El asunto ha provocado cachondeo o indignación, según temperamentos. Los cachondos se dicen dispuestos a arramblar la caja de su empresa; por error, claro está. Los indignados echan pestes por el hecho en sí y también porque, una vez más, Soria trata como idiotas a los ciudadanos. Porque, queridísimos míos, no creo que haya nadie que confunda los gastos propios de su función y los personales, lo que hace de su explicación una nueva tomadura de pelo entre tantas otras.
 

Bien sé que estas prácticas no son un caso aislado ni tampoco exclusivas del PP y que muy bien podría aplicarse aquello de que quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Lo que no pretende ser una justificación en virtud de la acreditada constatación de que eso lo hace todo el mundo, sino más bien todo lo contrario: si el grupo municipal popular de Santa Cruz ha llegado a esos extremos es porque estas cosas están tan generalizadas y gozan del suficiente grado de impunidad como para que con el embullito de tirar con pólvora del rey se les fuera la mano en gastos que poco o nada tienen que ver con el ejercicio de sus cargos. Que los restantes grupos no hayan armado la escandalera de ordenanza indica, a mi parecer, la existencia de un interés general (gremial, diría yo) de extender un tupido y estúpido velo. El informe de la Intervención General, que fue la que aportó los datos de la pasada, insiste a cada momento en la ausencia de documentos acreditativos de gastos, lo que refuerza la impresión del relajo que se traen.

Sin embargo, lo más significativo de este asunto no es que Soria hablara de simples “errores” (no podía esperarse menos de él) sino las explicaciones de su segundo regional, el herreño Manuel Fernández, que considera lo más normal del mundo tocar a rebato y que cada cual aportara las facturas que tuviera a mano para justificar gastos. No se trata sólo de una falta de respeto sino de ausencia de los mínimos éticos que han de exigirse a quienes ostentan responsabilidades públicas.