23:03 h. Sábado, 25 de octubre de 2014

LAS CONCLUSIONES DEL CANÓDROMO SERÁN ENVIADAS A LA JUSTICIA

Una ''operación especulativa'' responsabilidad de Soria

CANARIAS AHORA
José Manuel Soria, alcalde de Las Palmas entre 1995 y 2003.
José Manuel Soria, alcalde de Las Palmas entre 1995 y 2003.

La "soberbia habitual" y la "política de hechos consumados" de los gobiernos municipales del PP han derivado en indemnizaciones millonarias en materia urbanística.


El único nombre propio que aparece escrito en las conclusiones de la comisión especial de investigación sobre el Canódromo es el de José Manuel Soria. A él se le atribuye la responsabilidad política de esta “operación especulativa” en la que “el principal beneficiario fue la empresa intermediaria”, Improcansa, precisamente la misma que está en el origen de la polémica de Lifeblood, la mercantil que ha ganado el polémico concurso de hemodiálisis en octubre pasado. 

“La permuta usada fraudulentamente permite a un particular acceder a la titularidad de parcelas municipales que de otra manera debían ser sometidas a subasta pública y elevar su precio en virtud de la demanda del mercado, a cambio de otra parcela que el Ayuntamiento tenga la obligación de expropiar”, señala entre las primeras conclusiones la comisión de investigación.
Improcansa compró la parcela del canódromo sabiendo que tenía atribuido por el Plan General en vigor (1989) un destino dotacional deportivo y de espacios libres, “es decir, que no es edificable y está sujeta a expropiación por parte del Ayuntamiento”, resalta el informe final. De ahí que se destaque “la intención especulativa de este particular ya que una vez logrado el carácter definitivo del convenio de permita, no dude en proceder a la venta de las tres parcelas obtenidas, lo que evidencia que nunca tuvo intención de promover la edificación en ninguna de ellas”.
Tras resaltar que la permuta de parcelas de mutuo acuerdo “no resulta la más conveniente en la defensa del patrimonio municipal”, los redactores de las conclusiones atribuyen “esta mala práctica urbanística” a “los gobiernos municipales del Partido Popular presididos por José Manuel Soria”, que aceptaba que las plusvalías de estas operaciones “se las llevara el operador”.
En la conclusión sexta ya se apunta una de las posibles salidas administrativas a la operación del Canódromo: “De los informes técnicos municipales de valoración que se pronuncian sobre el valor de la parcela del Canódromo y la contraprestación a entregar a cambio de la misma, podría derivarse una sobrevaloración de la propiedad privada en claro detrimento del interés colectivo representado por esta Corporación, que los señalaría como el origen de la lesividad del convenio firmado”.
Tras acusar a los gobiernos municipales del PP de ejercer “una política de hechos consumados” con una actitud de “soberbia habitual”, las conclusiones recuerdan que en la tramitación del Canódromo no se atendieron los reparos de los colectivos ciudadanos ni de otra administraciones, lo que “ha avocado a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria a afrontar el coste económico de sus desacertadas decisiones”.
La comisión de investigación recomienda el encargo de un informe-valoración a un experto especialista ajeno al Ayuntamiento que aclare las valoraciones que hicieron los técnicos municipales para propiciar este pelotazo.
De confirmarse “en el informe técnico requerido las posibles irregularidades antes mencionadas” se propone la apertura de expedientes informativos a los funcionarios que hayan incurrido en responsabilidades.
La última conclusión de la comisión de investigación, la señalada con el número 13, establece que tanto estas conclusiones como la documentación que se ha manejado en este procedimiento se remitan a los tribunales “con procesos abiertos relativos a este asunto”, es decir, a la jurisdicción contencioso-administrativa y a la jurisdicción penal.
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