de manera experimental, se siente muy orgullosa de su prototipo porque será el primero de tecnología española y, con sus 160 metros, el más alto que se instale en el país. Que se elija Canarias y, más concretamente, la comarca del Sureste, siempre a la vanguardia en la innovación en favor de las renovables y en contra de la instalación en esas inmediaciones de una central regasificadora, convierten en notable el acontecimiento. El Gobierno de Canarias, en el que por primera vez en casi dos décadas no está el PP, ha facilitado la operación liberando a Gamesa de la obligatoriedad de obtener potencia eólica en uno de los dos frustrados concursos eólicos. Su empeño, el del Gobierno, también va en la dirección de conseguir que su homólogo del Estado, en manos del PP, también libere los bombeos en las presas de Chira y Soria, lo que abriría de una vez la puerta a la viabilidad de la energía eólica en la isla de Gran Canaria. Pero para llegar a la fotografía de las piezas de la megaturbina de Gamesa siendo descargadas en Arinaga, han pasado muchas cosas que no es conveniente olvidar. Ha sido, como decíamos al principio, el triunfo de la razón frente a comportamientos innegablemente corruptos, y no por ellos siempre penalmente perseguibles. O perseguidos, que suena parecido pero no es igual.

Con menos dinero y mejores prestaciones para los pacientes. Lo dicen los interesados, las personas que se han de dializar en las áreas sanitarias dependientes de los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Molina Orosa (Lanzarote), que por fin ha visto esta semana cómo la Consejería de Sanidad saca a concurso el servicio, después de que todo el tinglado se viniera abajo al descubrirse el tremendo chanchullo que el PP y sus mariachis habían montado en torno a él en el año 2010. No es moco de pavo que, de entrada, dos años y medio después, la hemodiálisis de esos dos hospitales pase a costar 19 millones menos, repetimos, 19 millones de euros menos, y que los portavoces de los enfermos renales digan que se dibujan mejores prestaciones y mejores servicios para ellos. Y lo que es más importante para el conjunto de la ciudadanía, con la posibilidad de un pelotazo alejada en diez kilómetros a la redonda, una vez se sabe que todos los focos volverán a estar puestos sobre la mesa de contratación. Los pacientes valoran mucho, por ejemplo, que en el nuevo pliego aparezca la obligación del prestatario del servicio de la diálisis on line, “la mejor que hay”, en palabras de uno de sus más destacados representantes. De la misma manera que valoran que se obligue al contratista a que al menos el 30% del agua que depure sea agua ultrapura. O que se otorguen dos puntos a los licitadores que incluyan en su oferta la prestación total o parcial del servicio de transporte a los pacientes, que actualmente es una auténtica calamidad para muchos por su saturación, por los recortes y por una defectuosa organización que lleva a que algunos pacientes tengan que pasarse más de medio día fuera de casa por una sola sesión de diálisis.

Fotografía obtenida de wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deepwater_Horizon_offshore_drilling_unit_on_fire_2010.jpg

Los defensores de las explotaciones petrolíferas en las cuadrículas autorizadas a una distancia entre nueve y sesenta kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura siempre matizan su posición con una serie de condicionantes que, en rigor, invalidan por completo su tesis principal. Si se garantiza la seguridad, si Canarias recibe compensaciones fiscales, si se crea empleo… suelen ser esos condicionales que el ministro Soria garantiza de boquilla pero que, a la hora de la verdad, ni él ni nadie estará en disposición de asegurar de ningún modo. Y mucho menos teniendo en cuenta que las autorizaciones otorgadas a Repsol tan urgentemente por el ministro canario se anticiparon premeditadamente a las nuevas exigencias que está tramitando la Unión Europea, lo que ya empieza por rebajar el condicionante de la seguridad ambiental en caso de accidente. Pero, veamos lo que ocurrió en el Golfo de México porque ni imponiendo exigentes condiciones, se pudo evitar la catástrofe. La empresa explotadora del pozo Macondo era la British Petroleum (BP), que lo subcontrató todo: la plataforma, a la suiza Transocean, y la inyección de cementos y fluidos con los que taponar los pozos, a la americana Halliburton. Los fallos de ambas contratas fueron clamorosos desde el principio, sin que se cumplieran ni las exigencias de la autoridad americana en la materia y sin que los inspectores estuvieran a la altura de las circunstancias ni cumplieran con las visitas preceptivas. La plataforma registró en una auditoría que se le realizó siete meses antes del accidente hasta 26 elementos en condiciones “malas” o “pobres”. La sofisticada alarma que debió avisar de que había un escape de gas –lo que motivó la explosión- había sido desconectada ante sus continuas activaciones con falsas alarmas “para que los operarios pudieran dormir”. Y el cemento que debía actuar como tapón de la perforación a 1.500 metros de profundidad actuó más como coadyuvante del accidente que como solución a cualquier escape. Lo suministraba la conocida Halliburton, una de las compañías americanas más protagonistas del enorme negocio hecho por occidente en la invasión de Irak.

Los tres son muy conocidos, unos más populares que otros, pero los tres tienen merecidos sus premios. El que más, y perdón por la debilidad, Jorge Hernández Duarte, jorge el cura, el fundador y alma de la Fundación Yrichen, que se dedica a atender a las personas con problemas de drogodependencias y a sus familias. Hace de todo por sacar adelante ese prósito, desde meriendas con bingo hasta torneos de golf, actividades a las que ahora ha tenido que unir de manera involuntaria la de defender su buen nombre ante indeseables como Guillermo Reyes o José Luis Mena, que quieren involucrarlo en sus sucios manejos políticos. Pero Jorge se merece el reconocimiento de todos, como el que le acaba de hacer la Cadena Ser en Las Palmas, que lo ha reconocido dentro de sus premios Ser Canarios 2013 en su modalidad de Labor Social. Junto a él, los profesionales de la radio han votado por Los Gofiones, en la categoría colectiva, y a la compañía Binter Canarias como mejor proyecto empresarial. A todos ellos nuestro reconocimiento y nuestro aplauso.

Demasiado tarde. La karateca Ivonne González, una de las tres personas condenadas –en su caso a 126 años de prisión- por la mayor causa judicial de pederastia conocida en España, ha tardado demasiado en cambiar su estrategia. O quizás ha tardado demasiado en comprender que ella era una víctima de Fernando Torres Baena, probablemente una de las primeras. Era la estrategia de defensa que su abogado, Sergio Armario, trató de sostener desde un principio para esquivar una condena de ese grosor, pero la propia condición de víctima la mantuvo anulada quizás hasta que pasó junto a su familia los seis meses de gracia que le otorgó el tribunal que la juzgó antes de mandarla de nuevo a prisión el mes pasado. Una víctima convertida en verdugo, no hay que olvidarlo, porque Ivonne también abusó de decenas de niños del gimnasio del maestro karateca aprovechándose de la misma perversa influencia que sobre ella ejercía el depredador sexual que la captó para la secta. Un círculo vicioso que ni siquiera se atrevió a romper durante las largas sesiones del juicio del caso Kárate, cuando se aferró a las instrucciones de Torres Baena en la creencia de que su autoridad también la iba a sacar de aquel atolladero. Ahora, con la dura sentencia en la mano, ella y su madre rompen su prudente silencio para llamar la atención sobre una cuestión muy sensible. Porque siendo aceptable desde el punto de vista forense que la víctima de un depredador sexual a la que abduce acaba repitiendo su comportamiento, la siguiente reflexión habría de dirigirse hacia los centenares de víctimas de este corruptor de menores. Porque las que desfilaron por la Policía, por el Juzgado de Instrucción número siete y por la Audiencia Provincial fueron solo una muestra. Hay más menores sometidos que ahora son mayores de edad, que ocupan sus puestos en la sociedad, algunos de ellos policías, que probablemente sufrirán para siempre la carga que les echó encima este hijo de puta y que, en algún caso, terminarán sufriendo secuelas. Como las de Ivonne tardíamente reconocidas. Sufre su madre: “Quizás debí protegerla más”. Sufren las madres y los padres de las víctimas. Sufre la sociedad al ver qué es capaz de tener entre sus miembros condecorados. Demasiado tarde para Ivonne. Desde hace mucho tiempo.

Tiene toda la razón del mundo el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, cuando se queja de que algunos representantes de la oposición política hayan disparado despiadadamente contra un técnico del Patronato de Turismo por su informe sobre el teleférico de Tejeda. Los técnicos son técnicos y los políticos son los que toman las decisiones. Disparar al técnico equivale a hacerlo al pianista, que hace lo que puede por mantener el cotarro, aplicando sus conocimientos y procurando ser fiel a sus convicciones. En el caso que nos ocupa, el técnico del Patronato de Turismo que ha respaldado con su informe la iniciativa lo hizo después de que su incansable promotor, el empresario Rafael Cabrera, volviera a meter su propuesta por Registro y reclamara una contestación del organismo insular. Julio Rodríguez, como se llama el abogado autor del informe, cumplió con su obligación, y no como cargo de confianza, que no lo es, sino como persona que la dirección consideró cualificada para hacerlo. Rodríguez estuvo diez años en la Fedac, el organismo que desde el Cabildo vela por la artesanía de la isla, y su aparición en el Patronato responde a un traslado voluntario que solicitó para acceder a una plaza vacante de técnico en turismo interior. No se debe cargar contra el que opina, sino contra el que pueda tomar una decisión equivocada. Y ese no suele ser el pianista.

Abigarrada jornada la de este lunes en lo informativo. Venezuela, Boston, Hoya Niebla (pirateada por apreciados y dignísimos colegas), Oasis de Maspalomas, sebadal de Granadilla… Demasiados impactos para conseguir poner orden con un poco de criterio y centrar el debate o el análisis en algo prometedor. Hasta que apareció una noticia servida por la agencia EFE que sitúa el origen de los pobladores de Canarias, los canarii, en la cordillera del Atlas, entre bosques densos y profundos, llenos de elefantes y leones, según relata el profesor José Luis Jiménez. Formaban parte de tribus disconformes con las imposiciones guerreras de Roma, que para sofocar la rebelión envió en el año 42 de esta era nada menos que al legado Suetonio Paulino, que se convirtió de ese modo en el primer jefe romano que traspasó el Atlas. La historia se repite, o por lo menos se pone majadera. El hábitat de los que luego serían los pobladores prehispánicos de Canarias era el edén, con bosques ricos en maderas nobles, brillantes y sin nudos, con serpientes, elefantes, osos, leones y leopardos de Bebería que fueron piezas muy codiciadas para elementos suntuarios el imperio. Como era de prever, en el Atlas no había tortugas Careta-Careta, también conocida como tortuga boba, a la que a veces se toma por más boba todavía para que los que desconocen su importancia como testigo del deterioro de nuestros mares se hagan los bobos con más descaro. Un informe del Observatorio Ambiental de Granadilla pretendió este lunes descartar casi por completo que estas tortugas utilicen los sebadales –particularmente los de las zonas costeras canarias- para hacer vida normal. Lo que, oh avances científicos imparables, debería tranquilizarnos a todos para conducirnos a exclamar que ya puede Suetonio Paulino ir a inaugurar el muelle que allí se trata de construir antes de que venga un león o una tigresa de La Laguna a arrebatarle sin piedad el báculo de legado romano.

Los cazadores, nuevamente cazados. Y van unas cuantas. Los intentos de Guillermo Reyes, hombre fuerte del gobierno municipal de Telde, y de su lugarteniente urbanístico, José Luis Mena, por masacrar a los que fueron alcalde y concejales de Nueva Canarias en la ciudad, se han tropezado con un nuevo contratiempo: la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado que se siga investigando el caso de La Mareta, una pirueta política que hizo Reyes –con informes lubricados por Mena- en la negra etapa de la alcaldía de Paco Valido (2003-2007) para deshacer una operación urbanística en esa urbanización acusando a Paco Santiago y a Ildefonso Jiménez exactamente de los delitos por los que Reyes, Paco Valido y otros van a tener que responder ahora sentados en un banquillo. Y lo hará el hoy de nuevamente concejal gobernante (gracias a su pacto con el PP y CC) defendido por el despacho del  que es líder el ex magistrado del Supremo José Mateo, que por el momento ya ha cobrado una factura de 72.689,40 euros colada en el lote del plan de rescate del Ministerio de Hacienda. Lo más trágico de este caso es que la operación de La Mareta fue hecha por Paco Santiago de manera legal, como confirmaron los tribunales, pero Guillermo Reyes la deshizo inventando una historia de pajaritos preñados que sólo se creyeron él, Mena y el lastimoso Paco Valido. La operación fue luego validada por los tribunales, pero ahora el adjudicatario no quiere ejecutarla porque ni es el momento ni quiere saber nada de ese grupo de gobierno. Eso  significa que Telde ha perdido a) una inversión millonaria; b) unas dotaciones de ocio y hoteleras que bastante bien le hubieran venido, c) 72.000 euros en abogados y lo que te rondaré, morena, y d) más prestigio del que ya han laminado estos cantamañanas que destrozaron el Ayuntamiento en el cuatrienio negro y aún hoy insisten en el saqueo.

Candelaria Rodríguez debería estar asustada a estas alturas. Y no por que vaya a morir de éxito el Festival de Música de Canarias que dirige desde hace tres años, sino porque si ha sido capaz de demostrar que se puede hacer más con menos, le pueden seguir reduciendo el presupuesto público al que es ya considerado por los expertos como uno de los más prestigiosos certámenes del mundo. La noticia de que ha contratado a la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la batuta de Ricardo Muti, para abrir la trigésima edición del festival, en enero de 2014, demuestra que a esta mujer no le pueden los contratiempos económicos ni las incertidumbres políticas. Este pasado jueves la descubríamos en Chicago, invitada por esa prestigiosa orquesta, acompañando a su presidenta y al maestro Muti en la presentación de su programación, que por primera vez en su historia incluye a las Islas Canarias. Es, la de Chicago, la única orquesta de prestigio –está considerada la mejor del mundo- que no ha venido al festival canario, y no por falta de intentarlo, sino porque no se alinearon nunca los astros para que eso ocurriera. Con un presupuesto público de 1,3 millones de euros (ha llegado a tener seis), el Festival de Música de Canarias no solo alcanza un hito artístico de primer nivel que consolida el prestigio internacional -resaltado el jueves por el mismísimo Ricardo Muti-, sino que ha conseguido que el nombre de Canarias haya aparecido estos días en toda la prensa de circulación nacional en Estados Unidos, incluido el Washington Post o el Chicago Tribune. El espaldarazo permitirá al Festival conseguir más patrocinadores privados que afiancen sus presupuestos, de los que su directora ya ha dicho que no puede haber más reducciones, salvo que se quiera correr el peligro de acabar con una de las pocas cosas que prestigian internacionalmente a Canarias en el aspecto cultural.

Empieza a aflorar, aunque tímidamente, la versión oficial de las últimas convulsiones vividas en Casa África, que se saldaron con el despido pactado de su secretario general, Luis Padilla, y con algunas tiranteces entre la dirección general el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Exteriores, con José Carlos Mauricio de dinamitero mayor y con el PSOE ejerciendo, como casi siempre, de pastor en Belén. El inesperado despido de Luis Padilla hizo aflorar unas tensiones internas que las partes llevaban con la discreción propia de la actividad que allí se desarrolla, la diplomática, no exenta del vuelo intenso de los convencionales puñales. Padilla y el nuevo director general, Santiago Martínez-Caro, no terminaron de entenderse porque el segundo consideró desde un principio que el primero se gobernaba solo y, en ocasiones, lo dejaba a los pies de los caballos por decisiones que no se ponían en común conocimiento. El primero, por su parte, para despejar cualquier duda, preguntó al segundo, en el acto sublime del despido, si aquello ocurría por deslealtad, lo que fue contestado con un escueto “no me consta”. Pero sí le constaba. Sabía que la última intervención del secretario general en un proyecto con la Consejería de Empleo, Industria y Comercio había generado un incidente institucional que lo dejó en situación embarazosa por una clamorosa falta de comunicación. Era la gota que colmaba el vaso de los desencuentros. Así que Luis Padilla, tras seis años en la casa, cogió el macuto y, previo cobro de unos 60.000 euros de indemnización (algunas fuentes lo reducen a 40.000) pidió su reincorporación al Patronato de Turismo de Gran Canaria, donde tiene plaza por oposición, mientras en Casa África se recolocaban las atribuciones de cada cual sin que por el momento haya intención de nombrar a nadie para sustituirle en el puesto. Eso sí, gana peso específico Arístides León, responsable de la Unidad de Apoyo al director general, que retomará todos los proyectos en los que andaba embarcado Luis Padilla. ¿Y Mauricio? Bueno, se confirman las iniciales sospechas de que el histórico conseguidor, el comunista que inventó el nacionalismo canario, el alquimista del agua y el aceite isleños, andaba liándola por los alrededores. Quiere más poder y protagonismo que el que le otorga su cargo de presidente del consejo asesor, que teóricamente ha de reducir su actividad a reunirse dos veces al año y proponer actividades y estrategias de la Casa. Por eso chocó con Padilla cuando reclamó despacho, secretaria y talonario de billetes de avión. Y no sólo con Padilla: el director general tampoco está muy satisfecho con esa personalidad expansiva que disimuladamente coloca Mauricio allí donde sienta sus reales, y de su malestar ya tiene alguna noticia oficial el Gobierno de Canarias, miembro esencial del patronato de Casa África, al que sin embargo no se le rindieron cuentas previas antes de finiquitar las relaciones con Luis Padilla.

El debate abierto alrededor del hotel Maspalomas Oasis no deja de aportar interesantes hallazgos al general conocimiento del público expectante. Gracias a él y al intento de RIU de llevarse por delante el palmeral del oasis, hemos podido conocer aspectos de ese establecimiento que antes nunca habíamos imaginado, lo que un propietario es capaz de arriesgar con tal de tumbarlo, el miedo que atenaza a las administraciones públicas según de dónde vengan las presiones a favor o en contra de licenciarlo, y la rica variedad de opiniones sobre sus grandezas o miserias arquitectónicas. Las opiniones de parte lanzadas para conservar el hotel o despacharlo como si fuera un edificio del patronato de viviendas Francisco Franco han dejado a algunos directamente con los glúteos in the air. Es el caso, por ejemplo, del ex decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria Juan Torres, que sorprendió a propios y extraños adhiriéndose del modo que lo hizo a las tesis más radicales de la cadena RIU. Para hacer más creíbles sus tesis –por otra parte muy respetables- adornó su discurso con expresiones y recursos bastante despectivos hacia compañeros de profesión y gente del mundo del arte.  Ya le ha contestado, por la vía de las alegaciones, el vicepresidente de la Fundación Docomomo, dedicada a la catalogación y conservación de edificios del movimiento moderno, Celestino García Braña, pero con tan elegante parquedad que nos permitimos su reproducción íntegra: “Si algo nos sorprende son las afirmaciones de D. Juan Torres Alemán recogidas en el escrito dirigido por RIU Hoteles al Presidente del Excmo. Cabildo lnsular de Gran Canaria, así como en la prensa. En relación con la postura del Sr. Torres Alemán la elemental discreción nos obliga a no hacer referencia a su postura dada su vinculación pasada con esta institución, entre 2005 y 2007”. Los que entienden y quieran entender, entenderán que no se puede estar en las dos orillas por muchas piruetas que uno sea capaz de dar.

Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son do el ambicioso muere
y donde al más astuto nacen canas.

Cualquier que haya seguido por encima la trayectoria política de Sigfrid Soria, dirigente del PP con domicilio a todos los efectos en la isla de Lanzarote, sabe que es un político de medio pelo. Y no va con segundas. Sí, de medio pelo. Lo primero que cuentan los que le conocen de su militancia política es que es “un acérrimo defensor de José Manuel Soria”, quizás el más fanático, hasta límites no registrados en los medidores de fanatismo de la casa. A muerte, como el legionario defiende la posición y la cabra. Su fugaz paso por  el Parlamento (2008-2011) se saldó con uno de los ridículos más celebrados de cuantos pueblan los anales de la Cámara autonómica: catalogó como escritor al científico lanzaroteño Blas Cabrera para proponerlo como figura central del Día de las Letras Canarias. El jolgorio fue total, incluso entre los que no tenían ni pajolera idea de quién hablaban. No habrá sido eso exclusivamente lo que lo condujo acto seguido a la reserva activa, sino quizás sus escasas habilidades sociales para ser candidato a cualquier cosa y su poca sintonía con una parte de la dirigencia del Partido Popular canario. Esa facción guardiana de las esencias fue la que lo dejó literalmente a los pies de los caballos este jueves cuando Sigfrid subió un par de octavas su habitual tono ultra para erigirse en repartidor a mansalva de hostias a aquel “perroflauta” que osara u osase perturbar la tranquilidad de su entorno personal y/o familiar. Las desafortunadas y excesivas bravatas de Soria, Sigfrid, contienen un par de vertientes en las que parece no haber caído la multitud de críticos que literalmente se le vino encima entre la noche del miércoles y el jueves por la mañana, por la tarde y lo que te rondaré, morena. Primero, que al no ser cargo público del PP, el señor Soria, Sigfrid, no corre ningún peligro de que le hagan un escrache o algo que se le pueda aproximar. Ya quisiera, seguro. Y segundo, que se ha limitado a expresar, con el lenguaje que mejor maneja, eso sí, lo que piensa el PP casi en pleno.

Por si faltaba algún ingrediente picante en la salsa que permanentemente se cuece en los fogones municipales de San Bartolomé de Tirajana, sumen a José Juan Santana Quintana. El ex acalde ya ha confirmado de manera oficiosa que piensa plantear batalla en el seno de su partido, Nueva Canarias, donde un día desembocaron en plan conglomerado movimientos vecinales, políticos en busca de paraguas y un poder malgastado tantas veces. Pepe Juan Santana presentará candidatura al Consejo Político local de NC, para lo cual ya cuenta con dos de los seis concejales nacionalistas que tiene en el consistorio, Ángel López, más conocido por Lito, y Eulogio Hernández Peñate, más conocido como Eulogio, que acompañaron como números dos y tres a la ex alcaldesa en su último fracaso electoral ante el inconmensurable Marco Aurelio Pérez, de AV-PP, tanto monta, monta tanto. Pepe Juan y el grupo que piensa promover para controlar el partido está fumando en pipa por la pobre oposición que se está ejerciendo en el municipio y cree que con esos mimbres será imposible arrebatarle el poder a Pérez y los suyos. Dicen que hace falta una izquierda más nítida y más calle, que hay mucho malestar no canalizado.  Así que, el día 16, primera posta: consejo político, donde sus 75 miembros habrán de decidir si siguen como están o cambian a un grupo que asegura que quiere retomar el poder orgánico para entregarlo luego a los más jóvenes y promover una renovación a seis años vista, previo éxito electoral en 2015, claro está. ¿Y del PSOE se sabe algo? Porque, aunque pueda parecer mentira, también tiene concejales en ese Ayuntamiento.

Debería ser motivo de orgullo y satisfacción que una voz política con acento canario siente sus reales en un programa televisivo nacional especializado en la materia, sin estridencias y sin vísceras extendidas por todo el plató, como es el caso de La Sexta Noche. Un programa, por cierto, dirigido por una canaria, Sandra Rodríguez, que se está abriendo un hueco entre los de obligada referencia en la abigarrada parrilla nacional. Hace dos domingos tuvo como invitado al director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, que a su vez es secretario de Política Municipal del PSC, en un cara a cara con otro joven valor de la política, en este caso de la derecha, el concejal de Elorrio Carlos García. El debate iba de regeneración política, y mientras el vasco reivindicaba su valentía para hacer frente a los violentos en territorio hostil, del canario la cadena mostró su gesto de anticipada transparencia cuando, en la campaña de 2011, se convirtió en el primer candidato en enseñar sus interioridades fiscales, patrimoniales y de intereses. La aparición estelar del canario en prime time nacional, sin embargo, no ha generado en el PSOE canario el mismo sentimiento que seguramente habrá supuesto para el PP vasco ver a su concejal de Elorrio la Sexta, no sabemos si porque dijo que no le gusta lo que está pasando en su partido, por los endemismos canarios de siempre (esos de la envidia nacional con amoldamiento a la idiosincrasia) o si porque no se puede destacar ni un milímetro más de lo que la vieja dirigencia permite. Y algunos de la vieja dirigencia socialista canaria están miccionando desde hace demasiado tiempo por fuera de la bacinilla.

Ya van dos. Se confirman los pronósticos que apuntaban a que Paulino Rivero ha abandonado el silencio como respuesta a las tarascadas continuas que le dedica José Manuel Soria en sus fines de semana isleños. Hubo un primer atisbo cuando insinuó abiertamente en sede parlamentaria que el PP sacaba tajada de la pasta que Repsol se está gastando en su campaña de “compra de voluntades” en Canarias. Luego matizó, a petición del PP, reduciendo tales “beneficios” al ámbito político, lo que no es obstáculo, óbice o valladar para que el público municipal y espeso haya apreciado en las palabras del presidente la confirmación de muchas de sus sospechas. También en sede parlamentaria este martes ha habido una segunda patada en las canillas del presidente del PP y ministro canario de Ultramar, y a cuenta de un viejo y feo asunto que a Soria le habrá olido a cuerno quemado al sufrir su recordatorio. Básicamente porque el caso Tebeto, que es el asunto en cuestión, es muy conocido por el presidente del Gobierno de Canarias, casi en la misma proporción que lo conoce José Manuel Soria, cada uno con sus correspondientes matices. Soria sabe hasta dónde quería llegar, y Paulino hasta dónde dejó llegar al que entonces era su vicepresidente en la alocada carrera que emprendió en pos de regalarle al empresario Rafael Bitini 103 millones de euros por una cantera de traquita en la que no se había movido ni una piedra. “Se les ve la patita”, acusó el presidente a los populares este martes, expresión que en el contexto en el que se pronunció refuerza la extendida tesis de que, en el caso de colisión entre intereses generales y empresariales, el PP canario se ha inclinado históricamente por los segundos. A estas alturas resultaría ocioso recordar casos tan sonados como este de Tebeto, donde el que firmaba el talón era José Manuel Soria previa intervención negligente del consejero de Industria, Luis Soria, y un informe pericial a encargo del empresario Bittini firmado por el tío de ambos. Estamos ansiosos por que Rivero cuente algún día, antes de sus memorias, qué descubrió entre bambalinas.

Ruido en la prensa; ruido en bares y bulevares, en las radios y en las colas de la panadería. Pero ni una sola palabra en los órganos donde han de cantarse las cuarenta a los que toman las decisiones, a los que provocan a los del ruido. Calle Buenos Aires de Las Palmas de Gran Canaria, sede de Coalición Canaria. Lunes noche. Reunión de la Permanente nacional. Asisten todos menos los secretarios insulares de La Gomera y Fuerteventura. Por lo tanto, alrededor de Paulino Rivero se sentaron capitostes como José Miguel Ruano, José Luis Perestelo, Fernando Clavijo, Fernando Bañolas,  David de la Hoz, Aurora Moreno y Pablo Rodríguez, con el añadido para la ocasión de Javier González Ortiz, que acudía a hablar de la cosa; y de Miguel Cabrera y José Miguel González, convocados por ese órgano nacionalista para hablar de la nueva ley de rehabilitación turística. Todos escucharon en atento silencio las explicaciones que ofreció el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, sobre la traumática intervención, en forma de gestora, de la Fundación CajaCanarias, y en atento silencio permanecieron a continuación cuando se abrió el turno de intervenciones tras unas explicaciones que, según testigos presenciales, dejó a algunos petrificados. Ni un solo reproche a la actuación gubernamental, nada que se parezca al relato sobre la enorme quiebra que dicen que se ha producido en el seno de Coalición Canaria ante lo que en Tenerife ha sido considerado un ataque despiadado de la pérfida Tamarán contra el corazón mismo de la Nivaria profunda, encarnada de manera apocalíptica una vez más por el gran don Pepito. Lo que viene a corroborar que algunos dirigentes políticos son unos auténticos irresponsables que sacan la lengua del agravio a paseo cuando les tiran de ella sin pararse un solo minuto a conocer aquello sobre lo que van a pontificar.  

La verdad es que es difícil perderle la pista al juez Juan José Cobo Plana. Desde que llegó a Canarias a tomar posesión del primer juzgado de lo Mercantil que se abrió en la capital grancanaria, ya apuntaba maneras. Pronto cayó en sus manos una bomba, el concurso de acreedores de la UD Las Palmas, Sociedad Anónima Deportiva, una bomba, por cierto, que continúa dando tumbos por ahí con la espoleta activada. "De llegar a juicio, será el más grande de la historia de Canarias" fue la frase con la que se dio a conocer este juez oscense de 52 años al mundo amarillo en noviembre de 2004, cuando se iniciaba aquel concurso de la U.D. "Habrá tantos acusados y testigos que hará falta un estadio", llegó a decir también en una de sus entrevistas de la época. Reconoció entonces que nada entendía de fútbol, que menos aún sabía del entorno amarillo, pero le enganchó el sentimiento popular que arrastra la U.D. hasta el punto de forzar hasta extremos insospechados la interpretación de la Ley Concursal. Tanto, que una de las peñas de la U.D. lleva su nombre y esos dos apellidos son sinónimo de salvación del club. Su implicación corrió, como pasa siempre que alguien destaca, en dos direcciones. En la del heroísmo con su punto exuberante, y en la de la crítica y la persecución por la falta de costumbre de ver a un juez en aquellos charcos. De héroe a villano, de juez estrella a juez con queja en el Poder Judicial, sin que la sangre llegara al río aunque por el camino se partiera una pierna esquiando, dicen que por invitación del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, otro irrefrenable de época. Este lunes volvió a ser noticia por un pulso a un poderoso.

Que sí, que existen, aunque la tendencia generalizada sea la de demonizar a los que se dedican al noble arte de la política. Los hay que ejercen a la perfección la tarea que tienen encomendada, aunque el reconocimiento a su esfuerzo nunca llegue, o si llega, llega del exterior. Eso es lo que parece haberle pasado al director general de Telecomunicaciones e Informática del Gobierno de Canarias, Roberto Moreno, que ha recibido la felicitación del Observatorio del Código Abierto, de la Comisión Europea, por el cambio que ha efectuado hacia el software libre, que ha supuesto una reducción del 70% del presupuesto, lo que supone nada menos que 300.000 euros anuales. Miren de lo que se entera uno leyendo la web de Joinup, de la Comisión Europea: “La Administración de las Islas Canarias está utilizando máquinas virtuales para un número cada vez mayor de servicios. Los ejemplos incluyen los servidores web, servidores proxy, soluciones móviles para la administración general, voz sobre IP, videoconferencia, correo electrónico y la construcción casera de gobierno electrónico de la plataforma de servicios Platino”. Y nos enteramos de estos aciertos casi el mismo día en que se da a conocer que las Administraciones públicas españolas, empezando por sus ministerios, se aferran a tecnología cautiva, que es más cara y liga al sector público a proveedores privados. Está ocurriendo mientras otros hacen bien sus deberes. Es político y se llama Roberto Moreno. Como él hay más en las administraciones públicas españolas. Ténganlo en cuenta cuando vayan a generalizar.

Comienza una semana clave para el futuro de una de las piezas naturales más emblemáticas de Canarias, el oasis de Maspalomas. Y una semana clave para el futuro de algunos agentes en presencia que se mueven alrededor de las licencias que ha solicitado la cadena hotelera RIU para derribar su hotel Maspalomas Oasis y sustituirlo por una mole en forma de biombo que acabaría con cualquier expectativa de recuperar el entorno para el uso público. Los mallorquines van cumpliendo sus plazos de manera sistemática e implacable, al tiempo que presionan a las dos administraciones que le pueden comprometer (el Cabildo con el expediente presunto de BIC, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con las licencias que ha de otorgar, suspender o congelar) amenazándolas con grandes males en forma de reclamación por lucro cesante o daño emergente. O vaya usted a saber qué. Y será una semana clave para los tribunales de Justicia, porque cualquiera que sea el camino que elijan las instituciones, habrá recursos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo interesados por la parte contratante que se considere agraviada. Las alegaciones continúan presentándose en los registros correspondientes. El viernes entró en el Cabildo una de la cadena IFA rebatiendo la carrucha de documentos que presentó RIU ante esa Corporación para evitar el expediente de declaración BIC. 199 páginas que incluyen otras alegaciones y dossier de prensa y en las que no se elude el debate abierto por determinados arquitectos que no han quedado precisamente como educados ante el resto del colectivo. Se llevan una especial tollina en estas alegaciones los arquitectos Juan Torres, ex decano del colegio profesional de Gran Canaria, y Francisco Herranz, arquitecto oficial de RIU, al que le lleven tortas por todas partes. Por cierto, Herranz no se ha limitado a expresar su opinión (más bien desprecio) sobre el actual Maspalomas Oasis y sobre compañeros de profesión y el ciudadano medio canario, sino que también ha levantado el teléfono para dirigirse a profesionales de la arquitectura y la ingeniería pidiéndoles que escriban artículos en contra de la declaración BIC del inmueble. No todos le han dicho que sí. 

Conato de imprevisibles consecuencias en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El primer teniente de alcalde, el socialista José Ángel Martín, ha anunciado urbi et orbi que va a llegar hasta el final en la búsqueda de los responsables de ese tremendo desaguisado, con brotes de bochorno general, cometido sobre el padrón de habitantes de la ciudad, a los que tiene incluso pensado reclamarles responsabilidades patrimoniales a título personal. Ole. Ni que decir tiene que esos tan justos, necesarios y plausibles ideales se irán desinflando como un suflé a medida que se vaya confirmando que solo puede haber responsables de la cosa en Coalición Canaria, su socio actual en el gobierno municipal, por mucho que el alcalde de entonces (supuestamente todo arranca del año 1996) fuera Miguel Zerolo, enviado ahora por los nacionalistas al Senado para que la explosión del caso Teresitas en el Supremo tenga una onda expansiva controlable y alejada del Atlántico medio. Lo malo es que en aquel funesto año de 1996, uno después de la llegada triunfal de Zerolo al poder, el concejal de Servicios Generales de la Corporación está actualmente en él, en esta ocasión revestido de los honores de jefe del Gabinete de la alcaldía. Se llama José Alberto Díaz Estébanez y es la mano y los ojitos del alcalde José Manuel Bermúdez. Es imposible, entendemos, reclamar a nadie daños futuros, es decir, el dinero que a partir de ahora dejará de percibir Santa Cruz por la repentina pérdida de 15.000 de sus habitantes –unos 2,3 millones de euros cada año- dado que lo que ocurrirá es el restablecimiento de una situación legal que jamás debió quebrarse. Lo que nos conduce a preguntarnos cómo se le van a pedir responsabilidades a quienes consiguieron para la ciudad, por métodos supuestamente fraudulentos, la misma cantidad multiplicada por los diecisiete años correspondientes, es decir, unos 40 millones. A no ser que haya que devolver la pasta para repartirla entre los municipios que, en aplicación de las proporciones correspondientes, la perdieron. Otra cosa es que alguien consiga hacer una figuración de los resultados electorales resultantes de apartar a esos 15.000 habitantes –caso de ser todos mayores de edad durante todo el periodo- del censo electoral. En caso de ser abstencionistas y en el caso de que, ale hop, hayan votado a Coalición Canaria.

Tercer triunfo de los pediatras del hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria sobre la autoridad sanitaria competente, o algo así, representada en la zona por la gerente del complejo Materno-Insular, Isabel Gutiérrez. La Consejería de Sanidad se vio obligada este miércoles a emitir un comunicado desmintiendo que esté entre sus intenciones la de fusionar las unidades de cuidados intensivos de ambos hospitales, pretensión a la que se opusieron ferozmente esta misma semana, manifiesto mediante, los pediatras del hospital de referencia. Sin su jefe, hay que aclarar, porque de un tiempo a esta parte los pediatras del Materno tienen que defenderse solitos ante lo que ellos consideran desidia absoluta del jefe del Servicio, el doctor Francisco Machado, que ni está (a la hora que tiene que estar) ni se le espera (para dar la cara por el servicio). Si las cuentas no nos fallan, esta es la tercera ocasión en la que los pediatras, casi constituidos en asamblea permanente, logran torcer las intenciones de la gerencia hospitalaria. Primero fue la abolición de las guardias, luego la desaparición de la unidad de cirugía pediátrica, y ahora la unificación de los cuidados intensivos con el Insular, desmentido por la consejería. Nadie sabe a estas alturas si es una marcha atrás de la consejera o un nuevo patinazo de la gerente, que se lanza a tomar decisiones sin medir sus consecuencias.

Hay que ver la de cosas que pueden aflorar en un programa de debate en televisión. Ocurrió la noche de este martes en El Envite, de Televisión Canaria, cuando en el tramo final la copresentadora, Emilia González, sacó a colación el Carnaval y preguntó a la invitada, Ana Oramas, si es o no carnavalera. La respuesta fue cualquier cosa menos la esperada, porque cabía pensar que la diputada nacionalista lo fuera, hasta que anunciara su disfraz. O que no lo fuera y se excusara en el deseo de aprovechar estos días para estar en familia. Pero no, Oramas sorprendió a todos proclamándose fiestera pero confesando que estos días de tanto relajo no sale a la calle porque está "harta de que me toquen el culo". Tan políticamente incorrecta confesión gustó a los periodistas presentes en el plató, que le hicieron explicarse un poco más, lo que condujo a la invitada a destacar sobre todo a "borrachos conocidos" como los especímenes más coñazos de todo el universo carnavalero. Y ahí paró, aunque ya fuera de emisión a los presentes ofreció un par de nombres de borrachos conocidos que nos reservamos por la confidencialidad exigible, pero que despertaron la unanimidad del respetable por su querencia al güisqui pesado.

Lo sabían, lo sabían en la Delegación del Gobierno; lo sabían en la Abogacía del Estado; lo sabían en la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma, y lo sabían en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Aun sabiéndolo, todos a una se conchabaron para construir una inmensa patraña con la que perjudicar a la juez Victoria Rosell, incómoda hasta el punto de la esquizofrenia en algunos de esos organismos e instituciones citados. La patraña no fue otra que la de la intromisión de la magistrada en las medidas cautelares tomadas para proteger los derechos de los 17 inmigrantes supervivientes de la patera arrollada por la Guardia Civil el pasado 13 de diciembre en Lanzarote. Hernández Bento, la delegada de Soria en Canarias, emitió una estúpida queja a ver por qué el auto del juez Tomás Martín – de guardia cuando se decretó paralizar las expulsiones- tenía como pie de firma el de la juez María Victoria Rosell. La resolución de la queja, con natural archivo, lo ha explicado correctamente, tan correctamente que hasta se han omitido algunas expresiones hacia la quejosa para evitar empañar las relaciones entre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Delegación del Gobierno. El varapalo es elegante, pero es varapalo. Aunque se lo esperaran. Y van tres.

Pleno del Ayuntamiento de Mogán, incidente seguro. Este lunes volvió a celebrarse sesión plenaria en las Casas Consistoriales de ese pintoresco y muy turístico municipio que dirige con ese inconfundible estilo el alcalde Francisco González, al que cariñosamente llamamos Paquirrín. La oposición, que empezó siendo de concejalas irradiadas del PP pero que se ha nutrido en este mandato con la impagable presencia de Onalia Bueno, compañera de sumario del alcalde, termina indefectiblemente en la calle o avasallada por Paquirrín, al que ahora ha dado por prohibir que los plenos puedan ser grabados por alguna cámara que no sea la de un medio informativo o el canal televisivo municipal. Un miembro de Ciuca intentó la hazaña y fue expeditivamente expulsado de la sala por la Policía Local, que por prohibir incluso quería prohibir ser grabados en la calle. Dentro, mientras tanto, seguía la fiesta, que se alargó por espacio de siete horas durante las cuales hubo tiempo para que el alcalde y la oposición intercambiaran lindos epítetos. Testigos presenciales aseguran que Paquirrín llegó a llamarlos gamberros y golfos, mientras que a él le regalaron el calificativo de dictador. Eso además de preguntarle en el tramo final del pleno sobre el alma caritativa que le regaló las lajas del jardín de su casa (en referencia al sumario de Góndola), una vez él había asegurado –sin que nadie se lo preguntara- que su viaje y el de su señora a Fitur se lo pagó de su bolsillo. Uf. ¿Y Onalia? Siempre tiene Paquirrín palabras de cariño hacia ella: “Es una pena que no quiera debatir y se esconda tras un bulldog”, le soltó en cortés referencia al concejal Mencey Navarro. 

Pero, a lo que íbamos. Paquirrín no quiere cámaras desafectas en los plenos municipales que preside porque, según dijo, luego manipulan lo que él dice. Y lo manipulan “politizándolo”, como si el juego que él juega fuera cosa distinta a la política. Qué hombre este. Debería aprender, miren ustedes qué cosas, de ese ejercicio de transparencia que nos viene prometiendo el alcalde de Las Palmas de Gran Canariua y compañero de partido de Paquirrín González. Dice Cardona, y dice Sabroso (tanto monta, monta tanto) que hasta van a transmitir los plenos de la ciudad vía internet, para que cada cual saque sus conclusiones y aprendan lo duro que es regir esa urbe y lo más duro que resulta estar en la oposición al que rige esa urbe. Pero de todo lo que el alcalde de Mogán dijo el lunes en el pleno, nos quedamos con una gloriosa frase para la posteridad: “El Estado de Derecho se basa en el cumplimiento de las leyes”. Muy bien, Paquirrín, y de ahí el sumario de la operación Góndola, abierto para que toda la ciudadanía conociera de primera mano qué estricto es ese Ayuntamiento y algunos de sus concejales ante la Ley.

Es una joya el jefe de la Oficina de Urbanismo de la ciudad de Telde, José Luis Mena, que no sale de un lío para meterse en otro, y cada uno de ellos íntimamente vinculado con el Código Penal. Es cierto que no pesa sobre él condena alguna que lo inhabilite para ocupar ese puesto tan delicado, a la par que arrebatadoramente tentador, pero el cúmulo de imputaciones que atesora precisamente por una mala praxis en su desempeño aconsejarían apartarlo cautelarmente para que, al menos, no siga provocando estos escándalos. La última es la petición del Ministerio Fiscal de cuatro años de prisión a su favor por haber presuntamente falsificado documentos en el expediente del caso Alisios, la famosa urbanización de La Garita cuya gestión ha costado la carrera política al ex concejal de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez. Cierto que el escrito de acusación de la fiscal, que deja a Mena en una situación nada honrosa, trata de salvar la sentencia condenatoria que emitió la juez Mónica Oliva, pero más cierto es que Jiménez va a agarrarse a esta acusación a Mena para recurrir su sentencia de inhabilitación que le condujo a la dimisión sin esperar le firmeza de la Audiencia Provincial y del Supremo. Y otros campando a sus anchas por esos expedientes de dios

No hay excusas, ni siquiera la del amor fraternal. La reaparición de Ana Mato en los papeles de Gürtel, el informe de hace unos días de la UDEF en el que se le señala como beneficiaria de viajes y de lujosas fiestas de cumpleaños de sus hijos pagadas con dinero de la trama corrupta, tienen que haber dolido especialmente a su hermano Gabriel, eurodiputado palmero (porque está adoptado como palmero hace muchos años). Pero ni siquiera el dolor que le produce esa situación de su hermana, acrecentado por el mal trago que atraviesa su partido acuciado por la corrupción justifican que haya dicho lo que dijo este lunes a la Cadena Ser en La Palma. “Rubalcaba es el menos adecuado para hablar de nada de esto [la dimisión de Rajoy], sobre todo cuando vemos su trayectoria de hace muchos años en todos los ámbitos; y no sólo de contabilidades sino de otras muchas cosas, y me estoy refiriendo a atentados y otras cuestiones”. Desgraciadamente, el periodista se quedó tan estupefacto que dejó escapar la oportunidad de requerir al eurodiputado del PP una explicación ante esa grave acusación. ¿Rubalcaba implicado en atentados? Gabriel Mato está obligado a explicarse urgentemente o, en su defecto, a pedir disculpas públicas a Rubalcaba por ese exabrupto que deja en mal lugar a un político al que siempre en esta casa hemos considerado persona cabal y centrada.

 La cita tiene su morbo, no se vayan a creer, y seguramente va a llenarse el salón. El ex dirigente socialista Santiago Pérez, en la actualidad concejal de XTenerife en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, en cuya Universidad imparte clases de Derecho, va a pronunciar una conferencia este jueves en el Parlamento de Canarias. Hasta ahí, nada especialmente notable. Pero si les decimos que va a hablar sobre el Senado, o más concretamente, sobre si hay lugar para el Senado, la cosa empieza a ponerse calentita. Pérez ha sido de casi todo en política, donde entró casi con pantalón corto. Y ha sido senador y un curioso y crítico observador de la política, de las instituciones y de los que las ocupan con desigual acierto. La conferencia la organiza el Parlamento de Canarias, donde el conferenciante fue una pieza clave en la anterior legislatura, y también aparece en los títulos de crédito el Colegio Notarial de Canarias, al que perteneció su difunto padre. Pero esperen, que hay un dato más que quizás les pueda parecer aún más atractivo: a Santiago Pérez lo va a presentar Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias y amigo del conferenciante, al que trata de embaucar con todos los encantos a su alcance para que se convierta en el bastión tinerfeño de ese nacionalismo de izquierdas romanista con pata establecida en Gran Canaria y con ganas de establecerse en la isla vecina. Otros ingredientes morbosos: el Estado de las Autonomías, en entredicho; Cataluña, tirando del derecho a decidir; los españoles, hartos de políticos y de instituciones huecas… El día, jueves 7 de febrero. La hora, las 19.00. El lugar, el Parlamento de Canarias. Vayan con tiempo que eso se va a llenar.

Pensábamos que eso de viajar de gorra era un endemismo canario, pero está más extendido de lo que imaginábamos dentro del Partido Popular. Soria fue imputado por dejarse invitar a un viaje de placer en el jet privado de un promotor turístico al que tramitaba una millonaria declaración de interés general, Anfi Tauro. Águeda Montelongo está a punto de tener que dar explicaciones en un juzgado de Puerto del Rosario por haber invitado con dinero público a varios altos cargos de ese partido (entre otros al actual secretario de Estado de Seguridad Social) a pasar plácidos fines de semana en Fuerteventura. Ahora es Ana Mato la que tiene que explicar por qué su nombre y el de sus hijos aparecen con cierta frecuencia en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como beneficiarios de unos viajes pagados con dinero de la trama corrupta Gürtel. Viajes, payasos, confeti y sopladeras, según puede leerse en ese informe policial de 81 folios a disposición de cualquier españolito curioso y del juez Ruz, de la Audiencia Nacional. Entre 2000 y 2004, la familia Sepúlveda-Matos recibió “distintos servicios turísticos a través de la agencia Pasadena Viajes” por importe de 50.049,01 euros, incluyendo vuelos de avión, billetes de tren, hoteles y coches de alquiler. Repasando la relación de viajes pagados por la trama corrupta descubrimos que la señora Mato viajó en ese periodo en distintas ocasiones a Tenerife y en algunas otras a La Palma en compañía de sus hijos. Ambos destinos tenían como objeto desplazarse a visitar a su padre y a su hermano, el eurodiputado canario residente en Santa Cruz de La Palma Gabriel Mato. Porque en la capital palmera también vivía su padre, fallecido en 2011, y a la capital palmera se desplazaba asiduamente la señora ministra de Sanidad, unas veces esponsorizada por Gürtel, otras veces rascándose el bolsillo y otras vaya usted a saber.

En ese empeño de Taboada por merendarse a la autonómica y colocar a su señorito, José Manuel Soria, en todos los Telecanarias, en febril remedo de Paulino, la respuesta de los telespectadores no podía ser más deprimente. Por quinto mes consecutivo, la televisión pública más vista en Canarias fue en enero la que dirige con sus cosas de él Willy García, con un exiguo 7,3%, frente a un mucho más exiguo 6,6% de la cadena estatal. Ante unos números tan evidentes, parece claro que si la cuestión es cerrar una cadena pública en Canarias para ahorrar costes, no es precisamente el objeto de deseo de José Manuel Soria la que más papeletas tiene. Y eso si es que hay que cerrar alguna cadena, porque no es de recibo que todos los problemas económicos los resuelva el Gobierno de Rajoy decapitando periodistas, cuando le son manifiestamente desafectos o cuando están callados por temor a que vuelvan a las andadas cuando gobiernen otros. Oye, por cierto, ¿y qué fue de la combatividad sindical, antaño tan agria contra la televisión que el PSOE consiguió tornar plural y líder de audiencia?

La frase con la que Cristina Tavío ha igualado –o quizás superado, juzguen ustedes mismos- a Ana Mato la pronunció en la entrevista en El Día cuando el periodista le preguntó si son muy caros los tratamientos de fertilidad como el que la ha convertido en una futura mamá con más de siete meses de embarazo. La respuesta fue que sí, que son caros, a lo que añadió: “Yo me lo he podido pagar, pero entiendo que haya mujeres de clase media que no”. No hace falta que la traduzcamos, ¿verdad? En su descargo debemos decir que ha anunciado que pedirá a su partido que la cobertura para estos tratamientos no acabe a los 38 años para que mujeres de hasta 43, como es su caso, puedan acceder a él sin coste. Para el consumo interno de su partido dejamos otra frase gloriosa que profirió en esta entrevista cuando el periodista le preguntó por el aborto: “Creo que los supuestos en los que un niño debe continuar hay que dejarlos en manos de los médicos”. Los más conservadores de Nivaria se subían por las paredes este domingo.

Un quiero, pero no puedo. Los frenéticos intentos del PP por primar a Televisión Española en Canarias en las retransmisiones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se han tropezado con la cruda realidad. El público da la espalda a la cadena estatal de modo apabullante después de que la muchachada de Rajoy entrara en ella como elefante en cacharrería e impusiera el NO-DO como referente informativo y la caspa como lo más ponible sobre los hombros. Esa pérdida de credibilidad y de audiencia se ha extendido a algo hasta ahora masivo, como la retransmisión de la gala de elección de reina del Carnaval de la capital grancanaria, que en esta ocasión fue seguida tan sólo por once de cada cien personas que veían la tele en esos momentos. Un registro histórico, el dato más pobre de la historia de esta retransmisión, lo que ha animado a los críticos a recordar que esa cadena hace ya tiempo que dio la espalda a los actos populares más seguidos por la gente y que imponerla como cadena oficial por motivos puramente políticos no resuelve sus déficits. El empeño de su director regional, Carlos Taboada, por situarla como la tele que desbanque en penetración e influencia a Televisión Canaria sigue yendo por muy penosos derroteros porque ni siquiera el peor dato del viernes en la autonómica cayó tan bajo como los registros de TVE-C.

Las redes sociales no han tenido piedad de la ministra de Sanidad, Ana Mato, como les hemos contado aquí revolcada en estos momentos en las procelosas olas que ha formado la marejada Gürtel, probablemente por la cabeza loca de su ex marido, al que debió preguntarle alguna vez de dónde salía tanto lujo. La estaban esperando en la bajadita y ha bastado la noticia de que los payasos y el confeti de los cumpleaños de sus hijos los pagaba una empresa de la trama corrupta para restregarle que es una señora muy de derechas y ejecutora de una buena parte del estado del bienestar. Manuel Jabois, en El Mundo, recordaba este fin de semana lo pija que es nuestra ministra. Y lo demostró cuando una vez le preguntaron por cuál es para ella el mejor momento del día contestó que "por la mañana, cuando veo cómo visten a mis niños". Pija y ricachona, salvo que a la ecuatoriana a la que pagaban los de Gürtel los billetes para que vistieran a los niños allí donde fueran, no la tuvieran de alta en la Seguridad Social y le pagaran una miseria. Capaces son. Pero a lo que íbamos, las frases pijas de la ministra Mato tienen su remedo autóctono en nuestra admirada Cristina Tavío, que este domingo apareció entrevistada en el periódico El Día para hablar de sus cosas íntimas y familiares. Ella explota como nadie sus dones, tanto los intelectuales como los físicos, muy admirados estos últimos por el dueño del periódico desde que le publicó en portada una foto en bikini saliendo del mar en plena campaña electoral.

Ya lo habrán leído en la crónica de nuestro compañero en Madrid Federico Echanove: Soria tuvo una larga intervención en el comité directivo nacional del PP del pasado sábado, en el que Mariano Rajoy ejerció de Aló Presidente para proclamar vía satélite que él era un aplicado opositor que viviría mejor con su sueldo de registrador de la propiedad. A ver quién si no lo mandó meterse en este tinglado del que va a salir bastante mal parado. Políticamente, añadimos acto seguido en aplicación de la doctrina pepitiana de que todo vale si lo que se dice lleva ese latiguillo. Pero a lo que íbamos, Soria se explayó y hasta se puso como ejemplo de político casto y puro perseguido por los malvados periodistas que incluso lo lograron sentar ante una juez y un fiscal anticorrupción por el llamado caso Salmón. Y aquí me tienes, Mariano, vivito y coleando, así que no te preocupes, admirado presidente, que de esta también salimos. Claro que Soria no contó que para salir de aquel atolladero le echaron un par de manos gloriosas que tuvieron incluso el descaro de proclamar que no era de recibo acabar con aquella prometedora carrera política por un cohecho impropio que la fiscalía dio por prescrito y la juez por justificado. Soria se posiciona ante la dirección nacional de su partido por si hubiera o hubiese alguna posibilidad de ser él el elegido para sustituir a Rajoy en aplicación de la exigencia lanzada este domingo por Pérez Rubalcaba de que dimita y de paso a otro presidente que transmita más confianza y fiabilidad. Y en eso Soria es un campeón. Si no, que pregunten en Repsol.

Los papeles del ex tesorero del PP han servido para corroborar lo que muchos sospechaban: que hay una financiación ilegal de ese partido, que la trama de Gürtel tenía hijo directo con Génova 13 y que puestos a escamotear ingresos a la Agencia Tributaria, los campeones no solo están en Suiza. Rubalcaba se ha lanzado a pedir la dimisión de Rajoy porque sabe que este escándalo no ha hecho más que empezar, que aflorarán más detalles truculentos y que el presidente y su Gobierno han entrado en barrena al perder toda la credibilidad ante la sociedad española. Como le pasó a Zapatero en sus meses finales, ya puede el PP en peso hacer una rogatoria y pedir perdón todos a una, con los coros del Orfeón Donostiarra, que el crédito está ya completamente perdido por agotamiento sistemático del personal. Es cuestión de tiempo que caiga Rajoy, y sólo falta por saber de qué modo lo hará, si delegando en otro o si convocando elecciones generales en el convencimiento de que una parte del incauto pueblo español le seguirá votando pese a todo. Las encuestas hablaban este fin de semana del final del bipartidismo, pero en ellas no se contempla que el PSOE sigue vivo y con capacidad para tener, de repente, una genialidad, como convocar unas primarias muy abiertas y que las gane un candidato o candidata que haya mantenido siempre un discurso coherente y combativo y que esté en disposición de hacer majo y limpio. Esa persona podría dar un vuelco a la actual situación y evitarnos a todos un experimento tipo Rosa Díez. U otro iluminado peor, que los hay.

¿Y está Canarias en los papeles del ex tesorero del PP? Pues sí. El País publicaba este domingo las 14 páginas de ese famoso cuaderno que ha hecho temblar las estructuras del partido que sustenta actualmente al Gobierno de España. En esa relación de cobros y de pagos aparece varias veces el Archipiélago con apuntes poco clarificadores. Por ejemplo, hay un pago de 250.000 pesetas en 1991 que se ordena en favor de un tal Viñares, al parecer por indicaciones de Francisco Álvarez Cascos y Mariano Rajoy. La anotación dice exactamente “Entrega a Viñares (Canarias, Cascos/Rajoy)”. Ninguna de las fuentes consultadas han podido explicarnos quién es el tal Viñares, si es que existe, y a qué pudo destinarse por tanto ese dinerito. En los asientos de 2001, diez años después, Bárcenas anota la salida de 4.600.000 pesetas con el siguiente concepto: “Deuda Tenerife Telemarketing”. Es una deuda que se paga en septiembre de 2001, un año y pico después de las elecciones generales de 2000, que el PP ganó en esa provincia con tres escaños y más de 140.000 votos. Es imposible determinar cuántos de esos votos se obtuvieron gracias al telemarketing que ahora sabemos se pagó por procedimientos muy poco ortodoxos, alejados del control del Tribunal de Cuentas. Bueno, por llamar control a lo que pudo haber hecho ese organismo cuyo presidente también aparece donando dinero al partido. En 2000 resultaron elegidos diputados del PP por esa circunscripción Gabriel Mato (europarlamentario y hermano de Ana Mato), Alfonso Soriano Benítez de Lugo (actualmente irradiado de la disciplina pepera) y María del Cristo Reyes Miranda (a la que no tenemos el gusto de conocer).

El Partido Popular está infectado de corrupción. La mancha alcanza a todas las autonomías y ya ha llegado a la cúpula nacional con la trama de Gürtel y el descubrimiento de que allí mamó hasta el apuntador. Pero ese contagio multiorgánico no nos debe distraer de la especialidad de la casa, la corrupción en el PP de Canarias, el partido con más casos abiertos en el Archipiélago desde que José Manuel Soria se hizo cargo de la dirección regional. Bueno, y desde que se crearon las delegaciones provinciales de la Fiscalía Anticorrupción, una de las decisiones más funestas para los intereses de ese partido. Como habrán visto en este periódico, ya hay fecha y agenda para el primer juicio por corrupción de la era soriana, el del caso Grupo Europa, por el que se va a sentar en el banquillo de los acusados en el TSJC nada menos que Jorge Rodríguez, diputado regional, portavoz parlamentario de economía y miembro de la dirección regional del PP. Es el primer juicio por corrupción pero no el primer caso de corrupción que estalló en los alrededores del hoy ministro. El primero fue el caso Eolo, en el que entre todos salvaron a Luis Soria (a la sazón consejero de Industria) de una investigación por la que sólo acudirán a juicio un director general subordinado del hermano del señor ministro y unos empresarios que trataron de aprovecharse de una información privilegiada y sobornar a funcionarios públicos para conseguirlo. La sucesión interminable de recursos y de escaramuzas ha frenado la celebración de ese juicio, situación similar a la que padece el otro gran escándalo de corrupción del PP canario, el caso Faycán, en el que se descubrieron pagos de comisiones ilegales y financiación ilegal del partido en Telde. Se quejan de que sus casos no llegan a juicio porque no hay casos. Pues bien, ya tenemos el primero en el horizonte: el 27 de febrero en el TSJC.  Hay caso y hay corrupción en el PP canario. Vaya si hay.

 La noticia habrá sentado como otro golpe de muerte al sector de las renovables: el ministro Soria ha asestado un nuevo recorte a las primas para el sector en una palpable muestra de que las energías limpias a este Gobierno le importan exactamente una higa. La coartada ha sido nuevamente el déficit tarifario, un caballo que el Gobierno no ha sabido o no ha podido embridar y que no parece que tenga otra solución que la que pasa por que paguemos entre todos los compromisos con las grandes compañías eléctricas. Pero la decisión del Gobierno supondrá otro nuevo golpetazo a Canarias, que venía intentando reponerse a las primeras medidas antirrenovables de este ministro mediante algunas decisiones autonómicas de la mano de la incansable Paquita Luengo. Su último anuncio del autoconsumo, que precisa de un decreto del Ministerio de Industria para regular el flujo hacia la red de la electricidad sobrante en cada hogar que se acoja a esa modalidad energética. La sucesión interminable de estocadas a las energías limpias podría traducirse en acciones judiciales de las empresas del sector, algo que a Soria parece no preocuparle demasiado, sabedor de que cuando lleguen las sentencias él ya estará lejos del Gobierno disfrutando de los frutos de su impagable esfuerzo por los españoles.

Más de 3.800 insultos en año y medio contra Paulino Rivero. Esa fue la cifra que blandió este viernes en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife el abogado del presidente del Gobierno durante el juicio por vulneración del derecho al honor contra el dueño, editor y director del periódico El Día, José Rodríguez Ramírez. Insultos tan sonoros como rata o ladrón, cuya acepción e intencionalidad trató de explicar ante el tribunal un ofuscado don Pepito con el éxito acostumbrado: ninguno. Porque es difícil explicarle a una juez que cuando se llama ladrón a un presidente de Gobierno el editorialista quiere decir “ladrón político”, lo que se le complicó enormemente al señor editor cuando le preguntaron por la definición de “rata política”, que él quiso equiparar a alimaña para tratarlo de arreglar a su manera. Claro que la cosa se torna imposible cuando se le quiere añadir el calificativo de “político” a la expresión “hijo de p.”, que el insigne faro de Nivaria trató de despejar como pudo diciéndole al abogado que era un mal pensado si creía que la p era de “puta”. Porque una cosa es hijo político de una puta y otra bien distinta “hijo de puta político”, que no nos figura, oiga. La juez, además de no salir de su asombro ante la inmensa cara dura del editorialista, lo llamó a capítulo en al menos tres ocasiones para que concretara sus respuestas y contestara convenientemente al abogado de la acusación.

Los papeles de Bárcenas conmovieron España este jueves, de eso no parece haber duda. Por mucho que hayan pinchado las manifestaciones convocadas a través de las redes sociales ante las distintas sedes del PP. Va calando, por lo que parece, el estado policial impuesto por el PP para que cualquier estallido de protesta social, incluida la crítica al partido del Gobierno, se convierta acto seguido en represión, lo que disuade a cualquiera. A mitigar de alguna manera el cabreo ciudadano contribuyeron fielmente este jueves los periódicos de la caverna, que enseguida cerraron filas con la versión ofrecida a mediodía por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Así, La Razón destacaba a última hora del día la convocatoria de comité extraordinario del PP para este sábado con el fin de analizar el caso Bárcenas. Con la misma relevancia tipográfica, solo unos centímetros más abajo, el diario que dirige Paco Marhuenda destacaba que la fiscalía “pide a Hacienda un informe sobre las cuentas del hijo de Pujol”, una manera como otra cualquiera de alimentar la tesis de que si el PP es corrupto será porque todos los demás lo son igualmente. Más distante de las tesis gubernamentales –en su línea habitual- el periódico de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, destacaba por la noche el ataque a Rajoy que suponen los papeles aireados por El País. El diario ulterliberalote de Losantos también recogía un desmentido del periodista sobre el presunto cobro de más de 36.000 euros a la empresa editora que aparece en las anotaciones divulgadas este jueves. El ex predicador de la COPE, hoy en esRadio, ha dicho que si alguien hubiera cogido por error aquel dinero, inmediatamente lo transferirían a los comedores de Cáritas. Al igual que el PP, que anda con el gatillo fácil, también don Federico amenaza con querella contra todo aquel que ose poner en entredicho la honorabilidad de su empresa periodística.

Más a la derecha de Jiménez Losantos, pero arcabuz apuntando al PP, el periódico La Gaceta se abrazaba tanto a las tesis de El País que hasta publicaba una entrevista con su periodista Francisco Mercado, autor de muchas de las informaciones del caso Gürtel y uno de los más afamados redactores de investigación del diario de Prisa. Y para que no quedaran dudas de su descontento con Rajoy y con el PP, que no los mima como ellos creen merecer, la portada iba presidida esta pasada noche por una gran foto en la que se ve el flamear de una bandera con el rostro de Rajoy deformado como si de un espejo de feria se tratase. Pero de todas las portadas de la prensa conservadora en este aciago día para el Partido Popular, nos quedamos con la del ABC, que en su edición digital incluía la noche de este jueves un apasionante reportaje sobre la capacidad del búho para “girar el cuello de forma extrema, hasta 270 grados en cualquier dirección, sin dañar sus delicados vasos sanguíneos y sin cortar el suministro de sangre al cerebro”. Una pieza así tras un bloque de noticias primorosamente favorables a las tesis de defensa del PP da mucho que pensar: se puede mirar para otro lado sin que ni siquiera te de un simple mareo. Así que, todos a mirar al hijo de Pujol y a ver si encontramos una noticia de la tal Amy esa. ¿Y Zapatero no cobraba en B? ¿Algo por ahí de Felipe González? Cuidado, que los búhos son los búhos.

Llegó la hora de conocer, de boca de los responsables de la cadena mallorquina RIU, los pormenores de su proyecto para el nuevo hotel Maspalomas Oasis, después de que tuvieran que ser sus competidores –tras arduas gestiones en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana- los que los mostraran a la prensa. RIU ha convocado a los medios informativos a un desayuno de trabajo este sábado, a las 09.30, en el actual Maspalomas Oasis con el doble objetivo de dar su versión sobre su propio proyecto y, de paso, mostrar el estado en el que se encuentra el veterano establecimiento, uno de los motivos que a juicio de la cadena aconsejan su demolición y sustitución por otro edificio. Si nos invitan, iremos y les contaremos.

Un mal día para defender la política. O mejor, un pésimo día para defender al PP, porque como nos decía esta pasada noche un destacado dirigente socialista, “cuando aparece un cadáver y a su lado un tipo con un revólver humeante en la mano, no puedes culpar a todo el vecindario”. El Partido Popular se hundió este jueves un poco más en el fango de la corrupción al publicarse en El País, y luego en toda la prensa española e internacional, los papeles de Bárcenas, el ex tesorero del partido. Decidido a no caer solo en las garras de la trama Gürtel, Luis el Cabrón (como aparecía en la contabilidad de Correa y compañía) no solo ha entregado al juez la contabilidad B del PP, sino que se la ha hecho llegar cariñosamente a El País tras comprobar que Pedro J. Ramírez quiso salvar desde el primer día de los pagos irregulares a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, con su credibilidad y su honorabilidad por los suelos, recibió 25.000 euros al año durante once años de la caja B del PP, lo que significa que no declaraba esos ingresos extraordinarios, un motivo más que suficiente para dimitir de inmediato. Porque no se puede exigir lo que se está exigiendo a los españoles, con una Agencia Tributaria triturando al contribuyente; no se puede pedir que transmitamos a los mercados una imagen de país serio si su presidente fuera o fuese un redomado chorizo. O un presunto, pero redomado, chorizo. ¿Y José Manuel Soria no habló del asunto este jueves sobrecogedor? Pues no nos consta, con lo mucho que nos hubiera encantado saber si se encuentra en la unidad de quemados de cualquier hospital público o privado de Madrid curando la mano que puso en el fuego hace ocho días por la contabilidad de su partido. Los cronistas lo situaron en Illescas, Toledo, donde acudió con Cospedal a inaugurar un centro de logística de Toyota.

El estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas sorprendió a Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, camino de Canarias, donde tenía previsto asistir a una reunión del comité de enlace entre la dirección regional y la Ejecutiva Federal, además de una visita de cortesía a Paulino Rivero. Pese a la magnitud de la noticia y las importantes consecuencias que puede generar, Rubalcaba decidió mantener su visita a Canarias, varias veces pospuesta por problemas de agenda. Aquí, en un encuentro programado con la prensa, se mostró cauto pero contundente, lo que confirma que el PSOE maneja información sólida de la autenticidad de los papeles de Bárcenas y sobre lo que queda por aflorar, que muy probablemente acabe con la carrera política de Mariano Rajoy y una buena parte de la cúpula directiva del PP. Por eso, Rubalcaba se dirigió particular y especialmente al presidente del Gobierno con una pregunta sencilla y directa: ¿cobró o no cobró en B? Mucho nos tememos que el jefe de los socialistas conoce la respuesta pero ha preferido esperar a que Rajoy de la cara para a continuación, sea cual sea su respuesta, pedir su dimisión. Si cobró, por cobrar; y si no cobró, por mentir. Porque las pruebas presentes (y lo que anuncian las futuras) apuntan a que el presidente del Gobierno recibía un sobresueldo por el que no cotizaba. Las consecuencias jurídicas serán lo de menos, básicamente porque los posibles delitos estarían prescritos, pero las responsabilidades políticas serían extraordinarias.

Mientras unos sostienen que es Luis Bárcenas, o persona interpuesta, quien ha entregado a El País la contabilidad B del PP de 1999 a 2009 (año en que abandonó el cargo de tesorero al resultar imputado en la trama Gürtel), otros aseguran que los papeles son falsos. No tienen pinta de esto último si tenemos en cuenta que aparecen apuntes ciertos de Pío García Escudero, confirmados por él, y anotaciones del círculo más íntimo de multimillonario ex consejero. Como en todas las contabilidades al margen de la ley, hay espacio para el absurdo, como la compra de corbatas y trajes para Mariano Rajoy pagados con dinero de esa supuesta caja B del PP. Muy al estilo del Bragagate tan profusamente aquí comentado, con facturas de prendas íntimas para justificar los dineros del grupo municipal del PP en Santa Cruz de Tenerife. Pero todavía a Bárcenas -y mucho más a Cristina Tavío- le faltó un puntito de truculencia más en su libreta de pagos a la cúpula del PP para alcanzar en esa cualidad a la de la ya desaparecida ex lideresa del PP de Telde, Toñi Torres, que presuntamente apuntó el reparto de comisiones ilegales obtenidas en el Ayuntamiento de Telde durante el periodo 2003-2007, con iniciales de los concejales del grupo de gobierno y las correspondientes cantidades al lado. Torres y su esposo, el aún hoy interventor municipal de la ciudad, Enrique Orts, compartieron viajes a todo tren a lo largo y ancho de este mundo con otros imputados, viajes de los que venían cargados de regalos de lujo con los que agasajaban a sus compañeros de corporación y personal allegado.

Dice Paulino que eso del hotel Oasis es asunto doméstico que no se debe abordar en Fitur, donde estaba este miércoles para recibir a los Príncipes de Asturias y al ministro de Turismo, su amado José Manuel Soria. Se equivoca el presidente. Como se equivocan los que se empeñan en ceñir esta polémica a un pulso entre dos colosos empresariales, uno más coloso que el otro: la todopoderosa RIU y el grupo canario Lopesan. En esa polémica los canarios y sus instituciones se juegan mucho más que la altura de un hotel o el impacto visual que pueda generar en un entorno señero, donde la isla de Gran Canaria es rematada por un imponente faro. Lo que está en discusión además son cuestiones de mucho más calado, como el modelo de negocio hotelero que queremos para esa zona turística concreta; como la preservación de espacios naturales que forman parte de la imagen de ese enclave, o como la manipulación de una intención originaria (la de la Comisión Provincial de Urbanismo en 1983) para transformarla ahora en unos derechos privados consolidados a partir de la petición de un comité de empresa que por aquellas fechas temía por sus puestos de trabajo. No, no es un asunto doméstico ponerse del lado de los que están demostrando una apuesta firme por la calidad frente a los que fabrican hoteles con una estética y una etiqueta cuanto menos estéticamente discutible. Y Fitur es un buen sitio para plantear esos debates.

Cualquiera que pregunte en Cáceres por el Womad recibirá una respuesta concreta, desde el conocimiento que los cacereños tienen de un festival que lleva habitando en su casco histórico la friolera de 22 años. Gusta más a unos que a otros, lo aman unos con la misma intensidad que otros lo rechazan, pero forma parte de la ciudad y todos tienen que ver con él al menos durante una semana del mes de mayo. En Cáceres, salvo accidentes muy esporádicos, suele gobernar el Partido Popular, el mismo que tras treinta años de PSOE, manda ahora en la Junta de Extremadura. Ni en Cáceres ni en Extremadura se han planteado suprimir el festival por la simpatía política que pueda tener su directora en España y Portugal, la canaria Dania Dévora, a la que se le pudo ver muy feliz este miércoles en Fitur dando a conocer que habrá festival este próximo mayo en compañía de las autoridades extremeñas y cacereñas. En Las Palmas de Gran Canaria no hubo Womad en 2012, y es más que probable que no lo haya tampoco en 2013, ni en 2014… durante el tiempo que gobiernen la ciudad los que se despacharon el festival por motivaciones puramente sectarias. A ver si aprenden de sus correligionarios extremeños, que al menos en lo que concierne a este festival, se han puesto del lado de los ciudadanos.

Legítima, sin duda, pero aberrante. Así nos atrevemos a calificar la moción de censura que la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla (AIS), vinculada a Coalición Canaria, ha presentado contra la alcaldesa de la localidad, Fidela Velázquez, del PSOE, para hacer alcalde al único concejal del PP, Tomás Mesa, que hasta ahora gobernaba con los socialistas. Mesa, que parece hacer honor a una destacable vertiente de su apellido un día sí y el otro también, es un hombre conflictivo cuyas diferencias personales con la alcaldesa le han conducido a aceptar el ofrecimiento de AIS para hacer justo lo contrario de lo que querían los vecinos, que gobernara el PP. Porque si lo hubieran querido le habrían dado a ese partido unos cuantos votos más; ya, ya sabemos que es obvio, pero parece que en ocasiones es preciso recordarlo. Los últimos movimientos del PSOE para reconducir la situación y ofrecer incluso la alcaldía a los censurantes de AIS no han prosperado, y todo hace pensar que habrá escándalo y del bueno en San Juan de la Rambla. ¿Y en otros municipios? Bueno, hay destacados dirigentes del PSOE partidarios de pasar factura a Coalición Canaria por esa traición, pero sería una factura un poco extravagante, porque si hay partido en Tenerife que pacte mayoritariamente con el PP en los ayuntamientos, ese es el PSOE. Y no nos hacemos a la idea de que vayan a romper con los nacionalistas en alguna de las ciudades y pueblos que forman el área metropolitana, que es donde único hay pacto entre ambos.

Estas escaramuzas políticas de baja estofa son las que, en los distintos niveles de la atmósfera, han terminado provocando el hastío de la gente y su completo descreimiento de la política. Cierto es que la crisis ha hecho lo suyo también, pero si hubiera habido otra casta política y más moralidad, los efectos no habrían sido seguramente tan devastadores. El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar ha hecho, como se esperaba de él, una profunda disección de lo ocurrido con su partido, el PSOE, tanto al abordar la crisis como al gestionar el caudal de confianza que depositó en él una buena parte de la ciudadanía. Quizás sea el ex secretario general de los socialistas canarios una de las pocas voces con autoridad para hacer la autocrítica y la crítica, porque su discurso no ha cambiado un solo milímetro desde que entró en política, y provoca el mismo rechazo entre los que siempre lo han rechazado como la admiración entre los que creen que su marcha de Canarias fue una catástrofe. Dice estar concentrado en sus labores de europarlamentario, y debe ser verdad, pero más verdad es que tiene ojo y medio puesto en Ferraz y en lo que allí se está cociendo para sacar al PSOE del grave atolladero en el que anda metido. Sus más allegados aseguran que de momento solo quiere concentrarse en las próximas elecciones europeas (verano de 2014), en las que quiere volver a ser candidato por los socialistas españoles. Porque cree que los tiempos ahora han de correr necesariamente lentos. Ya lo ha dicho en su manifiesto de 32 páginas: Rubalcaba tiene tiempo y hay que apoyarlo. Luego –añadimos nosotros- vendrán las primarias y tras las primarias, las generales de 2015. Y en ese escenario es muy probable que tengamos al canario López Aguilar en la primera línea de fuego.

Es completamente injusto que descalifiquemos a nuestros políticos de manera generalizada, que los acusemos de estar de espaldas a las verdaderas inquietudes de la ciudadanía. Hay muchas y muy honrosas excepciones, como la protagonizada por partida doble en lo poco que va de semana por Ignacio González, presidente del CCN. Ya nos sorprendió que el lunes sacara un comunicado hablando de la Tuna universitaria, concretamente de La Laguna, y más concretamente la de Económicas, pero como aquello no fue suficiente, este martes ha enviado a los periódicos el escrito que metió por el registro instando al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, a ser más sensible con los chicharreros que eligen el Ayuntamiento para casarse. Al parecer, según la versión de Nacho González, a los contrayentes y sus allegados se les advierte severamente con una multa de 500 euros si por casualidad osan traerse a esos fastos a la Tuna para que ronde a los novios con toda la parafernalia de rigor, piruetas de pandero incluidas. Tan amenazante es la prohibición que el otro día la tuna tuvo que rondar a los contrayentes desde la acera de enfrente, tráfico mediante, para evitar un emplume. Está que se sale el líder centrista: “De continuar así no se casará nadie en Santa Cruz, pues prohibirán a los ciudadanos divertirse y les ordenarán aburrirse por decreto” lo que le condujo, como decíamos, a escribir al alcalde para “que permita a la Tuna Universitaria felicitar a los novios con sus canciones antes que la ciudad se quede triste y sola como Fonseca”.

Les recomendamos que permanezcan atentos a sus pantallas porque la partida que se está jugando en el tapete del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en torno a la sentencia que anuló el proceso de privatización de Emmasa, la compañía de gestión del agua, va camino de convertirse en catástrofe mayúscula. No son moco de pavo los más o menos 170 millones de euros que podría reclamar Sacyr si, como se ve venir, hay que anular el concurso de 2005 y retrotraer su tramitación al momento en el que tenía que haberse aprobado la memoria justificativa de la privatización del servicio. Zerolo lo hizo mal, como hizo mal tantas cosas, pero bien que se gastó los 50 millones que la compañía ingresó en las arcas municipales en aquel plan de barrios que le sirvió de mucho para ganar sus últimas elecciones municipales, las de 2007. Pero al menos logró, con la astucia que le permitió irse de rositas después de tantas tropelías, que el denunciante del caso, Ángel Isidro Guimerá, no exigiera la ejecución de sentencia. Para eso lo hizo miembro del gobierno municipal, dándole mando en plaza, sueldo y gastos de representación, de modo que expiró el mandato, Zerolo fue ascendido por CC al Senado y la sentencia se quedó durmiendo el sueño de los justos. Hasta que Ciudadanos, el partido de Guimerá y de Guigou, la ha desempolvado para regocijo de Sacyr que, con la que está cayendo, estará poniendo una vela a la Virgen de la Candelaria para coger el dinero (dinero que no hay) y echarse a correr.

Vaya, vaya, así que Juan Domínguez mister Transfugeitor, también enchufó a su cuñado en la Fedac. Este hombre es un crack, una constante fuente de inspiración para los que consideran que algunos van a la política exclusivamente a chupar del bote. Todavía resonaban en nuestros frágiles oídos las graves palabras del vicepresidente del Cabildo (sí, este portento es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria) en las que afirmaba que representaba a los grancanarios en la ardua defensa del interés general. José Miguel Bravo de Laguna está tardando en retirarle todas sus competencias, claro que en tal caso Domínguez le podrá decir que para nepotismo el de su partido de aquel, el PP, que esta semana se ha vuelto a lucir de lo lindo con la designación de comisionados para negociar con el Gobierno los flecos (y las mechas) del Pacto por Canarias. En un gesto torpe impropio de él, Asier Antona, secretario general, se encargó personalmente de anunciar los nombres de los doce hombres y mujeres sin piedad, entre los que se encuentra su señora esposa, la parlamentaria Aurora del Rosario. No nos parece mal la elección –por mucho que nos siga llamando la atención que una señora natural y vecina de La Palma sea diputada por Gran Canaria- pero sí que Antona no delegara el anuncio, vía comunicado, en otro alto cargo de su partido, que los tiene a porrillo. Pero hay más antecedentes en el PP: Manolo Fernández colocó a su hijo en el Ayuntamiento de Santa Cruz; Soria a su hermano en la Consejería de Industria (y por poco el otro día en Argentina) e Ignacio González padre, en otras calendas, a Ignacio González hijo. Con lo que cerramos el círculo que nos conduce de nuevo a Juan Domínguez, hasta el otro día miembro de la comparsa santiaguera: allí donde fueres haz lo que vieres.

 Nueva andanada de reproches contra la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la Delegación del Gobierno en Canarias a cuenta de la pésima gestión que han hecho de la crisis de los inmigrantes víctimas del accidente de la patera que naufragó en diciembre en Lanzarote. No contentos con el ridículo que han vuelto a hacer ante la Justicia, que ha paralizado cautelarmente las expulsiones, este martes han tenido que soportar las valoraciones que de ellos han hecho nada menos que Amnistía Internacional y el diputado nacional Gaspar Llamazares, que ha anunciado acciones para afear a ambas instituciones su postura de impedir la tutela judicial efectiva a estas víctimas. En el programa La Ventana, de Ser Canarias, una portavoz de AI, Virgina Álvarez, condenó la cerrazón de las autoridades gubernativas españolas, aun reconociéndoles el derecho a controlar los flujos migratorios como desee, “pero nunca por encima de los derechos de las víctimas de un accidente”. Más directo fue Llamazares, que además de anunciar una batería de preguntas al Gobierno, descalificó a la Fiscalía Provincial y a la Delegación del Gobierno por su “falta de colaboración” en el esclarecimiento del accidente y su postura de “obstrucción a la justicia” por tratar de acelerar la expulsión de los afectados. Además, Llamazares anunció que esta misma semana se iba a dirigir al Consejo General del Poder Judicial para denunciar que la jueza de vigilancia del CIE de Barranco Seco, Victoria Rosell, ha sido “perseguida” y “dificultada en su acción judicial” por parte de la Fiscalía y la delegada del Gobierno en Canarias.

 Se trataba de hacer ruido, de introducir confusión en el caso eólico, donde el abogado Alfredo Briganty Arencibia es pieza clave en el intento de soborno a un funcionario y a un director general del Gobierno para obtener beneficios al margen de la ley. Y hay que reconocerle mérito a este obstinado imputado, capaz de hacer aparentar que una denuncia por espionaje de dos jueces se convierta en querella suya contra el que lo investigó durante meses, el magistrado Miguel Ángel Parramón. El juez titular de Instrucción 1, Alberto Puebla, acaba de notificar a las partes personadas en este paradójico proceso que vuelve a archivarlo, y no sin cierto cabreo. Porque a la manipulación que intentó hacer Briganty de la traición de otro imputado contra su abogado (Chus el de La Caja contra José María Aranda), se unió la colaboración impagable de la Sección VI de la Audiencia Provincial, que en un auto merecedor de ser estudiado en las Facultades de Derecho, ordenó que se investigara no al majadero maquinador, sino a los jueces denunciantes de la maquinación. Esperpéntico. El voto particular del magistrado Emilio Moya a aquel auto obra del siempre extravagante Salvador Alba ha servido de base no solo al fiscal, que solicitó el archivo de esta enésima majadería de Alfredo Briganty, sino también al juez Alberto Puebla , que ha dado otro carpetazo al asunto. El imputado Briganty, inasequible al desaliento anuncia, por su puesto, recurso y querella contra Parramón ante el TSJC. Sabe que se va a llevar otro soplamocos, pero también esa querella y el natural archivo que produzca la utilizará para decirle al jurado que la Justicia ha estado siempre compinchada contra él. Como don Pepito pero con mejores modales.

La cúpula de la Fiscalía se remangó la semana pasada para ayudar a la fiscal provincial de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, a firmar los recursos más elaborados de su carrera profesional. Se trataba de ejecutar un encargo de la superioridad, pero de la superioridad de su superioridad, para que nos entendamos. El encargo, por ser precisos, era “parar las patas” a la juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, que había osado proteger los derechos de una quincena de inmigrantes que querían reclamar ante el Estado posibles daños y perjuicios tras haber zozobrado por culpa de una patrullera de la Guardia Civil. Dos recursos, dos, que fueron ensolerados en la Fiscalía con gran esfuerzo (y alborozo) de sus máximos responsables que veían, como vio José Manuel Soria cuando lo llamaron para contárselo, la oportunidad de mortificar a la juez Victoria Rosell. Los recursos fueron inmediatamente entregados a la prensa para que los aventara este fin de semana, quizás en la creencia de que con esa acción la delegada del Gobierno y el ministro de Ultramar iban a conseguir su doble propósito de doblegar a la magistrada y de echar cal viva sobre el accidente del 13 de diciembre en las costas de Lanzarote. Pero la Justicia ha decidido no darles aún la satisfacción completa, y este jueves se van a celebrar en los seis juzgados de lo Contencioso de Las Palmas de Gran Canaria diversas comparecencias para estudiar la petición de los abogados de los perjudicados de paralizar definitivamente las expulsiones, en lo que se substancian esas posibles reclamaciones. De momento, para gran cabreo de la muchachada, una juez de lo Contencioso ha suspendido el proceso de devolución de los extranjeros, incluido el de dos de ellos que ya se encuentran en Madrid.

RIU está actuando con mucha astucia. El hotel Maspalomas Oasis ha ido cayendo en la decrepitud y en la obsolescencia, más bien programada, hasta mostrarse públicamente necesitado de una reforma. Es entonces cuando la compañía decide estudiar acogerse al plan de modernización impulsado por el Gobierno de Canarias para rehabilitar la planta alojativa obsoleta. Pero las ventajosas condiciones de ese plan chocaban con los cálculos de los mallorquines, en primer lugar porque les obligaban a mantener las cinco estrellas del establecimiento (inicialmente proyectaron bajar a cuatro), y segundo, porque a pesar de permitirles un incremento de plazas alojativas, eran mucho menos que las que podían obtener haciendo la jugada que han hecho en su proyecto de nuevo hotel: computar como suelo a efectos de aprovechamientos el total de la parcela, incluyendo la parte correspondiente a espacio de uso público, cuya titularidad lleva décadas en discusión. De momento, el Ayuntamiento tirajanero se moja en favor de RIU pero menos, ya saben cómo es de astuto Marco Aurelio Pérez, que ha fiado la concesión de la licencia a lo que diga un informe jurídico pendiente de ser aportado al expediente. Sobre la mesa, el alcalde tiene una oferta de Eustasio López, el presidente de Lopesan, la compañía más perjudicada, junto al Hotel La Residencia, por el mamotreto que piensan plantar en la avenida del Faro. Lopesan está dispuesto a una negociación que pase por quedarse con el Oasis, mantenerlo con sus actuales dimensiones, eso sí, restaurado, y ceder a RIU una megaparcela (u otro hotel en Playa del Inglés) para que se haga ese pedazo de hotel, lo ponga en régimen de todo incluido, o lo que quiera, pero lejos de una zona tan sensible como la que pretende llevarse por delante.

Nada mejor que una polémica urbanística para destapar lo desastrosa que ha sido la política en esta materia durante décadas en Canarias, particularmente en San Bartolomé de Tirajana, epicentro de la historia que le vamos a contar. El proyecto de la cadena RIU de demoler el viejo hotel Maspalomas Oasis y sustituirlo por un nuevo establecimiento en la misma parcela pero con más camas, mayor volumen, altura, base y multiplicado por dos ha puesto al descubierto que a esa compañía mallorquina le han ido muy bien las cosas en las instituciones canarias. Mucho mejor y más calladamente que a los empresarios de aquí. Porque RIU no hace ruido, no mancha ni ensucia al pasar, pero termina consiguiendo cosas que muy pocos de su sector han logrado. Por ejemplo, que en el planeamiento de la zona una generosa mano escribiera que se privatizan espacios de uso público o que nadie, absolutamente nadie, haya movido un dedo en treinta años para ejecutar en su integridad el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo que salvaba al hotel de la piqueta, pero que también recomendaba que se protegiera toda la zona del palmeral del oasis, aun hoy desprotegida para mejor proveer. La sucesiva y descarada laxitud de las autoridades a lo largo de la historia ha dado lugar a que RIU haya colonizado el bosque de Phoenix Canariensis como si fuera el patio de su casa y que el actual consistorio tenga pocos resortes legales para denegar la licencia de construcción del nuevo mamotreto, salvo que de repente se instale en nuestras autoridades ese encomiable deseo de resolver por la vía de la negociación un dilema que tiene como eje central el interés general frente a una regulación urbanística que es auténticamente disparatada.

Su nombre responde a las iniciales O.T. Es el menor sobreviviente de la patera accidentada en Lanzarote el pasado 13 de diciembre, que se recupera a duras penas de sus heridas en el CIE de Barranco Seco. Estuvo un mes ingresado en el Hospital Doctor Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, por los golpes que recibió en el choque de su patera con la patrullera de la Guardia Civil. Sufrió conmoción cerebral y heridas de consideración en la cara y en una de sus orejas. Por eso estuvo hospitalizado un mes, tiempo durante el que se recuperó de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido. Su estancia en el hospital fue inicialmente dura para él, muy dura, porque le era imposible entenderse con el personal que le atendía, hasta que tuvo la suerte de que apareciera por allí Aziz, otro menor marroquí, acogido por el Gobierno de Canarias en un centro especializado, que le sirvió de intérprete. Los médicos lo atendieron muy bien, según él mismo cuenta. Lo consideran un héroe, como a todos los que sobreviven a esa a veces mortal aventura de saltar del continente al Archipiélago en frágiles barquillas en busca de un futuro mejor. Y como un héroe lo protegieron hasta que le dieron el alta. No fue ningún médico el que avisó a la Policía, imposible que alguno de ellos incumpliera su código deontológico. Fue la dirección del hospital –que cada día llamaba para preguntar- la que dio el chivatazo para que aquel menor, que ni estuvo detenido ni retenido como inmigrante irregular, pudiera ser puesto a disposición de un juez y, acto seguido, enviado al CIE. Alguien vulneró la Ley de Protección de Datos y la intimidad de un paciente. Pero parece que también en el Negrín los derechos de los inmigrantes son papel mojado. Una figura retórica, en palabras de la Fiscalía.

Olvidado ya por los miles de grancanarios que seguían sus programas, este lunes fallecía en El Tablero de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) el popular periodista radiofónico Ángel Pérez, famoso por sus llamativas diatribas públicas con políticos de uno y otro signo. Fue una estrella en cada emisora donde pasó, donde dejó su impronta de persona cariñosa, extrovertida, generosa hasta la exageración y polémica. Llamaba a las cosas por su nombre, y en ocasiones por demasiados nombres, lo que le granjeó no pocas enemistades. Su cénit profesional lo alcanzó en las décadas de los ochenta y los noventa, en emisoras como Radio Atlántico, Radio Faro, Radio Región… pero su largo ocaso lo llevó al olvido y a una azarosa vida que se apagó definitivamente este lunes. Vaya desde aquí nuestro recuerdo y nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos.

Como les decíamos, la muchachada de Panasco ha lanzado dos recursos contra los autos de la juez de vigilancia del CIE. Uno de los recursos recriminaba a la magistrada haberse inmiscuido en la investigación del accidente de la patera, teóricamente en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, investigación que se encuentra exactamente en estado catatónico (vivo pero con apariencia de muerto). Según los damnificados, nadie de ese juzgado les ha preguntado jamás por el accidente sino por el patrón de la patera, al que buscan para endosarle el mochuelo. Nadie de ese juzgado de Arrecife los examinó, ni mandó un puñetero forense que certificara su estado de salud y las secuelas de un accidente en el que murió un inmigrante y siete se dieron por desaparecidos. Por eso se declararon en huelga de hambre en el CIE, lo que obligó a la juez de vigilancia a visitarlos y conocer su deseo de ser asistidos para reclamar responsabilidades al Estado. El segundo recurso de la Fiscalía contra la juez Rosell tiene que ver con la decisión de ésta de proteger a un menor que se encuentra entre los supervivientes. Bueno, un menor que para la Fiscalía es mayor de edad, conclusión a la que ha llegado gracias a unas pruebas radiológicas y no porque la fiscal se haya dignado, siquiera, a conocer en persona al inmigrante cuya edad ha decretado. Acusan los hombres de Panasco a la magistrada del 8 de querer determinar la edad de un interno del CIE que insiste en ser menor, lo que, en tal caso, obligaría a las autoridades españolas a trasladarlo a un centro específico, un CAME. Así que la juez pide a las autoridades marroquíes la partida de nacimiento del inmigrante, y en ella se afirma que tiene 17 años, luego, es menor. Ante una prueba de ese calibre, en vez de plantearse una duda razonable y verificar las contradicciones, la fiscalía decreta que la juez se ha metido donde no la llaman porque, según deslizan en sus recursos, eso de ser responsable de la vigilancia del CIE “es una figura retórica”, un estorbo en las descaradas pretensiones del Estado de sacudirse este asunto de encima sin depurar responsabilidades primero, y de asumir daños y perjuicios, si fuera el caso, después.

Llegados a este punto quizás convenga establecer que si un ciudadano europeo, un turista náutico alemán, por ejemplo, sufriera un accidente similar al que se produjo el pasado diciembre en Costa Teguise, estaría en su pleno derecho de reclamar al Estado español responsabilidades patrimoniales. Por supuesto que la Guardia Civil no habría hundido premeditadamente el yate de este supuesto turista, como seguro que a ningún agente de ese instituto armado se le pasa por la cabeza arremeter contra una patera con el objeto de asesinar a sus ocupantes. No. Pero incluso acudiendo humanitariamente a su rescate pudo haber negligencias, y eso es lo que los afectados y sus abogados piden que se investigue. Y eso es lo que la delegada, el subdelegado y la Fiscalía no quieren que se haga bajo ningún concepto. Han olvidado, seguramente, que ya España ha sufrido algunas condenas internacionales por negligencias de este tipo, como la que protagonizaron unos guardias civiles frente a las costas de Ceuta, o unos policías nacionales en el CIE de Aluche, en Madrid.

A pesar de cierta prudencia que parecen haberle insuflado sus sufridos y bien pagados abogados de cara al juicio contra Paulino Rivero, don Pepito no deja de darnos alegrías en sus pastorales dominicales. En su última edición arremete contra nosotros por descojonarnos de su reclamación de intervención en Canarias de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tras llamarnos “hez del periodismo” y otras lindezas objeto de un procedimiento judicial por el que le reclamamos 300.000 euros de indemnización, el propietario de El Día se explica: ”El Ejército ha sido víctima de los partidos políticos. Una víctima que ha resistido con abnegación por su patria, que es España y no Canarias. Lo que dijimos el viernes lo reiteramos hoy: si las Fuerzas Armadas siguen la misma senda que los partidos políticos, no nos quedaría más remedio que hablar de Ejército de ocupación”. Ah, bueno, ya estamos más tranquilos, estado en el que no van a poder estar desde ahora los altos mandos militares patrios, que tienen sobre sus despachos una severa amenaza del editorialista de El Día.

No hemos sido capaces de encontrar la referencia histórica, pero varios conocedores consultados aseguraron que los plenos municipales de Las Palmas de Gran Canaria se vienen celebrando el último viernes de cada mes desde que don Juan Rodríguez Doreste era el alcalde. Nos remontamos, por lo tanto, al año 1983, cuando nadie se podía imaginar que tras Felipe González, que acababa de ganar por mayoría absoluta, iban a venir Aznar, Zapatero y hasta Rajoy. De mal en peor, oye. El caso es que este viernes, fuera del orden del día y en asuntos de urgencia, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona (sí, de mal en peor) sometió al pleno del Ayuntamiento suprimir esa fecha y pasar los plenos al último miércoles de cada mes. ¿Último miércoles? ¿Y eso por qué? Bueno, los motivos que adujo el concejal Ángel Sabroso fueron de “operatividad” porque así “los expedientes se despachan antes”. Nos cuesta mucho trabajo creer, y que nos perdone el señor Sabroso y sus bondadosas explicaciones, que hayan tenido que pasar casi 30 años para que llegara él y Claudio Alberto Rivero a descubrir la operatividad de los expedientes municipales en función del día en que van al trámite plenario. Es tan burda la explicación y tan torpes los que la esgrimieron que en ese mismo pleno y sin que nadie se diera cuenta, iba el desmentido. Porque puestos a ser superoperativos y supercalifragiliesticospialidosos, ¿por qué no los lunes, así, fresquitos, con toda la semana por delante? El objetivo, impedir que Chano Franquis y Pedro Quevedo, que tienen que estar los miércoles en el Congreso de los Diputados, puedan acudir.

Pero volvamos a la alcaldada. Ángel Sabroso estaba muy molesto este viernes en el pleno. Acababa de llegar de Barcelona de pitar la fase final del Campeonato del Mundo de Balonmano, especialidad deportiva de la que es reputado árbitro. Durante su ausencia, la oposición reabrió la polémica acerca de la dedicación profesional al arbitraje del concejal Sabroso, que cobra exclusividad de la Corporación. En su descargo, el trencilla ha sostenido siempre que la Federación de Balonmano no le paga, lo que no ha terminado por creerse nadie en el consistorio, pero allá él con sus afirmaciones. El caso es que en devolución de esas afrentas, esa mansa alma que aparenta ser Ángel Sabroso descargó la venganza en forma de acuerdo plenario, fuera del orden del día, sin hablar con la oposición y por la vía de urgencia, por el que se cambian de día los plenos municipales. De este modo nada menos que dos portavoces, el del PSOE y el de Nueva Canarias, se verán imposibilitados de acudir por ser diputados nacionales que viajan a Madrid los lunes y regresan los jueves por la tarde. Es el rejo marca de la casa: si la oposición te molesta, utiliza todos los mecanismos que te otorga la autoridad para quitarles todo lo que te parezca que le puede dar una mínima ventaja. En sus manifiestos complejos de grandeza, Soria puteó a la oposición allí donde estuvo, ora negándole el acceso a expedientes, ora colocándose en el Cabildo seis escalones por encima del resto de los consejeros y rebajándoles hasta la vergüenza sus atribuciones. Cardona y Sabroso, con tono conciliador y aparentando ser buenos chichos, no son más que un remedo bufón.

En el mismo pleno en el que se cometió esta alcaldada de cambiar los días de las sesiones plenarias de Las Palmas de Gran Canaria, el PP caía en su propia trampa. El director de gobierno de Presidencia y Seguridad, Claudio Alberto Rivero (ya quitó el guión que imponía en su etapa de secretario general técnico con Rita Martín, dios nos libre y guarde) llevaba a aprobación una corrección de un expediente de personal que tramitó de mala manera, contraviniendo los reparos del intervención, hasta el punto de que se vieron bloqueadas las nóminas de los trabajadores municipales correspondientes al mes de enero. Según su propia versión, escrita por él mismo en la intranet, el retraso sólo iba a generar como mucho 48 horas de demora, achacables a su culpa, culpita, culpa y no a la fecha de los plenos. Porque antes incluso de que se llevara el viernes a aprobación, y siempre según su propio mensaje a los funcionarios, ya había cursado las órdenes a las entidades bancarias para que estuvieran atentos a su pito. No, no, lo del pito se lo contamos ahora que es lo de Ángel Sabroso.

La estrategia ocasional de don Pepito para defenderse frente a Paulino Rivero, su esposa, Ángela Mena, y el resto de familiares injuriados por El Día será la de decir que no fue ese periódico el primero ni el único que publicó el grotesco asunto de los papeles de México. Invocará el insigne editor al portal Kanarileaks, muerto antes de nacer precisamente por haber publicado aquellos papeles con la advertencia de que no tenían acreditada ni su procedencia ni su autenticidad. E invocará al diario ABC, tan proclive siempre a publicar lo que pudiera perjudicar directa o indirectamente al presidente del Gobierno de Canarias, pero salvando siempre el culo, como es menester. Contra ninguno de esos medios se ha querellado Paulino Rivero, quizás porque en esos casos no hubo el ensañamiento y la cabezonería que ha ejercido don Pepito, desesperado por vengarse del presidente del Gobierno con cualquier asunto falso o verdadero que le pueda tocar aunque sea tangencialmente. Aunque ha manifestado en sus últimos editoriales la tentación de lanzar una advertencia al juez que le va a juzgar el día 1, en esta ocasión el editorialista ha evitado proclamar que la sentencia condenatoria ya está puesta, como hizo con el juez que nos juzgó a nosotros por llamarle don Pepito, lo que le costó columpiarse sobre un enjambre de disculpas y excusas bastante ridículas para un señor de edad tan provecta. Ya se está despachando como corresponde contra la juez que lo condenó en el primer pleito que tuvo con Ángela Mena por los mismos papeles de México y emperrarse en no publicar las rectificaciones por las falsedades emitidas.

Lleva unas cuantas jornadas verdaderamente jodido. No lo puede disimular. Saber que se aproxima la fecha del 1 de febrero en la que tendrá que responder ante la Justicia por uno de sus cada vez más habituales excesos tiene al dueño del periódico El Día en un sinvivir. No nos lo han contado sus dos confidentes íntimos, los amanuenses que le escuchan y transforman en algo medianamente legible, pero naturalmente incoherente, lo que don Pepito proclama paseando de un lado a otro de su despacho como un caudillito bananero envanecido por el peloteo circundante. No, la preocupación la transmiten los propios editoriales del líder espiritual del moderno independentismo folclórico de Ejército español con manta esperancera; de Canarias sin Canaria; de canarios de profunda raigambre castellana; de golpes de pecho y paralelas llamadas a la insurrección y a desempolvar la guillotina… El día 1 de febrero, a lo que íbamos, don Pepito va a tener que responder ante un juzgado de Santa Cruz de Tenerife por su disparatada línea informativa y editorial en relación a los famosos papeles de México, aquellos cuya autenticidad sólo él defendió y en los que supuestamente se implicaba a la familia de Paulino Rivero con sospechosas inversiones en Puebla. Sin llegar del todo a sacar la patita, sí que la ha enseñado estos últimos días el más dicharachero editorialista de Barrio Sésamo, lo que nos permite afirmar cuál va a ser su estrategia de defensa. Bueno, una variante de su estrategia de defensa, porque la central será que él es una noble y respetable criaturita de Dios (en el sentido más tierno) y un honrado y reconocido prócer de Tenerife, a cuya defensa ha dedicado su vida, como reconocen la multitud de calles y rotondas que aparecen rotuladas a su nombre.

La verdad es que nos emocionan siempre las referencias al Ejército que hace don Pepito en sus editoriales, al tiempo que nos pica la curiosidad por saber cómo encajan sus amanuenses en un cuadrante de pura lógica tanta contradicción fija discontinua. Claro que si son ellos los que le animan a inspirarse en la sabiduría popular podemos comprender, por ejemplo, que se aferre a fuentes tan sólidas como la zarzuela La tabernera del Puerto, a la que rescató este domingo del baúl de los recuerdos para blandir una romanza cuya oportunidad no entendimos muy bien: “Despierta negro que viene el blanco. Desde el navío te está mirando. Son dos cucuyos sus ojos claros; no son luceros que van de paso. El blanco tiene la nave al pairo y está despierto como un alano". Lo que acto seguido, el insigne faro de Nivaria traduce en que “nosotros decimos ‘despierta, guanche, despierta y acaba con la morralla política. Acaba con los indeseables herederos políticos de quienes asesinaron a tus antepasados". Ole. Más jodida de encajar se nos antoja la referencia a Gabriel García Márquez, quizás porque quien la sugirió en medio de ese trío cómico se quedó solo en las tapas. “García Márquez escribió una novela titulada La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Parafraseando a este insigne escritor colombiano, es hora de acabar con la increíble y triste historia de Canarias y los colonialistas desalmados”. Sublime toque intelectual donde los haya. Pero un desperdicio de cita porque quizás hubiera dado más de sí si entraran en la descripción de la malvada abuela de Eréndida, que la acaba prostituyendo. Era tan gorda -la abuela- que “parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol”. Y ninguno de los dos presentes se dio por aludido.

 No hay periodista que le diga a Soria aquello de “quietas las vacas ahí” cuando en el mismo lote propagandístico dice una cosa y su contraria, proclama el libre mercado y al tiempo anuncia una subvención. Sus declaraciones de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria a Efe y Televisión Española vuelven a soltar ese aroma inconfundible del sofisma soriano. Señor Soria, ¿van a fijar ustedes un precio máximo a los billetes aéreos entre Canarias y la Península? No, ni hablar, señoras y señores, porque eso “atentaría contra la libre competencia que rige el mercado”. Pero lo que sí está haciendo el mismo Gobierno es “negociar” con las aerolíneas bajar los precios. ¿Negociar una bajada de precios en un mercado de libre competencia? No coneja, no, salvo que tercie una subvención, mecanismo que una y mil veces nuestra joya de ministro ha anatemizado con todos los tembliques del repertorio. Un minuto después, poco más o menos, el mismo representante gubernamental inflaba los mofletes para presumir del segundo Plan de Incentivos del Vehículo Eficiente, más conocido como PIVE, con el que se pretendió sin éxito en una primera fase reactivar el mercado automovilístico. Como saben, la iniciativa resultó otro fracaso más de los muchos que acumula ya José Manuel Soria (déficit tarifario, nucleares, renovables, PIB industrial, paradores,…), hasta el punto de que a los 75 millones iniciales va a inyectar ahora al sector justo el doble, 150 millones de euros, con la particularidad de que ya se podrán beneficiar los que compren coches más caros de 25.000, es decir, la clase no tan media. Pero, vamos a ver, ¿es el mercado, el mismo que se regula por los resortes de la competencia y que impide fijar la obligación de servicio público para el transporte aéreo con Canarias, el que obliga a inyectar dinero en un sector productivo y no en otro? ¿Cómo es la cosa, José Manuel?

Esto de Juan Domínguez hay que empezar a tomárselo a la guasa. Quizás hasta él mismo se tome a guasa el patético papelón que está desempeñando en el Cabildo de Gran Canaria, donde un día sí y el otro también es blanco de los dardos de la oposición y de un sector cada vez más amplio de la prensa, que empezó por mirar para otro lado ante su comportamiento y que ahora ya lo llama por su nombre: Juan Domínguez, el tránsfuga. Para entender lo que pasó este viernes en el pleno del Cabildo grancanario, lo mejor es que se lean la crónica de Alexis González, que se gozó el esperpento en primera línea de fuego, desde la tribuna desde la que pudo observar la llegada triunfal, yogur en ristre, de la consejera Rosa Rodríguez, otrora Dama de Hierro del grupo de gobierno y en la actualidad gran valor soriano en expectativa de destino. Desde allá arriba, los periodistas saborearon la pasta de la que están hechos los consejeros de cada partido, los que tienen un pasado y un futuro, los que se conforman con pasar sin hacer ruido, los comprometidos, los cobardes, los indecentes… Y los que tienen un pasado y no tienen ningún futuro, verbigracia, Juan Domínguez. La política le queda tan grande a este hombre que hasta rechinó en su boca el discurso que alguno de sus asesores, más sabio que él sin duda, pero igualmente arregostado al poder, le preparó para la ocasión. Sostener, como hizo, que no es tránsfuga porque su partido todavía no lo ha echado a la calle es tanto como meter el pescuezo dentro de la soga y esperar a que alguien abra la compuerta mañana mismo. Su partido, que seguramente no lo habrá echado por rigideces estatutarias, lo ha llevado a la Fiscalía por presunta corrupción, lo que en rigor no equivale a una expulsión, pero se parece bastante a desearle, como mínimo, un par de años en prisión. El otro tránsfuga que este viernes votó en contra del transfuguismo, en similar ejercicio al de dos putas votando contra la prostitución en una asamblea en Molino de Viento, optó por no hablar, por llevar en silencio la pesada cruz de haber pasado de tener la consideración de político serio a la de cachanchán compadre de aventuras del otro cachanchán que habla más de la cuenta. Y se erigen en nobles, independientes e incorruptibles representantes del pueblo grancanario. Mejor les diera vergüenza.

El marrón se lo comerá Bárcenas, pero no por contabilidad B en el Partido Popular, que volverá a irse de rositas, sino por sus andanzas ajenas a la Agencia Tributaria y por la relación que se pueda probar entre su fortuna y la trama corrupta de Gürtel. Aquí, en la ultraperiferia, nadie tuvo que dar explicaciones ante la justicia, y solo después de mucha insistencia de los medios de comunicación, la responsable del grupo municipal en la etapa del Bragagate, Cristina Tavío, trató de aclarar qué cachondeo fue aquel de justificar los gastos con dinero público a base de facturas falsas, o en el peor de los casos, destinar dinero público a enseres y lujos personales. Y no se crean que alguien pidió disculpas o hizo el mínimo gesto de devolver el dinero. No. Incluso en algún caso pudimos escuchar a la entonces lideresa del PP tinerfeño indignada con el periodista que le insistía en conocer el fondo del asunto. A Carmelo Rivero, por entonces en Radio Club Tenerife, le recriminó que empleara veinte minutos de una entrevista en meterle el dedo en el ojo. Tal fue su indignación que llegó a achacar al periodista su interés por encontrarle al PP un “Bill Gates”, la versión on line del Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon por espiar clandestinamente al Partido Demócrata. ¿Y Soria?, ¿qué dijo soria del Bragagate? Pues muy sencillo, tal y como hizo con el caso Patronato (utilización de dinero público del Patronato de Turismo de Fuerteventura para pagar fines de semana a líderes regionales y nacionales del PP en la isla) el presidente del PP canario dijo que sólo fue “un error que no debe volver a cometerse”. ¡Ay, con cuántos errores se habrá financiado el PP canario!

Dicen las lenguas más afiladas de la Agrupación Local socialista de Santa Cruz que tras la derrota del candidato de Spínola, Agustín Herrera, está la mano de alguien de la Ejecutiva Regional, gomero por más señas, que no ve con buenos ojos que el vicesecretario general acumule más poder. No tenemos pruebas de que así sea, y ni nos vamos a molestar en llamar al interfecto porque la respuesta será la previsible. Los de Herrera se daban por ganadores, máxime cuando la plancha de Patricia Hernández tenía un serio competidor en la de Raúl Alonso, pero alguien les falló en el último momento de tan estrepitosa manera, que se vieron relegados a la cuarta y última posición. El resultado, como conocen, fue ajustado, pero le sirve a Patricia Hernández para controlar una agrupación local decisiva, que puesta en pinza con la de La Laguna, en manos de Javier Abreu, desbarata la mayoría que Spínola se prometía en el Comité Insular. Hernández y Abreu controlarán a partir de ahora el máximo órgano entre congresos en la isla, lo que devuelve al PSOE tinerfeño a los motivos que generaron la irrupción de las gestoras y, lo que para algunos es ofensa orgánica, coloca de nuevo en puestos orgánicos de valor a santiaguistas y juanfernandistas anatemizados tras el penúltimo congreso regional. Patricia Hernández fue una pública partidaria de Carme Chacón para la secretaría general del PSOE, y Sandra Rodríguez, integrante de su nueva Ejecutiva, es aún hoy la mano derecha de López Aguilar en las islas. De la inspiración santiaguista de José Ángel Martín, nuevo presidente local, concejal de Urbanismo y bestia parda del sector más corrupto de Tenerife, no cabe ninguna duda. Dos años después y ya ven cómo se ha dado de nuevo vuelta la tortilla.

La disolución del Partido Socialista en Tenerife y en su capital a manos de la Ejecutiva Regional hace ahora dos años resultó una auténtica conmoción cuyos efectos aún perviven. Con el encomiable afán de acabar con décadas de descontrol, de luchas intestinas y de fracasos, la cúpula regional quería imponer el orden, para lo que fue necesaria una voladura que se esperaba controlada pero que desembocó en rupturas muy traumáticas, como la marcha de Santiago Pérez, uno de los dirigentes socialistas más respetados en Tenerife, en Canarias y en España. Acababa de abandonar le dirección del partido Juan Fernando López Aguilar y el momento lo aprovecharon los que se consideraban damnificados por su paso fulgurante y breve por la política de Canarias. Al frente de la reconquista se situó inmediatamente Francisco Hernández Spínola, al que todo el PSOE tinerfeño le atribuye un indisimulado deseo de alzarse con el poder regional una vez José Miguel Pérez mande esto de la política a hacer puñetas. O antes, si se pone majadero. Para lograr controlar el partido en Tenerife, Spínola movió sus hilos, primero en el congreso regional, luego en el insular, y acto seguido en las dos agrupaciones locales más poderosas, La Laguna y Santa Cruz. El paseo que parecía triunfal y que tuvo su culmen en las piruetas del cónclave insular, con el ascenso al poder de los contrarios al pacto con Coalición Canaria, se dio de bruces con La Laguna, donde Javier Abreu venció a los cachorros de Spínola, y se acaba de caer de nuevo con todo el equipo en Santa Cruz, donde la diputada Patricia Hernández, con el apoyo de Abreu y de una parte de la Ejecutiva Regional, hizo morder el polvo al candidato del vicesecretario general y consejero de Presidencia y Justicia.

El futuro de los sobres en dinero negro presuntamente repartidos en la sede central del PP ha quedado en manos de la actual tesorera, que investigará a sus compañeros de partido y a todos los altos cargos que por Génova han pasado los últimos 30 años. Por lo tanto, queridísimos españoles, el final de la investigación está cantado. Algo similar, pero en sede de la Fiscalía, ocurrió con el más reciente (y conocido) mangoneo con dinero público desviado al PP en Canarias, el llamado caso Bragagate, consistente todo él en el uso indebido del dinero del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz para gastos distintos a los fines perseguidos, gastos tan injustificables que se intentaron anotar contablemente con facturas de bragas, sostenes, gayumbos, circuitos de spa, güisquis de alta calidad, puros y lavado de coches. Sí, hemos dicho "de coches", no sean ruines. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia que interpuso el colectivo Justicia y Sociedad alegando “falta de pruebas”, esto es, sin abrir un procedimiento judicial en el que se pudieran recabar esas pruebas o se practicaran otras que condujeran a aclarar un escándalo del que se ocupó profusamente la prensa en 2010. La Fiscalía pudo haber llamado, por ejemplo, al entonces secretario general del PP canario, Manuel Fernández, que confesó ante Radio Club Tenerife en julio de 2010 que con el dinero público “se hacía el gasto, se pagaba, se daba una subvención [por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife] al partido, que el partido podía contratar, tranquilamente, y luego, ¿cómo se justificaba este dinero? Pues mira, como hubo una denuncia inoportuna, se dijo que cada uno tenía que aportar facturas, y cada uno se metió la mano en el bolsillo y las aportó para cubrir ese dinero". Vaya, así que “una denuncia inoportuna”, que si no la hubiera habido…

Les tenemos que confesar que no reparamos en el detalle cuando vimos el álbum fotográfico de la reunión de este miércoles entre Paulino Rivero y los representantes del PP canario Asier Antona y María Australia Navarro en busca de acuerdos para el llamado pacto por Canarias. Pero las reacciones llegadas desde el PP de Tenerife nos hicieron caer en la cuenta. “Por primera vez en la historia del Partido Popular, incluida la de Alianza Popular, no hay ningún líder de Tenerife en un acontecimiento de esa relevancia”. Y te sueltan la retahíla de nombres, desde Alfonso Soriano hasta Manolo Fernández (herreño pero diputado por Tenerife), pasando por Guimerá y hasta por el mismísimo Ignacio González padre. El liderazgo conservador de Tenerife parece haberse diluido con la complicidad (o llámenlo resignación) de dirigentes como Antonio Alarcó, Pablo Matos o la defenestrada Cristina Tavío, a quienes Soria ha colocado exactamente donde quería para mejor proveer. Los históricos se encuentran desconcertados, y cualquier detalle que en otro momento pudiera pasar desapercibido, ahora les parece revelador. Por ejemplo, que el viernes pasado estuviera lo más granado de la política y el mundo institucional y empresarial en un acto de Diálogos de Economía y Empresa, organizado por la Cámara de Comercio de Tenerife, y no se constituyera por allí el presidente del PP tinerfeño, Manuel Domínguez. Hemos preguntado y nos dicen que pudo haber tenido un acto en su municipio, pero que no estuviera junto a José Manuel Soria llamó mucho la atención. No se lo perdieron Asier Antona, Mari Carmen Hernández Bento, Cristina Tavío, Antonio Alarcó y Pedro Suárez, entre otros.

Hemos esperado pacientemente a ver si se trataba de un sofoco por subir los escalones de dos en dos, o si de repente la rasca procedente del Teide había congelado momentáneamente la neurona una y trina que inspira, ensolera y vomita los editoriales del periódico El Día. Pero no, no fue un ataque agudo porque a don Pepito, el editorialista más dicharachero de Barrio Sésamo, le hemos leído tres días seguidos, tres, reclamar en Canarias la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, división del Ejército de Tierra español dedicado a eso, precisamente, a las emergencias. Y como para el dueño de El Día lo que pasa en Canarias es una emergencia, pues eso, que intervenga la UME: “No nos cansamos de decir que se impone la intervención del Ejército; en concreto de la Unidad Militar de Emergencias, porque si al paro, al hambre y a los fallecimientos en las listas de espera sanitarias, sin olvidar la emigración a la que se ven abocados muchísimos jóvenes, añadimos las corruptelas de la clase política, tenemos una olla a presión a punto de estallar”. ¿Y para qué la UME, don José? Pues muy sencillo, para “barrer a toda esta morralla y dejar paso a gente nueva, con las manos y las ideas limpias. Hombres y mujeres que no sean de la calaña política de Paulino Rivero, esposa y sus secuaces”. Claro que tal soflama golpista choca de bruces con la consideración de “Ejército de ocupación” que don Pepito cuelga a las Fuerzas Armadas patrias, calificativo que él mismo justifica explicando que así de coloniales serán mientras los militares “obedezcan a los políticos”. Y ya la liamos otra vez: ¿primero un golpe de Estado para que los militares españoles dependan de un caudillo y luego una intervención militar de emergencia en Canarias para echar también a los políticos, con Paulino a la cabeza? ¿Cómo es la cosa, don Pepito?

Ambos se han quedado sin partido por su desmedido apego al poder. Los dos han sido expulsados con deshonor, desposeídos de los reconocimientos con los que en este mandato llegaron al Cabildo de Gran Canaria dentro de la coalición electoral CC-CCN-PNC. Uno de ellos, Juan Domínguez, vicepresidente de la institución, incluso se arriesga a un proceso judicial por denuncia del partido que lo aupó al poder, y no por un quítame allá esa asamblea de compromisarios, sino acusado de haber falsificado una firma para abrir una cuenta corriente y hacerse con una tarjeta de crédito. El otro tránsfuga, Antonio Hernández Lobo, es acusado por su antiguo partido, Coalición Canaria, de haberse vendido por un cargo y un puesto de asesor para su más estrecho colaborador. Ambos saben que su vida política tiene los días contados y que encontrar un partido que les acoja y les comprenda va a ser tarea compleja, más en el caso de Domínguez que en el de Hernández Lobo. Por eso, de momento, se han constituido en compañeros de fatigas para la salud y la enfermedad. A los dos se les está viendo últimamente muy afanados a la caza y captura de concejales y cargos públicos necesitados de calorcito que puedan ser susceptibles de sumarse a un nuevo partido político. Ignoramos cuál será su ideario, aunque es fácil de imaginar; ni su nombre, una vez entendemos que ha quedado descartada la idea de Domínguez de ponerle su propio nombre a una agrupación de electores muy relajientos.

Es de prever que en la Constitución de la inminente República Democrática de Canarias don Pepito y sus escribanos logren colar que el Ejército será conformado por todos aquellos soldados españoles que deserten y colaboren en el llamamiento al alzamiento promovido por el dueño de El Día para expulsar a Paulino Rivero “y sus secuaces” del Archipiélago. Del equipo económico que redacte los capítulos fiscales de la Carta Magna de la República de Canarias nos podemos ir fiando porque debe ser el mismo que conduce al intrépido editorialista a afirmara que “ya no hay crisis en Europa”, porque en realidad lo que ocurre es que “la sigue habiendo en los países que no trabajan. La hay en España, Grecia, Portugal y algún otro lugar folklórico entre los que no merece estar Canarias; una nación, de momento sin estado, habitada por un pueblo admirado por su laboriosidad en todos los lugares a los que ha emigrado”. Entonces, don José,  por qué tenemos en Canarias tan malos datos, particularmente de desempleo. “Son los godos quienes nos han corrompido con la vagancia y la decadencia”, asegura el dueño de El Día. Esto tiene futuro.

Quien redactó el decreto que firmó Cardona los últimos días de 2012 desde luego empleó todos sus conocimientos jurídicos (cuanto menos discutibles a la vista de las discrepancias que plantea) para directamente restregárselos por el hocico del interventor en un tono tan poco cortés que conduce a pensar que el inspirador es el inefable Claudio guión Alberto. Las afirmaciones son contundentes: “Queda por advertir que la Intervención General confunde la naturaleza jurídica de los pactos, acuerdos y convenios, que son producto de la negociación colectiva, con las ordenanzas, que son producto de la potestad reglamentaria de la Corporación”. O “lo que plantea la Intervención General como procedimiento obligatorio (trámite de modificación de una norma reglamentaria) sí que es manifiestamente irregular”. Observen esta otra afirmación: “La interpretación de la Intervención General choca frontalmente con lo previsto legalmente” lo que se enriquece notablemente con esta otra: “manifiesta algunas opiniones carentes de cobertura en norma alguna”. No cabe por lo tanto extrañarse del ambiente laboral que se respira en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ni de que el mismísimo Gobierno de España, a través de su también mismísima Delegación del Gobierno, haya requerido a Cardona para que pique menúo en qué consisten esas decisiones en materia de personal que han paralizado de momento la tramitación de los presupuestos municipales para 2013.

Corrió como la pólvora estos días en Las Palmas de Gran Canaria el rumor de que el Tribunal Constitucional había estimado el amparo de Aquagest (Aguas de Barcelona) contra la sentencia (jo, qué sentencia) que dio la razón a los actuales socios privados de Emalsa y al propio Ayuntamiento en el largo y tortuoso proceso de privatización de esa compañía. Un rumor que congeló la sangre a más de uno (y de dos) por el momento en que se produciría, justo en plena tormenta interna generada a partir de unas supuestas irregularidades y traspasos de fondos detectados justo en las vísperas y antevísperas de que el magistrado Gómez Cáceres firmara aquel fallo que contradecía sorprendentemente al que él mismo había tomado con anterioridad en sentido opuesto. Los socios privados se tiran los trastos entre sí más por ver sus vergüenzas reflejadas en la prensa que por lo que ellos saben de sí mismos. El desgaste de imagen es brutal, lo que ya ha motivado algunas reacciones convencionales, como la gira que dos de los más activos consejeros de esas sociedades han protagonizado por las direcciones de los diarios de papel, muy activos en esta cuestión. Primero fue Pablo Abril Martorell, director de Valoriza (33% de Emalsa) el que con aspecto muy informal habló de su libro donde le dejaron hablar (y le entendieron). Más recientemente, este mismo lunes, ha sido José Luis Rubio Díaz de Tudanca, representante de Saur España, quien hizo lo propio de modo más formal y en compañía del empresario local Miguel Ángel Ramírez, destinatario de una famosa opción de compra sobre sus actuales instalaciones de Miller Bajo. La estrategia de lavado viene avalada por las más altas instancias, incluso ministeriales, según presumen los hiperactivos consejeros.

Con una entrevista al consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, este jueves comienza a publicarse en CANARIAS AHORA el Especial Fitur 2013, con el que nuestro periódico hace su particular aportación al certamen turístico más importante de España en el que Canarias vuelve a mostrarse como un destino sólido. Además de entrevistas a los principales protagonistas institucionales del Turismo, el especial contendrá noticias y reportajes acerca de esta feria, que comenzará en el Ifema de Madrid el próximo 30 de enero. La primera entrega, esta entrevista con Blas Acosta, empieza calentando el ambiente porque el consejero de Turismo majorero no se anda por las ramas y llama a las cosas como él cree que se llaman: “El petróleo solo va a beneficiar a un canario”, y no sabemos por qué extraño impulso se nos ha dirigido la imaginación hacia un nombre muy concreto. Pero el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura cuenta más cosas que les recomendamos que conozcan leyendo su entrevista.

Se escenificó este miércoles el primer acto de lo que pretende ser una estrategia de consenso en busca de un pacto por Canarias, un acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias de modo que remen en la misma dirección y se dejen de hacer el canelo. Los que estén haciendo el canelo y sean capaces de darse por aludidos, matizamos. El primer encuentro del presidente del Gobierno y sus colaboradores más cercanos fue, como no podía ser de otro modo, con el principal partido de la oposición, el PP, que viene reclamando y reclamando, y otra vez reclamando, hablar con el presidente para ponerse de acuerdo en algunos aspectos trascendentales para salir del atolladero. Ya han conseguido su propósito de reunirse y el presidente les ha escuchado con la misma atención que ellos debieron escuchar al presidente, de modo que los límites del terreno de juego han quedado fijados para que, a partir de estos momentos, cada palo aguante su vela, expresión muy socorrida estos últimos días pero que en el caso que nos ocupa nada tiene que ver con sobres de dinero negro. Suena a sarcasmo que el PP pretenda ejercer de componedor de acuerdos dada la sucesión interminable de atropellos que de su Gobierno nacional llegan cada día a Canarias por la vía del BOE o por cualquier conducto oficial u oficioso. Pero no hay que negarle en ningún momento el propósito de la enmienda.

Cualquier conocedor de los elementos y tensiones en presencia sabe perfectamente que este pacto por Canarias no va a tener mucho recorrido si como pacto entendiéramos la presencia indispensable del partido que gobierna en Madrid. Y no estamos hablando en estos momentos de la falta de sintonía personal entre José Manuel Soria y Paulino Rivero, ni de las trastadas que el uno hace al segundo y el otro devuelve con la socarronería habitual. De lo que hablamos es de los cuatro grandes asuntos sobre los que se pretende articular ese acuerdo: encaje en los procesos de cambio que vive la Unión Europea, reforma del Régimen Económico y Fiscal, estrategia de crecimiento y empleo y financiación autonómica. El talante hasta ahora demostrado por el Gobierno de la nación en estos aspectos no permite albergar muchas esperanzas, empezando por la financiación de la autonomía y continuando por las estrategias de crecimiento, imposibles con la imposición de políticas de austeridad suicida. Quedó fuera del ramillete de asuntos la pretensión del PP de reformar la administración autonómica en el bien entendido de que para Paulino Rivero esos esfuerzos ya se vienen ejecutando no solo con el aún tímido adelgazamiento de estructura departamental, sino también con esa comisión que anda buscando cómo hacer de la autonomía una maquinaria más eficiente. Para colmo, los antecedentes de algunos personajes en presencia no auguran buenos acuerdos en asuntos como la reforma del REF: si Soria se enfrentó abiertamente a Paulino Rivero cuando eran compadres porque el primero quería meter la cuchara en el asunto, imagínense ahora que puede influir decididamente sobre el Gobierno, el Grupo Popular en las Cortes y los eurodiputados. Financiación, REF, crecimiento… El encaje en la UE parece encaminado de momento, así que mejor es menearlo poco. Pero en lo demás veremos al PP arrepintiéndose de haber pedido estos encuentros porque en su propia fanfarronada van a tener su penitencia cuando el caudillo les diga que no pueden cumplir con nada de lo que prometan.

De los roces verbales al libro de decretos de la alcaldía. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha oficializado el enfrentamiento del grupo de gobierno del PP con el interventor general del Ayuntamiento firmando un decreto de ocho folios que pasará a la historia de la ciudad. Dicen los más viejos del lugar que no se conoce antecedente alguno en que un alcalde, con su grupo de gobierno detrás (incluyendo directores generales y asimilados) afearan a un veterano habilitado nacional que lleva sobreviviendo sin incidentes a otras mayorías de gobierno sin más discrepancias que las naturales y muy civilizadas. Ya el enunciado promete: “Decreto por el que se resuelven las discrepancias entre la Intervención General y el órgano gestor de forma favorable a este último”. Y, ¿quién es “este último” como para dar lugar a un documento redactado con tanta altanería y tanto desprecio hacia las más básicas normas de convivencia entre poder político y un funcionario del más alto nivel llamado a ejercer la labor de control de la legalidad? Pues nada menos que nuestro históricamente admirado Claudio guión Alberto Rivero, director de Gobierno de Presidencia y Seguridad, que ha entrado en el Ayuntamiento como elefante en cacharrería. Las discrepancias, como habrán podido colegir, tienen que ver con el empeño de Rivero de declarar una emergencia nacional para dar por fenecidos todos los convenios, pactos y acuerdos con los trabajadores públicos que tengan que ver con remuneraciones del complemento de incompatibilidad. El interventor ha puesto sus reparos y no vean cómo le han contestado en el decreto de marras.

No es habitual que para resolver un expediente gubernativo se celebre una cumbre con tan altas autoridades como las que se celebró la tarde de este martes en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Estuvieron presentes el jefe superior de Policía, Valentín Solano; el fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco; el comisario jefe de Extranjería, José Luis Sebastián Montesinos, y la fiscal delegada de Extranjería, Teseida García. El objeto de la reunión, adoptar una postura conjunta ante el giro que a lo largo de la mañana había dado el caso de los diecisiete inmigrantes supervivientes de la patera que resultó hundida tras chocar contra una patrullera de la Guardia Civil el pasado 13 de diciembre en Costa Teguise, Lanzarote. A las autoridades presentes les preocupaba/indignaba/inquietaba que la juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco descubriera que en el grupo de allí custodiados hubiera un menor de edad, precisamente el que resultó herido de consideración en aquel accidente en el que murió un inmigrante y siete fueron dados por desaparecidos en el mar. La juez, Victoria Rosell, descubrió esa circunstancia tras solicitar del Consulado General de Marruecos en Canarias partida de nacimiento del inmigrante marroquí, encargo que diligenció el cónsul ante las autoridades de la Comuna de Sidi-Ifni. La partida de nacimiento es clara, el muchacho nació en 1996, es decir, tiene en la actualidad 17 años. La ley es taxativa a este respecto: en un CIE no puede haber un menor, que debe ser derivado a un Centro de Acogida de Menores Extranjeros (CAME), desde donde no puede ser expulsado de España hasta que alcance la mayoría de edad.

El descubrimiento de que la Policía había ingresado en Barranco Seco a un menor de edad desbarataba los planes de expulsión de una de las pruebas de cargo más poderosas en la estrategia de los inmigrantes de reclamar responsabilidades patrimoniales al Estado. Se trata del herido de mayor consideración de cuantos sobrevivieron a la tragedia, y expulsarlo se había convertido casi en una obsesión para la Fiscalía, la Policía y la Delegación del Gobierno. La Fiscalía, en un proceder bastante habitual, se fio exclusivamente de las pruebas radiológicas que se hicieron al chico en el hospital Materno Infantil, donde aseveraron que tenía 19 años. En contra de ese criterio, el forense del juzgado de vigilancia del CIE coincidía con la versión del afectado, que sostenía haber nacido en 1996. Pero prevaleció el criterio de la Fiscalía y en cuanto el menor fue dado de alta en el hospital Doctor Negrín, fue custodiado por la Policía, que lo condujo al CIE de Barranco Seco en una actuación que también ha llamado la atención de los abogados que representan a estos extranjeros. Porque el chico estuvo hospitalizado treinta días y durante todo ese tiempo no fue puesto en ningún momento a disposición de un juez que lo visitara para tomarle declaración. Por lo tanto, si estaba en calidad de detenido, alguien ha cometido una grave vulneración legal. Pero si, por el contrario, no estaba allí detenido, ¿por qué un médico avisó a la Policía informándole del alta cuando se trata de un extremo protegidísimo por la Ley de Protección de Datos? ¿Detenido? ¿Retenido? ¿Transeúnte? Nos inclinamos por la consideración de testigo incómodo, y por eso la Policía lo va a recoger cuando recibe el chivatazo, lo pone ante un juez (treinta días después de su detención) y lo conduce al CIE de Barranco Seco. ¿Hay por ahí algún ministro o delegada del Gobierno que quiera llamar a la Fiscalía para poner en su conocimiento estas anomalías del sistema (por llamarlas finamente)?

Pero no contentos con esta sucesión vergonzosa de despropósitos, esa especie de tribunal popular reunido en sesión política en la plaza de San Agustín este martes dio una nueva vuelta de tuerca al carnaval de atropellos al concluir que la mejor versión es la suya propia. Es decir, el muchacho en cuestión es mayor de edad porque así lo fijó una prueba radiológica no infalible, sin que ninguno de los presentes, ni siquiera la fiscal que firmó su traslado al CIE, reconociera personalmente –para una mejor opinión y valoración de la prueba- al sujeto objeto de sus decisiones. Pero si la versión buena es la de la policía y la de la Fiscalía, ¿qué hacer con la partida de nacimiento que por el conducto oficial aportó a la causa el Registro Civil de Sidi Ifni a petición del cónsul? Pues muy sencillo, el tribunal popular ha concluido que esa prueba no vale porque es una fotocopia y no el original que se custodia, como no podía ser de otro modo, en los archivos municipales de la ciudad. Tal consideración convierte en sospechoso de un delito de falsedad en documento público aportado a una causa judicial nada menos que al Registro Civil de Sidi Ifni y/o al cónsul de Marruecos en Canarias, país, Marruecos, con el que España mantiene en vigor un convenio que quizás ignoren los asistentes a esta cumbre constituida en el Palacio de Justicia. El convenio en cuestión se llama “Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos” y su incumplimiento podría generar incluso un incidente diplomático. Y máxime si se coloca a un diplomático de carrera, como es el caso, en el brete de acusarlo de falsificador. ¿Algún ministro que llame a la Fiscalía para que saquen la pata? ¿Algún ministro del Interior presenciando lo que hacen aquí los suyos por orden de Soria? Qué panorama.

Caramba, leyendo el titular de este comentario, hasta suena explosivo. Soria, Anfi del Mar y Luis Bárcenas, que ramillete de luz y color, que trío de ases para animar estas aciagas jornadas de indecencias políticas, empresariales y fiscales de individuos con los escrúpulos a la altura del betún. Pero sí, señoras y señores, José Manuel Soria y Luis Bárcenas se conocen desde hace mucho tiempo, desde que coincidieron en unas felices vacaciones de verano en el complejo de lujo Anfi del Mar, en el barranco de La Verga, municipio de Mogán. Corría el año de 1997 y el matrimonio Soria fue visto almorzando en uno de los restaurantes del complejo con un bronceado y atlético Bárcenas que presumía ante los presentes de acabar de llegar de una de sus más celebradas escaladas al Himalaya. Le acompañaba su elegante y bella esposa, que departía amigablemente con Mari Carmen Benítez, esposa –también bella y elegante- del por entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ya asiduo visitante de Anfi del Mar. Soria presentó a Bárcenas como “un importante alto cargo del PP”, que luego se convirtió en un acaudalado tesorero que pudo reunir hasta 22 millones de euros en Suiza (¿Suiza?, ¿hemos dicho Suiza?) y que repartió sobres a dirigentes y altos funcionarios del partido para que complementaran sus ingresos y pudieran llevar efectivo en sus bolsillos (¿hemos dicho efectivo en sus bolsillos? ¿En Anfi?) Cómo es de puñetera la hemeroteca, tú. Pues por ese Bárcenas es por el que este martes en Madrid José Manuel Soria ha puesto la mano en el fuego. Veremos.

Pero no es esta de “pongo las manos en el fuego por las cuentas del PP” la única solemne patujada de José Manuel Soria a lo largo de sus dieciocho años de vida pública. Sólo tirando de memoria y a la espera de que compongamos una carpeta con sus cosas de él, les proponemos recordar estas siete frases célebres del presidente del PP y ministro del Reino que demuestran el tamaño de su insensatez y de su capacidad para mentir y/o solemnizar sus miserias:

• “Yo no estaba en ese consejo, vaya si lo sabré yo”. Dicho en la Comisión de Investigación del caso Eolo negando que estuviera en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuando se acordó facultar a su presidente para negociar un parque eólico con Javier Esquivel, que prestó un chalet a Soria para que viviera sin pagar renta alguna durante al menos 19 meses. La secretaria del consejo certificó lo contrario.
• “Yo pagaba el alquiler en metálico, a un tanto alzado”. Soria ante el Juzgado de lo Penal 2 en la querella contra dos periodistas por el caso Chalet. El juez García-Sotoca absolvió a los periodistas y condenó a Soria a las costas (luego perdonadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas) y le acusó en la sentencia de tratar de cercenar la libertad de expresión con sus querellas infundadas.
• “Yo no participé en el debate sobre la declaración de interés general de Anfi del Mar”. Declaración el 26 de noviembre de 2008 ante la magistrada Margarita Varona en calidad de imputado por el caso Salmón. Un vídeo del Parlamento de Canarias desmentía tan tajante afirmación: en él se ve a Soria votando favorablemente el proyecto del empresario Björn Lyng, que le invitó en su jet privado a un viaje de placer a Austria y Noruega, el caso Salmón.
• “Yo siempre pago mis vacaciones en metálico (…) es que en casa solemos guardar metálico para los gastos que se ofrezcan”. Soria ante la magistrada Margarita Varona en su segunda comparecencia como imputado en el caso Salmón el 4 de mayo de 2009.
• “Yo jamás me interesé por el concurso de Isolux”. Soria en el juicio del caso Isolux el 11 de junio de 2008 negando su participación –directa o indirecta- en el escándalo. Un testigo derrumbó su versión al asegurar que el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria le amenazó con proscribir a su empresa si denunciaba ante la Justicia el trato de favor que obtuvo la empresa que ganó aquel concurso amañado. La querella de Soria contra CANARIAS AHORA fue derrotada.
• “Juan Fernando López Aguilar mandó detener al empresario inocente Santiago Santana Cazorla”, Soria el 20 de enero de 2009 en su cruzada contra las investigaciones por corrupción de su partido en Canarias. La detención del empresario en el marco de la operación Góndola (corrupción en Mogán) fue avalada por la Audiencia Provincial tras el frustrado intento de su abogado, José Antonio Choclán, de declararla nula por ilegal.

Hablando de la operación Góndola, no se extrañen si en los próximos días tenemos que publicar la noticia de que se archiva esa causa de corrupción contra el alcalde, Francisco González, Paquirrín, del PP, varios de sus concejales y ex concejales y algunos empresarios, entre otros el mentado Santiago Santana Cazorla, actual co-propietario de Anfi del Mar en trance de rendirse. La causa nació bichada desde que no fue adjudicada a la Fiscalía Anticorrupción sino a la Fiscalía Provincial alegando que la primera estaba muy saturada con Eolo y Faycán, casos de corrupción también protagonizados por diversas almas cándidas del Partido Popular de Soria, perdón, de Canarias. El primer instructor ya vio el feo andar de la perrita cuando tuvo la feliz idea de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias unas conversaciones del empresario Santana Cazorla con altos cargos del Gobierno, entre otros su presidente, por si alguien pudiera o pudiese apreciar tráfico de influencias o cochinada similar. No solo no apreciaron nada sus excelentísimas señorías, no solo no apreció nada el Ministerio Fiscal, sino que desde esas rancias instancias propinaron un severo rapapolvo al juez Alexis Reyes como si hubiera traspasado una imaginaria frontera que un juez de la base jamás debe traspasar cuando de determinados personajes se trata. Reyes dejó el juzgado, y tras él otros cuatro jueces apenas han movido un papel. Claro que el fiscal Jorge Pobre, atareadísimo preparando opositores, ciclos de conferencias y otras actividades lucrativas, tampoco ha tenido mucho tiempo de empujar la nave por los procelosos canales moganeros. Si no lo archivan verán qué poco tardan las defensas de hablar de prescripciones o de demoras injustificadas. Soria, poco a poco, va consiguiendo su propósito de que las corrupciones del PP queden en nada.

Como era de prever, el Cabildo de Gran Canaria, gracias a los votos del PP, esquivó este lunes constituir una comisión de investigación sobre el comportamiento de su vicepresidente tránsfuga, Juan Domínguez, en la Institución Ferial de Canarias (Infecar). Y decimos que era de prever porque también era lo que entraba en las previsiones de la oposición solicitante, es decir, que el PP dijera que no para montarle el tremendo pollo que le ha montado y el le que falta por montar los próximos días. Bravo de Laguna, presidente del Cabildo, es un experimentado veterano y sabe que es preferible esta tormenta de un par de días que el suplicio de una comisión de investigación que se podría eternizar en plan gota china con un resultado siempre impredecible. Aún así, Bravo no desaprovechó la oportunidad que le brindó la oposición para decir algo incontestable: cuando todos hablan de la corrupción en el entorno del PP, todos salen perdiendo menos el PP. Y a las pruebas nos podemos remitir así en Canarias como en España. No existe ni existirá en tiempo un partido político que protagonice más casos de corrupción en las Islas sin sufrir por ello el menor desgaste electoral. Y en ocasiones, todo lo contrario. Verbigracia, Mogán, donde el alcalde González, Paquirrín, obtuvo una aplastante mayoría absoluta después de haber sido detenido en el marco de la operación Góndola y después de que los medios informativos aireáramos sus indecencias presuntamente delictivas con empresarios y políticos. O José Manuel Soria, que llega a ministro tras ser la estrella rutilante de escándalos como La Favorita, Isolux, Eolo, el caso chalet y el impepinable caso salmón, ejemplo meridiano de lo que es dejar escapar al campanu una vez pescado.

Olvídense ya del Pacto por Canarias, si es que alguien había imaginado por un momento que la ronda de conversaciones que ha anunciado el presidente Rivero iba a alcanzar su objetivo principal, sumar al Partido Popular a un acuerdo que permita desbrozar el camino hacia la recuperación económica del Archipiélago. El máximo líder del PP, convertido en caudillo por el atenazamiento político y mental que sufren sus correligionarios, ya se encargó este mismo lunes, en los micrófonos de Cope Canarias, de desinflar cualquier entusiasmo. Durante los casi veinte minutos de entrevista que le hizo Mayer Trujillo, José Manuel Soria no habló ni una sola vez de resolver el problema del desempleo en las Islas, y sorteó con el descaro que le caracteriza la resolución de asuntos tan importantes para las Islas como la deuda histórica del Estado (la que el PP reclamaba con apasionada firmeza cuando gobernaba el PSOE), la reforma del REF o el bloqueo a las energías renovables, entre otros asuntos. Aunque dijo que el PP acudiría sin condiciones a esos encuentros en el Paulinato, Soria dejó claras cuáles van a ser las dos prioridades: el déficit público, rebajar la deuda y devolver los préstamos, y reformar las administraciones públicas canarias. ¿Inversiones? ¿Paro? ¿Lealtad institucional? Olvídate. Si a nada de eso se compromete Rivero, no habrá PP que le acompañe en ese Pacto por Canarias.

Se anima de manera espectacular el caso Bárcenas, de financiación ilegal del Partido Popular y reparto de sobres en dinero negro entre la dirigencia residenciada en la calle Génova y sus satélites. Cada día que pasa los españoles vamos descubriendo que aquel primer descubrimiento del caso Naseiro, en 1989, continuó produciéndose en las cuentas del PP hasta el otro día mismo. Naseiro, recordémoslo, fue el famoso tesorero del PP descubierto por el juez Luis Manglano en Valencia en medio de unas conversaciones telefónicas detectadas mientras se investigaba un asunto de narcotráfico del que era sospechoso el hermano del concejal valenciano del PP Salvador Palop. Naseiro trajinaba financiación ilegal del PP, también desde Valencia, con otro ex tesorero del PP, Ángel Sanchís, del que ahora sabemos que es socio y compadre de correrías boludas de Luis Bárcenas, Luis el Cabrón, el ser humano más temido ahora por Mariano Rajoy y su cúpula. El caso Naseiro fue anulado por la justicia porque el juez Manglano lo descubrió en unas escuchas mientras buscaba otra cosa, lo que permitió a Aznar irse de rositas y, cómo no, acusar al juez de trabajar al dictado del PSOE. Manda Trillos, una vez más. Pues del caso Bárcenas también le preguntó Mayer Trujillo a José Manuel Soria, en concreto sobre su opinión por lo dicho por el exdiputado Trías, que confirmó lo de los sobres con dinero negro. El ministro de Industria, que es experto en despejar a córner las preguntas más comprometidas, contestó que lo que tenía que hacer Trías era denunciarlo antes, cuando se enteró, y que “está tardando en ir a la Justicia”. Lo que viene siendo matar al mensajero, muy propio de la casa soriana. No desmintió en ningún momento, sin embargo, que se hayan repartido sobres con esa modalidad dineraria entre los miembros de la dirección del partido, de la que ha formado parte estos últimos años en su calidad de presidente regional de Canarias. Lo que no significa que los haya cobrado, aclaramos acto seguido, del mismo modo que sí afirmamos que Soria sí ha dicho en sede judicial que el grupo parlamentario le pagaba mediante talones bancarios una asignación extra cada mes cuando era presidente del Cabildo y presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. Para sus gastos en metálico, vamos.

Pero, en realidad, hoy toca hablar de Juan Domínguez, convertido en co-protagonista del pleno del Cabildo de este lunes al despacharse como quiso contra Lorenzo Olarte por haberle denunciado públicamente. El vicepresidente tránsfuga se ha crecido al comprobar que el PP ha cerrado filas en torno a él para protegerle aun poniéndose todos los dedos en la nariz con el fin muy humano de ahorrarse el hedor que la cosa puede llegar a alcanzar. Ya liberado de sus compromisos (los que fuera que haya podido tener) con el Centro Canario de Nacho (CCN), y comprobado que Bravo de Laguna no piensa prescindir de él a no ser que del cielo caigan pianos de cola, Domínguez leyó unas muy bien elaboradas letras (que para eso tiene asesores) a través de las cuales terminó convirtiendo al denunciante en autor de los mismos o similares hechos que pretendió atribuirle a él. Por denunciarlo hasta le atribuyó haber viajado un día al Puerto de la Cruz a costa de los dineros de Infecar para asistir al récord Guinnes de la loncha de jamón más larga jamás cortada en el planeta tierra. El establecimiento donde se produjo esa efeméride es, según destacó Domínguez, “gerenciado” por Nacho González. No vamos a ser nosotros los que nos pongamos a discutir ese tipo de cuestiones charcuteras con quien o quienes parecen tener una acreditada experiencia en el mundo de la matanza de ese noble animal que es el cerdo. Ni vamos a hacer ese burdo, a la par que facilón, juego del chorizo que tú eres frente al chorizo en que pretendiste convertirme. Pero esa fue, señoras y señores, la penosa imagen que volvió a transmitirse en el pleno cabildicio: ¿chorizo yo? Y tú más.

Para terminar de rizar el rizo del esperpento, en nombre del Partido Popular vino a intervenir en tan espinosa cuestión charcutera nada menos que el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, el mismo día en que el periódico La Provincia publicaba una noticia que nuestros lectores conocieron en diciembre de 2009, cuando la ofrecimos nosotros en este periódico que tan amablemente abren ustedes cada mañana. Sánchez no parece, o al menos no nos parece a nosotros, el portavoz más adecuado para hablar de regeneración política, para defender a nadie de acusaciones por corrupción política o para acusar a sus adversarios de comportamientos punibles. Porque, efectivamente, se encuentra incurso en algunas causas penales que mucho tienen que ver precisamente con su convulso paso (y permanencia) en la política. Sánchez y Domínguez, Domínguez y Sánchez, los dos elementos del grupo insular de gobierno de Gran Canaria que mejor hubieran hecho en dejar pasar esta bola. ¿Bola? Ah, cierto, que Domínguez hizo referencia a su condición de “bolita”, el número que completaba la mayoría absoluta del PP en Gran Canaria. Bola negra es, en el argot masón, la que se introduce en la saca por parte de aquel hermano que veta la entrada de cualquier candidato en la logia. Domínguez entró en una, pero salió de ella con la misma dignidad con la que probablemente termine abandonando la política. Por mucho que este lunes quisiera investirse como “esperanza blanca” no sabemos muy bien de qué. El resultado final, además de que no se investigará nada en sede cabildicia, es que nadie desmintió los obscenos ofrecimientos a Olarte en el famoso almuerzo del hotel Parque, lo que nos conduce inevitablemente a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que le propusieran ser presidente de la Zona Franca, con un sueldo de 4.500 euros al mes, si Olarte es tan palanquín como afirmó este lunes uno de los que le hicieron el ofrecimiento? Siempre insostenible Domínguez.

No es en absoluto baladí la sentencia del Tribunal Supremo que hemos publicado este domingo, en la que se propina otro severo correctivo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sección Contencioso-Administrativa, por no estar al tanto de los cambios jurisprudenciales a los que se ha visto sometida la siempre polémica prestación del servicio público de abastecimiento de aguas en España. O, como llaman en los ayuntamientos más avanzados, el siempre polémico servicio de ciclo integral del agua: producción, distribución, recuperación, depuración y reutilización. O algo así. El caso es que, como habrán podido leer, el Supremo se ratifica en su propia jurisprudencia y en la doctrina del Tribunal Constitucional, que insiste en que el recibo del agua es una tasa que pagamos los usuarios, y como tal tiene que componerse exclusivamente de los costes que tiene ese servicio. No cabe negocio: se presta un servicio en régimen de monopolio a clientes cautivos y sólo se puede cobrar lo que cuesta. Tal consideración es independiente de que el servicio lo preste directamente un ayuntamiento o se valga para ello de una gestión privada, como es el caso de la mayor parte de los municipios grandes de Canarias. Verbigracia, Las Palmas de Gran Canaria. Pero si la tasa por abastecimiento de agua debe componerse exclusivamente del coste del servicio, ¿no estarán estratosféricamente inflados los de esta ciudad gracias a las escaramuzas empresariales hechas por los socios privados que tiene el Ayuntamiento en Emalsa? Por ejemplo, ¿tenemos que pagar entre todos, en forma de tasa, ese desmesurado alquiler de la sede de Emalsa en las oficinas que tan gentilmente ha alquilado a su socio Satocan por 70.000 euros al mes? ¿A qué precio estamos pagando entre todos las obras que Emalsa contrata a Sercanarias –formada por los mismos socios privados de Emalsa- sin someterlas a ningún mecanismo de pública concurrencia? A ver si es verdad que el alcalde Cardona ha puesto interés en esta cuestión.

Rápidamente el subdelegado del Gobierno, Luis Molina (jefe de la camarilla de actividades molestas e insalubres), activó el protocolo de emergencias soriásicas y, con la bendición de la delegada del Gobierno, una perfecta comparsa para todos estos trabajos absurdos de su caudillo, movió al equipo médico habitual que el ministro ha logrado colocar en la Supercomisaría para los trabajos sucios. Esa cuadrilla –con una inesperada e inexplicable incorporación montesina- preparó informe a la medida que pudiera adjuntarse a un escrito de queja que remitir al presidente del TSJC, Antonio Castro, y al Consejo General del Poder Judicial. La queja, básicamente, viene a decir que la juez Rosell actuó en un asunto del que no es competente: emitir un auto paralizando una expulsión de extranjeros del territorio nacional. Pero no es ese el fondo de la cuestión, porque como saben la delegada, el subdelegado, el jefe superior, la jefa provincial de Policía, el comisario de Extranjería y el director del CIE, el auto no lo hizo esa magistrada, sino el juez de guardia, que atendía de ese modo la reclamación que le hacían los abogados de los inmigrantes en trance de expulsión. El fondo de la cuestión es tratar de desprestigiar a la juez y, de paso, tapar las vergüenzas al Estado en un feo asunto consistente en un accidente de una patera que choca contra una patrullera de la Guardia Civil con el resultado de un muerto, siete desaparecidos y varios heridos, uno de ellos de carácter grave y con secuelas. Dos por el precio de uno, se habrán refocilado los protagonistas de este grotesco sainete en el que están por medio los derechos legítimos de unas personas –que pretenden reclamar responsabilidades al Estado- y la prevalencia de la vigilancia judicial de las actuaciones de una Administración pública.

Llevaba intentándolo desde el día siguiente a los hechos, cuando se enteró de que un auto del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria había paralizado cautelarmente la expulsión de dos inmigrantes marroquíes ingresados en el CIE de Barranco Seco. Y este fin de semana lo consiguió colocar por fin en La Provincia, pero con un resultado ciertamente catastrófico para sus intereses. José Manuel Soria, presidente del PP de Canarias y todo un ministro del Reino, se ocupó personalmente de llamar a la Fiscalía de Canarias y a los periodistas de su confianza para que le publicaran que aquel auto de medidas cautelares sufrió un incidente que para él –como siempre- “es lo más grave que ha ocurrido en democracia desde la dimisión de Adolfo Suárez”. Y el incidente en cuestión fue que el juez de guardia, Tomás Martín, tomó de los archivos del juzgado de guardia un auto tipo que tenía impresa la antefirma de la juez Victoria Rosell, magistrada a la que el Consejo General del Poder Judicial le tiene encomendada la vigilancia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de la provincia de Las Palmas. El error, del que se percataron de inmediato en el juzgado de guardia, fue subsanado a los diez minutos, cuando se volvió a enviar el mismo auto, exactamente el mismo auto, cambiando el pie de firma, exclusivamente el pie de firma, que no se correspondía con la firma del juez de guardia. Los compadres de José Manuel Soria en esa enorme cruzada que tiene el líder del PP montada contra todos aquellos a los que responsabiliza de que hayan aflorado sus indecencias rápidamente informaron a la superioridad: mira lo que tenemos, con esto y algún periodista amigo podemos hacer daño a la juez Rosell, instructora de la última trama de corrupción emanada de las calderas del PP canario, el caso Lifeblood.

No deben estar muy seguros en la Delegación del Gobierno y en la Supercomisaría de haber actuado como manda la ley y el sentido común, porque la paralización de la expulsión de los dos inmigrantes, cuyas declaraciones podían ser fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y las posibles reclamaciones al Estado, no fueron recurridas por la Fiscalía, a la que acudió alarmado José Manuel Soria al grito de ¡escándalo, escándalo! (gracias, Raphael), ni por la Abogacía del Estado. Se trataba, exclusivamente, de montar un pollo con la apariencia de arbitrariedades judiciales cuando las únicas arbitrariedades pueden estar residenciadas en la Plaza de la Feria y en la Supercomisaría. Esa inseguridad se demostró a finales de la semana pasada, cuando Hernández Bento declinó recibir en la Delegación del Gobierno a un equipo del programa de La Sexta El Intermedio, capitaneado por el intrépido Gonzo. Fuentes de la cadena han asegurado que, no obstante, el reportaje se ha hecho y que se emitirá este mismo lunes, si otras chorizadas del PP lo permiten. Pero no será La Sexta el único medio informativo que ha visto que la postura gubernamental no se sostiene de ninguna de las maneras. El único recorte de prensa que la delegada pudo adjuntar a su carta de queja, correspondiente al siempre diligente diario ABC (delegación de Canarias) contiene cuatro comentarios de los lectores que la dejan ciertamente a los pies de los caballos. Además de criticar al autor de la información por su profunda ignorancia del Derecho, los lectores arremeten contra la delegada por pretender callar las bocas de los inmigrantes decretando su rápida expulsión. Que no haya testigos, como les contamos aquí desde el primer día. Detrás del ABC vinieron este fin de semana La Provincia y Canarias7, y en ambos casos se puso de manifiesto la inquina de Soria hacia la juez Rosell y el comportamiento pendenciero de la delegada del Gobierno ante el avasallamiento de los derechos de este grupo de inmigrantes. Ir por lana y salir trasquilado, como gusta repetir al excelentísimo caudillo.

Lo malo es que ese informe policial, que se ha paseado por algunas redacciones de medios informativos de la provincia de Las Palmas con desigual fortuna para los remitentes, podría contener falsedades, lo que puesto en papel oficial y firmado por funcionario público podría incluso constituir delito. O parecerse bastante. Los protagonistas del enredo, obligados en algunos casos a actuar del modo cobarde que lo han hecho, lo saben perfectamente porque recibieron llamadas del juzgado de guardia advirtiéndoles del error, que quedó subsanado inmediatamente mediante un oficio del juez Tomás Martín que, sin embargo, la delegada del Gobierno y sus mariachis no han enviado ni al TSJC ni al Poder Judicial, quizás porque con ese oficio se les vendría abajo el tenderete que han pretendido montar. Pero es que, además, la carta (por llamarla de algún modo) de la delegada del Gobierno contiene afirmaciones falsas a sabiendas de su falsedad. Por ejemplo, que el primer auto está firmado por la juez Victoria Rosell, cosa que es absolutamente falsa, sencillamente porque no está su firma por ninguna parte. Está su nombre, cierto, pero la que aparece no es su firma, como se aclaró de inmediato al mandar un auto con la antefirma corregida y la misma firma que el auto inicial. A mayor abundamiento: los dos autos son exactamente iguales en su contenido, lo que despejaría ante cualquiera con dos dedos de frente cualquier duda sobre una pretendida duplicidad o contradicción judicial, cosa que sí sería desde luego llamativa.

El Gobierno del PP ya ha dejado transcurrir el periodo adecuado para infligir un nuevo golpetazo a la economía y el bienestar de los canarios sin que parezca que guarda relación con el atropello anterior. A todo el estropicio que Soria ha propinado al Gobierno canario por no haberle dejado gobernar aquí se unió este viernes la confirmación de los peores presagios en torno al descuento aéreo para residentes. El Ministerio de Fomento, posiblemente valorando en su justa medida las opiniones al respecto de José Manuel Soria, ya ha confirmado que nos van a bajar ese mecanismo pensado para igualar a los habitantes de Canarias con los de la Península de una forma sencilla y sostenible. Nadie podrá cobrar más de 60 euros pero sobre el precio del billete, y no sobre el resultante de aplicar la reducción del 50% vigente hasta ahora. Eso significa que un billete LPA-Madrid que cueste 400 euros no será reducido a la mitad sino, en el mejor de los casos, hasta 340 euros. El perjuicio a los canarios es flagrante porque convierte una medida compensatoria de la insularidad en un nuevo retraso del que solo serán paganinis los ciudadanos, los que viajan por placer a la Península o los que lo hacen por estudios, por trabajo o por necesidades sanitarias. Una vergüenza más.

Siempre se ha dicho que el Festival de Música de Canarias era un capricho para gustos selectos, un invento de Jerónimo Saavedra para dar rienda suelta a sus acreditadas debilidades musicales. Pero después de 29 años, de los que el partido del señor Saavedra puede haber gobernado escasamente siete, parece consolidada la idea de que este acontecimiento de cada enero ha situado a Canarias en el mapa de la Música, que ha arraigado entre la gente de Canarias y que muchos aficionados del mundo se vienen a las Islas a disfrutar de su programación. Y no es un homenaje al elitismo, como desmontan las cifras, porque es imposible que con la que está cayendo haya 6.000 personas elitistas en Canarias que asistan a los cuatro conciertos inaugurales de la edición de este año en las dos capitales canarias, como ha ocurrido. Y que lo hagan para acudir a un lujazo como el protagonizado por la London Philharmonic Orquestra dirigida por el prestigioso Jorowski, una contratación de la que es responsable directa la directora del festival, Candelaria Rodríguez, capaz de despejar con acierto esa ecuación diabólica de hacer más con menos, como se exigen por esos mundos de los mercados de Dios. Las sesiones inaugurales del festival, empobrecido notablemente por los recortes presupuestarios, han resultado un rotundo éxito gracias al acierto en la programación, porque es un acierto la London, un acierto Jurowski, un acierto la violinista descalza, Patricia Kopatechinshaja, y un acierto el repertorio hasta el punto de que la Quinta de Mahler haya merecido el elogio de muchos de los asistentes hasta el punto de calificarlo como uno de los mejores conciertos de todos los tiempos en Gran Canaria.

El genial Manolo Vieira, siempre tan al tanto de la actualidad, lo clavaba la noche de este viernes en El Chistera ante un público que no conocía el registro de manera mayoritaria: “Que no conste”, concluía su espectáculo al bromear con el prometedor artista Víctor Lemes sobre un sobre con dinero con el que pagar la actuación del artista. Sí, se pondrá de moda, será trending topic eso de “no me consta”, el mantra torpemente esgrimido por los dirigentes del Partido Popular al hablar del reparto de sobres con sobresueldos entre los ejecutivos y cargos públicos durante veinte años y hasta bien entrado el mandato de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. No gana para disgustos la número dos del partido, que ha tenido que soportar esta semana varios sofocones por su incontinencia verbal y su inveterada manía de encontrar pajas ajenas por encima de las enormes vigas que se ciernen sobre el PP. La evidencia de que había sobres con dinero negro que se repartían entre la dirigencia vuelve a colocar a Mariano Rajoy en una posición ciertamente embarazosa sobre la que llamaron su atención todas las tertulias radiofónicas o televisivas, de sur a norte, de este a oeste. Hasta el otrora líder de la caverna mediática de la derecha, Federico Jiménez Losantos, quitó el seguro de la metralleta y disparó a trote y moche al comprobar que había un partido capaz de dejar en mantilla al PSOE. El escándalo está servido y nadie en el PP se atreve a tomar al toro por los cuernos, si exceptuamos los ataques a la línea de flotación que profiere Esperanza Aguirre, hábil maniobrera que ahora pretende exigir que caiga quien caiga cuando obstaculizó la acción de la justicia hasta el otro día mismo.

El escándalo de las cuentas suizas de Bárcenas y el reparto de sobres en la sede central del PP ha provocado la natural indignación ciudadana, que en ocasiones se contagia de ese adagio de los conservadores consistente en culpar al PSOE cuando gobierna y a los políticos cuando gobierna el PP. Sus discursos se hacen cada día más insostenibles porque sus propias decisiones los echan por tierra en cuestión de horas. Por pensar en global y actuar en local, debemos hacer referencia al último comunicado del Partido Popular de Telde llegado a esta dirección. En él, con muy buen criterio, los conservadores teldenses exigen de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que mantenga abiertas las urgencias en el Centro de Salud de Las Remudas, un populoso barrio que seguramente presenta una alta demanda de este tipo de servicios públicos. Pero a la dirigencia pepera en Telde quizás convenga recordarle que ellos son los campeones de España en cerrar centros de salud y servicios de urgencias, además de cargarse el sistema público y hacernos retroceder a todos a los años noventa en materia sanitaria. La exigencia no incluye dato de ningún tipo, ni población asistida, ni promedio de usuarios que se verían afectados… porque de lo que se trata es de hacerle la puñeta al Gobierno canario, que ya nos imaginamos cómo le va a contestar a estos audaces dirigentes teldenses.

A medida que transcurre la gestión de Candelaria Rodríguez se confirma que fue un acierto su contratación, y no sólo por lo que respecta a la faceta puramente artística, con programaciones muy elogiadas por los expertos, sino también por las cifras que puede presentar. No es baladí ese lleno en los estrenos de este año. Como tampoco el notable incremento de público extranjero, tanto residente como personas que acuden exclusivamente al festival. En el aspecto puramente monetario, es de destacar que la recaudación de 2012 ascendiera a un millón de euros con una inversión del Gobierno de Canarias de dos millones. En esa edición visitaron el festival casi 60.000 personas, con un notable y nada despreciable incremento de personas de las islas no capitalinas, lo que avala la iniciativa de girar algunos formatos por esas islas que demandan música. Es evidente que todo este movimiento genera economía, se contratan hoteles, barcos, aviones, taxis, incluso peluquerías… El público sale a cenar después de disfrutar de un concierto y, algo más intangible: disfruta de una oferta cultural de calidad, lo que contribuye a muchos aspectos intangibles pero fundamentales para la calidad de vida, tan denostada en los tiempos que corren. Y se fomenta la industria cultural, la inquietud cultural, algo que determinadas autoridades se pasan por el arco del triunfo. El festival cumplirá 30 años en 2014 y sus más fervientes servidores se preguntan qué expectativas puede alcanzar. De momento, plato fuerte este domingo con Valery Gergiev al frente de la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petesburgo.

La portavoz del PP en Canarias no se llama Australia Navarro, ni se ha presentado a las elecciones. Es, por méritos propios, la periodista Cristina Almandós, que ejerce ya como plenipotenciaria comisaria política en Televisión Española en Canarias. Lo demostró con el tronío que corresponde a ese cargo este miércoles, durante el programa El Debate (moribundo sustituto del 59 Segundos) que tenía como invitado al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. El pinganillo de la presentadora, la mentada Almandós, echaba humo, y a las instrucciones que sin duda recibía a través de él, ella sumaba su espontánea y ardorosa defensa del Gobierno de Mariano Rajoy o del grupo de gobierno del PP en el Cabildo de Gran Canaria al ocuparse personalmente de responder al invitado sobre la reducción de altos cargos y agregados en la Comunidad Autónoma. Rivero presumía de haberlo hecho y la Almandós le reprochaba que lo hiciera después de Rajoy y del presidente Bravo de Laguna (risas sordas entre los periodistas en el plató). Cristina Almandós pidió destino en Canarias tras ser fulminantemente destituida del Telediario al colocar en quinto lugar la famosa noticia de la multitudinaria manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona, con motivo de la Diada. Ya apuntaba maneras, pero el escándalo pudo más que el mérito contraído. Una vez en las colonias, el otro comisario del PP puesto al frente de TVE por José Manuel Soria, Carlos Taboada, la colocó a presentar el Telecanarias, y de ahí, a El Debate en sustitución de Miguel El Mir. Éste, a su vez, fue promovido a ese puesto tras ganar el PP, desplazando a una inmensa profesional contratada para el 59 Segundos, la canaria Fátima Hernández.

El Gobierno canario parece que empieza a comprender que puede haber metido la pata hasta el fondo del corvejón con los registradores de la propiedad, pero lo que realmente tiene en un sinvivir al departamento de las perras autonómicas es ese movimiento laboral que ya se ha iniciado desde el Sur de Gran Canaria entre los casi dos centenares de empleados de las oficinas comarcales. Se barrunta una reivindicación en los juzgados de lo Social en que el principio de la subrogación por la extinción de la encomienda pueda suponer un lastre a las arcas regionales de perder el envite judicial en ciernes. A bote pronto, el montante a lo bruto alcanzaría los tres millones de euros anuales, un alto precio que debió haber sido valorado con mayor profundidad en los despachos del Ejecutivo antes de ahorrarse la encomienda. Da la impresión que decisiones como esta, o responden a algún objetivo más oculto que se nos escapa más allá del simple recorte presupuestario, o algo está pasando en la Consejería de Hacienda y nadie parece ponerse colorado o asumir responsabilidades, y lo que es peor, hacer nada para evitarlo. Entre otras cosas, el mero trasiego de 160.000 expedientes tributarios -en camiones, literalmente-, su descarga física en carretillas y su posterior manipulación solo ayudarán a los miles de defraudadores que se beneficiarán, ya sea por la caducidad, la prescripción o hasta el extravío, del atraso que va a suponer ordenar toda la documentación de las oficinas comarcales. Al tiempo, que es escaso.

Claro que Federico Trillo puede alegar en su descargo que cuando disparató contra el PSOE y en favor del buen nombre de Luis Bárcenas lo hizo apoyándose en el auto de archivo que acababa de dictar, a dos meses de las elecciones generales de 2011, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Aquel auto fue apoteósico porque, para justificar el archivo, su señoría aseguraba que no podían probarse pagos al ex tesorero del PP porque habían sido anotados en la contabilidad tres años después de producirse. Por lo tanto, aquellas iniciales de LB o, más expresamente, “Luis el Cabrón”, no tenían por qué corresponderse con el hoy sospechoso de esquiar ampliamente por las montañas suizas. En el colmo de la greguería, el magistrado llegó a afirmar en su auto que el nombre de Jesús Merino, que también aparecía en la contabilidad de la red corrupta, no tenía por qué corresponderse con el diputado del PP de idéntico nombre, “porque podría tratarse de otra persona distinta”. Al magistrado Pedreira nadie le ha reclamado la más mínima explicación ante un archivo tan extravagante que quedó en nada cuando la Audiencia Nacional lo consiguió revocar por considerar que no tenía competencias para hacerlo una vez los aforados habían abandonado voluntariamente tal condición al dimitir como parlamentarios autonómicos y pasar las competencias nuevamente al juzgado de Baltasar Garzón, ya ocupado por su sustituto, Pablo Ruz. Del mismo modo que nadie ha reclamado de Pedreira explicaciones tras conocerse que se dejaba asesorar informalmente por un letrado que en su día fue diputado del Partido Popular. Las explicaciones las tuvo que dar Garzón por investigar.

El juez Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial por haber investigado al Partido Popular, por haber profundizado tanto en la trama corrupta de Gürtel que acabó interviniendo las conversaciones de los abogados de los presos de la trama. El ex magistrado, convertido en héroe por el PP y por los compañeros de carrera que se prestaron al degüello, quería descubrir cómo se estaba blanqueando el dinero que los cabecillas de la operación tenían dentro y fuera de España, pero la propia Justicia acabó por impedirlo. Garzón sabía que tenía que haber cómplices para escamotear millones de euros de la acción de la justicia, y esos cómplices solo se descubrirían si se escuchaban las instrucciones que los principales encartados cursaban en las visitas que recibían en prisión. A Garzón lo decapitaron y se frustró la operación. Pero el juez que lo ha sustituido en la Audiencia Nacional ha descubierto una parte de ese dinero, los 22 millones que atesoraba en Suiza, hasta que lo descubrieron, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. El hallazgo es de tremenda gravedad porque coloca a los dirigentes de ese partido en una tesitura de difícil explicación. Si Bárcenas manejaba esas fuertes sumas en Suiza durante su etapa como responsable de las finanzas del PP, ¿era dinero del partido obtenido fruto de comisiones corruptas? ¿Era, como dice el sospechoso, dinero de terceros que movía para sacarle mayor rendimiento? ¿Qué hace el tesorero de uno de los principales partidos de España y senador del Reino dedicándose al trapicheo financiero fuera de España? El laberinto tiene difícil escapatoria.

La manía del Partido Popular de entrar con las patas por delante a cualquier debate público del que poder sacar rendimiento político a cortísimo plazo no deja de pasarle facturas cada vez más costosas con el inexorable transcurrir del tiempo. Practican –los peperos- la doctrina del estropicio en la creencia de que cuanto peor sea la imagen de la clase política, más subirá la consideración ciudadana hacia ellos. Así, son capaces de denunciar espionaje del Estado hacia la oposición (cuando eran oposición) cuando en realidad era el PP el que –allí donde podía- espiaba a los suyos y vaya usted a saber a quién más. Ahora que tiene el poder y el aparataje del Estado a su disposición, es fácil imaginarse quiénes están siendo ilegalmente investigados en este país. En su obsesión por culpar al PSOE de la corrupción propia, el PP llegó a atribuir a Rubalcaba una trama de falsas atribuciones y un montaje de investigaciones forzadas desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde la Fiscalía y desde la judicatura contra personajes tan podridos como Luis Bárcenas. Con motivo del estrambótico archivo de su causa en el TSJ de Madrid, en septiembre de 2011, el incontenible Federico Trillo, una de las personas que más daño ha hecho a la Justicia en esta país, se atrevió a reclamar una explicación de Rubalcaba. Pasado el tiempo, es ahora éste el que la reclama a Mariano Rajoy, y el presidente, como es norma de la casa, se esconde detrás de los suyos, que andan matando moscas con el rabo.

La decisión unilateral del Gobierno canario de retirar la encomienda para gestionar oficinas tributarias comarcales al Colegio de Registradores empieza a convertirse en una bola de nieve. Los datos que hemos venido ofreciendo esta semana, extraídos de la propia Consejería y del Ministerio de Hacienda, dejan con las vergüenzas al aire al artífice de ahorrarse seis millones de euros -el coste de la encomienda- sin valorar la eficacia de estas oficinas en manos de los registradores, diez veces superior a las centrales dependientes de la Consejería, o de evitar de algún modo un incremento del fraude fiscal estimado en un 70% en cuanto se relaje todo el servicio. Los números oscilan entre los 80 millones de euros anuales que se pueden perder dada la gestión de estas oficinas hasta la fecha, o los más tangibles cuatro millones de estos mismos días, en expedientes que caducaban de inmediato. La cosa pública sigue empeñada en sostennella y no enmendalla, y al contencioso administrativo -¡ay ese lucro cesante!- que se inicie con los registradores se va a unir, desde ya, las reivindicaciones laborales de unos 190 empleados de estas oficinas que van a luchar, con uñas y dientes, por sus puestos de trabajo. Bajo el principio legal de subrogación de sus plazas por el nuevo adjudicatario de los servicios que prestaban, aunque sea la mismísima Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, el Ejecutivo de Rivero corre el riesgo de cargarse con más gastos.

El mismo día que el PP nacional se hacía el muerto con el hallazgo de 22 millones de su ex tesorero en Suiza, la muchachada soriana en Canarias trataba de echar más tierra encima de la escandalosa y torpe manera con la que trató sin éxito de callar la boca a Lorenzo Olarte y la presunta corrupción del tránsfuga Juan Domínguez en Infecar. La táctica empleada ha sido la de no entrar al trapo de las acusaciones de Ignacio González y el propio Olarte, que aseguran por activa y por pasiva que el intento de soborno se produjo en aquella comida del 21 de diciembre en el hotel Parque. Nadie da un duro por la credibilidad de Nacho González como ariete de la regeneración política en Canarias, lo que no tiene por qué significar que en este caso concreto, con la muy saludable intención de desalojar de la vida política al tal Domínguez, no haya actuado en pro de la limpieza política. Pudo más el deseo de dar una patada en salva sea la parte a tan pintoresco personaje, por cuyo futuro político nadie da un duro, que el la garantía de empleo público para el ex presidente Olarte. Y mucho más incluso que esa pretendida lucha contra la corrupción que nos intentan vender. Pero es evidente que se habló en esa reunión de quitar a Olarte de Infecar y mandarlo a un lugar más plácido, en el que no tuviera que tropezarse con el tránsfuga. Ese ofrecimiento en un contexto en el que Nacho pedía su cabeza y Olarte amenazaba con tirar de la manta, se podrá interpretar de cualquier manera excepto de la que nos quiere hacer ver el PP canario, tan experto siempre en hacerse el longui en los momentos más memorables.

El dogmatismo impide ver el bosque. Y a nadie del PP en su sano juicio parece habérsele ocurrido firmar una tregua por Carnaval y reconocer que la mejor oferta televisiva para las fiestas de Las Palmas de Gran Canaria era la de la Radiotelevisión Canaria, se pongan la señora García Bolta y el señor Cardona como se pongan. Cualquiera que se lea la oferta de la autonómica y el documento firmado entre el Ayuntamiento y TVE-C lo advierte sin mucho esfuerzo, pero la consigna del alto mando de que las televisiones autonómicas hay que cerrarlas y/o privatizarlas ha impedido que reine el sentido común. Véanlo por ustedes mismos: TVE ofrece emitir solamente los actos que garantizan audiencia, es decir, la gala de la Reina, la gala Drag, la Gran Cabalgata y los certámenes de murgas, mientras que la autonómica ofertó todos y cada uno de los actos, incluidas las fases previas y la final de los concursos de murgas, la gala infantil, de la tercera edad y todos esos fastos que contiene el programa de LPGC. Luego vienen los detalles, en absoluto insignificantes. Por ejemplo, que TVE utilizará para sus emisiones nacionales La 2, la segunda cadena, y que la cabalgata se ofrecerá en diferido por el Canal Internacional. Frente a esa propuesta, la autonómica ofrecía la posibilidad de ceder la señal de cualquier retransmisión, incluida las apetitosas galas, a TVE para que la ofreciera por su circuito nacional ensombreciendo Canarias. La autonómica, eso sí, ofrecerá para todos los canarios el Carnaval completo de Santa Cruz de Tenerife, lo que seguramente le va a granjear no pocas críticas. Por cierto, gasta el mediodía de este miércoles, nadie del Ayuntamiento había contestado a la oferta de RTVC.

De repente una dimisión. ¿Qué dimite un diputado? ¿Y del PP? Los libros de registros sísmicos se desempolvaron para inscribir tan extraordinario acontecimiento; los tertulianos proclamaban la bondad de la decisión; los ciudadanos, ni se lo creían. Y el partido del dimisionario, el ya ex alcalde de Valverde, Agustín Padrón, colocaba la pechera a la altura adecuada para que le cayeran las medallas correspondientes. Asier Antona y Australia Navarro se felicitaban, se regocijaban, se refocilaban en la gesta, ellos, los dos máximos dirigentes del PP canario en ausencia de su caudillo, el ministro Soria, los dos presentes en ese esperpéntico almuerzo del hotel Parque, donde trataron de comprar el silencio de Olarte a cambio de un sueldo de 4.500 euros al mes. Pero ocultaron todos –desde el condenado alcalde hasta los felices dirigentes del PP-un dato especialmente significativo: que la verdadera razón de esta dimisión preventiva, sin esperar al resultado del recurso ante el Tribunal Supremo, tiene como causa otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no tardará en llegar. Y por ellos idénticos con similares protagonistas, lo que, por aquello de la unidad de doctrina o el sentido común (táchese lo que cada cual estime) desembocará en una condena igual que la recaída en los reos. Haber mantenido a Agustín Padrón en su escaño y con su vara de mando en la mano a sabiendas de que venía otro varapalo ya era cuestión de provocación ciudadana. Y el PP optó por la dimisión.

Resulta conmovedor contemplar la cara que se les pone a los dirigentes del PP cuando se trata de justificar las corrupciones propias, en claro contraste con la solemnidad acartonada con la que reclaman a los demás la depuración de responsabilidades incluso cuando las acusaciones provienen de informes policiales falsificados o, cuanto menos, fantasmas. El descubrimiento de una cuenta en Suiza con 22 millones de euros a nombre del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, parece haber cogido con el paso cambiado a media dirección del partido, que optaba inmediatamente por hacerse el muerto: o Bárcenas ya no es del PP, o no sabemos lo que ha pasado, debemos esperar a la sentencia… Un mantra que solo vale para el PP y nada más que para el PP. Porque bien que se obstinaron líderes y lideresas de la muchachada mariana en pedir cabezas y anatemizar a todo aquel político descubierto, o acusado sin pruebas, de tener cuentas en Suiza. Por cierto, que Bárcenas ya ha anunciado que piensa contarle al juez por qué tenía 22 millones de euros en la banca ese país, y ya le ha adelantado algo a El Mundo: es que, señoría, verá, era representante de los intereses de un grupo de inversores que me confiaron sus fortunas cuando era tesorero del PP (manda Trillos) y hasta estoy dispuesto a facilitar los nombres de esas personas porque, gracias a la amnistía fiscal decretada por mi partido, ya han regulado su situación de evasores fiscales. Lo que nos conduce inmediatamente a rogar al juez que le admita esa declaración, sobre todo la lista de inversores a los que movía sus cuartos el tesorero del PP. A ver si nos vamos a encontrar con ilustres amigos de esta casa. Y de la de Génova.

Continúan las flatulencias en el periódico El Día, que parece no tener enmienda, la verdad. Su editor, director y guía espiritual, José Rodríguez, mantiene firme el timón de la nave rumbo al marisco sin que de momento hayan surtido efecto las cada vez más acaloradas recomendaciones del nuevo equipo de gestión que trata de salvar como puede la herencia de Leoncio Rodríguez, tío del insigne editor y aún más insigne independentista. El editorial que el domingo le dedicó Canarias7, que ha amenazado con llevarlo a los tribunales por sus continuos excesos, le ha sentado bastante mal a don Pepito, que se dedica ahora a responder de una manera tan burda e infantil que pasa de la terquedad a la machangada sin detenerse un solo momento en algún planteamiento mínimamente coherente. Reducida su credibilidad editorial a la de un bufón, este miércoles don Pepito se defendía proclamando a los cuatro vientos que El Día es “un periódico dignísimo que no necesita venderse a intereses bastardos para seguir saliendo a la calle”. Un periódico que “siempre ha destacado por la defensa de Tenerife y de Canarias en general. La defensa de Tenerife y de los tinerfeños frente a las desmesuradas apetencias canarionas”, que conste especialmente. Un periódico, asimismo, al que “no se le puede desprestigiar impunemente” porque tiene “más de cien años de antigüedad. Un periódico perteneciente a una distinguida familia de empresarios del periodismo. Un periódico, en definitiva, editado por la persona más prestigiosa de este Archipiélago”. Ahí, “la persona más prestigiosa del Archipiélago”, es decir, don Pepito. Patético.

El fango en el que se anda revolcando el PP en este asunto del CCN tiene como origen precisamente esos pactos de Ignacio González con José Manuel Soria, y también en su justa medida, los que en las municipales de 2011 hizo Coalición Canaria con el CCN para desembocar en este dantesco espectáculo en el Cabildo. Pero además de Juan Domínguez, aquellos pactos trajeron también consigo la irrupción en el panorama político de dos senadoras inesperadas: Meluca Suárez, por la isla de Gran Canaria, y Luz Marina Socas, por Tenerife. La primera, como saben, comparte con Juan Domínguez militancia y matrimonio, y siguiendo su suerte, ya no forma parte del CCN de Nacho, aunque tampoco se ha integrado todavía en el Partido Popular. Como recordarán, ambas senadoras centristas (por llamarlas de algún modo) rompieron la disciplina de voto del PP al votar a favor de las enmiendas de CC a los Presupuestos del Estado, lo que les reportó tener que pagar una multa de 3.000 euracos por cabeza. Pero esa fidelidad a la patria chica, esa pose de heroína canaria se ha desvanecido, porque en las últimas votaciones presupuestarias, la senadora Meluca Suárez ha votado disciplinadamente por las propuestas del PP. Impasible el ademán, hasta que el cuerpo aguante.

Los canarios no sabemos lo que nos hemos perdido con la marcha al Senado de Miguel Zerolo, ese esforzado de la política del que se acuerdan un día sí y el otro también los que han heredado sus excesos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Para fortuna de este pueblo desagradecido, ahí está el periódico El Día para recordarnos que, aunque no lo notemos, Zerolo está ahí, haciendo una labor sorda en el Senado del Reino. Sordísima. Un elocuente suelto publicado hace unos días en el periódico de don Pepito nos lo recordaba que el ex alcalde, "aunque no haya presentado ninguna enmienda, sí se encarga de analizar, estudiar y redactar muchas propuestas su grupo parlamentario". A esta dura labor, el periodista llama "trabajo en la sombra", lo que en ningún modo quiere decir que alguien en el faro de Nivaria esté haciendo conjeturas extrañas sobre el futuro personal del imputado senador Zerolo, al que investigan en el cercano edificio del Supremo. Lo que también puede haber sido involuntario es que el suelto en cuestión haya aparecido junto a un anuncio del sorteo de la Lotería del Niño, otra especialidad, junto al trabajo en la sombra, del muy honorable senador Zerolo. Joder con don Pepito, que parece que no moja pero empapa.

Crujen las cuadernas en la Delegación del Gobierno, y el crujío se traslada de modo amplificado a la Supercomisaría, y de ésta, al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco. La consigna es clara: frustrar al precio que sea la pretensión de reclamar responsabilidades al Estado por parte de los quince supervivientes de la patera que hace ya un mes resultó hundida tras chocar con una patrullera de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno se lo reclama a Luis Molina, su diligente subdelegado en Las Palmas y eficaz policía para trabajos especiales del PP: “Luis, que me la juego por esta tontería”. Y Molina moviliza a la jefa provincial de Policía, Sagrario de León, comisaria de Extranjería antes de que el PP la catapultara a su puesto actual. Experta en tratar con inmigrantes irregulares, Sagrario de León ha cursado las instrucciones necesarias para aislar al máximo el problema y que los catorce retenidos de Barranco Seco y el herido que entra y sale del hospital para ser tratado de sus heridas, no puedan ejercer sus derechos fundamentales de defensa a través de los dos abogados que les designó el colegio profesional de Las Palmas. Tras dos días de huelga de hambre reclamando asistencia jurídica para pedir responsabilidades y contactar con su familia en España, los inmigrantes pasaron a ser una preocupación para el Gobierno, que agilizó los trámites de devolución. La actuación in extremis del juez de guardia abortó el intento de sacar con nocturnidad y alevosía a dos de los internados en el CIE, pero las escaramuzas gubernativas no se han detenido: ahora buscan el lugar donde pescan los periodistas noticias que perjudican al Gobierno. Y si El País localiza a un superviviente dado por desaparecido, de repente se activa un inusitado interés por encontrar al inmigrante. ¿Para garantizarle sus derechos? ¿Sencillamente para devolverlo a Marruecos? ¿O más bien para continuar con la neutralización de un grupo que pudiera poner en remojo las dos versiones que hasta ahora hay del accidente?

En vez de dedicarse a poner palos en las ruedas de los derechos fundamentales, incluidos los de las personas inmigrantes, la delegada del Gobierno podría inscribirse en esos cursos de reinserción circulatoria, más conocidos como de educación vial, para aprender cómo comportarse en lugares de pública concurrencia sin perjudicar al prójimo. La noche del lunes, a la salida del primer concierto del Festival de Música de Canarias en Las Palmas, Mari Carmen Hernández Bento provocó con su coche particular un tremendo pifostio en el aparcamiento subterráneo anexo al auditorio Alfredo Kraus. La señora delegada pretendió esperar a que le validaran el ticket del aparcamiento estacionando su coche en la rampa de salida, en lugar de esperar, como hicieron decenas de usuarios, a pagar primero y retirar el coche del estacionamiento después. Un usuario, al ver la situación, retiró unos conos para que el coche que obstruía la salida se retirara, pero la impericia de la señora conductora impedía cualquier solución razonable. La providencial aparición de un guardia de seguridad, apercibido por la sonora pitada que provocaban los cabreados automovilistas, permitió desbloquear una embarazosa situación en la que Bento se metió ella solita, quizás por ese concepto del ejercicio de la autoridad que algunos cargos públicos siguen mostrando en espléndido desprecio por el comportamiento cívico al que todos estamos obligados.

Resulta elocuente comprobar que el autor de la noticia sobre la sentencia del caso Kárate es el periodista Fernando Lázaro, teórico experto de El Mundo en información de Interior y de Justicia, pero acreditado especialista en ejecutar los encargos mediáticos que provienen del entorno de José Manuel Soria y del núcleo más duro del PP. Casualmente fueron a parar al escritorio de Fernando Lázaro asuntos tan notables como la polémica que el presidente de la APM en Canarias, Salvador Alba, mantuvo en relación al nombramiento de jueces sustitutos con el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano. Y, naturalmente, el sesgo de la noticia iba claramente en favor de este magistrado, que viene siendo el ponente de la sentencia del caso Kárate. También cayó milagrosamente en manos de Fernando Lázaro el auto de la Sección VI de la Audiencia Provincial en el que Salvador Alba –ponente de la sentencia del caso Kárate- invertía una investigación sobre espionaje a dos jueces en investigación hacia esos dos jueces. Claro que la mano caritativa que envió el auto se olvidó de enviar el voto particular emitido por el magistrado Emilio Moya, que dejaba en pelota viva los planteamientos jurídicos de Salvador Alba –ponente de la sentencia del caso Kárate- y con él al otro juez que le toca las maracas y patina a su son. En poder del mismo periodista, de nuevo por una exquisita casualidad del destino, llegaron las deliberaciones secretas de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, particularmente las referidas a jueces y juezas cuya imagen tiene el señor Lázaro instrucciones concretas de masacrar. Claro que el filtrador se guardó mucho de contar los acuerdos tal y como fueron, quizás porque a él –que no forma parte de ese órgano- se los contaban como eran y él los traducía al gusto del consumidor.

La indignación era patente este lunes en el foro judicial canario, especialmente entre los abogados de las acusaciones del caso Kárate, que conocieron el domingo por una filtración al diario El Mundo algunos aspectos destacables de la sentencia de ese formidable caso de corrupción de menores y abusos sexuales en un gimnasio de Las Palmas de Gran Canaria. Todos estamos acostumbrados a filtraciones judiciales, particularmente de sumarios por corrupción política, un cáncer aireado ampliamente por los medios de comunicación desde que Juan Fernando López Aguilar extendió por toda la geografía patria las fiscalías anticorrupción. Pero la filtración de los esbozos de esta sentencia reviste una especial gravedad, en primer lugar por tratarse del asunto que se trata, una masiva corrupción de menores que han sufrido en sus carnes esas agresiones, el trance de contarlo todo ante la Policía y, finalmente, un duro juicio con sus presuntos corruptores sentados a escasos metros de ellos; y en segundo lugar, porque la sentencia no está finalizada, no han concluido las deliberaciones del tribunal, formado por tres magistrados que se supone –por declaraciones de su ponente- que aún no han terminado de formar su opinión para dar por concluida la sentencia y, finalmente, firmarla. Se trata, por lo tanto, de una irresponsable y evidentemente anticipada filtración que solo puede partir de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, compuesta por los magistrados Emilio Moya, Carlos Vielba y Salvador Alba, este último ponente de la sentencia, es decir, el que la está redactando y recabando las consideraciones de sus otros dos compañeros.

Salvador Alba, el magistrado, y Fernando Lázaro, el periodista, se conocen, al menos a través de Twitter. Porque el periodista ha inaugurado la cuenta en esa red social del magistrado en ambos sentidos: es su primer seguidor y el primer tuitero al que Alba sigue. Curioso, cuanto menos. Como curioso resulta releer la última entrevista a un periódico local que concedió el ponente de la sentencia del caso Kárate. Fue a Canarias7, y a las preguntas referidas a esta controvertida sentencia contestó oficialmente con las lógicas evasivas de quien habla de un asunto sub iudice. En su respuesta al periodista Antonio F. de la Gándara, Salvador Alba informa de que la ponencia “va avanzada” y “las deliberaciones también van por su cauce”, lo que le condujo a concluir que en el mes de febrero próximo podría leerse la sentencia en la sala de vistas del Palacio de Justicia. Así se publicó el 6 de enero; una semana después, El Mundo publicaba que a Fernando Torres Baena pueden caerle hasta 250 años de prisión; que a su novia María José González, entre 90 y 125 años, y que a Ivonne González podría corresponder una pena de hasta 120 años de cárcel. ¿A Ivonne 120 años? Debe haberse equivocado el periodista al tomar sus notas. ¿Cómo va Salvador Alba a condenar a 120 años de prisión a una acusada a la que el tribunal del que forma parte y con el que delibera la sentencia puso en libertad a mitad de juicio sin alegar más motivaciones que las que emergen de las puñetas mismas en un momento de arrebato jurídico? En el foro fumaban en pipa este lunes, insistimos, porque nada tiene pies. Y menos, cabeza.

El accidente de esta patera, el pasado 13 de diciembre en Costa Teguise (Lanzarote) va camino de convertirse en la pesadilla más inesperada de la Delegación del Gobierno en Canarias. La sucesión de acontecimientos conocidos hasta ahora parece hacer bueno el viejo adagio de “lo que mal empieza, mal acaba”. Porque todo empezó mal cuando se demostró que la embarcación de la Guardia Civil estaba para que la rescataran a ella, y no para actuar en una delicada operación que podía costar vidas, como finalmente acabó ocurriendo. El caos fue de tal envergadura que a estas alturas la Policía duda si todos los dados por desaparecidos realmente fallecieron o lograron alcanzar la orilla. Uno al menos lo consiguió, lo que en lugar de producir alegría en la Administración competente ha provocado la zozobra y el crujir de dientes. El herido ingresado en Las Palmas de Gran Canaria estuvo un mes hospitalizado sin que los abogados y las ONG que llevan el asunto hayan podido aclararnos si en calidad de detenido, de retenido o de transeúnte, pero curiosamente dado de alta y comunicado tal extremo a la Policía para que procediera, ale hop, a mandarlo al CIE sin más atenciones médicas que las que allí brillan por su ausencia a partir de la una, que es cuando se marcha el médico. El resultado era el de esperar: tras unos días de empeoramiento en su herida en la cabeza, el inmigrante tuvo que regresar al hospital este lunes. Por no hablar de las irregularidades que los abogados han detectado en las revisiones forenses a que han sido sometidos los inmigrantes, desde identificaciones insuficientes a pruebas de osteometría manifiestamente mejorables para saber si entre los habitantes de Barranco Seco hay menores de edad que habrían de ser trasladados a los centros específicos. Y de remate, cómo no, el Gobierno, a través de la señora Bento, quejándose de los jueces que ejercen el obligado control judicial de actuaciones tan sensibles como esta, con la Defensora del Pueblo empezando a echarse las manos a la cabeza ante el espectáculo. Habrá siguiente acto, no lo duden.

Ha sido Ignacio González el que lo ha contado todo. Lo hizo el viernes de pasada en un programa de televisión de El Día TV y lo repitió ante CANARIAS AHORA el sábado con todo lujo de detalles. González es (o era, no podemos precisarlo en estos momentos) socio del Partido Popular, al menos para las elecciones generales de noviembre de 2011. Ese acuerdo político, que dio como resultado, entre otros, el pacto de Juan Domínguez con José Miguel Bravo de Laguna en el Cabildo de Gran Canaria, parece haber quedado roto desde el momento en que las peticiones del CCN no se han visto satisfechas. Y las peticiones del CCN tienen su raíz en el descubrimiento de que Juan Domínguez es “un chorizo”, en expresión de Ignacio González, que al parecer pudo haber incluso metido la mano en la lata del gofio de la propia organización política. González puso a Olarte a trabajar en la búsqueda de irregularidades del que fuera la gran esperanza blanca del centrismo grancanario, y a Olarte no le costó mucho trabajo encontrar la mierda que buscaba. Con ese hallazgo entre las manos, Nacho y Lorenzo pidieron la cabeza del tránsfuga, que Bravo de Laguna lo apartara del grupo de gobierno condenándolo a la bancada de la oposición, sin sueldo ni transferencias económicas como grupo político. En su lugar, el PP debía nombrar consejero no electo a Juan Martel, el nuevo hombre fuerte del CCN en Gran Canaria. Pero Bravo, que conoce a Nacho como si fuera su más aventajado discípulo, no accedió a la petición porque no quiere prescindir del voto de Domínguez, y menos después de que haya estallado en el Grupo Popular la primera disidencia, la de Rosa Rodríguez, lo que abre la puerta a que otros seguidores de Soria lo dejen en cualquier momento con el culo al aire. La negativa de Bravo provocó ese almuerzo del hotel parque, del que Nacho y los suyos se levantaron casi sin probar bocado. No querían un puesto para Olarte (no creyeron nunca que Bravo se lo cargara por denunciar corrupción) sino la recolocación de Juan Martel para resarcirse de la penosa imagen provocada por Juan Domínguez.

Si Juan Domínguez es un corrupto, desde luego es de los corruptos chuscos, de chicha y nabos, de los que se venden por cuatro porquerías. Enchufar a su cuñado por 1.200 euros al mes, sin concurso ni contrato (parece que el acuerdo es verbal), facturarle poco a su partido o no cobrarle por las salas de Infecar utilizadas para un congreso, ceder locales públicos a una entidad privada sin contraprestación y con firmas falsificadas… pueden ser comportamientos desde luego poco éticos y hasta delictivos, pero se quedan cortos ante las trapisondas que Ignacio González dice tener comprobadas dentro del CCN. El presidente de ese partido sostiene que todo se descubrió a raíz de que un militante pidiera a la gerente una certificación de las cantidades donadas al partido para hacer su declaración de la Renta. Ante la evidencia de que le certificaban menos de lo que el militante decía que había donado, se empezaron a encender las alarmas. Así, cuenta González, el CCN descubrió que Juan Domínguez había abierto una cuenta falsificando su firma y en ella ingresaba aportaciones económicas de las que disponía sin control de nadie. De esta manera, aseguran, han detectado que con ese dinero se pagaba la compra de su casa en el supermercado, la gasolina del coche, hoteles de lujo, discos, enseres y hasta ropa deportiva. Por disponer, hasta dispuso de una tarjeta de crédito con la que llegó a retirar 6.000 euros sin justificar, en reintegros de 300 euros. Todo ello superaría los 20.000 euros en tan solo año y pico de ejercicio del poder, siempre según los cálculos de este partido político. Con una certificación de la entidad bancaria y los testimonios recabados, el CCN ha acudido a los tribunales para que se impute nada menos que al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Una joya, la verdad.

Se cerró a juicio de la Fiscalía de Medio Ambiente, la investigación de la operación Yate, nombre que la Policía dio al caso por el que se ha tratado de aclarar la pléyade de irregularidades urbanísticas detectadas esta última década en los municipios lanzaroteños de Yaiza (Ya) y Teguise (Te). Y la impresión que nos queda a los que hemos seguido más o menos de cerca el escándalo de los hoteles ilegales en Lanzarote es que, una vez más, han caído los lebranchos pero no los tiburones. Porque sí, podemos considerar lebrancho al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al que los investigadores parecen haber trincado con algo más de un millón de euros de enriquecimiento ilícito. Un lebrancho que cometió muchos errores, todos los errores de un alcalde que se creyó Dios y que deja tras de sí un reguero de hoteles y complejos turísticos ilegales (diecisiete) para vergüenza de la clase política y ofensa a los ciudadanos temerosos de las leyes de los hombres. Pero capturado y pendiente de juicio el cohechado, ¿qué fue de los cohechantes? ¿Quiénes fueron los que con tanta generosidad, y a cambio de licencias ilegales de hoteles, enriquecieron hasta al menos en un millón de euros al ex alcalde de Yaiza? La respuesta, como siempre, quedará flotando en el aire, aunque todo Lanzarote lo sepa de sobra. El propio sospechoso lanzó tres nombres cuando fue detenido, pero una providencial visita en prisión de la hija del también providencial Felipe Hernández Camero, ex secretario municipal y acreditado experto en defender a corruptos, obró el milagro de un cambio de criterio. Y donde Reyes dijo tres nombres, luego dijo que los había pronunciado en un momento de ofuscación consecuencia de la presión a la que estaba sometido.

Los que acudieron el pasado día 21 de diciembre a la Salón Dorado del Palacio de Justicia de Canarias, donde se celebran los grandes fastos y los juicios con jurado, se emocionaron al oír a una también emocionada María Australia Navarro aceptar la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. La condecorada, con la voz entrecortada, agradecía la distinción como si se la hubiera concedido un comité de notables después de estudiar en profundidad su abigarrado currículo de méritos y su contribución a una mejor Justicia en Canarias. En realidad, era una auto-homenaje sin parangón, porque como quedó dicho aquí, el Ministerio de Justicia se limitó a aceptar una propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, cuya presidenta es precisamente ella. Pero siendo grotesca ya esa imagen de una emocionada y auto-homenajeada Australia Navarro, más tenebroso suena ahora repasar lo que dijo: “Mis maestros José Pedro Pérez Llorca, José Gutiérrez, Emilio Moya, Emilio Moreno y Manuel Jaén me inculcaron el amor por el Derecho y el significado de la Justicia”. Analizadas esas palabras casi un mes después y conociendo lo que hizo exactamente una hora después de serle impuesta la medalla la auto-homenajeada Navarro, la reacción ya no es de bochorno, es directamente de repugnancia.

Porque una vez se apagaron los ecos de los aplausos que María Australia Navarro cosechó entre un entregado auditorio surtido por sus compañeros de partido, las primeras autoridades de todos los partidos, jueces, fiscales y público municipal y espeso, la auto-homenajeada acudió a un almuerzo en el hotel Parque, en la misma ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para participar en un intento de soborno a un cargo público que también la acababa de aplaudir en el Palacio de Justicia, Lorenzo Olarte Cullen. Fue María Australia Navarro, según el testimonio de dos de los participantes en ese almuerzo, quien puso sobre la mesa en aquella conversación la posibilidad de designar a Olarte presidente de la Zona Franca en Gran Canaria a cambio de que no denunciara públicamente y ante la Fiscalía el comportamiento del vicepresidente del Cabildo, el tránsfuga Juan Domínguez, en Infecar, institución que en aquel momento, aquel 21 de diciembre, presidía el tentado ex presidente regional canario. Así que “el amor por el derecho y el significado de la Justicia”. Quizá faltó a clase la señora Navarro el día en que esos insignes maestros explicaron el significado de términos jurídicos como el soborno (cohecho), o de manera recurrente, el comportamiento ético que ha de presentar siempre un licenciado en Derecho, conocedor de las leyes como ningún otro ciudadano. Porque se trató de un soborno mondo o lirondo que la condecorada María Australia Navarro remató en el minuto final del almuerzo susurrando al oído del presidente de Infecar un tentador “Lorenzo, que son 4.500 euros al mes, no seas tonto”.

El contenido de ese almuerzo del 21 de diciembre lo hemos contado con detalle en CANARIAS AHORA este fin de semana. Para que no hubiera errores de interpretación, previamente hablamos con dos testigos presenciales, uno por parte del Centro Canario Nacionalista y otro por parte del Partido Popular. Con los matices propios de las interpretaciones escapistas que cada cual haya podido aplicar al relato de los hechos, está confirmado que existió de manera tácita el ofrecimiento del nombramiento en favor de Olarte como presidente de la Zona Franca, y está confirmado que ese ofrecimiento se produjo en el contexto de la denuncia que el entonces presidente de Infecar pensaba formular seis días después ante el pleno del Cabildo y, acto seguido, ante la Fiscalía de la provincia de Las Palmas. Y en un momento en el que el presidente de ese Cabildo proclamaba ante los presentes que no destituiría al denunciado –el tránsfuga Juan Domínguez-, se lo pidiera el CCN o se lo pidiera su propio partido, el PP. Por lo tanto, estamos ante un ofrecimiento, el de Australia Navarro, que constituye un intento claro de evitar que se pudieran investigar unos hechos presuntamente delictivos en una institución pública dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Junto a la oferente, escuchaban la conversación, por parte del PP, José Miguel Bravo de Laguna y nada menos que el número dos de ese partido en Canarias, Asier Antona, mano derecha y brazo ejecutor de José Manuel Soria. Por parte del CCN, además de Olarte, estaban presentes el presidente insular de Gran Canaria, Juan Martel; el secretario general federal, Mario Torres, y su presidente, Ignacio González.

Como no hay pruebas de los pagos ni apareció nadie delante de la UDYCO con un maletín rebosante de billetes, la Justicia se dispone a juzgar exclusivamente al ex alcalde de Yaiza y a su familia por el escándalo de los hoteles ilegales de Lanzarote. Mientras, los diecisiete establecimientos y complejos turísticos continúan en pie y en trance de ser legalizados gracias a una obscena operación puesta en marcha por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la Cotmac, que ha actuado con carácter supletorio interviniendo en el planeamiento del municipio para dar salida a casi todas las construcciones ilegalizadas por la justicia, con sentencias firmes y con apercibimiento de piqueta. Lo hará la Cotmac, es decir, el Gobierno de Canarias, agarrándose como clavo ardiendo de una disposición transitoria de las directrices según la cual se pueden adaptar a la legalidad viviendas sociales, naves industriales y mejora de la calidad hotelera en muy determinadas circunstancias. Es decir, cuando haya en juego el interés de muy específicos poderes económicos muy influyentes, como es el caso. Pero como no todo se puede legalizar al gusto de los reclamantes, ya andan algunos de ellos poniendo el grito en el cielo. Es el caso, por ejemplo, del empresario Juan Francisco Rosa, uno de los más poderosos patronos de la clase política conejera. Su hotel Son Bou no va a poder entrar en el bombo porque seguramente se pasa de volumen más de lo digerible, incluso más de lo digerible por este Gobierno. Por cierto, ¿qué va a hacer el PSOE? Porque si no nos equivocamos, el caso Yate es obra de una denuncia interpuesta en 2005 por el socialista Carlos Espino, látigo de corruptos en Lanzarote. Si se cumplen los designios del PSC en la isla, el PSOE regional mirará para otro lado. Al tiempo.

Nunca es tarde cuando la dicha llega, y esperemos que llegue antes de que acabe la presente legislatura. El Partido Socialista Canario anunció este viernes urbi et orbi que ya está terminando el texto de la ley que habrá de transparentar y democratizar la Radiotelevisión Canaria. Se trata de una iniciativa que debía haber iniciado ya su tramitación porque era uno de los acuerdos contenidos en el pacto de gobierno entre el PSC y Coalición Canaria, que también ha intervenido en el articulado que se anuncia. Esa ley pretende, entre otros objetivos, “mejorar la gestión económica, ampliar (sic) la independencia informativa y constituir una plataforma real para la difusión de los contenidos del sector audiovisual y cultural de Canarias”, a lo que hay que añadir la elección de director general de la casa en el Parlamento de Canarias. Casi nada ese ramillete de pretensiones que, en realidad, se pueden resumir en la última. Porque seguramente eligiendo a un buen profesional que se ponga al frente de RTVC puede mejorarse la gestión económica y constituir una plataforma que respalde al sector audiovisual canario, sumido casi por completo en la más absoluta ruina. Y poniendo a un profesional al frente probablemente se consiga esa pretendida “independencia informativa”, que ya está inventada en otros medios de titularidad pública y que básicamente se resume en aplicar criterios periodísticos en lugar de criterios propagandísticos. La noticia de una ley canaria de democratización de la radiotelevisión autonómica supone también una garantía de que el actual pacto no está por la labor de privatizar esos medios, como reclama majaderamente el Partido Popular para ver si hay suerte y caen en manos de un amigo del alma.

Juan Ramírez Martel es persona inquieta, inconformista, de las que no se resigna a que se anuncien cambios para que todo siga igual. Este socialista –o ex socialista- se ha cansado del inmovilismo y ha decidido dar un paso al frente y constituir un nuevo partido político, Alianza por Ingenio, que pretende presentar la semana que viene. Según su ideario, Alianza por Ingenio se quiere posicionar lejos de los partidos convencionales, de los que están hartos los vecinos. Colectivos culturales y vecinales y principalmente pequeños y medianos comerciantes empujan la iniciativa, que pretende elaborar unos presupuestos participativos; la autosuficiencia y la eficiencia energética; la protección animal; la promoción de políticas activas de empleo, dinamizando la agricultura, para lo que se proponen “coger” las tierras que están paradas y ponerlas en manos de los desempleados para que las cultiven… Juan Martel está animado. Si quieren saber más de su iniciativa, www.alianporingenio.com.

La decisión del juez de guardia de paralizar la devolución de los dos primeros inmigrantes de la tragedia de Costa Teguise sentó como una bomba en la Delegación del Gobierno en Canarias. Todo había sido planeado para que esas personas fueran enviadas casi en secreto a Madrid en el primer vuelo del viernes, desmantelando de ese modo el grupo hasta ahora compacto de reclamantes ante la Administración del Estado. A las doce de la noche del jueves, la orden del juez ya estaba en el CIE y en el aeropuerto de Gran Canaria, lo que frustró por completo la operación para gran cabreo de sus promotores. La reacción de la delegada del Gobierno a primeras horas del viernes fue de cólera. Como manda el manual del Partido Popular tocaba desacreditar al juez que dictó el auto de medidas cautelarísimas, y hasta hubo una comunicación oficial dirigida al presidente del TSJC a modo de inútil queja. Como no podía ser de otro modo, la autoridad gubernativa, del PP por supuesto, también se dirigió a la Fiscalía, donde es siempre muy posible encontrarse con algún responsable capaz de interpretar que su defensa de la legalidad es la defensa del poder establecido, no de los derechos fundamentales que están obligados a salvaguardar. La resolución es firme y no tiene fisuras, por mucho que incluso el ministro Soria tratara de intervenir para, en la revoltura, cargar contra los jueces que no le ríen las gracias valiéndose de los periodistas de camarilla, siempre dispuestos a inventarse un informe policial o a pontificar sin tener ni puñetera idea de lo que dicen. El fracaso en la operación va a volverse en contra de sus ideólogos porque a partir de estos momentos ya son varios los jueces que vigilan con atención el caso de la patera que naufragó al chocar contra ella una embarcación de la Guardia Civil. No les gustaba el control judicial de los actos administrativos. Van dos tazas.

Atrás, muy lejos, parecen haber quedado aquellos tiempos en que José Manuel Soria, a la sazón alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, podía echar a los inmigrantes de los bancos del parque de Santa Catalina a manguerazos, embarcarlos expeditivamente en el vuelo de las tres de la madrugad para Madrid y presumir de orden y esplendor en la ciudad sin que nadie le afeara tan abusiva conducta. El juez de guardia de la misma ciudad ordenó bien entrada la noche de este jueves, casi en la madrugada del viernes, paralizar de manera cautelarísima la expulsión de dos inmigrantes internados en el CIE de Barranco Seco que la Delegación del Gobierno quería sacar de Canarias sigilosamente para ir desmontando cualquier posibilidad de éxito de una demanda colectiva contra el Estado por el naufragio de la patera de Costa Teguise, donde murió una persona y siete siguen desaparecidas. El juez Tomás Martín atendió la petición que a últimas horas de la noche del jueves le hicieron los abogados de los inmigrantes y suspendió la expulsión hasta que la próxima semana se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa. Esos abogados que sacaron de la cama al juez se enteraron casi por casualidad de la orden de devolución mientras visitaban a sus clientes en Barranco Seco, donde reinaba una instrucción gubernativa de no decir nada, incluso ocultando la información a la juez de vigilancia del CIE, Victoria Rosell, que había ordenado a su director a comunicarle con antelación suficiente las fechas de expulsión de los inmigrantes implicados en aquella tragedia.

El director del CIE de Barranco Seco no solamente ocultó esa información a la juez, sino que también lo hizo a los abogados de los inmigrantes, a los que la Policía tampoco facilitó intérpretes, a pesar de las instrucciones judiciales en ese sentido. A tal fin, se les aconsejó incluso que acudieran a entrevistarse con sus clientes el próximo lunes, a sabiendas de que para entonces al menos dos de los afectados ya no estarían allí. Todo eran pegas y traspiés para los letrados, a los que se les llegó a impedir incluso poder entrevistarse con sus catorce clientes de dos en dos, lo que complicó mucho su tarea. Este viernes, además, se incorporó un nuevo interno al CIE. El herido que permanecía ingresado tras el accidente del 13 de diciembre, en el que la patera en la que viajaban fue abordada por una patrullera de rescate de la Guardia Civil, se ha sumado a los internos de Barranco Seco. Un grupo a los que no se les han garantizado todos sus derechos, de los que no se tienen partes de lesiones detallados y entre los cuales podría haber menores de edad a los que no se les han practicado debidamente las pruebas de osteometría obligadas para, en el caso de no rebasar los 18 años, derivarlos a un centro específico. Todo evidencia un enorme disgusto en la autoridad gubernativa, que quiere sacudirse de encima a este grupo de marroquíes, vecinos de Sidi Ifni, la mayoría con familiares en España –particularmente en Canarias- que ha anunciado su intención de reclamar responsabilidades patrimoniales al Estado español por el hundimiento de su patera por averías y una discutible operativa de la patrullera encargada de rescatarles en las costas de Lanzarote.

El alcalde tiene un problema. O siete, según se mire y queda de manifiesto en su carta a la consejera Paquita Luengo que hoy relatamos en CANARIAS AHORA. Su táctica de engorde de la propuesta de zona de especial afluencia turística para distintas áreas y centros comerciales de la ciudad se ha visto reducida como un suflé para replegarse a la idea original de limitar la libre apertura todo el año a Triana y Puerto-Canteras-Guanarteme. Por el camino han quedado varias cosas en evidencia. La primera, que fue un error de planteamiento hacer que dos propuestas corrieran correlativas (la de Cecapyme de las dos zonas comerciales, y días después la de Asodiscan, de que se contemplara toda la ciudad para que entraran las siete grandes áreas comerciales, incluidos los dos Corte Inglés). El pequeño comercio se le iba a echar encima para responsabilizarlo de la muerte del sector, y para zafarse de esa responsabilidad ha optado por alegar un problema de plazos y remitir una futura ampliación a próximos consensos. La segunda evidencia es que este grupo de gobierno municipal carece de política comercial uniforme (“el Ayuntamiento ha sido un mero tramitador de propuestas”, confiesa en su carta a la consejera) y durante este proceso se ha dedicado a bailar al son que iban marcando las patronales, primero la de las pymes, y luego la de las grandes áreas comerciales, especialmente el todopoderoso El Corte Inglés. Y la tercera evidencia: para intentar sacudirse cualquier responsabilidad ante los grandes, en su carta de marcha atrás a la consejera Paquita Luengo trata de endilgar todas las culpas al director general de Comercio, Gustavo Matos, al que acusa de mantener una actitud “hostil” hacia el Ayuntamiento. Para reforzar su tesis llega a asegurar que fue Matos el que le animó a tramitar las dos propuestas para, acto seguido, dedicarse a intoxicar. El resultado, ya lo ven, frenazo y marcha atrás.

Nos lo temíamos: la caja de los truenos se ha desatado de manera incontrolable en el seno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y lo que empezó siendo una crítica ácida a los mandamases por gastarse 4.000 euros en tabletas iPad, ha ido degenerando en un intercambio de reproches que amenaza con algo más que dialéctica. A la acusación de la dirigencia de señoritismo por parte de los empleados del organismo, éstos responden con varios recordatorios. De entrada, la génesis del moscoso, también conocido como día de asuntos propios. “Algunos políticos se empeñan en olvidar que todos los temas tienen una historia. Estos días de asuntos propios los creó el ministro Moscoso el 21 diciembre de 1983 para compensar a los funcionarios y trabajadores públicos por la reducción de sueldo consecuencia de contar todos los meses como de 30 días. Los días que desaparecieron se compensaron con la figura de los moscosos. No es pues un privilegio de los funcionarios, ni una alcaldada del ministro socialista, sino una compensación”. Aclarada esta posición histórica, a los trabajadores de la Fecam les interesa recordar que “a los políticos que ponen en marcha el ventilador eso no les importa porque tienen los días libres y las compensaciones que les den la gana. Podrían utilizar los iPad prestados para consultar estos datos”. Les han cabreado sobre todo las formas y los agravios y recuerdan que si hay dos jefes de recursos humanos y dos directores es por decisión política, no por decisión de la tropa. Quedamos a la espera del siguiente movimiento.

Está que se sale el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, de los pocos políticos que aun estando en la más fatigosa oposición, concita interés mediático y la atención permanente de las demás fuerzas políticas. El que no lo pretende para hoy lo pretende para mañana; el que no le consulta un asunto de primer orden, planifica con él algo para el futuro. Este jueves reunió en el hotel Parque, de Las Palmas de Gran Canaria, a los directores de medios informativos para comentar los asuntos de actualidad, básicamente en el Cabildo de Gran Canaria, donde empieza a salir a flote la calidad política de su vicepresidente, el tránsfuga Juan Domínguez. Tiene razón el ex presidente regional cuando asegura que a la fiscalía no se puede ir “con cuatro papeles”, como ha ido el Cabildo para cumplir el trámite legalmente obligatorio de poner en manos de la Justicia cualquier atisbo de delito, ni con recortes de prensa, como ha acudido el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en el asunto Emalsa. Si se quiere que uina investigación llegue a buen puerto hay que aportar sobre todo pruebas. Y más a estas fiscalías tan sandungueras que tenemos. Pero Román Rodríguez, al que la madurez le delata haciéndole crecer el mechón cano de su moña de eterno galán, aprovechó también para hablar de política regional, su segunda pasión tras la nacional (o viceversa) y para elogiar sin paliativos a la ex consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, que abandonó la semana pasada su cargo tras un largo proceso de desgaste político. Para el líder nacionalista, Ramos fue “la pieza más útil y con criterio de un Gobierno débil, dividido y sin liderazgo”. Sólo le ha faltado anunciar que la ficha para 2015.

Desde que se conocieron las primeras noticias del accidente de una patera en las costas de Lanzarote, el pasado 13 de diciembre, comenzaron las maniobras de ocultación. En ella viajaban 25 inmigrantes, de los cuales solo diecisiete fueron rescatados con vida después de que la embarcación chocara con la patrullera de la Guardia Civil que acudía en su rescate. La primera versión oficial atribuía toda la responsabilidad al patrón de la patera, que habría abandonado el timón al ver el foco de la patrullera acercarse, para confundirse con el resto de los ocupantes; pero tras los testimonios de los náufragos, la Delegación del Gobierno reconoció que el barco del instituto armado presentaba una avería en sus máquinas que le impidió maniobrar correctamente para evitar impactar con la barquilla, que acabó zozobrando como consecuencia del choque. También se ocultó en un primer momento la avería que sufría la zodiac de abordo, lo que sin duda complicó aún más las tareas de rescate. Un juzgado de Arrecife tramita teóricamente la investigación sobre el siniestro, mientras catorce de los supervivientes, respaldados por dos letrados de oficio designados por el Colegio de Abogados de Las Palmas, han iniciado los trámites judiciales para intentar reclamar responsabilidad patrimonial al Estado español por el accidente marítimo del que fueron víctimas. Y ahí, justamente ahí, pueden haber empezado algunos de sus males.

Resulta curioso que se tramite en Lanzarote un sumario judicial para aclarar las causas de un accidente marítimo y a las víctimas del mismo solo se les considere inmigrantes irregulares y no víctimas de un siniestro. Pero más curioso resulta que justo cuando anuncian su intención de entablar un contencioso-administrativo a través del cual poder reclamar responsabilidades patrimoniales de la Dirección General de la Guardia Civil, se decrete por parte de la autoridad gubernativa su expulsión del territorio español. Justamente este jueves, cuando los dos abogados designados por su colegio profesional celebraban la primera reunión con sus clientes, dos de ellos les comunicaban que este mismo viernes van a ser expulsados de España en un viaje que teóricamente les conducirá primero a Madrid y luego a Rabat. La Justicia española no solo pierde testigos de un siniestro en el que perdió la vida una persona y siete se dieron por desaparecidas, mientras se busca en Lanzarote al patrón de la patera o al armador que debería estarles esperando en tierra. Es que también se ahorra la Administración española el trance de ver cómo unos inmigrantes ejercen el mismo derecho que asistiría a un navegante que hiciera turismo en su yate por las costas canarias y, tras pedir auxilio, viera zozobrar su embarcación por una avería de la patrullera que acude en su rescate o por la falta de destreza de sus tripulantes. En este caso hay siete desaparecidos, un hospitalizado y unas personas afectadas por el siniestro que cayeron al mar como consecuencia del choque. Quieren que se aclare todo antes de ser expulsados, pero España prefiere taparlo. Lo mejor, que no haya testigos, expulsión y a otra cosa.

Porque una cosa es el tinerfeñismo rampante, el fanatismo de mecedora y bacinilla, y otra cosa bien distinta es la cuenta de resultados. O, como diría un catalán, la pela, que sigue siendo la pela aunque ahora se haya transformado en euro. Por eso ya hace tiempo que La Opinión y El Día comparten distribuidora, Interline, y por eso el nuevo gerente negocia con el periódico de Moll que se imprima en los talleres de Leoncio Rodríguez por un precio sustancialmente inferior al que actualmente paga en Tenerife Print. Para poder captar a clientes como La Opinión, la rotativa del veterano periódico que dirige con pulso firme (ma non troppo) ese faro de Nivaria que es don Pepito ha tenido que ser adaptada al tamaño nuevo tabloide, lo que obligó a rediseñar la maqueta de El Día, que ha reducido su mancha, es decir, la superficie impresa. Cualquier lector de ese periódico puede apreciar que le sobra papel por arriba, consecuencia de ese ajuste de máquina. El Día está agotando las bobinas grandes que le quedaban y, acto seguido, saldrá a la calle con su mancha adaptada al formato menor, el que ya tienen los demás diarios. Desde Editorial Prensa Canaria han agradecido el gesto de Editorial Leoncio Rodríguez pero todavía no han tomado una decisión acerca de pasar a imprimir en sus talleres. El problema es que la rotativa de don Pepito es muy antigua (se inauguró en 1990) y no tiene suficientes cuerpos de color, es decir, no imprime el número de páginas que generalmente presenta La Opinión en cuatricromía. Resulta toda una temeridad aventurarse a que por los mismos rodillos por los que corre cada noche el papel y la tinta con la que se defiende con tanto ardor guerrero la primacía de Tenerife, pueda pasar también un periódico que solo responde a los intereses del sanedrín canarión. ¿Ya se lo ofrecieron también al Diario de Avisos? Ay, el calentamiento global, que pernicioso es.

¿Creían ustedes que el panorama en el Cabildo de Gran Canaria no podía empeorar tras la salida de Olarte y la presentación ante la Fiscalía de las andanzas de su vicepresidente en Infecar? Pues estaban equivocados, como todo lo susceptible de empeorar, el Cabildo podría entrar en trance friki si se produjera o produjese la incorporación de un nuevo secretario de pleno que se llamara José Marcelino López Peraza, actualmente secretario general del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. López Peraza, que no pasará a la historia por ser el funcionario más discreto, diligente y ejemplar de la historia de esta ultraperiférica realidad archipielágica, es uno de los cuatro aspirantes admitidos a la convocatoria de libre designación de secretario de pleno del Cabildo de Gran Canaria, junto a Antonio José Muñecas Jorge, Marco Peña Ruiz-Bravo y María Dolores Ruiz San Román, según ha publicado la Corporación en su web. Deseamos al presidente José Miguel Bravo de Laguna, estos días de viaje en Senegal (sí, en Senegal), en compañía entre otros de Juan Domínguez y Carlos Sánchez (sí, ambos dos) el mayor de los aciertos en esta designación tan decisiva para la marcha de la institución.

El calentamiento global y la consiguiente pérdida de barrera de hielo en la Antártida acarrea otras consecuencias que van variando a medida que los efectos se acercan al ecuador. Las secuelas son físicas, químicas y anímicas. De estas últimas queríamos hablarles sin pretensión alguna de sentar cátedra, pero es al calentamiento global al que queremos achacar los problemas que están afectando al ideario nivárico, que tiene su bastión (parecía que inexpugnable) en la tinerfeña avenida de Buenos Aires, donde radica la sede del periódico El Día. Desde el puente de mando donde antaño se controlaba hasta el nombramiento de alcaldes pedáneos, su timonel, don Pepito, se aferra al timón convencido de que la tormenta pasará y volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar le espera. Con la ayuda de varios grumetes recientemente enrolados, trata de combinar las necesidades propias de la situación económica con la proa puesta en la firme derrota hacia la prevalencia de la isla de Tenerife, más grande, más hermosa y más verde, frente a las ambiciones canarionas, que desde la isla de los secarrales trata de arrebatar a la insigne Nivaria todas sus merecidas prerrogativas. Y sus bendiciones divinas. Pero la combinación se hace cada día más difícil ante la evidencia de que una majadería no puede mantenerse eternamente, por mucho que se repita cada día en las cartas pastorales. No se puede, por ejemplo, tratar de desacreditar al periódico La Opinión de Tenerife, acusándolo de ser el infiltrado de los canariones de Editorial Prensa Canaria, y al mismo tiempo mantener avanzadas negociaciones para que ese diario se imprima en los talleres de El Día, y así tratar de sacar unos cuartos que contribuyan a equilibrar un poco las cuentas.

Vaya, no era nuestra intención despertar al monstruo dormido, ni siquiera de enterarnos de cómo son de tensas las relaciones dentro de la Federación Canaria de Municipios, Fecam, entre la dirigencia política, los alcaldes de las Islas, y un núcleo de trabajadores que, a juicio de aquellos, se niega a asumir los sacrificios que otros trabajadores públicos han asumido. Nuestro comentario de ayer sobre la adquisición de Ipads para una parte de los alcaldes que forman parte del comité ejecutivo, ha abierto la caja de los truenos, lo que nos ha permitido conocer que no todo el monte es orégano. Es verdad, eso no lo ha discutido nadie, que la federación se gastó en diciembre pasado unos 4.000 euros en adquirir unas tabletas que –insisten- son propiedad de la entidad y a ella habrán de regresar cuando los alcaldes que las utilicen cesen en sus cargos. Y parece ser cierto que esos endiablados mecanismos táctiles van a producir un ahorro del 40% del papel que se consume cada vez que hay reuniones de sus mandamases. A los trabajadores les cabreó el gesto y el gasto justo en el mes en el que les suprimieron la extra de Navidad, que viene a ser el único recorte salarial que han sufrido porque, al contrario de lo ocurrido en el resto de administraciones (incluidos los ayuntamientos allí representados) los recortes se han extendido al salario mensual (5%) e incluso a la reducción de plantilla, en algunos casos de modo dramático.

Gracias a la polémica de las tabletas Ipad nos hemos podido enterar de que los 29 trabajadores de la Fecam disfrutan de unas condiciones ciertamente envidiables en los tiempos que corren. De entrada, ninguno de ellos tuvo que someterse a ningún proceso de selección del tipo que tienen que pasar los funcionarios. La plantilla, según cuentan los que la conocen, se ha ido conformando a lo largo de la historia a partir de las contrataciones que ha ido decidiendo cada presidente según su criterio y sus compromisos. De ese modo tan poco racional parece hasta explicable que haya dos responsables de recursos humanos para una plantilla inferior a treinta personas, o que cada nuevo presidente tenga que traerse como cargo de confianza a su propio gerente. Los derechos de los trabajadores de la federación son bastante atractivos: bolsa de vacaciones de 400 euros, siete días de asuntos propios… y un salario que, en el caso de los técnicos, alcanza los 2.600 euros netos al mes. De momento no se ha aplicado reducción salarial alguna. Así, resulta que la Fecam se gasta un millón de euros al año en su personal, casi la mitad de lo que ingresa a partir del 1% que aporta de su presupuesto cada uno de los 88 ayuntamientos de Canarias, cantidad que ingresa el Gobierno previa retención del Fondo Canario de Administración Municipal. ¿Y piensa la Fecam racionalizar el gasto ajustando la plantilla? Parece que no, pero todo apunta a que habrá negociaciones para recortar los salarios en la misma proporción que cada uno de los alcaldes allí representados ha tenido que hacer en su territorio.

Están fumando en pipa algunos trabajadores de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ante los últimos acontecimientos vividos y los que se temen estén por vivir. Como corresponde a una organización de derecho público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se nutre de las cuotas de los ayuntamientos y de una aportación del Gobierno, han sufrido las inclemencias de los recortes salariales y la suspensión de pagas extraordinarias, lo que naturalmente no les ha llenado ni de orgullo ni de satisfacción. Pero su disgusto se ha acrecentado al comprobar cómo el pasado 12 de diciembre, durante la última reunión de la Ejecutiva del organismo, sus diecinueve miembros se obsequiaron con una tableta Ipad para cada uno con su correspondiente funda protectora. Si no hay para salarios, se preguntaban indignados, ¿cómo es posible que haya para lujos así? Como somos inquietos por naturaleza nos dirigimos de inmediato a alguien de la dirección de la Fecam que nos lo contestara, y elegimos a su vicepresidente, Marcial Morales, que explica que no fueron diecinueve Ipads, sino uno a todo aquel miembro de la directiva que ya no poseyera uno, como es su caso, que dispone de una tableta cedida por su Ayuntamiento. ¿Y eso no es un lujo inasumible en los tiempos que corren, don Marcial? Respuesta del alcalde de Puerto del Rosario: pues no, porque esas tabletas son para que podamos asistir todos a las reuniones de la Fecam sin que se nos tenga que enviar por correo a cada uno una tonga inmensa de papel (que a veces ocupa medio metro de altura). Con la Ipad, explica Morales, los miembros de la Fecam acceden a la intranet, se descargan los documentos y el organismo se ahorra mucho en folios y fotocopias. ¿Y aún así habrá recorte de plantilla? Pues eso no nos lo aclaró el alcalde, pero parece que por ahí van los tiros.

Algo se debe haber chafado en el proceso negociador de regulaciones de empleo que tiene en curso Editorial Leoncio Rodríguez, empresa editora del periódico El Día, porque de otro modo no podemos entender la dura arremetida que hizo este martes contra la figura del comité de empresa el aguerrido editor, José Rodríguez Ramírez. Tras mostrar agriamente su cabreo porque el lunes fuera festivo en España como corrimiento sísmico de la Epifanía, que este año cayó en domingo, don Pepito se queja de que incluso en su periódico fuera fiesta: “En nuestra propia Casa [sic] hemos padecido ayer esta indebida festividad. Una parte de nuestro personal no acudió a su puesto, porque no le correspondía hacerlo, y no trabajó. Su ausencia, con la consiguiente falta de producción, dificultó la labor de los demás; de los que sí tenían que trabajar. Esto no es algo que ocurre solo en nuestra empresa, sino en casi todas. Al final, una ruina colectiva”. Hechas las oportunas consideraciones sobre el festivo, que se paga con cuarto y mitad en este gremio, el más dicharachero editor de Barrio Sésamo vuelve a la carga con una de sus obsesiones, los derechos de los trabajadores y su instrumento de representación, los comités de empresa, a los que directamente califica de “células malignas”. Toma ya.

Debe haber sido fuerte la última agarrada con el comité de empresa de El Día, con el que se negociaba sigilosamente un nuevo ERE, como para que don Pepito se haya puesto así con los órganos de representación laboral. Según su último acercamiento a los derechos de los trabajadores, los comités son “unos tumores dañinos que están para impedir el normal funcionamiento de las empresas en las relaciones con sus trabajadores. Los comités de empresa son, además, el refugio de los gandules que no quieren trabajar. Una caterva que se ha convertido en un poder dentro de otro para doblegar al empresario, que es quien arriesga su dinero y hasta su patrimonio”. Un discurso muy extendido y facilón que cala habitualmente entre los que todavía temen una revolución bolchevique pero que don Pepito mejora sustancialmente cuando afirma que “los comités de empresa están rechazados en Europa y en Norteamérica, pero no en España”. Impresionante revisión de la historia y de la legislación vigente que nos lleva a cuestionarnos todos los conceptos sobre los poderes de los sindicatos en las empresas y en los gremios en la UE y en USA, pero él sabrá de dónde saca esa información para pronunciarse de modo tan contundente. Seguramente de la misma fuente que le contó –abriéndose las venas y clamando justicia social- que Paulino Rivero se está construyendo “una mansión” en El Sauzal.

Si las cuentas no nos fallan, alrededor de 49 millones de euros podrían sumar solamente dos de las reclamaciones que se preparan contra el concurso de ambulancias que crio, ensoleró y lanzó al vuelo el Gobierno de Canarias en aquella inenarrable etapa de Mercedes Roldós, José Miguel Ruano, Guillermo Martinón, Lourdes Quesada y Luis Molina, con el inquieto letrado Javier Artiles Camacho asistiéndoles en la banda. Ya saben que la justicia de lo contencioso-administrativo lo ha anulado convenientemente, lote a lote, al detectar algunas irregularidades susceptibles de ser investigadas en sede penal si la autoridad competente lo estima a bien y/o las acusaciones de las empresas perjudicadas se ponen las pilas y terminan perdiéndole el miedo a tanta puñeta. Los 49 millones se dividen en 30 que reclamará una empresa grancanaria empeñada en que resplandezca la verdad y otros 19 de una empresa palmera, precisamente la que la mesa de contratación dejó fuera por no haber presentado a tiempo el correspondiente aval, al tiempo que situaba en posición privilegiada y en optando en solitario, a la que finalmente ganó sin presentar aval ningunito.