En el orden interno del Archipiélago ocurre otro tanto de lo mismo. La situación problemática creada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el caso Las Teresitas y la tupida red de curiosas casualidades empresariales, administrativas y financieras que ha ido descubriendo la investigación en marcha, ha supuesto la reacción del núcleo central del poder de ATI-CC, que es, por cierto el nombre que reclama y reivindica el señor Zerolo para la organización política de la que es destacado dirigente, debilitando una vez más a su sucursal en Gran Canaria.
Y no lo han hecho para tratar de aclarar las aristas que presenta el caso sino para despejar el balón con el manido argumento de la agresión a Tenerife y a sus esencias. Si desde el ayuntamiento no se hicieron bien las cosas en la operación del frente de playa no espere usted reconsideración alguna ni admisión de errores; por el contrario, se trata, afirman, de un ataque de la otra capital del Archipiélago.
Si la concesión del crédito de la referida operación también despierta más que razonables dudas, tampoco sueñen ustedes con una política de transparencia y búsqueda de responsabilidades; nada de eso, el mensaje es bien distinto: desde Gran Canaria se intenta socavar el prestigio de una de las entidades bancarias con más arraigo en Tenerife y su ciudadanía y empresas; y hasta se insinúa que con ello se pretende fusionar las cajas, jibarizando a la de la isla picuda.
Y si policías y jueces investigan operaciones económicas presuntamente delictivas, se trata de una campaña orquestada en la que participan desde ministerios enteros del Estado opresor –resucitado recientemente el soberanismo- hasta el sanedrín de Vegueta –imposible de olvidar las raíces del insularismo radical de ATI. Y que no pretende aclarar nada, sino dañar a Tenerife y a sus instituciones, llegando al extremo de la perversa y totalitaria identificación de ATI con Tenerife, de Tenerife con ATI. Porque en su lógica, lo dicen sin el menor recato, los culpables de todo son los jueces y los fiscales, así como los empresarios y los periódicos de esta isla.
Silencio
Mientras esto ocurre, una manta de espeso silencio se expande sobre buena parte de los medios de comunicación de Tenerife, incapaces de informar sobre un asunto de interés general en un mundo sin fronteras comunicacionales, como si pudieran ponerle puertas al campo y censurar sin que se produzcan fisuras.
Un drama, el de una sociedad moderna donde no funciona a plenitud la libertad de prensa y donde se resiste a desaparecer un régimen que produce una peligrosa ósmosis entre lo político, lo empresarial y lo mediático; a modo de consejo de administración de una singular empresa que ahoga a la sociedad e impide la participación de su gente produciendo, en definitiva, un grave déficit democrático.
* Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.
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