González (PP) permitió contrainformes para colar más plantas de uso comercial de las autorizadas.

Suso el del Spar parece tener carta blanca con el alcalde de Mogán, Francisco González (PP). Gerente de la mercantil Supermercados Mogán SL, Jesús Díaz Quintana figura retratado en el sumario del caso Góndola, contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, como amigo y empresario de referencia, siempre beneficiado, por el líder de los populares moganeros.

El alcalde no sólo presionó en su día al Cabildo de Gran Canaria para conceder una depuradora en suelo ilegal al empresario Santiago Santana Cazorla, a cambio de que éste mantuviera la concesión del supermercado de Anfi del Mar a su amigo Suso -"que es, es un tío que me trabaja para mí, de miedo, que tiene doscientos empleados, que todos se los coloco yo, chacho...le debo un montón coño"-, y además, en detrimento del hermano de José Manuel Soria, Luis Soria, defensor de los intereses del Grupo Netto, sino que también permitió desmontar informes desfavorables de otro Spar, en Arguineguín, porque su uso comercial excedía la normativa vigente e impedía abrir el negocio de su amigo.

Consta en una nueva remesa de diligencias policiales del caso Góndola, remitidas al Juzgado número 6 de San Bartolomé de Tirajana, una serie de conversaciones grabadas al alcalde de Mogán -imputado por siete delitos, entre ellos, cohecho- en las que quedan reflejadas cómo Suso Díaz intercede, y a veces prácticamente dirige al alcalde, para que el Ayuntamiento otorgue carta de legalidad urbanística a la construcción del edificio -ya inaugurado y en pleno funcionamiento- en el que las plantas de uso comercial incumplen las Normas Subsidiarias, que establecen uso residencial en la zona.

Así, en una de tantas conversaciones grabadas entre el alcalde y el empresario, el 26 de septiembre de 2006 González comenta a su amigo que "el informe está hecho ya, ¿eh? De todas maneras ese expediente no lo tenía Adrián, ¿eh?". Suso se interesa por el técnico que llevará su caso: "Y...¿quién va a coger el expediente?". El alcalde le dice quién será y Suso le espeta. "Vale, ¿es conocido tuyo? [...] Pues dile que se enrolle, que lo saque rápido, tío, pa...mandarlo al Cabildo". "Ya lo sabe, ya lo sabe", le responde González.

Más adelante, durante la misma conversación, Suso deja claro a Paco González que le utilizará para conocer los detalles del informe. "Pues entonces, como yo no conozco a este chico [el técnico], de vez en cuando te daré un toque pa que le preguntes cómo va eso". Y González asiente: "Vale, de acuerdo, ok".

Interviene la Jefa de Disciplina Urbanística para arreglar el informe

El mismo día de esta conversación, el alcalde habla con la Jefa de Disciplina Urbanística y Actividades Clasificadas, Patricia Hernández Dávila -también imputada en el caso-, que ya había ordenado a una funcionaria emitir un informe sobre el uso de suelo "aunque hay una serie de irregularidades en cuanto a la licencia de obra, pero le dije a Rosa que no se pronunciara sobre eso, que ya lo hablaría yo contigo, vale, en relación a los usos tolerados".

Al día siguiente, la funcionaria vuelve a informar al alcalde: "Me pasan un informe de viabilidad urbanística que no es del todo favorable pero yo voy a hacer un informe jurídico de interpretación de ordenanza un poco extensivo pa que lo sepas, para que el expediente no se pare, porque sino el tema de las oficinas no podría dársela porque la ordenanza te dice, planta baja comercial y planta....y el resto de plantas residencial y el de oficina es un dotacional administrativo".

Figura también en el sumario del caso las declaraciones en sede policial de la arquitecta técnica municipal, Rosa Elena Díaz Machín, y del ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento, Francisco Javier Rodríguez Suárez, donde ratifican haber emitidos informes desfavorables a la construcción del Spar de Arguineguín, modificados con posterioridad al intervenir la Jefa de Disciplina Urbanística.

En palabras de Díaz Machín en la Jefatura, Hernández Dávila hace una la interpretación "extensiva" de la ordenanza "al comparar los usos administrativo y residencial por un lado, y administrativo y comercial por otro[...] y dando como resultado una tolerancia parcial en el primer caso y una total en el segundo caso[...] se habría interpretado como un todo el edificio y la primera planta como un parcial del mismo".