18:09 h. Jueves, 30 de octubre de 2014

LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Y MOGÁN YA NO PUEDEN DAR PERMISOS

La Ley de Costas acaba con las acampadas en la playa

EUROPA PRESS.

Los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán (Gran Canaria) no concederán por primera vez en su historia los permisos para permitir la acampada en las playas de la zona sur de la isla, según informaron a Europa Press fuentes de los dos Consistorios.

La Dirección General de Costas deniega la autorización para permitir este tipo de prácticas en la franja litoral en el artículo 155 de la Ley de Costas 22/1988 ya que considera que los ayuntamientos no tienen competencia para conceder estos permisos.

A pesar de ello, los campistas de la isla no han tenido problemas en solicitar estos documentos y desde hace años se les ha permitido la acampada en algunas playas como Las Mujeres, Tiritaña, Triana o el Llano de los Militares.

A raíz de una ordenanza del pasado año para regular las acampadas, ambas administraciones locales encontraron que la Ley indicaba que a los ayuntamientos no les correspondía la concesión de estos permisos.

Por tanto, a partir de entonces, los campistas deberán acudir a la Dirección General de Costas así como a los propietarios de los terrenos acondicionados para la acampada para solicitar una plaza.

En este sentido, los únicos lugares donde se permitirá la acampada de forma legal será en el camping de Pasito Blanco y en el Aeroclub de Tarajalillo que pertenece al Club de Caravanistas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. En Mogán, el acceso se restringe más aún ya que no se permite la instalación de casetas en ninguno de sus enclaves costeros.

Según la normativa, las competencias de los ayuntamientos se limitan a la vigilancia marítima, a través de efectivos de Cruz Roja, y al establecimiento del orden público, mediante la limpieza de las playas.

Por su parte, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) será el encargado de velar por el cumplimiento de la norma que prohíbe la acampada imponiendo una sanción económica a todo aquel que no respete la ley.

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