Lea los 'pinchazos' sobre Anfi a Adán Martín, Berriel e Iglesias

Salvador Iglesias, director general del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias la pasada legislatura, ''trata de influenciar" al máximo mandatario de la Comunidad Autónoma, Adán Martín, y al actual consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, "para que éstos saquen adelante, lo antes posible, un proyecto o propuesta presentada por Santana Cazorla en relación al número de camas turísticas", según figura en un auto del juez del caso Góndola del 2 de febrero de 2007, que apunta directamente a Iglesias Machado como presunto coautor del delito de tráfico de influencias que ya en ese momento el instructor imputó al empresario.

El auto del juez José Alexis Reyes dispone ampliar al delito de tráfico de influencias la orden de intervención, observación, grabación y escucha de dos teléfonos móviles que utiliza el propietario del Grupo Anfi, ese 2 de febrero de 2007 y justo tres días antes de la detención de Santiago Santana Cazorla en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando se disponía a viajar a Tenerife para entrevistarse con Domingo Berriel, en su empeño de sacar adelante la declaración de interés general de la urbanización de Tauro para sortear la moratoria turística.

Fundamenta el juez instructor de Góndola en sus razonamientos jurídicos, para ampliar el objeto de los pinchazos a Santana Cazorla, que se debe a que el empresario está "implicado, junto a otros individuos identificados plenamente en el oficio policial y que forman parte del Gobierno de Canarias [Salvador Iglesias, Domingo Berriel y Adán Martín], en la comisión de presunto delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal".

Y explica el juez que "toda vez de las conversaciones mantenidas, entre el 14 de diciembre de 2006 y el 31 de enero de 2007, se observa como el primero de ellos [en referencia a Salvador Iglesias] trata de influenciar a los segundos para que éstos saquen adelante, lo antes posible, un proyecto o propuesta presentada por Santana Cazorla en la relación al número de camas turísticas, pues la legislatura está a punto de finalizar y el imputado quiere que ese tema esté solucionado antes de que termine la misma".

De esta manera es como el juez instructor amplía al delito de tráfico de influencias el auto de 11 de diciembre por el cual autorizó las grabaciones a Santana Cazorla, en principio sólo por un delito contra la ordenación del territorio.