La Asociación Justicia y Sociedad ha hecho público un comunicado en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa de Las Teresitas en el que recuerda que mientras esté abierta una investigación criminal sobre el denominado “pelotazo” de “Las Teresitas”, “debe paralizarse y abstenerse cualquiera de los imputados y concretamente el señor Zerolo como alcalde de Santa Cruz de Tenerife de impulsar lo que él ha llamado “subsanación” de defectos de forma, en relación a la compraventa anulada”. Para la asociación que agrupa a más de un centenar de juristas, “al ser un negocio jurídico en el que existen indicios racionales de criminalidad, insistir en dicha compraventa podría dar lugar a la comisión de una presunta reiteración delictiva”.

Por ello, y en evitación de que se reiteren tales hechos, considera que ha de ser la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias “quien tiene que tomar cartas en el asunto, a instancias, sobre todo, de la Fiscalía Anticorrupción, sin dejar de mencionar el papel que debe desempeñar esta asociación al respecto, en su caso. Ordenando la suspensión de cualquier actuación que trate de convalidar la compraventa anulada”.

Justicia y Sociedad señala que contra la sentencia del Tribunal Supremo “no cabe recurso ordinario alguno, salvo el de amparo ante el Tribunal Constitucional. Adquiriendo desde este momento dicha sentencia el carácter de firme, debiendo, en consecuencia ejecutarse inmediatamente. Al ser ilegal la compraventa, la misma ha sido anulada y no puede surtir efectos, debiendo reponerse la situación al momento anterior a  la escritura de fecha18 de septiembre de 2001”.

Según Justicia y Sociedad, “en ese momento anterior a la escritura de fecha 18 de septiembre de 2001 hay títulos suficientes para reivindicar y defender por los poderes públicos ante quien corresponda, la naturaleza de dominio público de lo que  fue objeto de la compraventa declarada judicialmente ilegal ( “parcelas del frente de playa de “Las Teresitas” ). Tales títulos se encuentran recogidos perfectamente en la querella por diversos delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos, presentada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción y por esta asociación como forma de personarse en las diligencias penales abiertas en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como consecuencia de aquella querella. No siendo necesario tal compraventa”.

Se compraron las parcelas incumpliendo la buena administración

La sentencia del Tribunal Supremo anulatoria de la compraventa de las parcelas de “Las Teresitas”, en síntesis, establece que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró unas parcelas incumpliendo el principio de buena administración establecido en la Ley de Contratos de las administraciones Públicas y sin contar con el informe pericial exigido por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Y que como mínimo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con cargo a las arcas públicas, ha pagado de más 961 millones de las antiguas pesetas, considera la asociación.

Se añade que eso ha ocurrido “sin contar que no se ha hecho valoración de las expectativas urbanísticas, en virtud de un convenio urbanístico también suscrito, de las parcelas que la entidad privada vendedora retuvo para sí y no vendió, también en esa playa. Por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo establece y consolida los indicios racionales de criminalidad en la actuación de los querellados en relación a la comisión de lo que se ya se ha denominado “pelotazo” de “Las Teresitas”, objeto de investigación, repetimos, por la vía penal, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por lo que, inmediatamente debe de recabarse del Tribunal Supremo testimonio de la citada sentencia, para su unión a las diligencias penales abiertas”.

 Por último, Justicia y Sociedad, también quiere recordar que esa misma Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fue la que, en fecha 29 de junio de 1998, “dictó la sentencia por la que confirmó la aprobación definitiva de la revisión del plan parcial de la playa de “Las Teresitas”, desarrollándose un conjunto de operaciones tendentes a que “Inversiones Las Teresitas, S.L.” adquiriera el total parcelario del frente de playa, por un importe escriturado de 5.500 millones de las antiguas pesetas, entre el día antes de la deliberación para la deliberación, votación y fallo de dicha sentencia – que fue señalada para el día 17 de junio de 1998- y el 26 de junio de 1998”.