Los Verdes presentaron este martes en el Parlamento de Canarias 26.309 firmas que avalan una Proposición de Ley de Iniciativa Popular para regular la ubicación de las antenas de telefonía móvil y con la que se pretende conseguir que el desarrollo de esta actividad no interfiera en la salud de los ciudadanos.

El portavoz de Los Verdes, Rafael Rodríguez, señaló que esta iniciativa ha levantado un interés especial entre los ciudadanos y afirmó que la telefonía móvil es una actividad industrial, por lo cual las antenas no pueden instalarse sobre viviendas y sobre edificios pertenecientes al patrimonio histórico.

Indicó que se pretende conseguir el equilibrio adecuado entre esta actividad, cuya existencia es importante para los ciudadanos, y la salud de las personas.

Rodríguez consideró que esta ley es beneficiosa tanto para los ciudadanos como para los operadores, ya que con ella pueden tener una referencia sobre cómo y dónde se pueden colocar las antenas.

Adelantó que buscarán el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios, a los que pedirán que incluyan en sus programas electorales esta ley o el control de la telefonía móvil.

"Debe quedar claro quién está a favor de la salud y del control de esta actividad y quién lo está del abuso de muchos operadores a la hora de instalar las antenas", aseveró el portavoz de Los Verdes.

Como ejemplo, Rodríguez dijo que en Las Palmas de Gran Canaria hay instaladas 300 antenas de telefonía móvil, además de otras instalaciones de menor intensidad, algunas de ellas enmascaradas para pasar desapercibidas.

Lo que se pretende, insistió, es ordenar esta actividad y compaginarla con la salud de los ciudadanos.

Afirmó que poseen estudios científicos que avalan que las antenas móviles pueden ser nocivas para la salud y subrayó que ante la menor duda que exista hay que aplicar el principio de precaución, por lo que, agregó, la iniciativa lo que establecen son garantías que permitan al ciudadano vivir con seguridad.

El portavoz de Los Verdes indicó que han recogido firmas en todas las islas y presentan casi el doble de las 15.000 exigidas como aval de una iniciativa popular, cuya tramitación parlamentaria, recordó, no decae con el final de esta legislatura.