10:34 h. Jueves, 24 de abril de 2014

Opinión

Transparencia real por Antonio MoralesAntonio Morales

Colaboradores

La grave negligencia cometida por el Rey Juan Carlos-que días antes nos había dicho que le quitaba el sueño la situación de muchos españoles- con un viaje a Botsuana para matar elefantes por puro placer (él, que es presidente de honor de Adena–WWF); su participación en una cacería gratis total, que tuvo que costar más que los trajes que llevaron a Francisco Camps ante la Justicia y que fue pagada por un intermediario sirio-español especialista en grandes negocios como la compra de petróleo a Arabia Saudí o el AVE La Meca-Medina; la revelación de que estaba en compañía de una amiga muy intima, lo que ha puesto de relieve una relación que cuestiona a su esposa y a la Reina, entre otras cosas; la falta de sensibilidad para con la realidad de este país y sus hombres y mujeres..., ha supuesto, de repente, un aumento considerable de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una ley de silencio más o menos impuesta y una continua alabanza y propaganda (no se podía decir otra cosa) en todos los medios de comunicación, y durante décadas, hacia la Casa Real no han impedido que en los últimos años el prestigio de la monarquía haya ido cayendo en picado, según nos muestran las últimas encuestas del CIS. Pero parece que no somos conscientes de la situación y volvemos a las andadas. Nada más conocerse el escándalo de Botsuana la carajera que se montó fue de mucho cuidado (Juan Luis Cebrián dice que a causa de las redes sociales y no por los medios de comunicación tradicionales), pero todo se ha intentado de nuevo cubrir con un tupido velo y cerrar así los ojos a la realidad.

Tras la elaborada estrategia de una forzada petición de disculpas, de nuevo la mayoría de la prensa se lanzó a intentar hacer olvidar el asunto, sin ahorrarse las maneras más cortesanas y manipuladoras: para el editorial de El País estábamos ante un “gesto sin precedentes”; El Mundo casi nos hacía llorar con una soflama en la que nos intentaba convencer que el pedir perdón era un gesto que honraba al Rey por encima de todas las cosas; Carlos Herrera nos recordaba la inviolabilidad y la inescrutabilidad real y la innecesidad de pedir perdón; otros afirmaron que se trataba de solo una anécdota que no podía borrar tantos años de servicio a España… En fin, la catarata de adulaciones se precipitó en veinticuatro horas a la vieja usanza. Todos los súbditos se aprestaron rápidos a apagar el fuego. Quien mejor lo describió, y no suelo coincidir con él en nada, fue Federico Jiménez Losantos,: “Si España fuera un organismo vivo, ayer hubiera muerto de diabetes. No hay cuerpo capaz de resistir tal descarga de azúcar, tal catarata de almíbar, tal inundación de miel…”.

Esta democracia está necesitada en estos momentos de algo más que gestos. Ya no nos sirven solo los gestos. Y acabamos de perder una oportunidad histórica. Después de ver todo lo sucedido, de apreciar la opinión de la ciudadanía, de leer las encuestas esclarecedoras, los partidos políticos españoles mayoritarios (de nuevo el PP y el PSOE demostrando ser una cosita muy parecida en estas cuestiones) han sumado sus votos para impedir que la Casa del Rey se incluya en la ley de transparencia que se tramita en el Parlamento, con la excusa de que no se trata de una administración pública y en contra de la opinión de expertos juristas que opinan todo lo contrario. De nuevo la opacidad y los privilegios que siembran dudas, rechazos y confrontación.

Si a estas alturas resulta rotundamente anacrónico que la Constitución española contemple, en el Título II de la Corona, artículo 56.3, que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” si cometiera delitos o faltara a sus obligaciones, no lo es menos que a la ciudadanía de este país no se le deba dar cuenta de sus hechos.

La afirmación del mismo Rey de que todos los españoles somos iguales ante la ley no se puede quedar en pura demagogia. No es cierto lo que dijo, pero no podemos conformarnos. La legitimidad de la democracia exige una auténtica igualdad. Sin distinciones. Y más cuando no estamos seguros de que si se hacen excepciones se nos garantice un escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Si no se tiene nada que ocultar, tampoco deben existir razones para que se impida que la Casa Real se someta igualmente a los controles públicos. La ciudadanía tiene todo el derecho democrático a saber en que se gasta la Casa Real los más de ocho millones de euros que se le asigna; cuánto cuesta verdaderamente la Monarquía incluyendo seguridad, personal del Estado, el mantenimiento de los edificios que usa (Zarzuela, Marivent, el palacete que se le construyó a Felipe, los Reales Alcázares de Sevilla, el Pazo de Mariñán, el palacio de Albéniz, en Barcelona..); cuánto cuestan sus viajes, sus cenas de gala, el coste de los 135 funcionarios de la Casa, los vehículos oficiales, los caballos,…, que también costea el Estado. La ciudadanía debe saber cuál es el patrimonio personal del Rey y en cuánto ha aumentado desde que es Jefe de Estado; con quién hace negocios y con quién los ha hecho y si esta actividad no interfiere y es compatible con su tarea pública; cuál es la relación de la Reina con el Club Bilderberg; cuándo supo y cuando dejó de saber sobre los negocios de su yerno Iñaki Urdangarín; quién le ha regalado y quién mantiene sus yates, su impresionante colección de coches y motos de lujo; por qué sus hija Cristina trabaja en La Caixa y su marido en Telefónica con unas remuneraciones y privilegios extraordinarios; cómo han sido sus cacerías en distintos lugares del mundo que han incluido un oso en condiciones de dudosa ebriedad, elefantes, etc. Todos debemos saber si sus relaciones íntimas con otras mujeres ponen o no en riesgo la sucesión de la Monarquía y si cuestiona la dignidad de la Reina y de la institución o no; por qué la mujer del socio de su yerno resulta imputada y la Infanta no; qué ocurrió realmente el 23 F, donde no existe unanimidad en el análisis, aunque nos intenten vender lo contrario; qué sucederá con la estrategia del socio de su yerno en Nóos, que nos va a ir sacando a cuentagotas documentos que relacionan al Rey con el caso…

En un Estado democrático nadie puede dejar de estar sometido al imperio de la ley. Todos debemos rendir cuentas y ser transparentes (sindicatos y partidos políticos también). Las administraciones públicas deben tener los bolsillos de cristal….

La crisis lo resquebraja todo y la Monarquía no se libra de ello, y menos si se le somete a actitudes irresponsables. Para la Monarquía, para la Democracia, la crisis provocada por la actitud del Jefe del Estado se ha cerrado en falso, aunque nos quieran vender lo contrario, y eso nos compromete a todos. No se nos puede reprochar entonces que hablemos de que se debe modificar la Constitución para garantizar la igualdad de todos, que demandemos la mayor de las transparencias e, incluso, que se hable sin tapujos de abdicación o República.


Antonio Morales
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