La candidata socialista a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Gloria Rivero, afirmó este sábado en rueda de prensa que el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, debe dimitir tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que anula el acto de compraventa del 62,3% de las parcelas del Plan Parcial de Las Teresitas, por las que el Ayuntamiento pagó 8.750 millones de pesetas a la empresa Inversiones Las Teresitas SL, de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

Según Gloria Rivero, “la sentencia es demoledora y no es una sorpresa similar a lo que se recoge en la querella de la Fiscalía Anticorrupción. El señor Zerolo debería presentar de forma inmediata su dimisión. Espero que dentro de la cordura, el alcalde, responsable de la compraventa, dimita”. Para la candidata socialista, cuando se dicte la ejecución de la sentencia, se debería volver al estado anterior a la firma de la compraventa, por lo que supondrá, con seguridad, daños y perjuicios. Según esta sentencia, la empresa Inversiones Las Teresitas tendría que devolver a las arcas municipales el precio pagado, es decir, 8.750 millones de pesetas.

Rivero hizo mención expresa al punto décimo segundo de la sentencia del Supremo, donde se señala que no ha resultado cumplido el requisito exigido en el artículo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En concreto, se indica que los tres informes de valoración de las parcelas emitidos “adolecen de inconcreción y generalidad, estando condicionados por una serie de parámetros sobre cuyo cumplimiento no existe seguridad”.

Informes de tasación

En el apartado segundo del punto, se explica que el que sirve de base al Informe de Tasación de los Servicios Municipales, emitido por TINSA, fue encargado por la Caja General de Ahorros de Canarias –y remitido a la Gerencia de Urbanismo a solicitud de ésta-, siendo esta una entidad relacionada e interesada en la operación, por cuanto tenía hipotecadas las parcelas, como consecuencia de concesión de crédito hipotecario para la anterior compraventa de 1998 (se refiere a la venta de la Junta de Compensación a Inversiones de Las Teresitas, por 5.500 millones de pesetas, operación realizada mediante aval de CajaCanarias) por parte de la luego vendedora. Del examen de la escritura de compraventa se deduce la necesidad de la previa cancelación del anterior crédito hipotecario”.

En el apartado tercero del punto décimo segundo, se indica que el informe emitido por la Sociedad de Tasación SA, directamente por encargo de la Gerencia, ofrece un resultado que queda por debajo del precio de la compraventa en 961 millones de pesetas, sin que se motive en el Informe de Valoración la razón de por qué, al menos, no se ha exigido en las negociaciones con los vendedores el expresado importe, más beneficioso para el Ayuntamiento, cuando-además- el Informe de la Intervención considera a dicho informe el más completo”.

Rivero expuso que en la sentencia se recuerda que tampoco se tuvo en cuenta el informe del arquitecto municipal de la Gerencia de Urbanismo, “según ponen de manifiesto varias de las alegaciones al Convenio que figuran en el expediente. Tal informe, no consta unido al expediente de autos y tampoco ha sido, como decimos, tomado en consideración en el Informe de Valoración”. Es decir, se refiere al informe elaborado por Pía Oramas, que cifraba en poco más de 3.000 millones de pesetas la valoración de las parcelas por las que se pagaron 8.750 millones de pesetas, informe que no aparece en el expediente.

Gloria Rivero también se refirió al apartado quinto del punto décimo segundo, donde se aclara que tampoco existe “explicación alguna” que motive “el precio que se indica, en comparación con el de la anterior compraventa, llevada a cabo tres años antes –por importe de 5.500 millones, según se expresa en el escrito de demanda, siendo además aquella del total parcelario de la Junta de Compensación, mientras que las once parcelas de la actual compraventa suponen una extensión del 62,33% del total”.

Por último, aludió al apartado sexto del mismo punto, donde se especifica que se está en presencia de la venta de unas parcelas “que se valoran en función de las determinaciones y aprovechamientos urbanísticos vigentes, pero para las que se contempla –y así se pacta en el Convenio- otro diferente. Esto es, se está procediendo a la compra de las parcelas en función de su actual valoración urbanística, si bien teniendo en cuenta la futura alteración de dichas determinaciones a través del correspondiente instrumento de planeamiento”.

Rivero destacó  que el Tribunal Supremo ha fallado que no se cumple el requisito de buena administración y que el Informe de Valoración “no cuenta con las exigencias necesarias para constituir un elemento objetivo de control administrativo en el trámite de determinación del precio de la compraventa que nos vemos obligados a anular”.

José Antonio Martín, concejal socialista y miembro del colectivo Ínsula Viable que presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la querella por prevaricación y malversación de fondos públicos contra Zerolo, el concejal de urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y varias personas más, anunció que su grupo pedirá explicaciones al alcalde en la sesión de control del próximo viernes y solicitará su dimisión en el pleno que se celebrará el próximo 18 de mayo.