La gran cantidad de asuntos judiciales que afectan a distintas corporaciones municipales de la isla de Gran Canaria hacen también parada en la localidad de Mogán. La justicia sigue la pista al alcalde Francisco González, tras varias denuncias presentadas contra él, ya por particulares ya por antiguas concejalas de su misma formación política, el Partido Popular.
Así, las investigaciones indagan sobre diversos delitos que ha podido cometer González. Dos de las tres denuncias a las que ha tenido acceso CANARIAS AHORA fueron presentadas por Carmen Delia Melián e Isabel Santiago, ex concejalas del PP en al Ayuntamiento de Mogán, cargo que abandonaron de manera polémica el pasado mes de abril, la primera voluntariamente y la segunda al ser destituida por el máximo regidor moganero.
Melián y Santiago presentaron denuncia, sin personarse en la causa, en el Juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana contra el alcalde Francisco González, por una supuesta prevaricación administrativa. Según la versión de Melián y Santiago, el interventor del Ayuntamiento es administrador de una empresa constructora, circunstancia ésta expresamente prohibida por la ley dada su calidad de técnico municipal con potestad para emitir informes vinculantes. Además, y siempre según el escrito de demanda presentado, a la empresa para la que trabaja el interventor de la Corporación se le han adjudicado obras municipales.
Según Melián, “sólo al Pleno le compete decidir si existe o no esa incompatibilidad, y no al alcalde, que firmó un decreto en este sentido para ordenar al interventor que se apartara de una obra determinada, aunque los presupuestos de esa obra estaban firmados por el propio interventor”.
Otra de las demandas interpuestas se refiere a una denuncia de Carmen Delia Melián e Isabel Santiago referente a la defensa de sus derechos fundamentales por la negativa de González a que participaran en las sesiones plenarias y en diferentes comisiones.
Querella de empresarios británicos
Por otra parte, el alcalde de Mogán ha recibido una querella criminal en su contra interpuesta por unos empresarios británicos. Éstos, presuntamente, después de sufrir durante meses grandes inconvenientes por parte de la administración para la apertura de una discoteca en el centro comercial Puerto Rico y ver como otra muy cercana abría posteriormente sin mayores problemas y a pesar de varios incumplimientos, decidieron poner el asunto en manos de la Justicia.
El informe municipal que otorgó permiso al establecimiento vecino no fue firmado por el técnico municipal correspondiente, que se negó a ello, sino por otro empleado del Ayuntamiento que desarrollaba una prestación de servicios. La querella también ha sido presentada contra él.
El último episodio que han denunciado públicamente Melián y Santiago, que igualmente hacen referencia a problemas internos en la Policía Local, es una acción del concejal de personal del consistorio moganero, Silverio Hernández, que techó con tejas la pérgola de su domicilio en la zona de Loma Dos (Los Canarios), pese a un decreto del alcalde Francisco González que prohibía expresamente ese tipo de edificación en ese concreto barrio del municipio.
Igualmente, el concejal de Tráfico, Trasporte, Servicios Públicos y Aguas, a la sazón tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Julio Mejías López, del Partido Popular, ha sido denunciado por un presunto delito de prevaricación al permitir la utilización de una licencia municipal de taxi antes ya vendida.