23:59 h. Miércoles, 23 de abril de 2014

Opinión

Fin de la Sanidad pública y universal por Román RodríguezRomán Rodríguez

Colaboradores

No nos encontramos en modo alguno ante una serie de medidas que suponen una reforma del sistema, sino ante algo mucho más profundo. Estamos ante un auténtico cambio de modelo realizado por un verdadero y regresivo decretazo. Y que supone un incumplimiento más del PP, que escondió a la ciudadanía sus verdaderas intenciones en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones generales del pasado mes de noviembre.

El sistema hasta ahora vigente señala, en el artículo 2 de su Título Preliminar, como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria “a todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Y establece en el Capitulo I (De los principios generales del Sistema de Salud), que “el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”, estando la política de salud “orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”.

Los principios que alumbran a ese sistema, que ha funcionado más que aceptablemente, con una amplia cartera de servicios y buenos parámetros en materia de salud, han sido borrados del mapa por un decreto que, inspirado en las tesis más neoliberales, lo transforma en un sistema de aseguramiento, excluyendo a un sector de la población y eliminando una serie de servicios. Avanzando hacia el fin del modelo de Sanidad pública, universal y financiada vía presupuestos.

Cambio de modelo

Son varios los elementos centrales de este cambio drástico de modelo que pretende progresivamente privatizar la Sanidad y convertir lo que hoy es un derecho de todos, un servicio de carácter universal, en un sistema para cotizantes y en un futuro negocio.

Se quiebra, por un lado, el derecho a la universalidad de las prestaciones sanitarias, al excluir de éstas a los inmigrantes no regulares -a los que solo se da derecho a las urgencias-, a los mayores de 26 años sin empleo y a otros colectivos no cotizantes. Hasta sectores médicos conservadores han cuestionado que se les traslade a los profesionales la decisión de atender o no un paciente, y señalado que ellos atienden posibles enfermos, y no personas regularizadas o no. En definitiva se asocian las prestaciones a los que cotizan, al asegurado, en lo que supone una vuelta al sistema anterior a la Ley General de Sanidad.

Se reduce, además la cartera de servicios, y se establece el copago, tanto en fármacos como en traslados de pacientes o determinadas prótesis. Esto es injusto, especialmente para los pensionistas y los desempleados. Los expertos calculan que un pensionista con una patología intermedia va a pagar un 4% de su pensión solo en fármacos, cuando su capacidad adquisitiva ya se ha visto tocada por la subida del IRPF, el incremento del 7% en la luz y la telefonía o el más que previsible de los alimentos. Y hay que recordar que más de la mitad de los pensionistas percibe menos de 650 euros al mes y, una buena parte, ha incrementado sus cargas familiares por la crisis.

Pero es que, además, a medio plazo, tendrá efectos muy perniciosos. En efecto, al disminuir significativamente las prestaciones que ofrece la Sanidad pública hará que, a corto plazo, una parte de la gente que puede permitírselo económicamente opte por seguros privados, único negocio que está aumentando; y que ese mismo sector de clases medias, en un próximo futuro, reclame una menor financiación vía presupuestos de una Sanidad, la pública, que no cubre sus expectativas y que, por tanto, no utiliza.

Eficiencia

Como he señalado en distintas ocasiones, aún tenemos un modelo sanitario muy eficiente, que con costes moderados obtiene muy buenos resultados. En el marco de los países desarrollados, España es de los que menos invierte en salud, el 9,1% del PIB, del que un 6,1% es público, frente al 11,8% total de Francia, el 12% de Holanda y el 17,4% de EEUU. Esto supone que del global de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas, en el Estado español se dedican 1.500 euros anuales por habitante al sistema de salud pública; en el caso de Canarias, algo menos, en torno a los 1.200.
 
Con una inversión relativamente pequeña (si comparamos con los 2.500 euros ciudadano/año de Francia o los 2.600 de Alemania) el Sistema Nacional de Salud consigue una amplia cartera de servicios; y muy buenos resultados, siendo un país con una baja mortalidad infantil, un programa muy desarrollado de vacunaciones, así como de trasplantes, y una alta esperanza de vida.

Ello no implica dejar de reconocer algunas de sus ineficiencias. Las fundamentales asociadas al medicamento, por el poder de la industria y su capacidad de presión sobre las decisiones políticas. Siendo responsable del Servicio Canario de Salud, hace quince años incluimos en la ley de presupuestos el uso de medicamentos por principio activo (genéricos); medida que fue impugnada por el Gobierno de Aznar alegando que la Comunidad Canaria no era competente en la materia.

Esta medida, la de la introducción de los genéricos, que supone un importante ahorro a las arcas públicas en costes farmacéuticos, funciona desde el pasado año, al ponerla en marcha el PSOE en el ámbito estatal, obligado por el impacto de la crisis económica. Pero se perdieron muchos años en el camino.

El resto de medidas implementadas en el decretazo sanitario no garantiza, ni mucho menos, ese pretendido ahorro de más de 7.000 millones de euros, porque están mal planteadas o son de muy difícil gestión, siendo a veces más cara ésta que el ahorro previsto por las mismas. Trasladándose, asimismo, la responsabilidad de aplicarlas a las comunidades autónomas, que serán responsabilizadas a posteriori de su más que seguro fracaso.

Creo que hay que seguir defendiendo con firmeza el modelo de Sanidad pública y universal que tan buenos resultados ha demostrado. Mejorándolo y haciéndolo más eficiente. Garantizando su adecuada financiación a través de los presupuestos, mediante una fiscalidad progresiva. Ese es el camino y no el de la descapitalización emprendido por la derecha gobernante, para su posterior privatización, que con sus decisiones se va a terminar cargando uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo.


Román Rodríguez
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