La consejera Inés Roja dijo en El Correíllo que los autores del informe se equivocaron al recoger los datos, ya que en las islas tenemos un sistema de atención a dependientes antes de la Ley de Dependencia (insinuaba, mira tú, que éramos la única comunidad autónoma que teníamos residencias de mayores antes de 2007). Ha tenido tiempo el gobierno canario de mandarle todos los datos al Ministerio, pero parece que no lo hicieron, deben estár dedicándose a otras cosas. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales siguen sin enterarse de que este archipiélago ultraperiférico es diferentes, por eso las conclusiones de su último informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia son demoledoras: dicen que en Canarias puede haber un boicot a la Ley de Dependencia.

Señala el informe publicado ayer en El País que “Canarias tiene uno de los volúmenes de gestión más bajo de toda España en materia de Dependencia. Es la comunidad que (proporcionalmente) tiene más valoraciones pendientes, lo que no es de extrañar si pensamos en que los plazos para la aplicación de baremos y dictamen se extienden hasta más de un año. Además, de cada dos personas con derecho reconocido, solamente una está siendo atendida. La irrisoria dosificación de servicios a lo largo de estos 18 meses y la inacción de los 18 anteriores (véase la situación en julio de 2008) solo puede ser explicada por una incapacidad manifiesta para la gestión o por una total falta de voluntad de aplicación. No merece más comentarios.”Así de rotundos se muestran con estas islas que junto a Murcia, Madrid y Valencia forman parte del “club de los desesperantes”.

No se puede decir que el informe favorece a las comunidades del PSOE y critica a las demás. En el documento se halaga el papel de dos gobiernos conservadores: dice que Navarra “salta a la vista que la cobertura es buena, por encima de la media”, y de Galicia comenta que “Galicia progresa, no sin problemas”. También se critica a una comunidad gobernada por el PSOE, Extremadura, por utilizar un sistema separado de la consejería de Asuntos Sociales para aplicar la Ley de Dependencia.

Canarias, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana muestran una estadística tan pobre que "se podrían dar por buenas las acusaciones de boicoteo a la ley que se les hizo cuando arrancó el sistema de la dependencia. Algunos de sus datos son tan vergonzosos que deberían dar lugar a acciones legales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Frente a los datos que nos colocan en el club de la vergüenza, tenemos el consuelo de la propaganda gobierno. El Mencey Paulino dijo en el Parlamento en marzo del año pasado que en las islas había 2316 personas bajo el paraguas de la ley de dependencia y otras 8000 atendidas por los diferentes planes sociosanitarios. El comunicado que este lunes difundió la consejería de Bienestar Social indica que en Canarias hay 30.000 personas dependientes que ya reciben sus servicios aunque no las han contabilizado como ley de Dependencia porque las atienden los planes de los cabildos.

Propongo que seamos tontos y nos creamos los comunicados de la consejera de Bienestar Social Inés Rojas. Con el presupuesto de un año de crisis, el mismo año que se recortaron en un solo día 33 millones de euros (de ellos 3 millones de Bienestar Social) para pagar la indemnización de Montaña Rayada, este gobierno logró con menos dinero aumentar en sólo diez meses un 200% el número de dependientes atendidos. Lo malo es que se le olvidó pasar los datos al Ministerio de Asuntos Sociales. Por eso somos diferentes, pero como no nos entienden nos ponen en el club de los desesperantes.

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Para que suceda lo que está sucediendo con la no aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, existen al menos dos colaboradores necesarios: 1) Una mayoría de votantes que eligen a impresentables, a sabiendas de que quien les va a administrar no lo hará en beneficio del interés general, porque antecedentes para presumirlo ya había. Y, 2) Un poder judicial que no sirve para conseguir una justicia social.

El Gobierno nos tiene por tontos, y no sólo en lo referente a la no-aplicación de la Ley de Dependencia sin no en todo lo referente a sanidad, educación, justicia, trabajo etc. etc. su nota en gestión social es de cero patatero. Esa falta de aplicación sólo podría ser explicada, como Vd. dice Sr. García Luján, por una incapacidad manifiesta para la gestión o por una total falta de voluntad de aplicación, lo mas probable es que sean las dos cosas a la vez. Para mas inri el Gobierno hace caja con la Ley de Dependencia, o sea que nos roba descaradamente, cosa no extrañable dada su trayectoria.