Sólo en Santa Cruz de Tenerife la deuda de empresas a la Seguridad Social asciende a 26 millones.

Expedientes de Regulación de Empleo injustificados, impagos de salarios, rebajas en las categorías profesionales y un espectacular aumento de los casos de acoso laboral son los rastros que la crisis económica está dejando en los servicios de Inspección de Trabajo, que de 2007 a 2009 han visto multiplicada su actividad por tres, tanto por el aumento de denuncias como de inspecciones.

El pasado año se levantaron en Canarias 4.316 infracciones de acta a otras tantas empresas por fraudes diversos a la Seguridad Social que afectaban a 17.907 trabajadores y que conllevaron sanciones por 9.935.001,66 euros, según reflejan las estadísticas del ministerio de Trabajo e Inmigración. En la actualidad, en Santa Cruz de Tenerife, hay una deuda de empresas a la SS que asciende a 25.854.826 euros.

Hace dos semanas, un grave accidente laboral de una trabajadora en el sector de la hostelería, reveló que la mujer no estaba dada de alta en la Seguridad Social pese a tener un trabajo estable, que figuraba como demandante de empleo en las oficinas del Inem, es decir, que era una más en las cifras de parados, por lo que percibía una prestación.

“No tener a un trabajador dado de alta en la Seguridad Social es casi siempre un problema de la empresa, no del trabajador”, afirma Ana Acosta Soler, la jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia tinerfeña.

“En el caso de esta trabajadora, ahora la empresa deberá pagar todo el tiempo que ella esté de baja, además de una sanción por tener a una empleada en paro pero trabajando, lo que puede suponer hasta 180.000 euros, y otra multa más por carecer de las medidas de seguridad e higiene en el lugar del trabajo que fueron la causa del accidente”.

Una de las mayores picarescas es esa, trabajar al tiempo que se cobra el paro, pero Acosta asegura que es raro que un trabajador le pida a su empleador no ser dado de alta en la Seguridad Social. “Otra cosa es que la empresa obligue al trabajador a aceptar esas condiciones. En todo caso, la empresa no debería aceptarlo”.

Hay parados que cobran subsidio de desempleo y que realizan trabajos aislados. Aquí el fraude es que esos trabajos, aunque sean esporádicos, deben comunicarse a la Seguridad Social, que rebajará parte de la prestación, so pena de perder el subsidio. Con todo, la Inspección de Trabajo tiene el ojo puesto en las empresas, sobre todo de los sectores de la construcción, la hostelería y el comercio, que son en los que más abunda la economía sumergida.

Miedo y conflictividad

Desde 2008 y sobre todo en 2009, los inspectores han percibido mucha más conflictividad laboral y miedo, mucho miedo. “Los trabajadores no se atreven a respondernos por miedo a perder el puesto de trabajo”, asegura Ana Acosta. De la misma forma, hay quienes no denuncian su situación ilegal por miedo a represalias.

 “No quieren hablar y a veces surge la duda de quién será el que ha denunciado cuando no ha denunciado nadie. Una parte importante de nuestro trabajo son las órdenes de servicio, inspecciones de oficio. Además, las denuncias son siempre anónimas y ni siquiera se dice que la inspección corresponde a una denuncia”.

Una de las caras más amargas de la actual situación es el aumento de las denuncias por acoso, que en la provincia tinerfeña han pasado de 86 en 2007 a 156 en 2009. También han aumentado los empresarios que se niegan a dar el certificado de empresa al empleado despedido, lo que le impide cobrar el subsidio de desempleo (de 304 empresas se ha pasado en dos años a 872).

Otro caso son las empresas que desaparecen sin dejar rastro y sin haber dado de baja en la Seguridad Social a sus trabajadores que, por lo tanto, no pueden acceder al paro. La Inspección ha detectado 32 cierres ilegales el pasado año.

Tampoco es legal rebajar la categoría profesional para disminuir con ello el sueldo. La excusa de los empresarios suele ser en estos casos que de esa forma al menos se conserva el empleo, pese a que sea de una clasificación inferior. En la provincia occidental se ha pasado de 56 denuncias en 2007 a 156 el pasado año.

Asimismo han aumentado los retrasos en el pago de salarios o peor aún, el impago. Nada menos que 627 empresas tinerfeñas pagan tarde y mal o directamente no pagan los sueldos.

“Esta situación es tan dramática como perder el puesto laboral y no poder cobrar el paro por falta de un certificado. El trabajador está obligado a acudir a su trabajo aunque no le paguen porque si deja de hacerlo pierde todos sus derechos. Sería como una marcha voluntaria”, explica la jefa de Inspección.

Los contratos eventuales son especialmente sensibles a los fraudes, ya que en numerosas ocasiones tiene que ser Inspección de Trabajo la que ordene ejecutar lo que establece la ley: que la sucesión continuada de contratos temporales en una misma empresa tiene que dar lugar a un contrato indefinido.

Chulos

 “Cuando vamos a una realizar una inspección nos encontramos de todo”, afirma la inspectora jefe. “No ya con trabajadores que desaparecen, o son obligados a desaparecer del lugar conforme nos ven llegar, sino empresarios que se niegan a dejarnos hacer nuestra labor, lo que acaba en un acta de obstrucción y su correspondiente multa”.

 Fue el caso del dueño de un bar que impidió pasar de la puerta al inspector de turno. El inspector regresó respaldado por agentes de la policía, pero el propietario siguió en sus trece y quiso encerrar en un cuarto al inspector.

 La crisis también ha rebajado la aplicación de los planes de igualdad, que son obligatorios en empresas con más de 250 trabajadores. “Hasta ahora, este incumplimiento no se ha sancionado, pero desde 2010 se va a sancionar”, indica Acosta, como tampoco se cumple el ratio de un 2 por ciento de empleados con discapacidad si la plantilla supera los 50 trabajadores, lo que ha costado sanciones a 102 empresas en 2009.

 El incumplimiento de las medidas de higiene y salud laboral son también causa de sanciones elevadas. Pablo Segado, el jefe del servicio de inspección de prevención de riesgos laborales recalca que todas las empresas deben tener su propio plan de riesgos, aunque el descenso en la construcción, el sector estrella en accidentes laborales, ha rebajado a casi la mitad la siniestralidad.