Arregui (CC) señala a un familiar del alcalde y a ex concejales 'enchufados'

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha asumido una denuncia presentada en febrero por el portavoz de Coalición Canaria (CC), José Luis Arregui, contra el equipo de gobierno de El Rosario (Tenerife) -donde gobierna el PSOE- por la contratación "al margen de cualquier tipo de procedimiento legal y reglamentario" de 24 personas, entre ellas un familiar del alcalde y ex concejales.

El edil de CC en El Rosario José Luis Arregui informó al respecto en rueda de prensa celebrada hoy en Santa Cruz de Tenerife. El concejal nacionalista señaló que el pasado 10 de febrero de 2009 presentó una denuncia por presunta contratación irregular de 26 trabajadores en el citado Ayuntamiento entre los años 1994 y 2008. Una circunstancia que Arregui calificó de "gravedad extrema" y consideró un "insulto a la ciudadanía".

En el mencionado periodo de tiempo desde el Ayuntamiento de El Rosario, el gobierno local, según CC, "aprovechando su completo dominio municipal" realizó una serie de contrataciones de personal del Consistorio, bien mediante actuaciones directas, bien a través de resoluciones de Alcaldía o por medio de acuerdos de la comisión de gobierno, "pero en todos estos casos al margen del mínimo procedimiento legal o reglamentario en la oferta pública de empleo y en la selección de las personas contratadas".

Entre las personas contratadas de presunta forma irregular se encuentra una prima de una de las ediles del equipo de gobierno, una cuñada del alcalde, candidatos del PSC-PSOE al Ayuntamiento de El Rosario en 2007, apoderados e interventores del partido en el municipio, ex concejales del PSC-PSOE y un actual edil de Santa Cruz de Tenerife, entre otros. Arregui subrayó que el Ayuntamiento de El Rosario cuenta con unos 120 trabajadores en la plantilla de personal laboral.

El concejal de CC manifestó desconocer si algunas de las personas contratadas irregularmente han sido interrogadas pero aventuró que "la Fiscalía ha tenido tiempo de investigar" desde febrero, aunque Arregui no recibió notificación de la fiscal jefe Carmen Almendral sobre la incoación de las diligencias preliminares de investigación hasta el 13 de julio. El nacionalista lamentó la "magra" información que ha recibido por parte de la Corporación municipal sobre las contrataciones pero aseveró que "de manera sistemática se han omitido la oferta pública, se ha evitado cualquier proceso de selección, y al mantenimiento de la relación inicial se ha renovado, en muchos casos, con la consiguiente conversión de la misma en definitiva".

En definitiva, según Arregui, la "ruptura reiterada con la norma supone una clara contrariedad para todos aquellos que quieren acceder a un trabajo en este municipio pues es de sobra conocido que el ingreso en el servicio de las administraciones tiene un trámite reglado y no es graciable ni se rige por el capricho de quien se halle investido del correspondiente poder de decisión":

Arregui habló de una sentencia que marca un precedente en denuncias de estas características. Se trata de un fallo del Tribunal Supremo referente a una querella presentada en Pontevedra que condenó al equipo de gobierno implicado a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.