Los productores canarios acusan al director del Ente público de "contratar a dedo, favoreciendo a unos en contra de otros".

El sindicato CCOO, la Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual (Acepa) y el Comité de Huelga de los trabajadores de Videoreport Canarias, exigen al Ejecutivo regional la destitución del director general de la Radio Televisión Canaria (RTVC), Wily García. Su gestión, calificada por el presidente de Acepa, Eduardo Araujo, de “rotundo fracaso”, obliga a “recuperar el espíritu fundacional del canal público autonómico recordando los principios que dieron lugar a su creación”, según se recoge en el manifiesto elaborado por el sindicato, la Patronal y el Comité de Huelga y presentado este jueves en rueda de prensa en la capital grancanaria.

En dicho texto se recoge que los objetivos del canal público son los de "liderar el desarrollo de la industria audiovisual en Canarias", para favorecer "el crecimiento y la consolidación de empresas y profesionales, propiciando la generación de proyectos que contribuyan al bienestar común de nuestra comunidad”. Sin embargo, y según denuncia la patronal, García “ha engañado a las empresas, no es capaz de mantener la calidad y la estabilidad de los puestos de trabajo que la Televisión Pública de Canarias debería generar y además no satisface a los espectadores”.

El sistema de contratación establecido “es inadmisible”. Eduardo Araujo denuncia que “se contrata con arbitrariedad, algo sin precedentes en ninguna otra televisión autonómica de España, sin normas y sin garantías”. Esto “ha permitido”, según el presidente de Acepa, que “se hayan creado empresas de nueva creación, sin trabajadores, sin tecnología, que han conseguido contratos millonarios a dedo de la Televisión Pública”. A esta situación se suma “la gota que ha colmado el vaso”, como lo definió Eduardo Araujo, “el desvío de 3,5 millones de euros procedentes de fondos europeos para el fomento del sector audiovisual”, que “se transfiere a la RTVC sin ningún tipo de contrato programa, para que continúe contratando de manera arbitraria”.

Esta situación no respeta “la libre competencia” en el sector audiovisual, y “se está favoreciendo a unos para perjudicar a otros”, señaló el presidente de Acepa. En este marco, las empresas audiovisuales canarias no piden “que se nos favorezca frente al productor foráneo”, señaló Araujo, sino “igualdad de trato”. De darse esta situación, aseguró, “y compitiéramos con las mismas reglas, nosotros seríamos mucho mejores”. Los productores isleños están convencidos que “nadie mejor que los canarios para conocer qué contenidos satisfacen a los espectadores de Canarias".

Conflicto laboral

A estos problemas se suma el conflicto laboral que mantienen los trabajadores de Videoreport, empresa suministradora de contenidos a los programas informativos de RTVC, servicio por el que recibe 18 millones de euros al año del erario público. Desde el pasado 9 de abril los trabajadores han venido convocando jornadas de paros temporales, que podría convertirse en indefinidos a partir del 4 de mayo si la empresa no negocia el convenio colectivo, que según denuncia el Comité de Huelga, se está aplicando de manera “unilateral”.

Juan Miguel Suárez, de CCOO, denunció que la empresa Videoreport “con la colaboración necesaria del Ente público”, lo que está haciendo “es ir en dirección contraria a lo que supone impulsar el sector audiovisual”, y la acusó de “pretender un enriquecimiento ilícito”, con la pretensión “de bajar los costes laborales de los trabajadores”.

Suárez destacó que el Ejecutivo regional “no puede continuar ni un momento más mirando hacia otro lado, como si aquí no pasase nada”, argumentando que el conflicto laboral es “entre Videoreport y sus trabajadores”. En este caso, la empresa privada “no está ejerciendo su actividad en un mercado libre”, sino en torno “a un concurso que ha ganado y que tiene unas limitaciones”.

No obstante, desde Acepa consideran que Videoreport es una productora audiovisual participada “sólo en un 24% por capital canario”, representado en las empresas Canarias 7 y Diario de Avisos. Por ello, su responsabilidad en esta situación “es pequeña”, porque “están cautivos” de una situación generada fundamentalmente fuera del Archipiélago, por empresarios “que duermen en Madrid”.

Marco propio

El sector audiovisual en Canarias reivindica también un marco propio que regule las condiciones de trabajo de los profesionales, y manifiestan su voluntad de constituir una mesa negociadora para establecer el I Convenio Colectivo del sector en las islas.

Este ordenaría y regularía las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta las especificidades de Canarias. Por ello, piden un "tratamiento diferenciado" por parte del Ente Público, que propicie una disminución de los costes derivados de la doble insularidad y las empresas de las islas no capitalinas dispongan de las mismas oportunidades que las ubicadas en Gran Canaria y Tenerife.