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4 La Comisión Especial de Investigación sólo elevará al próximo pleno conclusiones de naturaleza política.
La investigación del denominado caso Canódromo en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no está cerrada. La Comisión Especial (CEIC) creada en febrero de 2009 para indagar el gran pelotazo de la etapa del PP en la Alcaldía acordó este viernes elevar al próximo pleno municipal unas conclusiones exclusivamente de naturaleza política.
Queda pendiente, como adelantó en septiembre CANARIAS AHORA, el encargo a un experto del Centro de Políticas del Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña para realizar una nueva tasación del suelo, con el fin de comparar la tasación realizada durante el mandato del PP, que a lo largo de la investigación municipal han arrojado una valoración excesiva del suelo, y por tanto un beneficio sustancial a la empresa que realizó la operación de compra-venta en detrimento de las arcas públicas.
Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la CEIC, el concejal del grupo socialista Fernando Navarro, de acuerdo con la otra parte de la comisión en la que no ha querido participar el PP, la portavoz de Compromiso, Nardy Barrios.
El encargo al experto durará tres meses y costará 52.000 al Ayuntamiento y ha sido el "punto de conflicto" entre PSC-PSOE y Compromiso, por proponer a personas diferentes. Al final ha prevalecido la propuesta socialista con el objetivo de encargar el informe a una persona "lo más alejada posible, no tan contaminada", indicó Fernando Navarro.
En cuanto a las conclusiones "definitivas" de carácter político que se darán a conocer, en detalle, en el próximo pleno, indican que durante los mandatos de José Manuel Soria (PP) y Pepa Luzardo (PP) "se tomaron decisiones políticas que nunca debieron tomarse, y otras decisiones políticas que debieron tomarse en sentido contrario", adelantó Fernando Navarro al término de la reunión en una rueda de prensa realizada en las Oficinas Municipales.
Ahora, se entra en una nueva etapa final de la investigación municipal, centrada en las presuntas responsabilidades de los técnicos municipales, que ya figuraban señaladas en conclusiones provisionales publicadas por este diario en agosto. Las negociaciones entre PSC-PSOE y Compromiso derivarán, previsiblemente, a no detallar con nombres y apellidos a los funcionarios implicados, y sí centrarse en la resposabilidad política de José Manuel Soria.
Las conclusiones provisionales y las investigaciones realizadas por el PSC y por Compromiso en el seno del Ayuntamiento, tras la negativa del PP a participar en la comisión, ya apuntaban al ex consejero de Economía del Gobierno regional, José Manuel Soria, al entonces concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y a cuatro funcionarios (José Setién, Juan Cerpa, Sergio Monche y Miguel Hernández) como las piezas claves del plan.
La Comisión Especial de Investigación del Canódromo (CEIC) se puso en marcha en febrero de 2009 para desentrañar una operación que revirtió a la empresa Urbacan 9 millones de euros de beneficio poco tiempo después de la firma de un convenio urbanístico, en abril de 2002, para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, donde finalmente se levantaron las famosas dos Torres del Mar.
El origen de la presunta desviación de poder y prevaricación del grupo de gobierno del PP se hallaría en la tasación excesiva del suelo realizada por Sergio Monche, jefe de servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Así, las conclusiones provisionales señalaban que la posibilidad de afrontar indemnizaciones millonarias por la ejecución de una operación "lesiva para el interés general" era fruto de la práctica de un "urbanismo fallido aplicado por parte del Partido Popular".
Este caso de presunta corrupción del PP en LPGC se encuentra judicializado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular, el magistrado Tomás Martín, está desde la primavera pasada a la espera de recabar más documentación del Consistorio antes de citar a declarar, en calidad de imputados, a la ex alcaldesa Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber.
La asociación de vecinos denunciante, Avecalta, ha pedido también al juez la imputación del concejal de Urbanismo durante la Alcaldía de José Manuel Soria, Juan José Cardona, y el empresario beneficiado por la operación, Eduardo Fernández.
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Al en su día joven e inexperto arquitecto Setién no lo trajo D. Juan Rodriguez Doreste para darle al "Sobrino del Obispo la finca", fantasía que algunos quieren, de tanto repetirla, transformarla en realidad, quizá no con técnica "gobbeliana", pero sí al menos como leyenda urbana. Aquel joven arquitecto Setién entró junto a casi una decena de otros jóvenes arquitectos de la mano de Joaquín Casariego, para trabajar en el Plan de Barrios por un humilde sueldo de funcionario interino, siendo Concejal de Urbanismo Domingo González Chaparro. Unos se quedaron, y otros no, huyendo del pírrico sueldo. D. Juan Rodríguez Doreste no se trajo a ningún todopoderoso Setién, ni le entregó "finca" alguna, ya que después de aquella inicial etapa en que Setién fue uno más el montón sin especial protagonismo, vino otro Alcalde y después otro y otro...; y como el vino, Setien evolucionó, unos lo hacen a mejor y otros se avinagran, y fueron otros Alcaldes y no D. Juan Rodríguez Doreste los que le dieron mando en plaza, entre ellos Emilio Mayoral y, por encima de todos, PePe Soria y PePa Luzardo. Así que basta ya de atribuirle sumisiones al Obispo, a su sobrino "godo" y demás argumentos de barra de bar.
yo les puedo recomendar a Letrados conniventes con tasadores que engordan tasaciones inexistentes; de estos tipos hay un sinfín. Los peritos tasadores serios y honestos que, afortunadamente hay, tendrían que ser los primeros en denunciar a estos sujetos. ¿Es el corporativismo de abogados y tasadores? Pues a por los Colegios profesionales si tienen cojinetes y los desaparacen del mapa o al Juzgado para que lo vayan explicando menudito. En lo que a mi concierne estos tipos tendrán una dura batalla que librar conmigo. Veamos que hace el Ayuntamiento en defensa de los ciudadanos que debemos pagar más tributos para pagar a estos miserias.
Aquí se tapa estiercol con más estiercol. 8.600.000 Ptas ¡¡ Por valorar un solar !! Eso sí que es corrupcion. O bien se nos ocultan otros aspectos del trabajo. Está claro, parece que aquí en Canarias no tenemos tasadores ni profesionales. Siempre la mojigateria, como la de Juan Rodriguez Doreste (si, que con sus "socialistas" asesores fué el que dió al Sobrino del Obispo -uno de los 4- toda la finca de Las Palmas de Gran Canaria para que se sirviera). Mojigatería, repetimos, de deslumbrarnos con los goditos de fuera, que míren por dónde, nos salen listillos. O de "parangonearse" con aquellos de fuera que tanto sonaban, al socaire de aquello que llamaban "El Cambio". Si, el cambio de ellos. Ya aburren, sólo se merecen una CACEROLADA cada vez que veamos esto. Aunque ellos, con unos tapones de cera y los bolsillos llenos... pues si.
