El alcalde crea una plaza ad hoc para el secretario imputado y rebaja el sueldo al ex interventor, relegado por sospechar el PP que colabora con la Justicia.

La sombra del caso Góndola, investigación judicial de una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, alcanza a los Presupuestos del municipio grancanario gobernado por Francisco González (PP), imputado por siete delitos, entre ellos cohecho, a raíz de su detención por la Policía Nacional en enero de 2007.

Oposición (PSOE-CC-CCN y NC) y sindicatos clamaban este lunes al cielo tras la aprobación en el pleno por parte del PP de las cuentas para 2010, sin que el alcalde, el interventor y el secretario -ambos accidentales- "se dignaran a abrir la boca" para aclarar las alegaciones al documento, que apunta a presunta prevaricación.

De fondo, las filias y fobias del PP de Mogán han saltado a la luz a cuenta de Góndola. Dos de sus principales funcionarios imputados, el secretario accidental Ángel Sutil y la jefa de Disciplina Urbanística, Patricia Hernández, han visto recompensada su fidelidad al alcalde con subidas salariales o garantías de continuidad en el cargo. Por contra, el ex interventor accidental Salvador Álvarez, a quien el PP local señala como colaborador en la investigación policial y judicial, ha visto reducida en 20.000 euros sus retribuciones anuales.

El actual interventor accidental, Francisco Javier Jorge González, rechazó en su informe las alegaciones de los sindicatos a crear una plaza de vicesecretario en un municipio tan pequeño. Las sospechas de que es la "garantía de los garbanzos de Sutil", según la concejal del PSC-PSOE Pino González, se debe a que la titular de la plaza, ahora destinada en Telde, ha mostrado su interés por recuperarla.

La creación de la figura de vicesecretario, para la cual el interventor accidental solicitó un informe al presunto beneficiario, el propio secretario accidental, costará a las arcas municipales 72.000 euros, un dinero que a juicio de la oposición debería destinarse a necesidades sociales. Del mismo modo, el incremento salarial de otra decena a empleados beneficia a la jefa de Disciplina Urbanística en unos 18.000 euros anuales.

Pino González explicó a CANARIAS AHORA que "el PP utliza los Presupuestos para premiar a los suyos y castigar a los desafectos. No por el anterior interventor, Salvador Álvarez, relegado y apartado a pesar de su valía y experiencia, sino por muchos funcionarios y empleados que ven cómo se les ningunea por no ser de la cuerda del alcalde".

Cargos de confianza en empleos públicos

Con Góndola dando vueltas a los Presupuestos, las alegaciones presentadas por los sindicatos y asumidas en el pleno de este lunes por el PSOE arrojan también muchas dudas sobre la comisión de posibles delitos a la hora de aprobar las cuentas. No sólo por no aclarar al pleno municipal el alcalde, el actual interventor o el secretario la discrecionalidad a la hora de decidir subidas o retiradas de complementos, sino por presuntas irregularidades a la hora de fiscalizar -el propio interventor actual- a qué se dedican los cargos de confianza del alcalde: si a asesorarle o si ilegalmente hacen funciones de empleados públicos.

La actitud en el pleno del alcalde, el secretario y el interventor a quienes se le dirigían las dudas de la oposición sobre las presuntas irregularidades denunciadas por los sindicatos fue calificada por la concejal socialista de "auténtica tomadura de pelo, se creen que somos tontos, y sólo basta leer el informe del interventor rechazando todas nuestras alegaciones para darse cuenta de que se ríen de nosotros, de que se creen que patrimonializan el Ayuntamiento al antojo del alcalde, cuando deben velar por el interés público".

El "esperpento vivido" alcanza también al Fondo Canario de Financiación Municipal, ya que a juicio de la oposición y los sindicatos no se presupuesta correctamente destinando el 50% a sanear las cuentas del Ayuntamiento y el otro 50% a libre disposición, sino que destina el 100% del mismo a la cuenta de ingresos del Ayuntamiento.

Según ha podido saber CANARIAS AHORA, los sindicatos UGT, CCOO Y CSI-CSIF tienen decidido plantear un contencioso-adminitrativo, que el propio PSOE estudia respaldar ante las graves irregularidades detectadas.