13:29 h. Domingo, 21 de diciembre de 2014

REPORTAJE

Prospecciones en Canarias: ¿quién tiene razón?

CRISTIAN TZIOURAS (CANARIASINVESTIGA.ORG)

Ha pasado ya más de un mes desde que el Gobierno español autorizó la búsqueda de petróleo en aguas canarias.


El supuesto tesoro que se guarda bajo las aguas de Fuerteventura y Lanzarote ha estado en el punto de mira de los canarios este último mes. Una fosa, que podría albergar varios millones de barriles de crudo en su interior, se esconde bajo el relieve marino. Repsol asegura que en ese yacimiento podría estar "el mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España".

El asunto saltó a la esfera pública cuando el pasado 16 de marzo el Gobierno de España aprobó las prospecciones petrolíferas en Canarias. El objetivo es comprobar que existen bolsas de petróleo, y en caso afirmativo, que su extracción sea viable. Según los expertos, los pozos canarios podrían cubrir el 10% de la demanda nacional de hidrocarburos. Las estimaciones de Repsol barajan la extracción de 100.000 barriles de crudo diarios. El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) cree que, según las técnicas geofísicas, hay "indicios racionales" de hallar petróleo en la zona como para producir 9 millones de barriles, lo que abastecería entre el 11 % y el 15 % de consumo petrolífero de España.

La noticia se difundió rápidamente por las Islas, y antes de que finalizara el día, altos cargos del gobierno canario, expertos, grupos ecologistas y muchos ciudadanos se posicionaban ante la intervención de Repsol a 61 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, se mostró en contra de las prospecciones petrolíferas, y advirtió que estamos "ante decisiones que son de otro tiempo". Además, Rivero considera que la exploración del crudo "sólo sirve a una idea: beneficiar a una empresa privada".

El rechazo no fue unánime. Ignacio González, presidente del Centro Canario Nacionalista se mostró a favor de la decisión. "No me ha gustado la forma de tomar la decisión de Soria, sin diálogo y sin información, pero estoy de acuerdo con las prospecciones petrolíferas". Entre discordias políticas, Manuel Fajardo Palarea, portavoz del grupo parlamentario socialista, señaló que "el ministro Soria se ha movido por el rencor y en venganza contra un gobierno que no es de su color político". A la oposición de la medida se ha sumado Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Tenerife por Asamblea Majorera, quien considera que la decisión es un atropello para a los canarios.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, aseguró que la medida es legal. Sin embargo, Martín Marrero, portavoz del Ejecutivo regional, sentenció rotundamente cuál será el futuro de las costas de Fuerteventura y Lanzarote: "No habrá petróleo en Canarias si no se decide en Canarias".

La autorización para realizar prospecciones petrolíferas no es un tema novedoso. La primera concesión se aprobó en el año 2001, durante el primer gobierno de Aznar. En el 2004 El Tribunal Supremo invalidó los permisos por defectos en el control medioambiental. Tras subsanar los errores advertidos, Repsol permanecía a la espera de la reaprobación en el Congreso de los Diputados. Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que "lo que hace el Gobierno es, en el uso de sus facultades y competencias, reformar el decreto que el Tribunal Supremo había obligado a reformular para que tengan validez las prospecciones en aguas de Canarias".

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del pasado 29 de marzo aprobó una moción en la que rechaza las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, con los votos en contra del PP. Pide que "no se lleve a cabo iniciativa alguna en materia de permisos de investigación, autorizaciones y concesiones petrolíferas sin el acuerdo social y político de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Turismo, pesca y recursos hídricos

Según el Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur), publicado a finales de 2011, el turismo en Canarias representa el 27,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y aporta el 32,8% de los empleos de las Islas. Además, señala el documento, que el 27,6% de sus ingresos tributarios también se adquieren del turismo.

Con un número tal elevado de los ingresos por turismo, las autoridades Canarias se muestran preocupadas por las posibles consecuencias que desencadenarían las prospecciones y extracciones petrolíferas. La alarma no sólo saltó en el archipiélago canario. En 2002, Alan Flook, Secretario General de la Federación Internacional de Touroperadores, remitió una carta a Juan Costa Climent, ex Secretario de Estado de Turismo, en la que advertía de los posibles perjuicios de las prospecciones en Canarias. "Ciertamente, los turistas no están interesados en pasar sus vacaciones en playas desde las que se visualizan instalaciones petroquímicas". El documento añadía que "las Islas Canarias representan uno de los destinos más importantes del mercado europeo".

En lo que respecta a la pesca, Canarias disminuye años tras año el porcentaje del PIB procedente de este sector. Ante la situación deficitaria, los colectivos pesqueros de Fuerteventura y Lanzarote se suman a la negativa de las prospecciones. El representante de la Cofradía de Pescadores San Ginés, Domingo Hernández, advirtió que "la extracción de petróleo es un riesgo para la vida marina y limita la pesca, ya que en un radio de dos kilómetros de las prospecciones no se podrá faenar".

Otra preocupación que tienen los habitantes de las islas afectadas es la desalación del agua. Sebastián Franquis, diputado del PSOE por Las Palmas, señaló en el Congreso que un derrame de petróleo dejaría a Lanzarote y Fuerteventura sin agua. La dependencia de las desaladoras es del "cien por cien", según Rafael Rodríguez, portavoz de Los Verdes, y añade que "un vertido de hidrocarburos en el mar causaría un desabastecimiento de agua potable de consecuencias imprevisibles y la ruina de la agricultura de estas islas".

Riesgo de vertidos

Durante este mes se han escuchado voces críticas que denunciaban el riesgo de perforar en islas volcánicas. Como respuesta, el Colegio Oficial de Geólogos ha dicho que existen medidas de seguridad adecuadas para realizar esta actividad, que los riesgos ambientales son mínimos, y que la normativa europea es "muy estricta" con respecto a las perforaciones. Además, recuerda que se ha abierto un periodo en el que se tendrán que aprobar informes de impacto ambiental por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente previos a los trabajos de búsqueda. Ignacio González, que se posiciona a favor, declaró que los derrames "no son muy frecuentes pero, como con los accidentes de avión, cuando ocurren son muy llamativos y noticiables".

Carlos Bravo, responsable del área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, cree que las prospecciones a 3.500 metros de profundidad, tal y como quiere hacer Repsol en aguas Canarias, es un experimento tecnológico, y recuerda que el accidente ocurrido en 2010 en el Golfo de México fue a 1.000 metros. Advierte que las válvulas de seguridad que emplearán en Canarias son las mismas que las que fallaron en el Golfo de México.

Sobre seguridad también habló el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que pone como ejemplo las exploraciones que se realizan en Río de Janeiro, Noruega y Dinamarca, a menos de 60 kilómetros de la costa. Asegura que no existe "riesgo medioambiental". El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha recordado que "no se está hablando de tres kilómetros, ni de 10, ni de 20, ni de 50, se está hablando de 61 kilómetros".

La asociación ecologista WWF cree que explorar las aguas en busca de petróleo puede afectar a una de las áreas "más importantes de España en términos de biodiversidad marina". Señala que la zona en la que la petrolera pretende llevar a cabo las prospecciones está siendo estudiada en el marco del proyecto Life + Indemares para su designación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Esta figura de protección reconoce la presencia significativa de hábitats naturales y de especies de interés comunitario, especialmente cetáceos.

Rechazo popular y medidas legales

El pasado 24 de marzo se celebraron en Canarias varias manifestaciones contra las prospecciones. Se habló de más de 25.000 personas en Arrecife, y más de 10.000 en Puerto del Rosario. El portavoz de la Fundación César Manrique, Alfredo Díaz, señaló que "la abrumadora manifestación se traduce en la existencia de una sensibilización social muy compartida de rechazo a las prospecciones y a la instalación de plataformas petrolíferas frente a nuestras costas". Valentín Elvira, presidente de la Federación Lanzaroteña de la Pequeña y Mediana Empresa valoró positivamente la acogida, y consideró que "ante un acto de esta transcendencia el Gobierno Central no puede mirar para otro lado y tomar las decisiones en contra del pueblo de Lanzarote y de su voluntad". En el resto de islas la participación fue escasa.

José Manuel Soria considera que España no puede perder esta oportunidad. Recuerda que el lugar donde se han autorizado las investigaciones y prospecciones petrolíferas es "donde ya las hace Marruecos, y es sobre una misma roca madre". Soria ha subrayado que si hay petróleo caben dos escenarios: "Que solo lo saque una de las partes, o las dos". En contraposición a las declaraciones del ministro, Marruecos ha declarado que en sus aguas no se ha encontrado petróleo hasta el momento. En el caso de encontrarse hidrocarburos, ha dicho Mohamed VI, se compromete a extremar las medidas medioambientales.

Las consecuencias de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias aún están por verse. Lo cierto es que de acuerdo con la actual Ley de Hidrocarburos y la legislación de minería, autorizar una prospección indica que también se adquiere unos derechos para la extracción del producto.

El pasado 10 de abril, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, con le objetivo de paralizar las autorizaciones concedidas a Repsol. Otra de las posibilidades que baraja Canarias es la posibilidad de cobrar un tributo a las compañías petrolíferas para disuadirlas. Además, Greenpeace anunció su intención de interponer un recurso contencioso administrativo.

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